Alena Douhan dio como excusa las sanciones internacionales que pesan sobre algunos funcionarios y organismos del régimen chavista para explicar la profunda crisis que sufre el país.
Sebastiana Barráez / 17 Febrero de 2021
@SebastianaSin
Tomado de Infobae
No podía
ser más decepcionante el informe preliminar de la relatora especial de los derechos humanos, Alena
Douhan, sobre lo que ocurre en violación de Derechos Humanos y delitos de
lesa humanidad en Venezuela, dando como excusa las sanciones que a nivel
internacional hay contra algunos funcionarios y organismos venezolanos. La
reacción de familiares y víctimas de torturas y violación al debido proceso
contra presos políticos no se hizo esperar. La pregunta que la relatora no
puede responder es: ¿Qué tienen que ver las sanciones con que se
torture, asesine y criminalice a personas que el régimen de Nicolás Maduro
considera enemigos políticos?
Michelle
Bachelet, alta
comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en julio del 2019, al final de su
informe anual del 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos,
solicitó apoyo para que su oficina se centrara en “garantizar la rendición
de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos en la República
Bolivariana de Venezuela, en particular reforzando su labor de vigilancia,
documentación, análisis y presentación de informes públicos respecto de la
situación de los derechos humanos”.
Después
de ese primer informe, la Comisión de Bachelet es expulsada por Nicolás
Maduro donde en Cadena Nacional la llamó mentirosa y “enemiga de
Venezuela”. Por otra parte, Diosdado Cabello organizó una
marcha en contra de la “actitud hipócrita, sumisa y cómplice de la
señora Bachelet” y el canciller Jorge Arreaza llegó a
decir que ese informe lo había dejado escrito el anterior Comisionado, que no
hablaba de las sanciones como causantes de todo lo que ocurría en Venezuela y
hasta se atrevió a afirmar que el pueblo venezolano había sido tan perseguido
como el pueblo judío.
La verdad
es que ese primer informe de Bachelet, aunque reconoce que las sanciones han
agravado la crisis económica, las excluye de haber producido la grave crisis
producto de “la mala asignación de recursos, la corrupción y la falta de
mantenimiento de las infraestructuras públicas, así como el grave déficit de
inversiones, han dado lugar a vulneraciones del derecho al nivel de vida
adecuado, en muchos casos debido al deterioro de servicios básicos como el
transporte público y el acceso a la electricidad, el agua y el gas natural”,
según dijo en ese momento.
A Maduro,
como a su gabinete, les molestó que Bachelet, sobre las Medidas Coercitivas
Unilaterales dijo que “la economía de la República Bolivariana de Venezuela,
especialmente su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos,
ya estaban en crisis antes de que se impusiera ninguna sanción sectorial.
Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019
ponen de manifiesto que los indicadores económicos fundamentales habían
empezado a degradarse radicalmente mucho antes de agosto de 2017”.
Para ese
momento las conclusiones de su informe fueron devastadoras para Maduro y su
Régimen. La Alta Comisionada ante los 47 países que conforman el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sentenció: “El Estado ha denegado
sistemáticamente el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos
humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido
que se repitan las vulneraciones de los derechos humanos, ha envalentonado a
los autores y ha marginado a las víctimas. El ACNUDH le preocupa que, si no
mejora la situación, seguirá aumentando el éxodo sin precedentes de migrantes y
refugiados venezolanos y empeoraran las condiciones de las personas que
permanecen en el país”.
El precio
del regreso
Un mes
después de haber sido expulsados de Venezuela, los tres Oficiales de la OACDHNU
regresaron a sus oficinas en La Castellana, Caracas. El cambio en las “recomendaciones
y conclusiones” de las actualizaciones orales de Bachelet fue notable y la
mención de fuertes denuncias, recogidas por parte de sus Altos Oficiales
directamente de las víctimas en Venezuela, fueron silenciadas. Los
continuos viajes de Jorge Arreaza a Ginebra y su campaña internacional de que
“Las Sanciones son un Crimen”, dieron sus frutos.
Desde que
su Comisión se instaló en Venezuela en septiembre del 2019, de nada han servido
sus reuniones mensuales con 21 representantes de 10 Instituciones del Gobierno
de Maduro, el Comité de Coordinación Institucional para darle seguimiento a los
planes de trabajo, ni sus dos planes Nacionales de Derechos Humanos, que por
cierto ninguno ha sido publicado, lo que dice bastante de la nueva etapa de
Bachelet con Venezuela.
La mayor
parte de sus actividades en Venezuela han estado dirigidas a dictar Talleres de
Protocolo sobre derechos humanos, dándole una patente de corso a los responsables
de crímenes de lesa humanidad, porque no hay la verdadera intención de mejorar
la asistencia a las víctimas y mucho menos su reivindicación. El único objetivo
que le ha quedado a Bachelet y su comisión es demostrar que si están cumpliendo
con el acuerdo de Cooperación Técnica sin que importen los resultados.
Muchos familiares de las víctimas observaron con indignación y asombro la
publicación que hizo la Cancillería venezolana, celebrando la realización
de un Taller de Derechos Humanos entre la Oficina de la Alta Comisionada e
Instituciones del Estado, en donde el Presidente de la Corte Marcial el General
Edgar Rojas Borges, quien está señalado por crímenes de lesa humanidad, hizo
entrega de los diplomas frente a representantes de la OACNUDH que se supone
deben proteger los derechos humanos.
La
recomendación Bachelet
Todo el
2020 fue escenario de las denuncias, cada vez más crecientes, de las víctimas
de violaciones de derechos humanos en Venezuela; en las redes sociales
proliferaron las denuncias ante los delegados de la Alta Comisionada en
Caracas: persecución política, torturas, tratos crueles e inhumanos,
retaliaciones en contra de los testigos de la ONU, ejecuciones extrajudiciales,
violaciones al debido proceso, impunidad judicial, contagio del COVID-19 de los
presos políticos en los sótanos de la DGCIM sin atención médica y la falta de
actuación de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico.
La
doctora Bachelet, en el informe anual del 44 periodo de sesiones del Consejo de
Derechos Humanos en julio del 2020, hizo una “recomendación” principal: “Los
Estados Miembros deberían plantearse la revisión, suspensión o el levantamiento
de las sanciones sectoriales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela
que obstaculiza los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los efectos
combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19 sobre la
población”.
Así
mismo, como primera conclusión, habló del aumento de la cooperación con las
autoridades “para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de
los derechos humanos gracias a la su presencia en el país. El Acnudh
también manifiesta su satisfacción con los esfuerzos del Gobierno para
comprometerse aún mas con los mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Y para
rematar, en ese mismo informe, la alta Comisionada anunció que el Gobierno
venezolano había aceptado la visita de tres Relatores Especiales. La primera
visita seria del Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas
coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; el segundo es
el Relator sobre el derecho al desarrollo que seguramente también vendrá a
Venezuela este año; y sobre el tercero, solo mencionó que el Gobierno se
comprometió a invitarlo, pero no precisó quién es.
La
excusa: las sanciones
El
régimen de Maduro ha avanzado en maquillar una mejor imagen en materia de
defensa de derechos humanos ante la Comunidad Internacional, sin embargo, las
Naciones Unidas a través de sus procedimientos especiales, no parece que le
facilitará la maniobra. Eso se evidencia con el nombramiento de la
Misión Independiente sobre la Determinación de los Hechos sobre Venezuela para
investigar aquel primer informe demoledor de Bachelet en julio del 2019, lo que
le dio la posibilidad a las víctimas de defenderse, y tener una voz que
realmente las represente.
A pesar
de que el régimen impidió que dicha Misión ingresara a Venezuela, las
víctimas de violaciones de derechos humanos lograron dar testimonios de las
crueles torturas sufridas en manos de funcionarios, rebelando patrones
de violación sistemática de derechos humanos.
Es así
como en septiembre de 2020, en la presentación de su informe, tres
investigadores independientes, frente a los 47 miembros del Consejo de derechos
Humanos de las Naciones Unidas señalaron a Maduro y a más de 100
funcionarios como responsables de Crímenes de Lesa Humanidad, echando por
tierra las declaraciones de Bachelet sobre un Gobierno comprometido con los
derechos humanos.
Además,
en el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 22 de febrero -
23 de marzo de 2021, ambas Comisiones tendrán que presentar la
actualización sobre Venezuela, en la misma sesión. Tanto la Alta
Comisionada como los expertos de la Misión Independiente, tendrán que presentar
sus informes sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La
pregunta que se hacen las víctimas y sus familiares de violación de derechos
humanos en Venezuela es si Bachelet va a ignorar las denuncias que sus
delegados en Venezuela han recibido de ellos a través de denuncias, personales,
cartas e informes de organizaciones no gubernamentales.
¿Cómo va
a exponer Bachelet un logro de su gestión la liberación de los 12 pemones, sin
mencionar la muerte de Salvador Franco por falta de atención médica y
alimentación? ¿Qué dirá sobre los casos que siguen abiertos de la Misión
Independiente como, por ejemplo, caso #17 del Capitán de Corbeta Rafael Acosta
Arévalo, cuyos asesinos y torturadores continúan libres?
Las
víctimas
Molly De
La Sotta es la representante de la ONG Familiares de Presos Políticos Militares
en Venezuela, pero
también es la hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta
Quiroga, quien permanece en los infernales sótanos de la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde mayor 2018, en constante violación
al debido proceso y a sus derechos humanos, denegación de justicia y negativa
de asistirlo médica.
“La
visita de la Relatora Especial Alena Dourhan, estaba ampliamente anunciada, sin
embargo, pasó desapercibida por los líderes de la Oposición. No se vieron
manifestaciones de apoyo a las víctimas de las violaciones de derechos Humanos
frente a las puertas de la ONU”.
Recordó
Molly de La Sotta que la ONG que representa solicitó con anticipación
una reunión con la relatora Dourhan y no obtuvo respuesta. “Queríamos
presentarle la lista de militares que tienen procedimientos especiales de
Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas donde se solicita su liberación, así
como algunos que han cumplido la pena y continúan presos ilegalmente y
torturados. Así mismo, el hecho de que los militares en Sebin, Ramo Verde y La
Pica tienen once meses sin visita familiar ni de abogados”.
La
relatora Alena Douhan, en una conferencia en Caracas (Reuters)
“La
Oficina de la señora Bachelet en Caracas dijo, a varias personas interesadas en
presentar sus casos, que no podían hacer la intermediación para una
reunión con la Relatora. Podríamos pensar, por el resultado sesgado del
informe, que la Relatora recibió una sola versión de los hechos, sin embargo,
en su informe, dice que se reunió con la Oficina de la Alta Comisionada, quien
por cierto tiene todas las denuncias actualizadas”.
Aseguró
De La Sotta que “constantemente se les hace entrega de la situación de los
presos políticos militares, denunciando las condiciones de reclusión, la falta
de luz solar, de alimentación, de atención médica, la falta de debido proceso,
las violaciones al derecho a la defensa, el confinamiento en solitario
prohibido por las Naciones Unidas”.
“Los
presos políticos militares están siendo ejecutados lentamente en
sótanos y celdas infrahumanas, muchos han sido contagiados de COVID-19 y
sufren las secuelas del contagio sin que alguien reclame. A pesar de esto, en
el informe de la Relatora nada se menciona. Nuestra pregunta entonces es: “¿Qué
tiene que ver las sanciones con las torturas a nuestros familiares? ¿Qué tienen
que ver las sanciones con la violación de la Ley contra la Tortura por parte
jueces, fiscales, defensores públicos, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio
Publico?”, se pregunta Molly De La Sotta.
!! INCREÍBLE ÉSE INFORME DE ESTA RELATORA !! CONTINÚA LA IMPUNIDAD !!
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