Las víctimas denuncian un plan sistemático para robar propiedades y señalan a la entonces Ministra Penitenciaria de Nicolás Maduro
Sebastiana Barráez/ domingo 16 de octubre 2022
@SebastianaB
“Estábamos amenazados y nuestros hijos también. Soy uno de los desplazados de Yaguapita”, dice uno de los casi 200 desplazados de varias zonas del estado Miranda. Lo que las víctimas narran indica que fue un plan orquestado para quitarles las propiedades, después que un grupo de delincuentes, apoyados por presos, robaban el ganado, entrabas a las propiedades, a robar y a golpear a los finqueros. Dos nombres son recurrentes en las denuncias: Iris Varela, entonces Ministra Penitenciaria y el urólogo Vicente Dieguez Salinas.
Nadie sabe
explicar por qué el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ingresa privados de
libertad a las fincas desplazando a los pisatarios que llevaban décadas
cultivando esas tierras. La cara visible y representante de Iris Varela fue el
doctor Dieguez, a quien la entonces ministra nombró en varios proyectos: además
de la relación estrecha entre ellos, está la instalación en comodato, en el
piso 1 del Ministerio, de la clínica de Maribel Dieguez Salinas, hermana del
mencionado urólogo.
La relación entre Varela y Dieguez habría surgido mientras el médico fue detenido y encarcelado por haberle encontrado en una clínica de su propiedad, medicamentos pertenecientes al Seguro Social. Pero además el doctor Dieguez es a quien Provea señala, en un reciente informe, de haber operado, dentro de una carpa y cerca de un basurero en el estacionamiento del hospital de Fuerte Tiuna, al general en Jefe Raúl Isaías Baduel, quien nunca se recuperó plenamente y murió hace un año. (Sebastiana Sin Secretos: Revelan que el general venezolano preso Raúl Baduel fue operado en una carpa antes de que su salud se deteriorara hasta su muerte)
Cada historia de
los desplazados de Yaguapita varía, pero hay coincidencia en señalar en que “aún
no hemos recuperado la finca”. Destacan que de un momento a otro empezaron a
suceder numerosos robos, saqueo de las parcelas, las amenazas de que les harían
daño a los dueños de fincas y a sus hijos. “Fuimos a colocar la denuncia ante
diversos organismos. En la Fiscalía nos dijeron que era mejor que nos fuéramos
de las fincas, porque no había garantías, en lo que a seguridad se refiere”.
Lo insólito es que
con el tiempo una anciana, víctima de esos robos y amenazas, identificó entre
los presos, a uno de los autores. “Empezamos a darnos cuenta que no fue una
casualidad el aumento de la delincuencia en la zona, mucho menos la acción
inocente de traer a los detenidos a nuestras parcelas. Parece un increíble
complot que se montó contra nosotros para despojarnos de la tierra, que parara
a manos de esos funcionarios, no se sabe con qué intención”.
La producción
antes del desplazamiento era buena, según indican los parceleros. “Teníamos de
todo; cerdo, gallinas, búfalos, yuca y había buenos proyectos para la
ganadería. Los Molina sí tenían gran cantidad de ganado”.
Ante la pregunta
de si antes de esa ola de robos, amenazas y saqueos hubo presiones para que
salieran de las tierras, coinciden en señalar “se escuchaba que había
ladroncitos por ahí, que donde sabían que había una escopeta entraban y las
quitaban, pero nunca hubo muertos ni amenazas”.
Los presos que llevaron a la zona para ocupar las fincas no cumplieron la condena que tenían; recibieron beneficios para que saliera en libertad.
De los hechos que
más afectó a quienes habitaban la zona está la desaparición del hijo de Yeison
González; ese muchacho no ha aparecido. Algunos parceleros reconocen que no
tienen más opción que ir a sus fincas, porque no tienen más opción”.
La excusa del
Ministerio Penitenciario, que entonces estaba en manos de Iris Varela, es que
había mucha delincuencia en la zona, por lo que ellos llevaron varios presos con
el argumento de que sembrarían la tierra.
“Los privados de
libertad vinieron a robarse todo. Saquearon las fincas. El doctor Vicente
Dieguez Salinas, así como funcionarios militares y policiales se quedaron con
varias propiedades”.
Uno de los
invasores vende objetos que robó de las fincas a través del whatsapp,
publicando fotos de lo que pertenecía a las parcelas. “En toda la zona hay más
de 200 parcelas, porque está Yaguapita, El Desparramadero, La California, entre
muchos otros”.
En una de las fincas funcionaba el laboratorio de productos naturales llamado Té Rutilo, cuyo dueño es Giovanni Rutilo y su esposa Gleidys, incluso ahí también llegó, en junio 2020, el doctor Dieguez con los presos uniformados, desde la cárcel El Rodeo, y con un funcionario José Antonio Ramos Sojo. En un sonido se oye decir a la ministra que ella había entendido que la esposa de Rutilo les había dado permiso para llevarse algunas cosas. De esa finca se llevaron incluso los equipos del laboratorio.
El invasor principal, el que organizó todo para que las fincas fueran ocupadas, vende de inmediato la parcela que ocupó a la hermana de la abogada que lo estaba defendiendo.
Varios de los
afectados le dijeron a Infobae que el 30 de mayo 2020, funcionarios policiales
y militares, presentándose como representantes de la entonces Ministra Penitenciaría,
María Iris Varela Rangel, se reunieron con invasores de varias comunidades y
les dijeron a los nueve productores que quedaban en la zona que todas las
tierras de los desplazados quedaban firmemente expropiadas. “Serán ocupadas por
comisarios y funcionarios, por orden de la ministra Iris Varela”.
En un sonido se
oye a doctor Dieguez Salinas confirmar que trabaja para el Ministerio
Penitenciario, lo que revela su relación con Iris Varela, la función que
desempeñaba llevando presos para las fincas. “Quisiera reunirme con usted para
devolverle su propiedad”, destaca el urólogo, quien más adelante afirma que “la
persona que yo deje encargada realmente me dieron una información que no es la
acertada”.
José Antonio Ramos
alias Barranco, quien invadió fincas en la zona, se identifica como funcionario
del Servicio Penitenciario pero aparece en el Seguro Social como parte de la
empresa de la hermana del doctor Dieguez.
Ese día los
funcionarios dijeron que supuestamente llevarían presos de las cárceles para
limpiar las parcelas. “En realidad lo asumimos más como amenaza que creyendo
que fuera a ser cierto”. Vecinos de la zona dudaron de la traída de los
privados de libertad porque se estaban llevando a cabo actuaciones de tipo
judicial, a la par que se ejecutaban ocupaciones con apropiación de
bienhechurías.
En febrero 2019 el
Fiscal Nelson Antonio Requena Márquez recibió denuncia de lo que estaba
ocurriendo, pero tres años después, no hay conclusión del caso que afecta a
gran cantidad de productores.
Uno de los
productores revela que “lo que cayó sobre las tierras del municipio fue una
mafia. Ahí se agarraron sujetos infraganti, con 10 o 15 reses que eran
propiedad de los desplazados; se entregaban a la policía y al día siguiente ya
estaban libres. Y cuando uno reclamaba le respondían que llamó el general tal y
hubo que soltarlo”.
Los finqueros fueron detectando que no solo era la ahora diputada Iris Varela y el doctor Dieguez, también había militares; funcionarios del Instituto nacional de Tierras (INTI); además de integrantes de la estructura del PSUV, Ubch, consejos comunales.
Iris Varela
recibió a algunos parceleros en su oficina y corroboró que Dieguez Salinas era
el comisionado de la Comisión de Agricultura, a la vez que tildó de
equivocación la toma de unas fincas, pero insistiendo en que había mucha finca
abandonada, cuando en realidad sus dueños fueron desplazados.
A un privado de libertad apodado El Caimán lo dejaron cuidando la finca
El Roble, que le cambiaron el nombre a Thor, que ocupó el doctor Dieguez
Salinas. “Ahora entiendo por qué el día que murió el general Baduel, sacaron
los animales y todo de esa finca”, le dijo a Infobae uno de los finqueros de la
zona.
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