En las redes sociales de la Aviación Militar Bolivariana se señaló a medios de comunicación como entes al “servicio de intereses extranjeros”
Sebastiana
Barráez/ viernes 22 de enero 2021
@SebastianaB
Tomado
de Infobae
El
uso que ahora le están dando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
desde sus plataformas de comunicación, es el ataque contra medios de
comunicación y contra periodistas, como el avance de un plan bien orquestado
contra organizaciones ocupadas de la defensa de derechos humanos y asistencia a
sectores vulnerables del país. La función específica que la FANB tiene señalada
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la defensa del
territorio y la soberanía, que no está cumpliendo. Esta etapa de ser un ente de
propaganda para el Gobierno de turno la desdibuja y le pierde su razón de ser.
En
las redes sociales de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) se publicó,
acompañado de un video señalando a medios como Efecto Cocuyo y la red Fe y
Alegría, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): “En la guerra contra
Venezuela se apela al uso de medios de comunicación que en realidad solo son
mamparas al servicio de intereses extranjeros. Un ejemplo de ello es Efecto Cocuyo”,
dice un tuit del componente militar, a la vez que se respalda en el video
publicado en redes por latabla, que no tiene rostro conocido, pero que es un
medio de apoyo en la defensa del gobierno de Nicolás Maduro.
Más
allá de la libertad que tiene cualquier medio de comunicación o comunitario a
publicar lo que considere, lo inaudito es que la institución armada sea usada
para atentar o criminalizar a medios de comunicación y periodistas. Es una
estrategia peligrosa esa de considerar enemigos a los medios y ONG. De ahí a
que las armas de la República se volteen contra periodistas y defensores de
derechos humanos, solo hay un paso.
Está claro que el ataque, desde redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones gremiales, es el paso inmediato después de la arremetida y amenaza contra defensores de derechos humanos y activistas: allanamientos a ONG Alimenta la Solidaridad, Convite y Azul Positivo. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/01/la-perversa-estrategia-con-la-que-el.html)
Hay que destacar que el 15 de
diciembre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron la sede de la
ONG Convite, por orden del juez del Tribunal Cuarto de Control, José Macsimino
Márquez García, incautaron equipos de computación y documentos financieros de
la organización, según causa No. 4CT-5-015-2020. Se llevaron detenido al director de la ONG,
Luis Francisco Cabezas, para “una entrevista”.
Una semana antes, usando a
funcionarios del servicio tributario Seniat y de Conatel, fue desmantelado el
canal VPITV (Venezolanos Por la Información). El medio
reportó que “los funcionarios están realizando un inventario para incautar
equipos de transmisión, cámaras, computadoras entre otros implementos de
trabajo, fundamentales para la realización de nuestros reportajes
periodísticos”.
Contra
defensores
La
detención de varios integrantes de la organización Azul Positivo y las amenazas
contra la ONG Provea y contra alguno de sus miembros, como ocurrió cuando
Diosdado Cabello mencionó en su programa a Rafael Uzcátegui; cada vez que el
conductor del programa se refiere a alguna persona así, es una orden para
algunos de sus subalternos, que incluyen funcionarios policiales u jueces.
Azul
Positivo es una ONG, que funciona en el estado Zulia, a casi 700 kilómetros de
Caracas, y que tiene más de 16 años atendiendo con programas destinados a asistir
a personas con VIH y a promover la salud sexual. Amnistía Internacional
describe su labor como “admirable y muy necesaria para
mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas”.
El
12 de enero una comisión, de quince funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) del Zulia, allanó las oficinas de Azul
Positivo, de las cuales se llevó tres computadoras, 12 tarjetas de
beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y
cinco equipos
telefónicos. Detuvo a cuatro activistas y al chofer Miguel Guerra
Raydan, éste quedó en libertad al día siguiente. En horas de la noche detienen en
su vivienda a Luis Ferrabuz, quien fue a unirse con los
otros cuatro detenidos: Alejandro Gómez Di Maggio, Johan León
Reyes, Layners Gutiérrez Díaz y Yordy Bermúdez.
Aunque los abogados trataron de asistir a los
activistas detenidos, no se lo permitieron, solo tuvieron acceso a ellos
después que los presentaron ante los tribunales militares, que declinaron su
competencia en el caso. Lo asumió el Tribunal 4 de control del estado Zulia.
Un tribunal les dictó
privativa de libertad y el Ministerio Público los acusó de los siguientes delitos
contemplados en la Ley de Delitos
Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al
Terrorismo; manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos,
asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Amnistía Internacional se pronunció en rechazo a esa
detención, destacando que el trabajo de Azul positivo “debe ser garantizado,
protegido y celebrado, no criminalizado”.
El 12 de diciembre, un mes antes de esa detención, el
Servicio de Medicina Forense del Ministerio del Interior y Justicia (Senamef)
anunciaba en sus redes que había fijado “un programa de apoyo a las víctimas de
violencia de género a través de una alianza” con Azul Positivo, destacando la dotación de pruebas para ETS y kits de profilaxis
post exposición, “contribuyendo a la atención integral de los usuarios”.
La
ONU
A
través de sus redes sociales la ONU Venezuela, que tiene una comisión instalada
en Caracas con delegados de la Alta Comisionad de Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, dijo que estaba “preocupada” a la vez que agregó que daban
“seguimiento con autoridades para resolver la situación”. Hasta ahora la
blandengue actuación de esa oficina, que tiene un mandato específico de la ONU,
solo ha servido para darle matiz a la violenta acción de los cuerpos de
inteligencia y seguridad.
Marta Hurtado, portavoz de la Acnudh Bachelet en
Caracas, recordó que “esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha
allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal,
supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no
deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a
la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.
"Estamos
profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra
organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y
periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado
de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional
allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados
fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni
a sus familiares”.
Agregó Hurtado que “al menos tres medios de
comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando,
supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus
oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares
de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han
emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación.
Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están
censurando a sí mismos por miedo”.
Por
otra parte, la ONU aseguró que suspendería el programa de “transferencias
monetarias en Venezuela”, parte de la asistencia humanitaria que brinda al
país. En realidad, el gobierno venezolano no se siente amenazado y ni siquiera
alerta ante esa decisión, porque tiene importantes recursos, especialmente por
el manejo que le da al oro extraído de las minas de Bolívar. Los únicos afectados son los sectores
desprotegidos de la sociedad, a quienes el Estado no les garantiza la atención
que han estado recibiendo de las ONG mencionadas.
Es un plan
La
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se pronunció
destacando “que la criminalización de los integrantes de Azul Positivo se enmarca en un
contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y
criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país, que,
como el Observatorio denunció en su informe publicado en marzo del
2020, son calificadas por las autoridades del país como “enemigos internos” que
buscan desestabilizar la nación.
También
se manifestó por Fundaredes, su director general profesor Javier Tarazona,
expresando que “quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a los
defensores y activistas de derechos humanos, en un intento por ocultar lo que
ocurre en el país, y además impedir la asistencia humanitaria que estas
organizaciones civiles han ofrecido a la población desasistida que enfrenta las
consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”.
Alertó
Tarazona “sobre las graves amenazas contra los miembros de la organización
hermana Provea, que tiene más de 30 años en la defensa de los derechos humanos
en Venezuela y que hoy quieren callar para detener sus actividades”.
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