Natalio Valery denunció ante el presidente de la Asamblea Nacional que la modificación de varias leyes convertirá al país petrolero en un "Estado sin Ley"
Sebastiana Barráez/ lunes 20 de septiembre 2021
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Abogado penalista de jurisdicción ordinaria y militar, Natalio Valery Vásquez
Natalio Valery se dirige al presidente de
la Asamblea Nacional, según expresa, “en virtud de sus reiteradas apariciones
por las redes sociales, donde usted se promueve anunciando importantes
decisiones sobre el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.
Y
subrayó lo que la Asamblea Nacional chavista resalta como las importantes
reformas: 1) Se aprueba reforma parcial del COPP, en la cual se profundizan las
garantías procesales y la protección de los DDHH de los justiciables. 2) Se
regula la apelación con efecto suspensivo, solo se podrá ejercer en la
audiencia preliminar y únicamente sobre delitos graves. 3) No podrá ejercerse
contra la sentencia absolutoria en juicio que otorgue la libertad del acusado.4)
Proporcionalidad de las medidas de coerción personal (art 230). 5) La medida de
privación de libertad no podrá exceder los dos años; se podrá conceder una
única prórroga por el lapso de un año. 6) Bajo esta premisa ninguna persona
debería estar más de 3 años privado sin ser penado. 7)
Se reducen los lapsos para la investigación y los lapsos entre diferimiento de
las audiencias. Ejemplo: suspendida la audiencia preliminar deberá fijarse en
los próximos 5 días. 8) Deben establecerse en las sedes de los tribunales
penales oficinas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios; de esta forma se
agilizarán los trámites de ingreso y egreso de privados de libertad (Ejecución
de boletas de excarcelación).
“Antes
de dar mi explicación, le digo que no hay necesidad alguna de reformar el
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), porque ya la abogada María Iris Varela
Rangel, como Ministra Penitenciaria, había impuesto su voluntad sobre los
Jueces Penales de Venezuela, creando un desorden procesal, originando la
ausencia de Estado de Derecho”.
Iris Valera, vicepresidente de la Asamblea Nacional dio poder a los pranes y ordenaba traslado y liberación de presos
“En
consecuencia, los abogados privados fueron excluidos, y los jueces penales,
fiscales del Ministerio Público y defensores públicos pasaron solamente a
ocupar unos cargos, sin posibilidad de aplicar sus conocimientos, al calor del
debate judicial de las partes, como debe ser cuando hay Estado de Derecho”.
Los cómplices
"Los
que por vocación nos graduamos de abogados, lo hicimos para ejercer nuestras
profesiones y ganar o perder con dignidad en el debate judicial”, destaca Valery Vásquez
quien es abogado en ejercicio, en la jurisdicción ordinaria y militar, y fue en el
pasado Juez Quinto de Instrucción del Distrito Federal y estado Miranda,
Inspector de Tribunales, Asesor Jurídico del Grupo 4 de la Casa Militar, asesor
jurídico de la presidencia de la Cámara Municipal del Distrito Capital en
Caracas. Ha recibido múltiples reconocimientos de instituciones civiles y
militares.
Es autor de varias
publicaciones: El Recurso de Casación Penal Venezolano, Código de Enjuiciamiento
Criminal comentado y concordado, la Ley Bajo Fianza de Cárcel Segura, Tú
defensa frente al delincuente y tus Derechos ante las Autoridades, Defensas
Penales, entre otras.
Dice
el jurista Valery Vásquez que “desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios,
se ordenaba la libertad de procesados, pasando por encima de la majestad de los
jueces y fiscales del Ministerio Público, mientras hacían cómplices a los
defensores públicos de esas aberraciones jurídicas”.
Gran cantidad de presos, algunos muy peligrosos, han sido dejados en libertad
A
su juicio “el problema no es el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el
problema es ustedes cómo gobierno, que le impiden a los venezolanos tener
acceso a las garantías constitucionales, las contenidas en el COPP, otras leyes
y tratados y convenios internacionales suscritos con Venezuela”.
Es
enfático al decirle a Rodríguez Gomez “ustedes no pueden establecer, en las
sedes de los tribunales penales, oficinas del Ministerio de Asuntos
Penitenciarios, porque están irrespetando la majestuosidad de nuestros jueces”.
“Si
realmente tienen intenciones de remendar el capote, en las decisiones de la
Justicia Penal en la República Bolivariana de Venezuela, no tiene que
interferir el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y la mejor forma de que
pueda empezar a aflorar el Estado de Derecho, es que se respete la decisión del
reo o imputado de nombrar o elegir a su abogado defensor sea privado o no”.
Resalta
que el abogado tiene el derecho de cumplir sus funciones sin obstáculos en los
organismos policiales, o políticos como la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Fuerzas de
Acciones Especiales (FAES), dónde se encuentre recluido”, finaliza la
comunicación del doctor Natalio Valery Vásquez.
Órdenes de Valera
Cuando en abril del año pasado, y con la excusa de
controlar la expansión del Covid19, la entonces Ministra para el Servicio
Penitenciario, abogada María Iris Varela Rangel, liberó a 382 presos del Centro
Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, lo hizo basándose en el Régimen de
Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario. Lo hizo
frente a funcionarios del Poder Judicial, Defensa Pública y Ministerio
Penitenciario.
Lo que entonces impuso Varela Rangel, quien es
la actual Vicepresidente de la Asamblea Nacional oficialista, fue pasar por
encima de la Constitución, como lo ha hecho desde que Hugo Chávez la colocó al
frente del entonces recién creado Ministerio Penitenciario.
Los pranes tienen un ejército armado en varias cárceles de Venezuela
Varela liberó a esos 382 presos, asumiendo las
funciones de juez, fiscal y defensor. El diario Últimas Noticias, uno de los
medios de propaganda del régimen venezolano, publicó que ‘Varela se sentó en la
oficina del director y comenzó a revisar cada uno de los expedientes
correspondientes a los reos beneficiados. Pasado el mediodía, paró 15 minutos
para almorzar una ensalada de atún con galleta dietética. Ya entrada las 3: 30
pm, salió al patio central donde estaban los presos beneficiados. A cada uno
fue llamando por su nombre y apellido para entregarle un acta que debían firmar.
A las 9pm, salió del centro penitenciario y en las afueras fue aplaudida por
familiares de presos que plenaron la avenida’.
No era un hecho inédito, unas semanas antes, ya había otorgado boletas de excarcelación a
122 de los presos recluidos en los Internados Judiciales Rodeo II y Rodeo III,
Guatire, estado Miranda.
La excusa del Régimen de Confianza Tutelado es favorecer a los presos
con sentencia por delitos de menor gravedad, que han cumplido el tiempo de
condena suficiente para optar a medidas alternativas al cumplimiento de la
pena, pero que no hayan sido otorgadas por los tribunales correspondientes; los
procesados
que reciben ese beneficio son aquellos cuyos delitos tienen penas que no
exceden los ocho años de condena.
Iris Varela, quien sigue manejando, por debajo
de cuerda el Ministerio Penitenciario, primero inventó el Plan Cayapa, con el
que dejó en libertad a gran cantidad de personas, algunas con delitos graves.
El año pasado liberó presos con la excusa del COVID y a cambio se ha ganado la
lealtad de muchos de los ex presidiarios y sus familiares.
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