Karla Salcedo Flores denuncia el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de jueces, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 50 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el menor, sea familia o personas ajenas
Sebastiana Barráez/ domingo 4 de junio 2023
@SebastianaB
En agosto del 2020, la entonces Juez Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, prohibió a la periodista Karla Salcedo Flores difundir información sobre la denuncia que Daniela Valentina Montañez Yumar hizo reclamando a su hijo y a quien le habían decretado una “Medida Innominada de Protección en beneficio del niño”. Salcedo sospechaba de una patraña para ocultar el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de Jueces de Protección, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 60 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el niño, sea familia o personas ajenas. Toda la historia empieza en el 2018 cuando un Tribunal le quita la hija a su amiga; luego de cinco años la pequeña apareció en Medellín, Colombia.
Cuando
a Isabel Rinaldo Andazora le quitaron a Keira que entonces tenía 8 años, su
amiga, la periodista Karla Salcedo se dedicó a investigar en una lucha que
lleva cinco años, en cuyo camino ha ido sumando muchos casos más, 10 de los
cuales expuso ante el Ministerio Público, gracias al apoyo de los abogados
Martín Geymonat y Damary Rangeol, de las ONG Funvenides (Fundación Venezolana
de Niños Desaparecidos) y Derechos Humanos Dr.
La
historia. El cubano nacionalizado español Pedro Alba Linares e Isabel Rinaldo
sostienen una relación de la cual nace Keira, que tenía ocho años cuando surgen
problemas entre la pareja, porque estando en España él habría agredido a Isabel,
ella lo denuncia y se regresa a Venezuela con su hija.
El
Ministerio Público le envía una citación a Isabel porque su expareja la había
denunciado por ataques violentos contra su hija. Cuando llega a la Fiscalía la
detienen “por averiguaciones” y le quitan la niña entregándosela al padre. Al
día siguiente, ya en libertad, comienza la búsqueda, pero Kiera y su padre no
aparecieron. Han pasado cinco años desde entonces y la lucha de Karla Salcedo
desde la ventana del periodismo fue acompañar a su amiga en el largo camino.
Lo
atroz de esta historia, donde el poder judicial de LOPNA en Venezuela es actor
principalísimo, ha demostrado que Pedro Alba Linares solo quería vengarse de
Isabel y por ello termina dejando a la niña con una tía que la ha tenido en
niveles de miseria y malos tratos.
Hace
dos meses una compañera de estudio de Kiera en Medellín ve el video que Salcedo
se empeñó en difundir con varios medios, donde aparece el rostro de la niña, lo
ocurrido y la búsqueda que su mamá lleva. Le habría comentado “Mira, esta eres
tú y dicen que tu mamá te está buscando”. El impacto de Kiera, su reacción, sus
lágrimas y sus miedos estallaron atrayendo la atención de la escuela, que llamó
a las autoridades y por fin se supo dónde y con quién estaba Kiera. La
sorpresa es que su padre la había dejado en Colombia y se fue para los Estados
Unidos.
Kiera no ha sido devuelta a Isabel, porque los organismos colombianos han retardado todo el proceso burocrático, ni siquiera porque se han restablecido las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre Colombia y Venezuela.
Lo primero que Karla Salcedo Flores le die a Infobae es “Keira apareció”, consciente de su triunfo sobre un sistema plagado de jueces corruptos, bufetes que arman delitos, fiscales que hacen gala de negligencia o cooperación con las mafias, funcionarios mercaderes de los consejos de protección, al que se la han sumado funcionarios diplomáticos que pregonan ser amigos de Nicolás Maduro. Y la red está extendida a otros estados como Anzoátegui, Carabobo, Táchira y muchos más.
Quiénes
y cómo
Cuando hace cinco
años, Isabel Rinaldo Andazora desesperada por encontrar a su hija, y en medio
del proceso judicial que continua contra ella por las denuncias del cubano,
acude al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC), quienes remiten el caso a Interpol, porque Pedro
Alba había salido del país y supuestamente se llevó a la niña a los EEUU.
La
periodista Salcedo Flores, en conversación con Infobae, destaca los datos de
ese caso, los funcionarios actuantes y el largo camino recorrido hasta
encontrar a la niña.
Expediente:
Régimen de Convivencia AP51V-2016-007572 pasó del Tribunal 13 de Mediación al
l1 de Juicio.
Jueces
que retrasaban o dejaban de hacer: Yasmina Ramos, Mara Bastidas y Betilde
Araque.
Modificación
de Custodia: AP51-V-2016-007570. Pasó del Tribunal 24 de Mediación al Tribunal
14 de Mediación. Jueces: Dagiely Palma. Betilde Araque. Secretaria
Carmen Sotillo.
Acción
de Disconformidad. AP51-V-2017-003966 pasa del Tribunal 13 de Mediación al 14
de Mediación. Jueces: Yasminia Ramos y Lenni Carrasco.
Privación
de Patria Potestad. AP51-V-2017-015266. Del Tribunal 12 de juicio pasa al 1 de
Juicio.
Expedientes
revisados por el TSJ en Sala Constiucional que produjo la sentencia 097 del 15
de mayo 2019 ordenando, con carácter vinculante, que no pueden abrirse expedientes
con las mismas personas en diferentes tribunales.
En
todos los casos la Fiscal 97, María Da Corte (nombrada Juz de LOPNA)
intervino de manera pasiva y Yaritza Gómez. Las consejeras de Protección
de Libertador: Yanisett Sánchez, Karina Colina y Ana Cardoza.
Fiscales:
104 del Ministerio Publico. Las que estaban en los años 2017-2018 2019. “Una de
apellido Villasana. No tengo el nombre de la otra”, dice Salcedo.
Luis
Castillo
era fiscal auxiliar de la 104 y siguió siendo fiscal. Las jueces actuaban bajo
las ordenes de Felipe Hernández Trespalacios, sub director de familia,
quien al ser destituido por corrupción se convirtió en el abogado defensor del
padre de la niña Pedro Alba Linares; Carmen Cotillo, que era secretaria de los
casos, también se convirtió en defensora del cubano que secuestró a la niña.
Modus
operandi.
Abren procedimiento por Régimen de Convivencia. Abren otro expediente por
Modificación de Custodia. Luego denuncian paralelamente el delito penal en
Fiscalía o Consejo de Protección. Y luego que comienza el expediente penal,
demandan por privación de patria potestad. Y así obtienen medidas para quitarle
la custodia a la madre.
La
mafia sigue funcionando
Del
Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Joselyn Vanessa Fernández Amoroso,
sobrina del Contralor General de la República, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso,
ascendió a Jueza Coordinadora Encargada del Circuito
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
“En
el caso de Rosa Reyes Rebolledo, quien era presidente del circuito judicial de Caracas de los tribunales de Protección
(LOPNA), pasó a la Cancillería en el cargo de Restituciones internacionales,
pero dejó sus tentáculos en el sistema de Protección”
La periodista Karla Salcedo Flores le dice a Infobae
que “al denunciar estos casos, recibí correos electrónicos pidiéndome que no
publicara más en mis redes. Las amenazas continuaron. Cada vez que hago un Instagram
live del tema, mandan a sus emisarios a ofenderme”.
“El caso de Isabel es uno de los más emblemáticos y
que logramos viralizar hace más de 2
años, porque a Isabel Rinaldo la metieron presa en los calabozos y la acusaron
de haber violado a su hija. Justo en ese momento se la quitaron. Luego, hubo
investigación y quedó absuelta y libre. Keira es de nacionalidad italiana
venezolana, y fue sacada del país de manera irregular”.
“La juez Carmen Zuleta emitió sentencia en el caso de
Isabel luego de unas mesas de trabajo que se hicieron en el TSJ para dar
celeridad a estos casos. Yo particularmente le escribí al Fiscal General de la
República, Tarek William Saab y pedí su intervención para que las madres tuvieran
respuestas. Fueron designados Fiscales Nacionales para investigar y luego llegaron
al TSJ para dichas mesas de trabajo”.
Declara como insólito que “en el caso de Isabel, el papá de Keira logró que Interpol le quitara la alerta roja y sobre Keira hay una alerta amarilla, pese a que según la sentencia de la juez Zuleta, la niña debía ser restituida a su madre”.
Daniela aparece muerta
Daniela
Valentina Montañez es una de las madres víctimas del sistema de menores en
Venezuela, relata Salcedo. Le entregaron la custodia del niño al papá, Adrián
Alberto Novoa Moreno, alegando “problemas de conducta de la mamá, de atención y
maltrato. Es un patrón que se repite”.
“El
modus operandi es asi: el padre dice que la madre maltrata al hijo, que lo
abusa sexualmente o que lo tiene abandonado. El siguiente paso es que el Estado
entre en juego para “beneficio del niño” y que le quiten el niño a través de la
custodia entregada al padre. En este caso, no fue la excepcióm”.
“Daniela
inició una lucha mediática importante, estuvo encadenada en las puertas los
tribunales competentes de LOPNA (Ley Orgánica de Protección de Niños y
Adolescentes) en Caracas. Ella estuvo dando la batalla y la lucha por su hijo.
En algún momento el Tribunal recapacita y le regresa al niño, pero en ese
proceso en que además estábamos en plena pandemia Covid, Daniela murió”.
“Hubo
un informe súper extraño diciendo que Daniela se había practicado un aborto.
Todos quedamos muy impactados, incluyendo a su pareja sentimental, quien
asegura que no había tal embarazo. Todo fue muy raro y ojalá la muerte de
Daniela Montañez alguna vez quede esclarecida, porque no creo en esa extraña
versión que dieron de su muerte”.
“Además, el padre del niño estaba en Venezuela, porque no fue que él se había ido del país. Daniela tenía un espíritu irreverente, difícil, tenía un carácter aguerrido, por lo que para un hombre como ese (papá de su hijo) era muy fácil decir que se había suicidado o que se había hecho un aborto loco en la casa. Yo no creo eso, porque la conocí”.
El
Fiscal lo sabe
En
octubre 2020 la periodista Karla Salcedo Flores notificó formalmente al Fiscal
General de la República, Tarek William Saab lo que estaba ocurriendo en los
Tribunales de Protección de niños y adolescentes, iniciando el escrito con la
lapidaria frase “espero que usted pueda poner especial atención al caso que le
voy a presentar”.
Después
de relatarle que fue contactada desde hace casi tres años por la madre de un
niño para que denunciara lo que estaba sucediendo “comencé a investigar cómo
funcionan los tribunales de LOPNA (Tribunales de Protección de Niños Niñas y
Adolescentes), qué hacen para entregar las custodias de los niños, y sobre todo
y lo mas llamativo ciudadano Fiscal, cuánto vale ilegalmente un proceso en
estos tribunales de niños y adolescentes”.
Salcedo, sin vacilar, le dice al Fiscal: Hay una mafia dentro de los tribunales de LOPNA
y quiero que usted conozca todo esto con las pruebas que le haré llegar.
Hay
una similitud muy poderosa en todos los casos: mismo modus operandi, mismos
nombres, misma juez y abogados”.
Según
lo que la periodista destacó en esa comunicación al titular del Ministerio
Público, el modus operandi en ese momento del año 2020, porque hoy en el 2023
tiene algunos actores nuevos, “la jueza Rosa Isabel Reyes Rebolledo se ha dado
a la tarea de crear un grupo cercano de abogados que captan casos donde puedan
manejar una fortuna muy grande de dinero que reparten entre todos”.
El
primer paso “del equipo de Rosa Reyes es abrir un expediente en tribunales penales,
acusar a la mamá del niño de alcohólica, problemas mentales, drogadicta, violadora
de niños o cualquier otro delito”.
Segundo paso: “el caso llega a los tribunales de LOPNA, donde el equipo de Rosa Reyes está moviendo sus hilos para entregar la custodia al papá del menor, quien tuvo que haber pagado entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo de cada caso. La sentencia, siempre a favor de quien pagó. Le arrebatan los niños a las mamás sin ningún tipo de defensa, sin el debido proceso”, porque como explica “hay mucha plata de por medio. No pueden ir a un juicio justo porque no hay pruebas de nada”.
Salcedo le indica 10 casos al Fiscal General donde se puede evidenciar el modus operandi que denuncia.
Infobae, para mantener la reserva de los nombres de los niños protege los datos de mayor referencia:
Caso
uno: los hermanos de 12 y 6 años:
Padres:
Yurai Salazar Amundaray y Juan Carlos Carrero Guevara.
Delito
denunciado e imputado: trato cruel continuado.
Fiscal
109: Sulmaira Márquez Duque. Exp. MP- 73343-2018.
Juez
5to. en Funciones de Control de Caracas: Francis Segovia. Exp. 5-C-S-1389-18.
Nota: Todas las actuaciones de carácter penal fueron utilizadas como un trampolín para darle algún matiz de licitud y legalidad al vil procedimiento de Modificación de Custodia, que la madre ostentó desde que sus hijos nacieron.
Tribunales
de LOPNA
entonces presididos por Rosa Isabel Reyes Rebolledo. Juez Tercero de
Primera Instancia de Mediación, Haydee Lissette Vincet, decretó
Modificación de Custodia a favor del padre y dictó Medida de Alejamiento,
Asunto Principal AP51-V-2019-002221-P, Cuaderno de Medidas AH52-X-2019-002221-
1.
Alfredo
Pereira Mendoza, 20 de Primera Instancia de Mediación, decretó divorcio,
cerró las instituciones familiares, incurre en falta de pronunciamiento y a
pesar de ser el Juez natural, se desprende del expediente sin justa causa; Raiza
Bastardo, 5to. de Primera Instancia de Mediación, incurre en erradas
interpretaciones en cuanto a recursos y falta de pronunciamiento,
materializando dilaciones indebidas y retardo procesal. Ronal Igor Castro,
4to. Superior, no admite Acción de Amparo.
Abogados de la contraparte: Maryan Palmera y Enoé Carrillo Castellanos.
Caso
2: también hermanos
Madre:
Emily Benítez Marcano.
Padre:
Jesús Antonio Villanueva Cruz.
Juez
32 de Mediación en Lopna, Faraha Antor y luego Rafael Piñate.
El
padre introduce Modificación Provisional de Custodia. Exp Nro.
AP51-V-2016-008270.
Juez
15 de Mediación de LOPNA, Lenny Carrasco.
La
madre introduce Restitución de Custodia. Exp. Nro. AP51-V. 2016-16670. Juez 2do
de Juicio de LOPNA, Salvador Mata, decretó modificación de custodia a
favor del padre. EXP Nro. AP51V2016008270. Juez 2DO Superior de LOPNA, Jakcleline
Landaeta, Decretó sin lugar la Apelación e impuso Régimen de Convivencia
Supervisado a favor de la madre, cada 15 días, 4 horas en el tribunal, pero el
padre incumplió.
Abogadas de la Contraparte: Marián Palmera y Enoé Carrillo.
Caso
3: la odontóloga
Madre:
Enza M. Ganci I.
Padre:
Bayan Saab Richani.
Delito
denunciado e imputado: Comisión por omisión en el delito de abuso sexual,
conociendo la causa la Fiscal 2 Arelis Veliz, EXP. N° MP-36127-18 y el Juez
2 en Violencia de Género, Auralis Pérez. EXP.N°GP01-S-2018- 000631.
Expediente
Medida de Alejamiento: a través del Consejo de Protección del municipio
Valencia, estado Carabobo, a cargo de Solange Moya, Gabriel Salcedo y
Argenis Rivero. Expediente Administrativo N° 6883-E.
Expediente
LOPNA: Juez 5TO de Protección, Eduarda Gil, quien decreta Medida de
Custodia Provisional exclusiva a favor del padre, EXP. N° GP02- V-2018-000164.
Fiscal 18, Miroslava de Jesús Pinto Escobar.
Caso
4: una adolescente y una niña
Madre:
Liliana García Muentes.
Padre:
Orlando Márquez.
Delito
Denunciado e Imputado: Trato cruel continuado.
Fiscal
121 José Ferreira.
Expediente
de Medida de Alejamiento, Nro. 4966: a través del Consejo de Protección
Municipal de Baruta.
Expediente
LOPNA: Juez 20 de Mediación, Alfredo Pereira, quien decreta Custodia Provisional
de ambas niñas a favor del padre. Expediente AP51-V-2018-00134 y el Juez 3 de
juicio, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, decretó el
divorcio y ratificó la custodia a favor del padre
La
Consejera de Protección de Baruta, Glennys López, el 8 de noviembre 2018, dictó
a la madre Orden de Alejamiento, incluso desalojándola de su hogar.
Juez 3 de LOPNA, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, ordena el divorcio y ratifica custodia a favor del padre, estableciendo régimen de convivencia a favor de la madre en un Centro Comercial de 2 a 6 de la tarde.
Caso
5: es extranjera
Madre:
Juliana Castellanos.
Trámite
de Colocación Institucional a través del Consejo de Protección, municipio
Libertador, a cargo de las funcionarias Marisela Villamediana Mandry, Dora
Arráiz, Viviana González, inicia trámites de colocación institucional de la
niña a los 3 días de nacida.
Expediente
LOPNA: El juez 20 DE Mediación de LOPNA, Alfredo Pereira Mendoza, en la
Causa AP51-V-2019-1165- P, decretó la colocación de la niña, en una institución
privada, y es quien debe pronunciarse por restitución o reintegración familiar
solicitada.
El
Despacho Fiscal 22 a cargo Yoel Monjes, bajo el número N- 34 57 002
-2019, 8-04-2019, en el mismo hospital donde nació la niña, el Consejo de
Protección del Municipio Libertador, inicia los trámites de colocación
institucional, porque la madre al dar los datos, y por temor a ser deportada, ya
que es extranjera e indocumentada, se identificó con otro nombre. El padre de
la niña se percató de ello al ver la historia médica y le recomendó a la madre
que resolviera el problema, notificándolo al Departamento de Historias Médicas,
desde donde los remitieron al Departamento de Trabajo Social y luego al Consejo
de Protección, quien remite la causa a la Fiscalía 22.
El Consejo de Protección ordenó la corrección del libro de actas e historias médicas, pero antes de hacerlo, según reveló Castellanos “la conseiera Marisela Villamediana le exigió al padre de mi hija, el pago de USD 8.000, de lo contrario no presentaría a mi hija. Acudimos a la Defensa Pública y se logró que la niña fuera presentada por el padre”, pero para ese momento la niña estaba en la organización privada donde no le permitían contacto con la bebé, ni amamantarla.
Caso
6: bebé de dos años
Madre:
Karen González.
Delito
Penal denunciado e imputado: Tratro cruel continuado, denuncia del padre contra
González.
Fiscal
109 Sulmaira Marquéz Duque, Exp. Nro. MP- 271210-2019.
Expediente
de Modificación de Custodia: a través del Consejo de Protección, municipio
Libertador, a cargo de las funcionarias Dora Arráiz, Jaqueline Torrado, Karina
Colina y Yanisett Sánchez. Dictan Medida Custodia Provisional a favor del padre
del niño. Y a la madre Medida de Alejamiento, causa identificada bajo el Exp.
Nro. CPNNAL 3.051-008-2019.
Funcionarios
policiales irrumpieron en casa de Karen González, de manera violenta y
arbitraria, se la llevaron al módulo de Policía en Ruperto Lugo y le quitaron al
bebé. Sin evaluación, dictaminaron medida de Protección, se ordenó la separación
inmediata de la madre y se le prohibió acercarse al entorno donde reside el
bebé, quien era lactante de un año y ocho meses.
“Fiscalía
109 no le da seguimiento al caso, no reposan en el expediente las resultas las
evaluaciones realizadas a mi hija, ni tampoco los informes de talleres a lo que
tuve que asistir de acuerdo a lo establecido por la institución, y mientras el
tiempo transcurre no he visto a mi hijo”.
Interpuso acción de Amparo Constitucional AP 51-0-19-7751- P, en contra del Consejo de Protección, que fue inadmisible y se ordenó cierre y archivo definitivo del expediente, firmada por los abogados Betilde Araque Granadillo y Freddy Amundaray Torrealba.
Caso
7: cuatro años
Madre:
Jenetsy
Guadalupe Arias.
Padre:
Carlos Antonio Salanova Díaz.
Expediente
Modificación de Custodia. Juez 8vo. Mediación LOPNA, Milagros Antonieta
Zapata Ramírez, decretó medida preventiva de Custodia Provisional a favor
del padre; EXP, AP51-J-2020-002091-P, AH52-X-2020-000005.
El 4 de junio 2020, un equipo multidisciplinario de LOPNNA, acompañado con funcionarios del CONAS, con las armas de fuego a la vista, le quitaron a la madre el niño de cuatro años.
Caso
8: la niña EEUU
Padre
denunciante: Eduardo Martín Geymonat, es uruguayo y venezolano. Su hija de 5
años nació en los Estados Unidos.
Fraude
Procesal en el Circuito de Protección de Caracas.
Expediente:
AP51-V- 2016-018241.
Jueces: Dagiely Palma (27) y Milagros Zapata (8)
En
noviembre 2016 se presenta, por los Tribunales de Protección de Caracas demanda
de divorcio, custodia, permanencia en el hogar, régimen de convivencia
familiar, manutención y administración de bienes. En diciembre 2016 se dictan
medidas cautelares.
La niña, estadounidense de un año y 7 meses y la familia residían en Bogotá, Colombia. Todo a espaldas del padre. Ni la niña ni su mamá regresaron a Venezuela, La niña se encuentra en São Paulo Brasil. Desde el 2016, el tribunal mantiene las medidas provisionales, no hay realizado ni la primera audiencia, no acepta la contestación de la demanda y no se pronuncia sobre el fraude.
Caso
9: el militar
Madre:
Diana M. Stella M.
Padre:
militar de la Aviación, Alejandro J. Guevara H.
Expedientes
en Lopnna: AP51H2017003088, AP51-V-2017- 005014. Tribunales 12 y 15, Tribunal
2do y 3ro Superior
Jueces
Edelwis García, Lenin Carrasco Dorante, Iván Cedeño, Aurimar Cáceres y Yaqueline
Landaeta.
Expediente en jurisdicción penal: 15- J-1165-18, jueza Jhosmar Dinorah González. “Querella por difamación agravada en base a un escrito de mi defensa consignado en los Tribunales de Lopna. El progenitor de mi hijo ha logrado todos estos actos haciéndose valer de su investidura de Militar Activo de la Aviación”.
Caso
10: dolorosa historia
Madre:
Daniela Montañez Yumar, madre del niño de 5 años.
Expediente
LOPNA: AP51-S-2020-2266-P.
Tribunal
Sexto de LOPNA: Jueza Joselyn Fernández Amoroso.
El
16 de mayor 2020 16-05-2020, Daniela se da por notificada de una Medida
Anticipada de Custodia, decretada por la Juez Lenni Carrasco Dorante,
quien posteriormente, se inhibió del caso, quedando la Juez Joselyn Fernández Amoroso.
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