Mostrando las entradas con la etiqueta FAES. Dgcim. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta FAES. Dgcim. Mostrar todas las entradas

domingo, 31 de enero de 2021

Hijos del chavismo conformaron un grupo que viaja en camionetas blindadas, usa armas de guerra, hackea redes sociales y persigue opositores

Este grupo tomó las calles de la capital del fronterizo estado Táchira. Intervienen cuentas de redes sociales, vigilan los grupos de WhatsApp y manejan bots para influenciar en las corrientes de opinión 



Sebastiana Barráez/ domingo 31 de enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

Las denuncias de brutales atropellos contra una pediatra y un empresario, por parte de Jesús Tamaní Bernal, un supuesto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que estaba en una comisión de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en San Cristóbal, coloca al descubierto un peligroso modus operandi de jóvenes hijos de dirigentes de la revolución bolivariana, que se han tomado las calles de la capital del fronterizo estado Táchira, en camionetas blindadas y portando armas de guerra.

Este grupo de jóvenes, además de exhibirse con armas
 y camionetas de lujo sin placas, vigilan opositores

El hecho, ocurrido el pasado fin de semana, se origina cuando varias personas que se encontraban en un local de una feria de comida presencian la irregular acción de la comisión de FAES, que venía persiguiendo un vehículo, a cuyo conductor golpean salvajemente. Los funcionarios se percatan que, desde la venta de comida, algunas personas los estaban grabando.

Los FAES se acercan a solicitar los teléfonos para borrar las grabaciones, pero según la narración del empresario Nicola di Gioia los golpearon y hubo sangre por todos lados. “Apenas me metieron el golpe, me agarró uno por detrás y me ahorcó y me tuvo un rato ahí y se me fueron las luces. Caí al piso. Los pocos clientes que estaban, la gente que trabaja ahí, todos empezaron a intervenir”.

Uniformados en las camionetas sin placas que usan 
los cuerpos policiales y la guerrilla en Táchira

Recordó las amenazas de Jesús Tamaní Bernal de quien relató sus amenazas; “me tocó desbloquearle mi teléfono. Que me revisara mis fotos, mis conversaciones, todo lo que él quiso revisar en mi teléfono, y luego me lo entregó. Me dijo: te voy a dejar ir, espero que esto no pase a mayores. Como amenazándome para que me quedara callado. Me soltaron, salí, eran como las 2:30 am. Lo que quería era llegar a casa”, recuerda Nicola di Gioia.

La doctora Laura Virginia Hurtado, por su parte, destacó que varios de quienes se encontraban en el establecimiento de comida, fueron golpeados y en su caso amenazada con una granada y amedrentada por Bernal; su tío José Domingo Hurtado resultó gravemente herido y fue internado por orden de les médicos para ser operado. ((http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/01/una-doctora-narro-las-atroces-acciones.html)

Bernal es parte del grupo de jóvenes que, además de exhibirse con armas y camionetas de lujo sin placas, hacen actividades paralelas, desde la estructura de una sala situacional dedicada a intervenir cuentas de redes sociales, a husmear en los grupos de whatsapp y manejan bots para influenciar en las corrientes de opinión.

Son varias las personas del Táchira, entre ellos dirigentes sociales, políticos, gremiales, periodistas, defensores de derechos humanos y gente que ha participado en alguna protesta o reclamo, quienes han recibido mensajes de ese grupo en sus teléfonos, en twitter, Facebook o Instagram, que en algunas ocasiones se hacen pasar por opositores radicales para difundir información falsa. Ese grupo se consideran guerreros digitales.

El llamado Frente 10

Armas y vacuna

Ese grupo, la mayoría de ellos jóvenes, se identifican con símbolos, pregonan ser del movimiento Anonymous, pero simpatizante del comunismo, y por ello cargan un frente 10, en alusión al Frente Décimo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Uno de los personajes vitales del grupo es conocido en el Táchira como El Hacker, que infiltra comunicaciones y tiene la estructura de cuentas falsas. Existen cuentas de hacker que hacen seguimiento de conversaciones de dirigentes en el Táchira.

La anarquía que se ha impuesto arropa también a los funcionarios de la Policía Nacional y de la Policía del Estado, que instala gran cantidad de alcabalas improvisadas en toda la ciudad, de manera que cada dueño de negocio, bodega o abasto son extorsionados y se ven obligados a pagar la vacuna, así como conductores o camioneros.

Observen el símbolo del pañuelo en el cuello

Muchos de esos funcionarios entran, con armas y chapas, para abrir o cerrar discotecas, mientras extorsionan a sus propietarios; ese hecho se ha agudizado cuando las cuarentenas radicales se aplican por efecto de la pandemia.

Uno de los integrantes de ese grupo es un dirigente político del chavismo quien, a través de cuentas externas, fabrica falsos positivos, mencionando a representantes de la CIA (Agencia de Inteligencia de Estados Unidos). Se dedica a usar cuentas anónimas y buscan diálogos con activistas de la oposición.

 

La historia de Bernal

Hay que destacar que resultó sorpresivo que la doctora Hurtado señalara que en el grupo que los agredieron, estaba Yepfri Arguello, jefe de prensa del mal llamado protector del Táchira; “él también estaba presente y fue el único que no intentó golpearme, pero él estuvo allí, se llevó mi teléfono y lo revisó”.

Observe el símbolo en el tapabocas

La doctora Hurtado le responde a Arguello quien reclama pruebas: “cómo va a haber una prueba Yepfri, si tú te llevaste mi teléfono y me lo devolviste, se lo llevaron para borrarlo”.

Pero no extraña que Arguello estuviera con la comisión del FAES, porque es parte del grupo de Jesús Tamaní Bernal.

Y tampoco lo es la violenta red de ataques contra la doctora Hurtado y el empresario Nicola, que en realidad fueron las víctimas de lo sucedido el 22 de enero en la noche y 23 en la madrugada.

Tres días después, Freddy Bernal, padre de Jesús Tamaní Bernal, se dedicó a contar la historia de una operación que llamó Octubre Rojo, quizás imaginándose una batalla como la del submarino ruso; le agregó los ingredientes de siempre: conspiración, CIA, EEUU, intentos de asesinatos, dirigentes de la derecha, etc.

Dos de las camionetas sin placas que rondan en Táchira; frente al Palacio de Los Leones 
y otra en una venta de repuestos de San Cristóbal

Ante la fuerza que tomó la denuncia contra su hijo, sin que su historia del Octubre Rojo lograra el cometido de distraer la atención, el llamado protector del Táchira se refirió al tema. Dio una versión nueva del hecho, pero se aseguró de dar una demostración de su poderío.

Aseguro que “pedí al Fiscal Superior que iniciara una investigación profunda de estos hechos y que se le diera una medida de protección a los denunciantes, pero luego mi hijo va a ejercer las acciones de carácter penal por difamación e injuria»

Por ahora el grupo de los hijos de la revolución siguen cometiendo estragos en San Cristóbal.


https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/31/los-hijos-del-chavismo-conforman-un-grupo-que-exhibe-camionetas-blindadas-y-armas-de-guerra-mientras-hackean-redes-sociales-y-persiguen-opositores/


viernes, 22 de enero de 2021

El chavismo utiliza a la Fuerza Armada como pieza de ataque contra periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela

 En las redes sociales de la Aviación Militar Bolivariana se señaló a medios de comunicación como entes al “servicio de intereses extranjeros”


Sebastiana Barráez/ viernes 22 de enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

El uso que ahora le están dando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde sus plataformas de comunicación, es el ataque contra medios de comunicación y contra periodistas, como el avance de un plan bien orquestado contra organizaciones ocupadas de la defensa de derechos humanos y asistencia a sectores vulnerables del país. La función específica que la FANB tiene señalada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la defensa del territorio y la soberanía, que no está cumpliendo. Esta etapa de ser un ente de propaganda para el Gobierno de turno la desdibuja y le pierde su razón de ser.

Nicolas Maduro en un evento con la Aviación Militar

En las redes sociales de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) se publicó, acompañado de un video señalando a medios como Efecto Cocuyo y la red Fe y Alegría, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): “En la guerra contra Venezuela se apela al uso de medios de comunicación que en realidad solo son mamparas al servicio de intereses extranjeros. Un ejemplo de ello es Efecto Cocuyo”, dice un tuit del componente militar, a la vez que se respalda en el video publicado en redes por latabla, que no tiene rostro conocido, pero que es un medio de apoyo en la defensa del gobierno de Nicolás Maduro.

Más allá de la libertad que tiene cualquier medio de comunicación o comunitario a publicar lo que considere, lo inaudito es que la institución armada sea usada para atentar o criminalizar a medios de comunicación y periodistas. Es una estrategia peligrosa esa de considerar enemigos a los medios y ONG. De ahí a que las armas de la República se volteen contra periodistas y defensores de derechos humanos, solo hay un paso.

Está claro que el ataque, desde redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones gremiales, es el paso inmediato después de la arremetida y amenaza contra defensores de derechos humanos y activistas: allanamientos a ONG Alimenta la Solidaridad,  Convite y Azul Positivo. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/01/la-perversa-estrategia-con-la-que-el.html)

Juez José Macsimino Márquez García

Hay que destacar que el 15 de diciembre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron la sede de la ONG Convite, por orden del juez del Tribunal Cuarto de Control, José Macsimino Márquez García, incautaron equipos de computación y documentos financieros de la organización, según causa No. 4CT-5-015-2020. Se llevaron detenido al director de la ONG, Luis Francisco Cabezas, para “una entrevista”.

Una semana antes, usando a funcionarios del servicio tributario Seniat y de Conatel, fue desmantelado el canal VPITV (Venezolanos Por la Información). El medio reportó que “los funcionarios están realizando un inventario para incautar equipos de transmisión, cámaras, computadoras entre otros implementos de trabajo, fundamentales para la realización de nuestros reportajes periodísticos”.

 

Un grupo de activistas, frente a la Fiscalía, exigiendo libertad 
para los integrantes de Azul Positivo quienes están detenidos

Contra defensores

La detención de varios integrantes de la organización Azul Positivo y las amenazas contra la ONG Provea y contra alguno de sus miembros, como ocurrió cuando Diosdado Cabello mencionó en su programa a Rafael Uzcátegui; cada vez que el conductor del programa se refiere a alguna persona así, es una orden para algunos de sus subalternos, que incluyen funcionarios policiales u jueces.  

Azul Positivo es una ONG, que funciona en el estado Zulia, a casi 700 kilómetros de Caracas, y que tiene más de 16 años atendiendo con programas destinados a asistir a personas con VIH y a promover la salud sexual. Amnistía Internacional describe su labor como “admirable y muy necesaria para mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas”.

El 12 de enero una comisión, de quince funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del Zulia, allanó las oficinas de Azul Positivo, de las cuales se llevó tres computadoras, 12 tarjetas de beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco equipos
telefónicos. D
etuvo a cuatro activistas y al chofer Miguel Guerra Raydan, éste quedó en libertad al día siguiente. En horas de la noche detienen en su vivienda a Luis Ferrabuz, quien fue a unirse con los otros cuatro detenidos: Alejandro Gómez Di Maggio, Johan León Reyes, Layners Gutiérrez Díaz y Yordy Bermúdez.

Convite fue allanada el 15 de diciembre 2020

Aunque los abogados trataron de asistir a los activistas detenidos, no se lo permitieron, solo tuvieron acceso a ellos después que los presentaron ante los tribunales militares, que declinaron su competencia en el caso. Lo asumió el Tribunal 4 de control del estado Zulia.

Un tribunal les dictó privativa de libertad y el Ministerio Público los acusó de los siguientes delitos contemplados en la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo; manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Amnistía Internacional se pronunció en rechazo a esa detención, destacando que el trabajo de Azul positivo “debe ser garantizado, protegido y celebrado, no criminalizado”.

El 12 de diciembre, un mes antes de esa detención, el Servicio de Medicina Forense del Ministerio del Interior y Justicia (Senamef) anunciaba en sus redes que había fijado “un programa de apoyo a las víctimas de violencia de género a través de una alianza” con Azul Positivo, destacando la dotación de pruebas para ETS y kits de profilaxis post exposición, “contribuyendo a la atención integral de los usuarios”.

El mensaje de la Aviación contra medios de comunicación

La ONU

A través de sus redes sociales la ONU Venezuela, que tiene una comisión instalada en Caracas con delegados de la Alta Comisionad de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que estaba “preocupada” a la vez que agregó que daban “seguimiento con autoridades para resolver la situación”. Hasta ahora la blandengue actuación de esa oficina, que tiene un mandato específico de la ONU, solo ha servido para darle matiz a la violenta acción de los cuerpos de inteligencia y seguridad.

Marta Hurtado, portavoz de la Acnudh Bachelet en Caracas, recordó que “esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.

"Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares”.

Agregó Hurtado que “al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”.

Por otra parte, la ONU aseguró que suspendería el programa de “transferencias monetarias en Venezuela”, parte de la asistencia humanitaria que brinda al país. En realidad, el gobierno venezolano no se siente amenazado y ni siquiera alerta ante esa decisión, porque tiene importantes recursos, especialmente por el manejo que le da al oro extraído de las minas de Bolívar.  Los únicos afectados son los sectores desprotegidos de la sociedad, a quienes el Estado no les garantiza la atención que han estado recibiendo de las ONG mencionadas.

El mensaje de la Aviación contra medios de comunicación

 Es un plan

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se pronunció destacando “que la criminalización de los integrantes de Azul Positivo se enmarca en un contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país, que, como el Observatorio denunció en su informe publicado en marzo del 2020, son calificadas por las autoridades del país como “enemigos internos” que buscan desestabilizar la nación.

También se manifestó por Fundaredes, su director general profesor Javier Tarazona, expresando que “quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a los defensores y activistas de derechos humanos, en un intento por ocultar lo que ocurre en el país, y además impedir la asistencia humanitaria que estas organizaciones civiles han ofrecido a la población desasistida que enfrenta las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”.

Alertó Tarazona “sobre las graves amenazas contra los miembros de la organización hermana Provea, que tiene más de 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela y que hoy quieren callar para detener sus actividades”.

 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/22/el-chavismo-utiliza-a-la-fuerza-armada-como-pieza-de-ataque-contra-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-en-venezuela/

domingo, 10 de enero de 2021

La perversa estrategia con la que el régimen venezolano planifica la destrucción de los medios y el desprestigio de periodistas

 Paso a paso se ha ido aplicando un plan para atacar medios y periodistas; así inició el año el régimen de Nicolás Maduro



Sebastiana Barráez/ domingo 10 de enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

 

Durante 15 días, entre los últimos de diciembre y principio del nuevo año, hubo 10 violaciones a la libertad de expresión registradas por la ONG Espacio Público, pero solo en un día el régimen venezolano atenta contra la salida del diario Panorama, al que clausuró durante cinco días, allanaron y confiscaron los equipo del canal VPItv y la web del Diario Tal Cual estuvo bajo ataque en la red durante varias horas, a la vez que brutales ataques desde los medios oficialistas se enfilaron contra Efecto Cocuyo, principalmente, y luego contra la red de emisoras Fe y Alegría, además del Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

Época oscura para el periodismo venezolano

En lo que sin duda fue una estrategia comunicacional que inicialmente tuvo su origen en exponer a la periodista Luz Mely Reyes, una de las cofundadoras del medio Efecto Cocuyo, en el 2015 junto con las periodistas Josefina Ruggiero y Laura Weffer.

El 6 de enero 2021 la web del canal Globovisión publica que Efecto Cocuyo recibe un millón de dólares del Reino Unido y destaca con una gran foto a la periodista Reyes. El 7 de enero la web del ministerio de Comunicación del régimen venezolano publica en un gran titular que el medio Efecto Cocuyo había sido contratado como “mercenarios del periodismo”, mencionando a otros medios como Fe y Alegría, así como al Sindicato de la Prensa, citando para ello la web de Globovisión, un canal relacionado al Gobierno.

El 8 de enero, el periódico El Universal, uno de los medios afectos al chavismo publica la misma información con una foto de Reyes; en este caso hace referencia a que la información fue tomada del portal “contexto diario”, que a su vez dice que lo tomó de “dailymaverick”, quien refleja que las 750 mil libras esterlinas es para influir en la agenda de medios en el país, es decir, no es que a Efecto Cocuyo o a Luz Mely Reyes le dieron un millón de dólares.

A la lista se sumó la agencia cubana Prensa Latina; “El Gobierno del Reino Unido financió de forma ilegal a la página web Efecto Cocuyo para socavar y desestabilizar a Venezuela, revelaron hoy medios de prensa nacionales”. También toda la cantidad de portales y medios impresos de propaganda del régimen venezolano como Ciudad Caracas.

Asechados por el régimen Venezolano

Del 14 de diciembre 2020 al 3 de enero 2021, es decir, durante 15 días, según estimaciones que hizo la ONG Espacio Público, las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, daban cuenta de 2 hostigamientos verbales, una restricción administrativa, un caso de censura, 4 de intimidación, un hostigamiento judicial y una agresión. En total fueron 5 casos y 10 violaciones a la libertad de expresión.

Esa cifra se infla con el cierre temporal del diario Panorama, el allanamiento y confiscación de equipos a VPITV y el ataque informático del medio Tal Cual. La periodista Antonieta La Roca publicó una foto que explicó la tomó en medio del allanamiento: “todos unidos, apoyando, con mucho dolor, sí, pero determinados a seguir. Fue el momento en el que todos salimos a evitar que los funcionarios de la PNB continuaran revisando los bolsos de nuestros compañeros”, dijo.

Se cierne una sombría visión de lo que parece ser la nueva estrategia del gobierno de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación y contra los periodistas.

 

Los periodistas saliendo de VPITV durate el allanamiento 
del 8 de enero 20221. Foto tomada por Antonieta La Roca

De enero hasta agosto 2020

Un informe de la organización Espacio Público, reflejó que, entre enero y agosto del año pasado, se registraron 295 casos y un total de 747 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, indicando una disminución del 20% y 5% en comparación con el mismo período del año 2019.

Solo en el primer mes del 2020 se registraron más de un centenar de violaciones a la libertad de expresión3. Buena parte de estos casos tuvieron lugar en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas y fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado, así como por civiles armados, quienes actuaron -en repetidas oportunidades- en coordinación con los uniformados.

La mayoría de los casos se contabilizaron desde marzo, a propósito del Estado de Alarma y el decreto de cuarentena; solo en marzo se registraron 63 casos.

El año arrancó con una estrategia del régimen contra medios y periodistas

Durante los dos primeros cuatrimestres del 2020 se contabilizaron 110 detenciones18% más que en el mismo periodo en el 2019; 28% corresponde a periodistas. Del total de detenciones en ese periodo 95 se dieron entre marzo y agosto, “lo que demuestra que durante la cuarentena se intensificaron los ataques a la libertad de expresión. De igual forma, 59 detenciones están directamente vinculadas a la cobertura o difusión de informaciones vinculadas directamente a la Covid-19 en Venezuela”.

Entre esas detenciones destaca la del 13 de julio cuando funcionarios del Cicpc allanaron la residencia del director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, contra quien tenían una orden de captura. Lo mantuvieron en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); fue liberado los primeros días de septiembre a propósito de un “indulto presidencial”.

Entre enero y agosto 2020 se registró el cierre de 11 estaciones de radio a nivel nacional, la mayoría de ellas durante procedimientos irregulares, llevados a cabo por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en compañía de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

El Correo del Caroní durante el allanamiento a su sede en octubre 2020

El 15 de mayo Conatel ordena el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM en los Valles del Tuy, estado Miranda. “José Lara, gerente de radiodifusión de Conatel, encabezó una visita a la emisora con el fin de entregar dos oficios; uno firmado por Jorge Rodríguez, entonces ministro para la Comunicación y la Información, y otro por Jorge Elieser Márquez, director general de Conatel, anunciando el cese de la concesión”.

El 31 de julio Conatel ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM ubicada en Carúpano, estado Sucre; más de 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejecutaron la orden. ‘Está cerrada esta emisora por disposición de Conatel y por orden del gobernador del estado’, se escuchó al aire antes de que apagaran los micrófonos. “Conatel alegó que el cierre se debió por una «violación del código de normas de Telecomunicaciones», según señaló la periodista Lovelia Pérez en entrevista a Espacio Público”.

En esos primeros ocho meses del 2020, “se registraron 3 muertes de trabajadores de la prensa, agrupadas en dos casos; ambos desarrollados bajo extrañas circunstancias. El primero fue el 18 de agosto en Güiria, estado Sucre, cuando fue hallado sin vida José Carmelo Bislick, docente, locutor y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

Cuepos militares y policiales arrecian contra periodistas venezolanos

El otro caso ocurrió el 21 de agosto, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ingresaron a Guacamaya TV, estado Zulia, “asesinaron a los comunicadores populares Andrés Eloy Nieves Zacarías y a Víctor Torres, quien era hijo del director del medio de comunicación”. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/26/el-brutal-asesinato-de-un-dirigente-chavista-que-denuncio-el-negocio-del-combustible-y-las-drogas-que-hicieron-la-policia-y-los-funcionarios/)

Agrega el informe de Espacio Público que “el 21 de mayo la periodista del portal Diario PrimiciaMarialejandra Meléndez, fue detenida por personal de seguridad cuando intentaba realizar unas entrevistas en el Hospital Raúl Leoni ubicado en San Félix, estado Bolívar”; le exigieron que entregara el teléfono y que borrara las fotografías tomadas, acciones a las que la reportera se negó.

El 5 de junio 2020 el equipo periodístico del portal digital Venezolanos por la Información (VPITV), fue retenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por los funcionarios luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina; el equipo de VPI fue despojado de sus documentos de identidad y retenidos durante más de una hora, con la amenaza de que llegarían los funcionarios de la Dgcim para trasladarlos a la sede central en Boleíta.

 

Los cinco lugares con mayor registro de violaciones a la libertad de
 expresión son: Dtto capital, Lara, VargasZulia y Mérida

La guerra no cesa

El diario La Prensa, estado Lara, interrumpió su circulación por la escasez de gasolina. La página web del medio regional Última Hora, estado Portuguesa, permaneció fuera de línea por una medida de Conatel.

Los cinco lugares con mayor registro de violaciones a la libertad de expresión son: el distrito capital y los estados Lara, VargasZulia y Mérida. “El número de casos en estas regiones está ligado principalmente a situaciones registradas en estaciones de servicio, agresiones a la prensa durante coberturas periodísticas, así como a limitaciones y detenciones con motivo de manifestaciones ciudadanas en exigencia de mejora de los servicios públicos”.

Medios y periodistas convertidos en objetivo.

Las arremetidas contra los medios no han cesado en la revolución bolivariana. A la prensa que le niegan el papel para imprimir, el bloqueo de portales de noticias, entre los cuales está Infobae, canales como CNN o NTN24, el número de programas o emisoras se cuentan por centenares como ocurrió, en noviembre 2020, con Rumbera 94.7 FM en San Carlos, donde decomisó los equipos, según denunció el Colegio Nacional de Periodistas.

A eso se le suma casos de periodistas presos por sus funciones de trabajo, como el del periodista del estado Apure, Eduardo Galindo, quien fue detenido por el CONAS de la Guardia Nacional, en abril 2020, y lo mantuvieron preso por tres semanas, al término del cual le dieron una medida de presentación y le coartaron su libertad a informar.

El periodista Elides Rojas, fue detenido por la DGCIM el 21 de diciembre 2019, acusado de instigación al odio; al dejarlo en libertad le prohibieron salir del país.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/10/la-perversa-estrategia-con-la-que-el-regimen-venezolano-planifica-la-destruccion-de-los-medios-y-el-desprestigio-de-periodistas/

 


miércoles, 6 de enero de 2021

Un obispo venezolano defendió a los indígenas que participaron en la Operación Aurora: “Cayeron en la trampa del oro fácil”

 Tras la muerte de un pemón involucrado en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, monseñor Felipe González González afirmó que los pueblos originarios tenían que ser los chivos expiatorios. “Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa”, sostuvo


 

Sebastiana Barráez/ miércoles 6 de enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

 

“Estoy consciente que estos indígenas tuvieron su culpa. Pero estoy seguro de que no eran “traidores a la Patria”, ni “derrocadores de ningún gobierno”. Está muy lejos Luepa de Caracas, el centro del poder. Sencillamente cayeron en la trampa del oro fácil. Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa”, lo dice Monseñor Felipe González González, Vicario Apostólico del Caroní en el estado Bolívar.


Monseñor Felipe González González

El Obispo se refiere a los trece indígenas que participaron, el 23 de diciembre 2019, en la Operación Aurora, como se llamó el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Unos se entregaron y otros fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), trasladados a Caracas y después enviados a la cárcel El Rodeo II; el 3 de enero 2021 murió uno de ellos, Salvador Fernando Franco Pérez, de 44 años.


Relata monseñor González que “finalizando el año 2019, por estos días de Navidad, tuvo lugar el hecho. A un grupo de indígenas pemones, en medio de la celebración del fin de año, “alguien” les ofreció 15 “gramas” de oro por un trabajo. Eran reservistas que habían hecho su servicio militar en el Fuerte de Luepa y conocían perfectamente el lugar y las instalaciones”.


El Obispo durante los incidentes por la entrada de la ayuda humanitaria en febrero 2019


Revela que los indígenas “no sabían qué tenían que hacer ni dónde. Los embarcaron en un camión y en el trayecto a Luepa (a unos 40 Km. de distancia) les hacen ponerse ropa militar camuflajeada. Pensaban que, por ser días de Navidad y haber soldados de permiso, los llamaban para suplirlos”.


“Al llegar al Fuerte, sin ninguna oposición e impedimento les conducen directamente al lugar donde están las armas. Sacan una cantidad (cuántas, de qué clase). En aquel momento dieron un número exacto considerable. Y se marcharon con el armamento confiscado en el camión. Luego vino la alarma, la persecución y la recuperación de alguna de las armas. Y por supuesto, a los indígenas, medio mareados todavía por las libaciones de fin de año, los pusieron presos por ‘traidores a la Patria’ e intento de ‘derrocar el gobierno constitucional’”, dice el clérigo.


“Esta es mi versión de los hechos. No soy investigador ni juez del caso. Es sencillamente la apreciación y comentarios de las personas cercanas a los hechos. Todo ello exige una verdadera investigación y una dilucidación de lo que allí pasó.


Ha transcurrido un año y no ha habido juicio sobre la realidad. Estos “indios” tenían que ser los chivos expiatorios que pagaran las culpas de los verdadero “chivos grandes” tanto civiles como militares involucrados, desde la oscuridad, en estos hechos”.


Liset Franco solicitando ayudar para que el cadáver de su hermano Salvador 
sea trasladado a su comunidad


Monseñor destaca que se ha hecho muchas preguntas para las que no encuentra respuesta: “¿Quién contrató, con el señuelo de las 15 “gramas”, a estos alegres celebradores del fin de año? ¿De quién era el camión que los llevo a Luepa y cargó el armamento secuestrado? ¿Dónde estaban los vigilantes del Fuerte que no prendieron las alarmas, al llegar estos invasores desarmados? ¿Quién tenía la llave del lugar del arsenal para abrirlo sin hacer ruido? ¿Qué tan profundo era el sueño del gran número de soldados que vivían en el Fuerte y nadie se despertó ni oyó nada durante el trasiego del armamento al camión?”, se pregunta el prelado.

 

¿Y las autoridades?

Monseñor Felipe González nació en Madrid, España hace 77 años y desde muy joven ha pertenecido a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos: en 1985 lo designan Obispo de Tucupita, estado Delta Amacuro, hasta hace casi siete años que es Obispo del Vicariato de Caroní, estado Bolívar, donde ha tenido contacto estrecho con los indígenas de la zona. El 22 de febrero 2019 acompañó a los pemones en el reclamo que hicieron por la masacre de indígenas por parte de militares venezolanos.


El Obispo se pregunta, en referencia al caso de los pemones de la Operación Aurora, “¿Los sabuesos investigadores qué han hecho?” a la vez que agrega “a los gordos no se les puede tocar, pero, sí enterrar a los “marginales indios”. Después de un año no ha habido tiempo de investigar, juzgar y culpar los delitos de cada uno. Ya Salvador Franco no necesita juicio.  El Señor juez justo ya le habrá juzgado y estoy seguro de que, como al buen ladrón, le habrá ofrecido su compañía en el Paraíso”.


Como una dura crítica pregunta “¿Dónde están las autoridades indígenas de la zona? ¿Capitanes locales y generales del sector? Los dejaron a merced de las fieras gubernamentales. Tenían que guardarse las espaldas para que no se les opusiera el injusto gobierno y los declarara ‘capitanes rebeldes’ de ‘comunidades rebeldes’”.


El clamor de los indígenas para que Salvador Franco 
recibiera atención médica


No hay respuesta válida a sus preguntas que hace a las autoridades indígenas: “¿Qué han hecho durante este año para que se juzgara a estos hermanos indígenas con dignidad y justicia? ¿Qué han hecho para atender las necesidades básicas de los presos en los distintos lugares de reclusión? ¿Qué van a hacer ahora con el cuerpo del difunto? ¿Permitirán que lo entierren en una fosa común como un perro callejero o van a ayudar para traerlo y enterrarlo dignamente en su comunidad?”

Monseñor destaca que “según me dicen, en San Francisco Kumarakapay ya no hay familiares de los presos porque los han perseguido y han tenido que huir. Si esto es verdad, la situación es política y más grave”.

“Hace días Salvador estaba enfermo (¿por malos tratos en la prisión?). Tenía una orden judicial para trasladarlo a una revisión médica. ¿Por qué no se hizo este traslado? ¿Quién lo impidió? ¿La Ministra o algún gerifalte de más abajo? Señora  Ministra cuide a “sus” presos. Esa es su obligación constitucional y además el día que tenga que sacarlos a la calle para defender al gobierno revolucionario no va a contar más que con enfermos y escuálidos”, finaliza diciendo Monseñor Felipe González.


Salvador Franco detenido por la Operación Aurora 
y quien murió en el Rodeo II

 Lo dejaron morir

A pesar de los gritos de auxilio para que se cumpliera la orden del juez Macsimino Márquez García, desde el 27 de noviembre, para su traslado a un centro hospitalario, el domingo 3 de enero 2021 murió el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, después de un año preso por la Operación Aurora. La ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no dio la autorización para que el pemón con tuberculosis y desnutrido fuera llevado al médico.

El 27 de diciembre la comunidad indígena Pemón de Kumarakapay hizo público un comunicado en el cual solicitaban la atención de la ONU, la OEA; de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; del relator de Pueblos Indígenas de la ONU, Francisco Cali Tzay; de la relatora de pueblos indígenas de la Organización de Estados Americanos, Antonia Urrejola Noguera, entre otros.

Solicitaron a Nicolás Maduro “que tenga un gesto de humanidad para con nuestro familiar Salvador Fernando Franco Pérez y de ser posible ordene su liberación, ya que tememos por su vida y en caso de ocurrir lo peor, sería el único responsable de ese hecho”.

Gonzalo Himiob, abogado y defensor de derechos humanos, reveló que “según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de Edema Cerebral, Shock séptico y otras reacciones producto de la Tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/06/un-obispo-venezolano-defendio-a-los-indigenas-que-participaron-en-la-operacion-aurora-cayeron-en-la-trampa-del-oro-facil/


El chavismo se fractura entre denuncias de traición y rechazo al tutelaje extranjero

  Dirigentes, exfuncionarios y referentes vinculados al chavismo hicieron públicas sus criticas al escenario político venezolano. En documen...