Por qué para el régimen venezolano la violación de los derechos humanos es un “daño colateral” para sus objetivos
Sebastiana Barráez/
jueves 18 de febrero 2021
@SebastianaB
Tomado de
Infobae
“Lo sorprendente es que hayan sorprendido”, dice María Alejandra Aristeguieta Álvarez en
relación con las declaraciones de la Relatora Independiente de la ONU
Alena Douhan, que califica de “sin fundamento y poco precisas”. Le dice en
exclusiva a Infobae que “nunca es un azar, y aunque a veces se retrasen, el tener
un objetivo claramente definido les permite llevar a cabo cada actividad por
conveniencia táctica o por aprovechamiento de oportunidades”.
Para la experta en políticas
multilaterales y defensora de Derechos Humanos “esas declaraciones de Dohuan
eran totalmente predecibles, puesto que son parte de una estrategia de largo
plazo diseñada por quienes, desde hace más de veinte años, detentan o controlan
el poder en Venezuela”.
Aristeguieta explica que “el sistema
universal de derechos humanos monitorea la protección y promoción de los
derechos fundamentales en todos los países parte de la Organización de Naciones
Unidas. Venezuela no es una excepción, y aunque el organismo a cargo de
proteger y promover tales derechos tardó bastante en reaccionar ante las
primeras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Hugo
Chávez, el mismo ha ido documentando cada caso traído por abogados, defensores
o activistas de la sociedad civil a alguna de sus instancias”.
Desde la llegada al poder de Nicolás
Maduro ese monitoreo se ha acentuado y profundizado vista la escalada que se
inicia a partir del 2014. “Si revisamos la documentación existente, podremos
constatar que se pasó de la erosión de los derechos a la libertad de expresión
y a la propiedad, o de casos ejemplarizantes, a patrones sistemáticos para
aterrar y someter a la población”.
“Es decir, en un primer nivel, se persiguieron los medios de comunicación y
se cerraron periódicos, estaciones de radio y canales de televisión, se
expropiaron bienes muebles e inmuebles. Luego pasamos a casos de detenciones
arbitrarias en los que se evidenciaba la ausencia de independencia del poder
judicial, como fue el caso de la jueza Geraldine Afiuni, a quien Hugo Chávez
encarceló para indicar a otros jueces que correrían con la misma suerte de ella
si no se atenían a las exigencias de quienes controlaban el poder judicial
desde su cúpula”.
El enemigo
La dama resalta que “sin embargo, es
entre los años 2014 y 2017, y en particular durante los períodos de protesta
estudiantil, que descubrimos una estrategia clara de persecución y
exterminación del adversario, entendido éste como objetivo enemigo”.
“Ante este punto de inflexión, surgieron múltiples declaraciones y llamados
de alerta desde los distintos mecanismos de supervisión del sistema universal,
incluyendo los Procedimientos Especiales, entre los que se encuentran los
Relatores independientes para áreas temáticas”.
Destaca María Alejandra Aristeguieta que son más de 20
Relatores Independientes quienes han pedido se les permita visitar Venezuela para constatar la situación de
los derechos humanos en sus áreas específicas. Quienes más enfatizan su interés
son “aquellos que supervisan y hacen recomendaciones relativas a los derechos
civiles y políticos, que son en definitiva los considerados como derechos
nucleares, es decir, sobre detenciones arbitrarias, tortura, independencia del
poder judicial, o sobre libertad de expresión y asociación”.
“En paralelo, en 2017, el entonces Alto Comisionado Zeid Al Hussein, decide
iniciar una investigación ex officio,
ante el abuso en el uso de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado
frente a las protestas estudiantiles, y sobre todo, ante las denuncias de
torturas atroces cometidas por estos cuerpos de seguridad. El informe desnuda
una realidad que muchos desconocían y otros tantos se negaban a aceptar”.
Destaca María Alejandra Aristeguieta, Internacionalista, experta en políticas
multilaterales y defensora de DDHH, que durante el período en que el gobierno
de Nicolás Maduro, a través de su cancillería, decide extender invitación a
tres Relatores Independientes: el de derecho al desarrollo, el de la promoción
de un orden democrático y equitativo, y el de derechos humanos y sanciones.
“A diferencia de los otros Relatores
Independientes, aquí se trata de tres mecanismos impulsados por razones
políticas, que obedecen a esquemas geopolíticos Norte-Sur propios del otrora
expansionismo soviético a través del discurso victimista/desarrollista, y que,
dentro del esquema de Naciones Unidas, goza aun de muy buena salud”.
“En 2017 fue Alfred De Zayas, en ese entonces Relator
Independiente para la promoción de un orden democrático equitativo. Su visita
se llevó a cabo a finales de noviembre del 2017, poco después del primer
informe sobre Venezuela aludido antes. Según lo presentado, el experto centró
su misión en la necesidad de ‘promover una
mayor cooperación regional e internacional, hacer un seguimiento de las políticas
dirigidas a detener los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales,
garantizar la libertad de comercio y realización de transacciones financieras
sin discriminación, atacar los problemas de la reestructuración de la deuda
soberana, obtener información sobre políticas relativas a la distribución de
recursos y la regulación del sector privado, y explorar medios para fortalecer
la asistencia letrada mutua en los casos penales’”.
Dice la
exembajadora que “en su informe final encontramos los siguientes apartados: “Obstáculos
que impiden el disfrute de los derechos humanos: guerra económica”,
“multilateralismo y el principio de no intervención”, “las sanciones
económicas” y “crisis humanitaria e intervención humanitaria”, cuyo primer párrafo apunta: “Mediante
una inquietante campaña mediática se procura forzar a los observadores a
adoptar una visión preconcebida de que existe una “crisis humanitaria” en la República
Bolivariana de Venezuela”.
La relatora Douhan
La señora Alena Douhan es relatora independiente para los derechos humanos
y las sanciones. Es la segunda de los tres invitados, y su informe preliminar
fue presentado el 12 de febrero pasado, en vísperas de la próxima reunión del
Consejo de Derechos Humanos en el que se va a recibir un informe oral de la
Misión de Determinación de Hechos, la misma que en septiembre pasado indicó que
había elementos para pensar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de
Lesa Humanidad.
“El informe preliminar de la Sra. Douhan consta de varios apartados cuyos
títulos son los siguientes: ‘Situación
económica y humanitaria en Venezuela”, “Evaluación de la base legal para la
imposición de sanciones”, e “Impacto en el disfrute de los derechos humanos’.
El primer apartado de este informe da a entender que es debido a las sanciones
que se ha deteriorado la economía en Venezuela y se ha creado la situación
humanitaria actual. Ya no se trata, pues, de una campaña mediática, como dijo
De Zayas, ahora, si hay una razón: las sanciones”.
“De la misma manera, si De Zayas habla de una guerra económica como el
obstáculo para impedir el disfrute de los derechos humanos, Douhan dice que la
escalada de esa guerra económica, a través del bloqueo total impuesto desde el
2019, impide que la población disfrute de los derechos humanos”.
“Una lectura al informe de la Sra Douhan, y se destaca la ausencia de
evaluación contextual o la falta de contraste de la información suministrada
por quienes controlan el poder en Venezuela. Por ejemplo, la
relatora dice que la economía venezolana se redujo 99% por culpa de las
sanciones, pero sin dar cifras, ni punto de partida”.
Aristeguieta desmonta rápidamente lo dicho por la
relatora, porque “según las últimas cifras oficiales emitidas por las
autoridades venezolanas, en el 2014, el PIB de
Venezuela era de $482.359.000.000. Si partimos de esta base, llegamos a la
conclusión de que la Sra. Douhan quiere decir que el PIB actual de Venezuela es
de $4.823 millones. Según datos del Banco Mundial, el PIB del 2019 de Barbados
es de $5.209 millones, el de Guyana es $5.173 millones y el de Sierra Leona es
$4.121 millones. O sea, según el análisis contenido en el informe presentado
por la relatora Douhan, la economía venezolana es más pequeña que la de una
isla del Caribe, un país de 785 mil habitantes o de un país en guerra”.
“Más allá de la improbabilidad de que Venezuela se sitúe en tales rangos, si
la relatora hiciera un poco de investigación, encontraría que existen
indicadores socioeconómicos anteriores a las sanciones que muestran tendencias
muy reveladoras del manejo inadecuado de los recursos del Estado. Por ejemplo,
tal como consta en el Examen Periódico Universal del 2016 del mismo sistema
universal de DDHH, ya distintas
ONGs venezolanas e internacionales
denunciaban entonces una drástica caída de la importación de comida y
medicamentos y la ausencia de atención del tema por parte de las autoridades
venezolanas, que culpaban de tal descenso a la caída de los precios del
petróleo”.
Las cifras
“Más recientemente, en 2018, de acuerdo con un trabajo realizado por el
centro Brookings Institution y el Centro para Desarrollo Internacional de
Harvard, se desprende que la caída de los precios petroleros o las sanciones
son posteriores al descalabro humanitario ocurrido en Venezuela”.
“De acuerdo con este trabajo de investigación, la importación de alimentos
empezó a descender en Venezuela a partir del 2013, y para el 2016, año en el
que bajan los precios del petróleo, había disminuido en 71%. Asimismo, la
importación de medicamentos y equipos médicos disminuyó en 68% entre el 2013 y
el 2016. Otros indicadores, por ejemplo, la ingesta calórica de un venezolano
ganando sueldo mínimo pasó a ser poco más del 50% de sus necesidades dietéticas
en 2017. El salario real cayó en 92% desde el 2010 al 2017 y la mortalidad
infantil aumento en 44% entre el 2013 y el 2016”.
“Algunos economistas atribuyen este nivel de deterioro a los altos niveles
de endeudamiento y posterior pago de servicio de la deuda externa, otros a la
falta de inversión en la industria petrolera y en la infraestructura. Otros
factores que han contribuido con el colapso del país son la destrucción del
aparato productivo, en un atentado directo contra derechos económicos
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la
corrupción y los flujos financieros ilícitos”.
Ella dice que, en suma, “probablemente la situación actual sea producto de
un cúmulo de factores, pero hay suficiente información para establecer que
mucho antes de las sanciones, ya existía una política de Estado diseñada para
destruir las ‘instituciones burguesas’, como dijo un Ministro de Chávez y dar
paso a la estructura de la revolución”.
El jaque mate
Con crudeza Aristeguieta resalta que, en la estrategia de largo plazo, “la
violación de los derechos humanos es un daño colateral en la consecución de los
objetivos de quienes controlan el poder, pues ellos conocen las limitaciones
inherentes a la diplomacia y, en particular, al sistema multilateral”.
“Ellos saben que a pesar de que
hayan más de 60 llamados. desde los distintos mecanismos y órganos del sistema,
para que Venezuela se apegue a las normas contenidas en los tratados firmados,
y a pesar de que hayamos pasado de ser mencionados en declaraciones generales a
formar parte permanente de la agenda del Consejo de Derechos Humanos (máximo
órgano legislativo que se reúne tres veces al año por alrededor de un mes), todo
puede ser diluido en un concurso de retórica, en un altercado de informes presentados
por quienes defienden la democracia y los valores fundamentales, y quienes se
aprovechan de las contradicciones y deficiencias de la diplomacia multilateral,
para seguir avanzando mientras aparentan retroceder”.
“Queda de nuestra parte entender que
éste es el ajedrez. Que debemos armar una estrategia de juego en consecuencia
que vaya más allá de quejarse o decir lo obvio. Queda de nuestra parte que
sepamos anticiparnos a la presentación del informe definitivo de la Relatora en
septiembre próximo, a la visita del tercer Relator que hablará seguramente de
cómo las sanciones, la guerra económica, o las iguanas impiden el desarrollo de
Venezuela; a las próximas intervenciones de la Alta Comisionada Michelle
Bachelet en las que mencionará los avances que ha hecho el régimen, así sean
tímidos; a los informes de los Expertos de la Misión de Determinación de los
Hechos a los que el régimen acusará de tergiversar la realidad en una suerte de
discurso proyectivo pero efectista; incluso, queda de nuestra parte
contrarrestar el caudal de ONGs de maletín que inundarán las oficinas de los
funcionarios a cargo de redactar el próximo Examen Periódico Universal”.
“Después de todo, no podemos
dejarnos hacer jaque, y seguir moviendo las mismas piezas”, advierte finalmente
Aristeguieta.
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