Comunidades indígenas venezolanas aprobaron retomar sus tierras enfrentando a los grupos irregulares armados

  Los habitantes de la Gran Sabana y La Paragua decidieron recuperar lo que les corresponde, ante la inacción del estado que no protege sus derechos

Sebastiana Barráez/ martes 23 de febrero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

 Los indígenas de la Gran Sabana y La Paragua decidieron que hoy tomarán las tierras demarcadas como indígenas y que han venido siendo invadidas por grupos armados irregulares que las usan para ejercer la minería ilegal. La decisión la dejaron plasmada en un acta, luego de no haber recibido respuesta institucional alguna por parte del Estado Venezolano. Eso quedó decidido en el Acta de la Asamblea de Capitanes y Consejos de Ancianos de esas comunidades indígenas realizada el pasado domingo 21 de febrero.

Hace semanas grupos armados invadieron tierras indígenas

Aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene artículos especialmente dirigidos a la protección de los indígenas, a sus comunidades, al respeto por sus creencias y costumbres, desde hace tiempo grupos armados han invadido sus tierras sagradas. 

“Las Comunidades Indígenas del estado Bolívar han decidido retomar sus tierras demarcadas como indígenas, y el martes 23 de febrero, harán frente a los grupos armados de minería ilegal, que se encuentran invadiendo dichos territorios en San Juan de Morichal, municipio Sifontes”, dijo un vocero de los indígenas.

A su vez denuncian la inacción y complicidad de algunos funcionarios del Estado venezolano con los grupos armados que ejercen la minería ilegal en esa zona. Es por ello por lo que decidieron hacer cumplir sus derechos establecidos en la Ley de Delimitación de Tierras Indígenas y la Constitución de la República.

Con lemas como “Respeten Tierras Indígenas”, “Detengan La Minería Ilegal”, los pueblos indígenas, sus capitanes y ancianos,  solicitan el respaldo de la comunidad nacional e internacional, el apoyo para presentar el caso ante la Asamblea Nacional a través de la diputación de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

 

Aquí una asamblea de los indígenas de San Luis de Morichal cuando 

dos pemones fueron asesinados por grupos armados mineros

El acta

En el documento suscrito por los indígenas se lee “la comunidad de San Luis de Morichal se declaró en emergencia y en sesión permanente ante la flagrante invasión y violación de los derechos originarios a las tierras comunitarias perpetrados por parte de terceros no indígenas, denominados mineros ilegales, desde el 02 de enero 2021 en el sitio de El Chivao, río Chicanan, el cual dista a menos de un kilómetro de la sede de la comunidad”.

“La comunidad de San Luis de Morichal observa que la situación de invasión, ocupación ilegal y perturbación, por parte de terceros no indígenas no ha cesado, pero a la intervención y atención directa del Gobierno”.

Agregan que “la situación de amenaza de parte de los invasores ha afectado a los niños y niñas de la comunidad, psicológica y emocionalmente, lo cual ha ameritado la paralización de actividades escolares mientras persista la situación”.

El acta donde los indígenas deciden retomar sus tierras

Dicen que “ante la falta de respuesta por parte del gobierno, los invasores amenazan de iniciar por la fuerza las labores de minería, lo cual pudiera agravar más la situación”.

Es por ello que acordaron “la comunidad ejercerá el derecho que le asiste de proteger el hábitat y tierras ante la inminente amenaza de los invasores de iniciar las labores de minería en el sitio del Chivao, tal como un grupo de ellos ya lo está haciendo en algunos puntos”.

“Tomar las acciones y medidas necesarias para frenar cualquier intento de los invasores de iniciar trabajo de minería en sus tierras. Exigir al gobierno nacional hacer cumplir lo acordado entre las partes en la reunión interinstitucional de fecha 10/02/2021 en la comunidad de San Luis de Morichal, de cesar la invasión en lo inmediato y ubicar áreas fuera de tierras indígenas para que los invasores sean colocados y puedan ejercer la minería”, finaliza el acta.

Los indígenas usados por la revolución solo para intereses electorales

La ley

La Constitución vigente en Venezuela estipula, por ejemplo, que “los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad”.

En el apartado de los Derechos de los pueblos indígenas, dice que “el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”.

En ese artículo se dice de manera expresa que “corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley”.

En la gráfica de la ONG Prodavinci un niño pemón se lanza 

a una laguna azulada por contaminantes de la extracción del oro, en Bolívar

Y para mayor claridad, el artículo 120 determina que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley”.

Y en el artículo 126 se lee que “los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/23/comunidades-indigenas-venezolanas-aprobaron-retomar-sus-tierras-enfrentando-a-los-grupos-irregulares-armados/

Unos 300 indígenas venezolanos migraron hacia Brasil en los primeros días del 2021: “Llegan caminando y con hambre”

 La extinción de las etnias venezolanas es aterradora, ante lo cual no hay respuesta del Estado

Sebastiana Barráez/ martes 12 de enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

 

En solo unos días que lleva el año 2021, la crisis empujó a 300 indígenas waraos a emigrar hacia Brasil, como respuesta a la precaria situación que viven los indígenas venezolanos, según le dijo a la ong Kapé Kapé la casica warao de uno de los abrigos de Pacaraima en Brasil, Toedolinda Moraleda. La extinción de las etnias venezolanas es aterradora, ante lo cual no hay respuesta del Estado venezolano ni siquiera por parte de la Ministra de Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal o de Aloha Núñez, Vicepresidenta de Pueblos Indígenas del PSUV y Coordinadora General del Movimiento Indígena Unido de Venezuela.

Indígenas venezolanos forzados a emigrar

El 3 de enero ocurrió la muerte del indígena Salvador Franco, estando preso bajo custodia del estado venezolano, quien fue detenido hace más de un año por el caso de la Operación Aurora; el indígena se enfermó, sin recibir asistencia médico asistencial, lo que aunado a que en la cárcel no les daban alimentos y su familia estaba a muchos kilómetros de Caracas, fue presentando un cuadro de desnutrición. De nada sirvieron los llamados de auxilio, Franco murió en la cárcel.

Kapé Kapé dice que “el aumento diario de los productos, la escasez de gas de doméstico y la falta de atención gubernamental, han sido algunos de los factores que han llevado a decenas de personas de las comunidades de San Francisco de Guayo, Santa Rosa de Araguao, Araguaimujo, Jubasujuru, Cangrejito, Aunaburu, Siawani y Muaina del municipio Antonio Díaz, del estado Delta Amacuro, a emigrar a principios de este nuevo año”.

Como ha ocurrido con muchos venezolanos que buscan alternativa para no morir de hambre y desidia “una vez recibido este nuevo año y con la esperanza de una mejor atención gubernamental,  las familias decidieron dejar su país para encontrarse con sus familiares que ya han emigrado a Brasil”.

La diputada Aloha Núñez, también ha sido Ministra de Asuntos Indígenas

La vocera del abrigo Janokoida, municipio Pacaraima del estado Roraima, Toedolinda Moraleda, explicó que al territorio brasileño “casi todos los días están llegando hermanos waraos, llegan caminando y con hambre y rápidamente las autoridades los atienden”.

Ua de las informaciones que recibió la ONG es que “75 personas entre mujeres, hombres y niños llegaron el pasado viernes 8 de enero a la frontera que aún se encuentra cerrada, sin embargo, fueron atendidos por los militares y representantes de ACNUR con el debido protocolo de seguridad, para prevenir el virus Covid-19, y luego ser ubicados en los refugios distribuidos en Boa Vista, Pintolandia, Jardin Floreste o Janokoida”.

Asegura que “la mayoría de las personas han llegado caminando, deshidratadas, y con hambre, por lo que rápidamente son atendidas, y reciben apoyo para la tramitación de sus documentos en calidad de refugiados”.

Recuerda Kapé Kapé que la agencia de noticias AFP recibió información de la Defensoría Pública de Brasil que da cuenta de “la llegada de un grupo de migrantes del estado Monagas, conformado por 23 adultos y 32 niños, entre los que se cuenta una mujer embarazada y 19 personas indocumentadas”. Ese grupo de personas fueron trasladadas a la Policía Federal de la región.

Ministra de Pueblos Indígenas, Yailet Mirabal

“Un juez brasileño impidió la deportación de este grupo de 55 indígenas de la etnia warao que habían entrado a Brasil por Pacaraima (estado de Roraima) luego de tres semanas de caminata”, dice Kapé Kapé.

Los niños

Uno de los factores que inciden en lo que ocurre con los indígenas venezolanos es la situación de los niños. Así lo determina una nota de Kapé Kapé que da cuenta cómo “con sus hijos en el regazo, las madres waraos frecuentan las panaderías y otros centros de ventas en búsqueda de ayuda, mientras los niños waraos andan en grupos correteando las adyacencias de las ventas de alimentos”.

Destaca que “las fundaciones de carácter humanitario reportaron el incremento de las personas que requieren ayuda diaria de las ollas solidarias. En las últimas semanas de 2020, tres de las organizaciones perfilaron su acción en ofrecer platos de sopas a los niños en situación de indigencia”.

Dice la ONG que “el paseo Manamo se ha convertido en el lugar recurrente para grupos cada vez mayores de niños indígenas que recorren las calles de Tucupita en busca de comida o dinero”.

A su vez “la orilla del caño Manamo, en la margen de la ciudad de Tucupita, es punto obligado de llegada de pequeñas embarcaciones donde a diario bajan decenas de familias waraos a pernoctar en el lugar”.

Paseo Manamo de Tucupita, lugar donde rondan 

muchos indígenas (Foto cortesía Eudo Torres)

Explica que en el último trimestre del 2020 “las autoridades del estado Delta Amacuro evacuaron al menos a 80 familias provenientes de 10 comunidades indígenas del municipio Pedernales hasta sus comunidades de origen. Barrancas del Orinoco y Tucupita son puntos de referencia para los grupos indígenas que buscan alimentos y medicinas”.

Finalmente describen la dantesca situación de la población flotante que crece sin escolaridad y sin muchos derechos. “La organización religiosa en pro de los derechos indígenas Dani Consolata lleva cada 15 días ollas de comida hasta el relleno sanitario municipal, lugar donde pernoctan más de 60 niños con sus familias en calidad de recolectores de desechos reciclables para la venta”.

Un informe del Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA (ICASO) y Global Development One (GDO), sobre la situación de malaria en Venezuela entre enero del 2000 y junio 2019, que fue elaborado por Leopoldo Villegas y Mary Ann Torres, reflejó que “la crisis de malaria en Venezuela es la peor epidemia en el hemisferio occidental en el siglo 21”.

Publicado en la web de Sos Orinoco, el informe asegura que “esta epidemia ha erosionado progresivamente los avances en la eliminación de malaria. Existe una necesidad de acciones globales para implementar soluciones costo efectivas y sostenibles – adaptadas a las condiciones locales – y en alianza con las poblaciones afectadas”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/12/unos-300-indigenas-venezolanos-migraron-hacia-brasil-en-los-primeros-dias-del-2021-llegan-caminando-y-con-hambre/

Un obispo venezolano defendió a los indígenas que participaron en la Operación Aurora: “Cayeron en la trampa del oro fácil”

 Tras la muerte de un pemón involucrado en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, monseñor Felipe González González afirmó que los pueblos originarios tenían que ser los chivos expiatorios. “Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa”, sostuvo

 

Sebastiana Barráez/ miércoles 6 de enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

 

“Estoy consciente que estos indígenas tuvieron su culpa. Pero estoy seguro de que no eran “traidores a la Patria”, ni “derrocadores de ningún gobierno”. Está muy lejos Luepa de Caracas, el centro del poder. Sencillamente cayeron en la trampa del oro fácil. Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa”, lo dice Monseñor Felipe González González, Vicario Apostólico del Caroní en el estado Bolívar.

Monseñor Felipe González González

El Obispo se refiere a los trece indígenas que participaron, el 23 de diciembre 2019, en la Operación Aurora, como se llamó el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Unos se entregaron y otros fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), trasladados a Caracas y después enviados a la cárcel El Rodeo II; el 3 de enero 2021 murió uno de ellos, Salvador Fernando Franco Pérez, de 44 años.

Relata monseñor González que “finalizando el año 2019, por estos días de Navidad, tuvo lugar el hecho. A un grupo de indígenas pemones, en medio de la celebración del fin de año, “alguien” les ofreció 15 “gramas” de oro por un trabajo. Eran reservistas que habían hecho su servicio militar en el Fuerte de Luepa y conocían perfectamente el lugar y las instalaciones”.

El Obispo durante los incidentes por la entrada de la ayuda humanitaria en febrero 2019

Revela que los indígenas “no sabían qué tenían que hacer ni dónde. Los embarcaron en un camión y en el trayecto a Luepa (a unos 40 Km. de distancia) les hacen ponerse ropa militar camuflajeada. Pensaban que, por ser días de Navidad y haber soldados de permiso, los llamaban para suplirlos”.

“Al llegar al Fuerte, sin ninguna oposición e impedimento les conducen directamente al lugar donde están las armas. Sacan una cantidad (cuántas, de qué clase). En aquel momento dieron un número exacto considerable. Y se marcharon con el armamento confiscado en el camión. Luego vino la alarma, la persecución y la recuperación de alguna de las armas. Y por supuesto, a los indígenas, medio mareados todavía por las libaciones de fin de año, los pusieron presos por ‘traidores a la Patria’ e intento de ‘derrocar el gobierno constitucional’”, dice el clérigo.

“Esta es mi versión de los hechos. No soy investigador ni juez del caso. Es sencillamente la apreciación y comentarios de las personas cercanas a los hechos. Todo ello exige una verdadera investigación y una dilucidación de lo que allí pasó.

Ha transcurrido un año y no ha habido juicio sobre la realidad. Estos “indios” tenían que ser los chivos expiatorios que pagaran las culpas de los verdadero “chivos grandes” tanto civiles como militares involucrados, desde la oscuridad, en estos hechos”.

Liset Franco solicitando ayudar para que el cadáver de su hermano Salvador 

sea trasladado a su comunidad

Monseñor destaca que se ha hecho muchas preguntas para las que no encuentra respuesta: “¿Quién contrató, con el señuelo de las 15 “gramas”, a estos alegres celebradores del fin de año? ¿De quién era el camión que los llevo a Luepa y cargó el armamento secuestrado? ¿Dónde estaban los vigilantes del Fuerte que no prendieron las alarmas, al llegar estos invasores desarmados? ¿Quién tenía la llave del lugar del arsenal para abrirlo sin hacer ruido? ¿Qué tan profundo era el sueño del gran número de soldados que vivían en el Fuerte y nadie se despertó ni oyó nada durante el trasiego del armamento al camión?”, se pregunta el prelado.

 

¿Y las autoridades?

Monseñor Felipe González nació en Madrid, España hace 77 años y desde muy joven ha pertenecido a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos: en 1985 lo designan Obispo de Tucupita, estado Delta Amacuro, hasta hace casi siete años que es Obispo del Vicariato de Caroní, estado Bolívar, donde ha tenido contacto estrecho con los indígenas de la zona. El 22 de febrero 2019 acompañó a los pemones en el reclamo que hicieron por la masacre de indígenas por parte de militares venezolanos.

El Obispo se pregunta, en referencia al caso de los pemones de la Operación Aurora, “¿Los sabuesos investigadores qué han hecho?” a la vez que agrega “a los gordos no se les puede tocar, pero, sí enterrar a los “marginales indios”. Después de un año no ha habido tiempo de investigar, juzgar y culpar los delitos de cada uno. Ya Salvador Franco no necesita juicio.  El Señor juez justo ya le habrá juzgado y estoy seguro de que, como al buen ladrón, le habrá ofrecido su compañía en el Paraíso”.

Como una dura crítica pregunta “¿Dónde están las autoridades indígenas de la zona? ¿Capitanes locales y generales del sector? Los dejaron a merced de las fieras gubernamentales. Tenían que guardarse las espaldas para que no se les opusiera el injusto gobierno y los declarara ‘capitanes rebeldes’ de ‘comunidades rebeldes’”.

El clamor de los indígenas para que Salvador Franco 

recibiera atención médica

No hay respuesta válida a sus preguntas que hace a las autoridades indígenas: “¿Qué han hecho durante este año para que se juzgara a estos hermanos indígenas con dignidad y justicia? ¿Qué han hecho para atender las necesidades básicas de los presos en los distintos lugares de reclusión? ¿Qué van a hacer ahora con el cuerpo del difunto? ¿Permitirán que lo entierren en una fosa común como un perro callejero o van a ayudar para traerlo y enterrarlo dignamente en su comunidad?”

Monseñor destaca que “según me dicen, en San Francisco Kumarakapay ya no hay familiares de los presos porque los han perseguido y han tenido que huir. Si esto es verdad, la situación es política y más grave”.

“Hace días Salvador estaba enfermo (¿por malos tratos en la prisión?). Tenía una orden judicial para trasladarlo a una revisión médica. ¿Por qué no se hizo este traslado? ¿Quién lo impidió? ¿La Ministra o algún gerifalte de más abajo? Señora  Ministra cuide a “sus” presos. Esa es su obligación constitucional y además el día que tenga que sacarlos a la calle para defender al gobierno revolucionario no va a contar más que con enfermos y escuálidos”, finaliza diciendo Monseñor Felipe González.

Salvador Franco detenido por la Operación Aurora 

y quien murió en el Rodeo II

 Lo dejaron morir

A pesar de los gritos de auxilio para que se cumpliera la orden del juez Macsimino Márquez García, desde el 27 de noviembre, para su traslado a un centro hospitalario, el domingo 3 de enero 2021 murió el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, después de un año preso por la Operación Aurora. La ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no dio la autorización para que el pemón con tuberculosis y desnutrido fuera llevado al médico.

El 27 de diciembre la comunidad indígena Pemón de Kumarakapay hizo público un comunicado en el cual solicitaban la atención de la ONU, la OEA; de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; del relator de Pueblos Indígenas de la ONU, Francisco Cali Tzay; de la relatora de pueblos indígenas de la Organización de Estados Americanos, Antonia Urrejola Noguera, entre otros.

Solicitaron a Nicolás Maduro “que tenga un gesto de humanidad para con nuestro familiar Salvador Fernando Franco Pérez y de ser posible ordene su liberación, ya que tememos por su vida y en caso de ocurrir lo peor, sería el único responsable de ese hecho”.

Gonzalo Himiob, abogado y defensor de derechos humanos, reveló que “según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de Edema Cerebral, Shock séptico y otras reacciones producto de la Tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/06/un-obispo-venezolano-defendio-a-los-indigenas-que-participaron-en-la-operacion-aurora-cayeron-en-la-trampa-del-oro-facil/

Venezuela: a los indígenas de la Operación Aurora les arrancaron las uñas y ahora los están dejando morir enfermos y de hambre

 En diálogo con Infobae, el abogado Olnar Ortiz relató que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales

Sebastiana Barráez/ viernes 25 de Diciembre de 2020

@SebastianaB

Tomado de Infobae

 

 “La cárcel de El Rodeo no le da alimento a ninguno de los privados de libertad, lo cual ha ido deteriorando la salud de los pemones, lo que tiene a cinco de los trece con problemas de salud y a Salvador Franco con riesgo grave”, dijo a Infobae el abogado Olnar Ortiz, quien es indígena Bare, Defensor de DDHH y Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal.

Familiares  pidiendo por la libertad de los pemones. 

Los acompaña el abogado Olnar Ortiza

Relata que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales, incluso en el Tribunal que lleva la cauda, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, así como a los delegados en Caracas de la Alta Comisionada y de la ONU en Ginebra.

El caso de los pemones hace referencia a 13 miembros de comunidades indígenas de la Gran Sabana, quienes están detenidos por su participación en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Esa operación militar la comandaron un grupo de oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañados por pemones.

Los trece indígenas detenidos son: Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Salvador Fernando Franco, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.

Ortiz destaca que “desde el primer momento en que ellos fueron trasladados, en mayo 2002, a la cárcel de El Rodeo, hemos denunciado, primero el traslado sin orden judicial por lo que Amnistía Internacional se pronunció. Desde el primer momento que llegan al Rodeo señalamos las condiciones de insalubridad de ese centro penitenciario, además de que está sobreproblado, no tiene condiciones de acueductos de aguas servidas y agua potable; a ellos les llega agua en camiones cisterna y es la que también deben consumir”.

“En junio ya los indígenas detenidos presentan problemas gastrointestinales que, según el diagnóstico del médico del centro penitenciario, señalando que algunos con síntomas de amibiasis. NO les permitían el acceso de alimentos ni medicinas, por el tema de la pandemia. Recurrimos al comandante del destacamento que presta el servicio de seguridad al penal para poder ingresar los medicamentos. Desde julio, empiezan a presentar síntomas asociados al Covid19 que denunciamos, pero nunca les hicieron exámenes de despistaje, ni para ellos, ni para nadie en el penal”.

Varios de los contagiados y enfermos fueron recuperándose, pero no sucedió así con Salvador Franco cuyo estado de salud fue empeorando “hasta llegar a la situación de hoy donde tememos por su vida; él está muy mal, ha perdido mucha masa muscular, mucho peso”.

Olnar Ortiz es indígena y es abogado de los pemones detenidos. 

Agrega Olnar Ortiz que “en septiembre 2020 denunciamos que desde mediados de agosto y principios de septiembre, las autoridades del penal permiten la visita de los familiares, pero no a los abogados, pero más que todo con la intención que les lleven alimentos preparados, porque no permiten víveres porque alegan que el penal no tienen condiciones para que los detenidos preparen sus alimentos”.

“En el caso de los pemones es muy complicado porque ellos están lejos de sus comunidades indígenas, lejos de sus familias. Ha sido muy importante el apoyo de Felicia Pérez, madre de tres de los pemones, quien logró conseguir albergue en el convento de las Hermanas Franciscanas, que han colaborado y junto al Foro Penal y otro grupo de personas han logrado brindar alimentos y traslado al penal dos días por semana de alimentos no perecederos”.

 Torturados

Por el caso de la Operación Aurora, ocurrida en la madrugada del 22 de diciembre 2019, hay en la causa 27 personas entre civiles y militares, incluyendo los 13 pemones. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/09/un-militar-de-la-operacion-aurora.html)

Tres de los militares de la Operación Aurora que están fuera del país.

Según explica Ortiz, varios pemones se entregaron el 22 de diciembre, luego de que retornaran a su comunidad; otros, entre el 28 y 30 de ese mes fueron detenidos en distintas comunidades.

Resalta que ellos nunca han negado su participación en la Operación Aurora. “La versión que han sostenido los pemones es que a ellos los buscaron para realizar trabajos en una mina, no sabían que los estaban involucrando en el asalto a un cuartel.

“Los engañaron cuando los fueron a buscar el 21 de diciembre en la tarde. A todos ellos los obligaron a dar testimonios en el momento en que fueron detenidos y trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fueron coaccionados, maltratados y torturados para que ellos rindieran testimonio de su participación en el hecho”.

Aquellos indígenas que se entregaron el día 22, en presencia del capitán de la etnia y sus familiares, lo hicieron con el acuerdo de que ellos no negaban su participación, pero aclarando que los llevaron de manera engañosa y que por eso se estaban entregando. “Desde el primer momento los empezaron a maltratar, incluso los sometieron a asfixia mecánica en la DGCIM. A algunos les arrancaron las uñas”.

Un primer grupo de los pemones fue presentado, en Guasipati, el 27 de diciembre 2019, ante un Tribunal Militar, que después declinó su competencia ante el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo en Caracas anulando todas las actuaciones del Tribunal Militar; ese grupo fue presentado el 10 de enero 2020. El segundo grupo fue presentado el 22 de febrero 2020.

 

Salvador Franco es uno de los 13 pemones detenidos.

Desaparición forzosa

“En el primer grupo se encontraba Frank Fernández, que fue herido, y no fue presentado el día 10 de enero sino en fecha posterior, de manera que estuvo en condición de desaparición forzosa durante 60 días; ni sus familiares ni siquiera nosotros, sus abogados, sabíamos dónde estaba ni en qué condiciones. La Dgcim negaba que él estuviera en sus instalaciones”, asegura el abogado indígena.

Explica Ortiz que “la Dgcim como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tienen esa figura de ‘periodo de adecuación’ (medida de acostumbramiento) de manera que no permiten, por más de 45 días, la visita de familiares ni de abogados. Por ello no sabíamos donde estaba Fernández ni otros de los indígenas. Casi todos fueron víctimas de desaparición forzosa”.

“La última audiencia de presentación del segundo grupo fue el 22 de febrero 2020, pero luego se implementaron las medidas sanitarias de la pandemia por el coronavirus. La primera audiencia preliminar iba a ser a finales de octubre 2020, la cual fue pospuesta durante cuatro oportunidades hasta que por fin se realizó el 25 de noviembre 2020, cuando fueron acusados de cinco delitos, entre ellos terrorismo y asociación para delinquir”.

“El 2 de noviembre conocimos la decisión del juez acusándolos de los cinco delitos. En esa audiencia el juez, a solicitud de los abogados, ordena el traslado de todos los pemones, para la revisión médica, haciendo principal énfasis en el caso de Salvador Franco que está actualmente muy delicado de salud, según hemos sabido por sus familiares que está tosiendo sangre”, finaliza diciendo el abogado Olnar Ortiz.

 https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/25/venezuela-a-los-indigenas-de-la-operacion-aurora-les-arrancaron-las-unas-y-ahora-los-estan-dejando-morir-enfermos-y-de-hambre/

Cómo huyen los indígenas venezolanos del hambre y la miseria

 La organización Kapé Kapé refleja que se ha dado una movilización masiva de waraos hacia Brasil. Así también, los del pueblo jivi de Amazonas se han ido marchando hacia Colombia

Sebastiana Barráez/ viernes 6 de noviembre 2020

@SebastianaB

Tomado de Infobae

 

 

No solo los naturales, como en las tribus o comunidades llaman a quienes no son indígenas, buscan salir de territorio venezolano, huyendo del hambre y la miseria. La organización Kapé Kapé refleja que se ha dado una movilización masiva de waraos hacia Brasil “a pie, canelete y hasta en cola”. Así también, los del pueblo jivi de Amazonas se han ido marchando hacia Colombia.

En embarcaciones como esas canaletas huyen los indígenas hacia Brasil

La organización Kapé Kapé, que defiende y protege los derechos de los pueblos indígenas, está presidida por Armando Obdola; Hector Habanero, director general y Tatiana Núñez, Representante senior de Canadá.

“La travesía incluye moverse en embarcaciones a canalete por no menos de 7 días, desde el bajo Delta hasta el puerto de Barrancas del Orinoco en Monagas, con descanso de unos tres días, para continuar la ruta hacia San Félix navegando. El objetivo de los waraos es llegar a Brasil. En un viaje a todo riesgo para cruzar la frontera caminando y pidiendo cola”, destaca la ONG.

Dice que según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), creada después de la Segunda Guerra Mundial, el 65% de los indígenas venezolanos que se registran en Brasil han solicitado asilo, y el 66% es de la etnia warao. Acnur contabilizó, hasta junio 2020, que en Roraima había unos mil 300 waraos: más de 970 en Pará y 600 en Amazonas.

Habitantes de Puente Cataniapo, Amazonas, 

trancaron la vía reclamando gas doméstico

La emisora Radio Fe y Alegría Noticias da cuenta que los indígenas se desplaza en no menos de 49 embarcaciones. “Kapé Kapé pudo confirmar con voceros de Barrancas del Orinoco, que este éxodo de indígenas warao comenzó desde hace un mes aproximadamente y que este es el grupo más grande que se ha movilizado en conjunto hasta ahora”, denunciaron el 29 de octubre.

 

Hacia Colombia

Mientras los waraos se desplazan hacia Brasil, la migración indígena de Amazonas lo hace hacia Colombia. “Indígenas del eje carretero sur, específicamente del pueblo jivi, se siguen yendo de sus comunidades ante las precarias condiciones socio-económicas en las que se encuentran en su territorio de origen”, revela Kapé Kapé.

La ONG destaca que habitantes de las comunidades Coromoto, Platanillal, Rueda, entre otras, han migrado a Colombia en los últimos 3 meses (de agosto a octubre), buscando mejores condiciones de vida que hoy no tienen garantizadas en sus comunidades en vista de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. “Algunos de ellos tienen doble nacionalidad o son descendientes directos de indígenas colombianos”.

A los indígenas que huyen de territorio venezolano no les importan los controles ni las restricciones sanitarias del gobierno ante COVID-19. “De la comunidad Platanillal se han marchado en los últimos 3 meses 69 adultos, 4 de ellos de la tercera edad, 16 niños y 17 adolescentes. Mientras de la comunidad se han ido a Colombia, buscando mejorar su situación, 17 adultos y 18 niños, según los datos suministrados a Kapé Kapé por voceros comunitarios del eje carretero sur”.

La minería no solo ha ocupado tierras indígenas, ha traido violencia, 

muerte y destrucción de la cultura indígena

Califican de inédita, para Venezuela y la región, la migración forzosa indígena, así como la venezolana en su totalidad, lo que ha abierto “el debate entre organizaciones y países receptores sobre el tratamiento que debe dársele a los indígenas desde la perspectiva de los derechos humanos”.

Los indígenas se han desplazado mayoritariamente al Departamento Vichada, específicamente a Puerto Carreño y Cumaribo y el Departamento Guainía.

Hace tres días Kapé Kapé alertó, con información de Radio Fe y Alegría, que “autoridades militares venezolanas obligaron a volver a sus tierras a un grupo de waraos del estado Delta Amacuro que huían de la crisis humanitaria con destino a Brasil”.

Según relatan los waraos ya habían llegado a tierra en los Barrancos de Fajardo, San Félix, estado Bolívar, cuando los militares los detectaron y los obligaron a regresar por la misma ruta.

“Hasta inicios de noviembre de 2020, no se conoce con exactitud el número de waraos que han decidido partir desde la selva deltaica porque “ya no aguantan el hambre”, siempre con la esperanza de ser recibidos en Brasil”, destaca Kapé Kapé.

 

La crisis los arropa

La crisis de los indígenas en Venezuela es abrumadora. Es indignante el uso que se hace de los indígenas por parte de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), del gobernador de Bolívar, general Justo Noguera Pietri, de la ministra de los Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal, incluso del canciller Jorge Arreaza y por supuesto de Nicolás Maduro.

El gobernador de Bolívar, general Noguera Pietri usando a un

 niño indígena para hacer campaña por  los candisatos del Psuv

No es solo abandono y miseria, son condiciones que los arriman al hambre, sus tierras esquilmadas y ocupadas por la ambición y muerte que les trajo el Arco Minero. Han debido recurrir a protestas, a trancar la carretera y sino huyen del país.

La organización Kapé Kapé destaca que un grupo de indígenas de la comunidad Villa Nueva, en la parroquia Parhueña, municipio Atures, estado Amazonas, desarrollaron una protesta, a la altura del puente Topochito, porque desde hace dos meses no tienen luz eléctrica, después que se quemó un transformador.

El 29 de octubre, Kapé Kapé dijo que habitantes del sector Puente Cataniapo en Amazonas, trancaron la vía protestando por la prolongada falta de gas. “Durante varias horas los habitantes de diferentes comunidades cercanas se manifestaron trancando la vía que lleva hacia el puente Cataniapo, única vía terrestre hacia el puerto fluvial de salida hacia los municipios del interior del estado; reclamaron la falta de distribución de los cilindros del gas doméstico desde hace más de tres meses”.

A final de tarde, ese día, llegó al lugar de la protesta Edgildo Palau, Director de PDVSA Gas Amazonas y el General de Brigada Pedro García, Comandante del Comando de Zona Número 63; se comprometieron que en ocho días la empresa despacharía los cilindros de gas de 10 kilogramos y dentro de diez días buscarían los cilindros vacíos de 43 kilogramos.

 

Las promesas

La ONG también destacó que unos 220 consultorios populares, ubicados en los caseríos indígenas de los municipios Antonio Díaz, Pedernales y la parte fluvial de Tucupita, desaparecieron en los últimos cinco años.

“Los hospitales tipo l ubicados en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro han pasado los últimos cinco años sin medicinas, ni insumos médicos; los centros de salud sólo tienen infraestructuras en tres de las comunidades más pobladas del bajo Delta”.

Indígenas de la comunidad Villa Nueva, parroquia Parhueña, estado Amazonas, 

protestan por tener dos meses sin energía eléctrica. Foto cortesía José Chipiaje

Agrega Kapé Kapé que “este 2 de noviembre la población warao fue sorprendida por el anuncio de la gobernadora del estado Delta Amacuro sobre la entrega de ambulancias repotenciadas para el sector fluvial de los municipios de la entidad”.

“Dirigentes indígenas reaccionaron cuestionando la promesa, recordando los 5 años de abandono en los que están sumergidos los centros de salud, sin ambulancias para el transporte fluvial para el traslado de las emergencias”.

Un dirigente indígena le dijo a Kapé Kapé que en la apartada geografía hay tres centros de salud con excelentes infraestructuras, pero “no hay medicina, las enfermeras atienden los partos con antorchas o con linternas si las consiguen”.

“El dirigente Mónico Campero denunció la muerte de indígenas waraos por tuberculosis en las comunidades de Santa Rosa de Araguao y San Antonio en la parroquia Santos de Abelgas”, dice la organización destacando que Campero les dijo que “la muerte de Argelio Martínez de 34 años de edad por la enfermedad, sin ningún tipo de atención por falta de transporte para el traslado de los afectados”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/11/06/como-huyen-los-indigenas-venezolanos-del-hambre-y-la-miseria/