El padre de la joven condenada a cuatro años de prisión, habló con Infobae y reclamó que la jueza ordene su libertad por haberse cumplido el plazo requerido para salir de la cárcel
Sebastiana Barráez/ jueves 1 de junio 2023
@SebastianaB
Después que las disidencias de las FARC tenían años instaladas en campamentos de Apure, adonde dirigentes políticos y militares iban con frecuencia, entraron en conflicto con generales y coroneles lo que desembocó, entre marzo y junio 2021, en una guerra que le costó la vida a 16 soldados venezolanos; en ese periodo, el 7 de abril, María José Gualdrón Rivas fue detenida por funcionarios de la DGCIM, fue torturada, presentada primero en un tribunal militar que no encontró los delitos que le imputaban, pero luego un tribunal ordinario la condenó a cuatro años y 10 meses de prisión, por resistencia a la autoridad e instigación a la rebelión; ella debió salir en libertad con presentación periódica, pero lleva más de dos años presa en la cárcel de Santa Ana del Táchira.
José Ricardo Gualdrón, padre
de la joven, le dice a Infobae que la juez Xiomara Peña, del Tribunal de Guasdualito,
estado Apure, no procesa la libertad de su hija, con la ejecución de la
sentencia. “Que suelten a mi hijita; ella ya comprobó su inocencia”.
Acude a Tarek William Saab, a Nicolás Maduro y a
Diosdado Cabello. “Yo sé que ellos pueden ayudarme, porque la familia, todos,
somos luchadores y revolucionarios y trabajamos en la calle; que ahora no nos
tomen en cuenta y nos tengan así es triste”. Es un convencido que la candidatura
de su hija a la alcaldía causó que ahora esté presa. “Fue porque ella iba a
ganarles esa elecciones de la alcaldía y pedimos disculpa por eso, porque
sabemos que en la revolución no podemos lanzarnos unos por encima de los
otros”.
Como en otros casos, el de María José también estuvo
plagado de violaciones al debido proceso, secuestro, tortura y actas amañadas
de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
que después sirven como los únicos testigos, que no el fiscal Ronal Florez ni
la juez Xiomara Peña se inmutan ante eso.
Cuando María José Gualdrón fue primero presentada ante
el Tribunal Militar de Guasdualito y el Fiscal Militar, Primer Teniente Arévalo; allí revisaron las dos actas policiales
que levantaron contra ella, una del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y una de la DGCIM. Cuando le hicieron lo que
llaman telemática con los funcionarios actuantes, pero no encontraron evidencia
que sustentara la denuncia de los funcionarios.
Ante la inexistencia de
pruebas el Tribunal ordinario, de Xiomara Peña y el fiscal Ronal Flórez, la
condenó por instigación a la rebelión y para justificar otro delito le sumaron
resistencia a la autoridad, sin que se evidenciara cuándo ni cómo ocurrió eso.
El 7 de abril 2021, a las 10
de la mañana, en la alcabala El Cucharo del Táchira, en la carretera Troncal 5,
se instaló un punto móvil de la Policía y ahí estaban los funcionarios de la
DGCIM, quienes ya tenían información que María José iba en el minibús de
transporte público rumbo al cumpleaños de su papá en Guasdualito. Los Dgcim
detuvieron la unidad, subieron, se dirigieron hacia el asiento donde la joven
se encontraba y le dijeron: “María José, bájate”.
Le hicieron revisión corporal
sin encontrarle nada encima y le dijeron que tenían una orden de captura contra
ella emitida por el Tribunal Militar de Apure, por los delitos de Traición a la
Patria, Rebelión y Espionaje.
Gualdrón relató todo ante el
Tribunal que no consideró su denuncia e ignoró el grave delito de tortura cometido
contra ella, porque narró que la encapucharon y la trasladaron a Guasdualito,
exactamente frente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde le
colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarla y le preguntaban por la
ubicación de Jorge Eliécer Martínez alias Arturo, jefe de las Disidencias o el
llamado Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
en Apure, asegurando que ella era su mujer.
Como los funcionarios de
Inteligencia no obtuvieron una respuesta satisfactoria, la trasladaron a
Caracas, donde fue torturada por varios días, según su relato ante el Tribunal
y el Fiscal, hasta que finalmente la llevaron a los sótanos de la DGCIM en la
sede principal de Boleíta. Dijo que durante esos días no le dieron agua ni
comida, le colocaron un objeto para aprisionarle la cabeza con fuerza, le
colocaron electricidad en el cuerpo y con las manos hacia arriba la esposaban a
lo que podría ser una tubería o barrotes de ventana, mientras el frío de algún
aire acondicionado helaba su cuerpo.
La familia de María José solo
supo que a ella la trasladaron, el 11 de abril 2021, vía aérea, desde Caracas a
Guasdualito para hacerle la reseña en el CICPC, hacerle informe en el Servicio
de Medicina y Ciencias Forenses
(Senamecf) y presentarla al Tribunal, para regresarla a Dgcim Caracas. Y si
bien es cierto que la doctora Sandra Eslava la vio, no revisó los efectos de la
tortura, porque los médicos temen a las consecuencias de hacer lo correcto y
enfrentar los abusos de la DGCIM que siempre ha amenazado a los médicos que
atienden a los detenidos por ese cuerpo de inteligencia.
Los funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, que dirige el teniente coronel (GNB) Alexander Granko Arteaga, quienes detuvieron a María José Gualdrón Rivas no son los mismos que después aparecen en las actas, porque algunos de ellos fueron destituidos y otros presos. Los únicos testigos contra Gualdrón son los mismos funcionarios de DGCIM.
Quién es la juez
Xiomara
Liseth Peña Rodríguez, es la Juez de juicio del Circuito Judicial Penal de
Guasdualito, estado Apure. Hace un año fue denunciada al portal FronteraViva
por un funcionario de la administración de justicia en Apure, que dan cuenta de
varios testimonios indicando que cuando alguna persona era detenida por
contrabando de combustible y presentada ante el tribunal, personas del entorno
de la juez “exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba
la libertad prometida a los sub judices”.
El pago por la
libertad de quien pagaba “se la hacían en una cuenta en la entidad bancaria
Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de medicinas veterinarias de un
amigo de la juez”. Con el tiempo se sintió más segura y poderosa, “a la vez que
su entorno creció hasta una tribu judicial, que arregla económicamente cada
caso, que determina si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto
sería el monto para otorgarle la libertad al procesado”.
Una
de las víctimas del cobro dijo en esa oportunidad, 22 de febrero 2022, que “el
grupo de la juez es grande. Un elemento importante de esa red lo constituye una
trabajadora del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera
y Tributaria), así como algunas personas de Guasdualito y una señora que vive
en El Amparo, que es el enlace de Xiomara con los casos de los detenidos llamados
TANCOL; esa mujer que reside en El Amparo es la única autorizada para recibir
las divisas para la juez, coordina qué abogados asistirán, por ejemplo al caso
de los TANCOL, y cualquier imprevisto que se presente”.
¿Cómo
funciona el Tribunal de Peña? Con la praxis violatoria al debido proceso que
aplican jueces con casos políticos:
“Se
niega a aceptar defensores privados en los casos relevantes. El detenido, si ya
tiene defensor privado, debe revocarlo. A partir de ahí se arregla la decisión,
de manera que el detenido se presente como una persona sin recursos económicos
para pagar abogado privado.”
“Ahí
aparece el abogado Carlos Delgado, quien está estrechamente relacionado con la
juez Peña, quien es pieza clave para que se selle el arreglo entre el detenido,
sea a través de sus familiares o representantes, y la decisión que la juez está
dispuesta a tomar para beneficiarlo”.
“En el
departamento de archivo del Circuito Judicial Penal de Guasdualito reposan los
expedientes, al cual deben tener acceso los abogados para las defensas de sus
defendidos”, como ocurrió con el caso de los Tancol en el 2022.
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