El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Bautista García Escalona, alerta que la frontera venezolana, advierte que lo que está en juego no es solo la seguridad regional, sino la integridad del país y la capacidad del Estado para ejercer soberanía real.
Sebastiana Barráez/ domingo 12 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Bautista García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.
Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.
El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.
Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.
Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.
Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.
El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.
Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.
Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?
Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.
Especialmente en las zonas fronterizas, ¿cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?
No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.
¿Alguna vez ha tenido respuesta al porqué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?
Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.
¿Qué los acercó?
Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.
¿Qué consecuencias ha tenido ese hecho perturbador?
Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.
¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?
Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.
¿Puede compartir algunos casos?
Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.
¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?
El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.
¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?
No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.
En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla?
El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.
¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?
Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.
Siendo abogado, ¿cómo entiende usted lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?
En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.
¿Cómo ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros, o con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?
Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.
En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN.
Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.
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