Los casos de personas con dinero que compran el beneficio de quedarse con niños sin cumplir las leyes vigentes se multiplican en los tribunales de estados como Carabobo, Táchira y en la capital, Caracas
Sebastiana Barráez/ jueves 25 de mayo 2023
@SebastianaB
Un patrón se repite en Venezuela: el negocio de niños para varios jueces, fiscales y Consejos de Protección de Niños y Adolescentes, junto a una red poderosa de abogados, que se escuda en “es por beneficio de los niños” amenazando y apresando a quien los señala. Yrasema Malavé ha estado reclamando durante un año a su hija, pero hace unos días, durante una entrevista periodística, fue detenida y ahora acusada de abuso sexual. Brotaron las denuncias en varios lugares, ya no solo en Carabobo, también en Caracas y Táchira. Padres con dinero que compran el beneficio de quedarse con los niños, otros cedidos sin la rigurosidad legal a padres adoptivos. La historia que Carmen Esperanza Iribarren Peraza le contó a Infobae es reveladora: le quitaron a los nietos que cuidó desde bebés, su apartamento, sus bienes y fue amenazada.
Narra que sus
nietos nacieron en el estado Carabobo; la madre de ellos es hija de Iribarren.
“Desde bebés me dediqué a criarlos y hace cinco años me los arrebataron; es una
red con participación de funcionarios de la Maternidad del Sur, del Consejo de
Protección (CMPNNA) de La Isabelica y su Programa de Abrigo en Familia
Sustituta, que es un cáncer donde se asignan y se quitan niños de manera
irregular, aunado a la Fiscalía de Protección, que en mi caso arrancó con el
fiscal Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra y
continuó con Yusmar Nereyda Casas Vargas”.
“El Consejo de
Protección de La Isabelica le dio mis nietos, en abrigo, a una pareja que no
tiene ningún vínculo parental. Me los quitaron y me arrancaron el alma, pero no
paro de denunciar”, dice Iribarren viuda de Martínez, mientras asegura que sus
nietos fueron manipulados para que se pusieran en contra de ella. “Ese hombre y
su mujer querían a mi nieto desde que tenía un mes de nacido y lo vieron en el
hospital. Fue él quien convenció a mis nietos para que nos mudáramos de donde
vivíamos en Guanare para Valencia, con el argumento de que había cosas más
bonitas para los muchachos. Después los manipuló, los puso en mi contra, me
denunció por maltrato, cuando se demostró que eso nunca ocurrió, y se quedó con
mis nietos. Esa pareja tiene mucha relación con los funcionarios del CMPNNA
porque incluso viven muy cerca”.
“Hace un año usó a
mi nieta para que me denunciara y la fiscal Yusmar Casas me mandó presa, así
como hace unos días ordenó la detención de Yrasema Malavé, quien también es
víctima de Yolanda Arteaga, coordinadora del Programa Abrigo en Familia
Sustituta y otra consejera. En mi caso, de la consejera Carrero, el consejero Gabriel
Sanoja que se cansó de insultarme y amenazarme con detenerme si hablaba. Un
agente de la oficina de violencia de género violentó mis derechos; estuve tres
días presa y casi no pude ir al baño por temor”, dice mientras se le quiebra la
voz.
“No soy la única,
somos muchos y luchamos porque se haga justicia. Mientras estuve presa, se
robaron las llaves y se apoderaron del apartamento donde vivía, no me dejaron
entrar más, me robaron todos mis muebles, mis electrodomésticos, todo, me
dejaron en la calle”.
Lo asombroso es
que Iribarren Peraza tiene una sentencia definitivamente firme de un Tribunal
que le dio la patria potestad absoluta de sus dos nietos. “La niña ya cumplió
los 18 años, pero entonces tenía 13 años. Ese Consejo de Protección nunca me
llamó para visitas supervisadas, aunque soy parte fundamental del proceso. Los
Consejos de Protección son órganos auxiliares y no pueden dictar esas medidas”.
“Después de que la pareja tenía dos años y medio con mis nietos, decidieron desprenderse de mi nieta con un poco de excusas, separaron a los hermanos y le prohibían a ella que viera a su hermano. Mi nieta es muy hermosa; y tiene tres medidas de abrigo con tres personas diferentes, una de ellas, con un supuesto papá biológico que le apareció a los 15 años y a quien el Consejo de Protección le facilitó todo para que se la llevara a vivir con él, para después descubrir, por una prueba de ADN, que no es el padre de la chica”, dice la indignada abuela.
Mafias de niños
La crisis en
Venezuela se extiende de manera alarmante entre funcionarios corruptos que
llevan años negociando con los niños; incluso se creó la Fundación Venezolana
de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) que ha librado una
larga lucha para devolver a niños a sus hogares, pero cuyo mayor obstáculo es
la mafia de abogados, jueces, fiscales y funcionarios de protección,
especialmente en Caracas y de ahí se irradia a todo el país. Muchas veces benefician a uno de los padres porque
tiene poder político, militar o económico, en otros casos, como el revelado por
Iribarren Peraza, los niños son apartados de sus verdaderas familias por las
autoridades de Protección de NNA de Carabobo.
Existen muchas
denuncias sobre fiscales, jueces y el Consejo Municipal de Protección de Niños
Niñas y Adolescentes (CMPNNA) y el Programa de Abrigo en Familia Sustituta de
La Isabelica, dependiente de Valencia, cuyo alcalde es Julio César Fuenmayor
Buitrago.
“Ya es hora de darle un paro a estas prácticas llevadas
a cabo por los Organismos de Protección de NNA de Carabobo, de manera especial
el CMPNNA La Isabelica y el Programa de Abrigo en Familia Sustituta que allí
funciona, Fiscalía del Ministerio Público, Policías, Instituciones Educativas y
de Salud (Maternidad), Consejos Comunales, Condominio, Policías. Podríamos
estar en presencia de negocio de seres humanos, un crimen de Lesa Humanidad que
se agrava cuando se trata de niños. Tengo 73 años y me han despojado de todo”,
dice Iribarren.
“Es alarmante lo que está
ocurriendo. Son muchos los casos señalando a ese Consejo de Protección de La
Isabelica Carabobo por actuaciones irregulares conjuntamente con la Fiscalía
del MP Carabobo; fabrican pruebas, coaccionan bajo amenazas de poner presas a
las personas para que firmen lo que ellos desean, les gritan y entregan a los
niños al mejor postor sin respetar lazos de consanguinidad, sentencias de
Tribunales, nada. Todo eso me sucedió a mí y hay otros como el de Yrasema,
Karesirper, Luis José, Adriana y así una larga lista”.
En varios de los casos denunciados de lo que ocurre con los niños, en
Carabobo, Táchira y Caracas, entre otros estados, hay un patrón: secuestro
exprés de los niños, entrega inmediata a sus parejas o a personas que no tienen
vínculos de consanguinidad con éstos y si los agraviados reclaman, los
encarcelan.
Carmen Esperanza es una abuela con mucha vitalidad y energía, que ha
luchado durante casi cinco años por su nieta y su nieto, desde que Kevin de
Jesús Sepúlveda Piedra, Fiscal 21 del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes del estado Carabobo, “pasó por encima de una sentencia definitivamente firme de un Tribunal
que me otorgó la Patria Potestad Absoluta de mis nietos y un acta del CMPNNA
que ordenaba que me los entregaran”.
En efecto, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el 16 de julio 2014, expediente PP01-V-2009-00068, decidió que la Responsabilidad de Crianza de los niños recayera en su abuela Carmen Esperanza Iribarren.
Dos documentos iguales
Los dos adolescentes habían sido dados a un matrimonio “siendo la misma
pareja, que teniendo mi nieto varón un mes de nacido en la Maternidad del Sur
Carabobo, al momento de darle el alta, ese mismo CMPNNA la Isabelica emite dos
escritos con idéntica fecha, en uno de ellos ordena el egreso del niño y la
entrega a la familia de origen haciendo notar que allí había familia. En el
otro escrito, ordena que se entregue el niño a una ciudadana desconocida,
casualmente la misma a quien la Fiscalía, conjuntamente con el CMPNNA la
Isabelica, le entregaron a mis dos nietos hace 5 años”.
“El procedimiento en ambos casos fue llevado a cabo por la misma persona,
es decir, la Coordinadora del Programa de Abrigo en Familia Sustituta. Aunque
hice los reclamos nunca fui atendida con decencia, más bien en el CPNNA La Isabelica,
fui insultada, gritada, coaccionada y amenazada con meterme presa. Hace un año,
y en una acción a mi parecer instigada por el ciudadano que tiene a mi nieto en
su casa de matrimonio, fui presa por tres días en la Policía Municipal de Los
Guayos por orden de la Fiscal 20 del MP Carabobo abogada Yusmar Nereyda Casas Vargas”.
“A mí ya me metieron presa durante tres días en Los Guayos, lo próximo ¿será
matarme? porque he insistido en denunciar; después de la detención acudí
infinidad de veces a la Fiscalía, hasta que me recibió la misma fiscal que
ordenó detenerme y me dijo que hiciera un escrito donde dijera que aunque ella
no tenía responsabilidad para yo retirar las cosas de mi apartamento, ella iba
a interceder por mí con el dueño del apartamento, que es la misma persona que
me despojó de mis nietos”.
“Ya ni siquiera pido que me devuelvan a mis nietos, porque los han
alienado, no te imaginas lo que le pasa a los niños cuando los separan de su
familia, pero estoy aquí denunciando aunque sea mis últimas palabras, para que
se haga justicia, para que paren a esa red que estaría negociando con niños. Y
sí, temo por mi vida”, finaliza diciendo Carmen Iribarren en la conversación
con Infobae.
Muchas personas
que han perdido sus hijos solicita que se investigue el ejercicio del Interés
Superior y el ordenamiento jurídico legal especial y constitucional. “Yrasema
es una más de las dolientes como consecuencia de las colocaciones de niños
exprés en mujeres infértiles y desconocidas. ¿Cómo sabe el CMPNNA La Isabelica acerca
de si esas personas tienen la capacidad para asumir niños desconocidos de
madres que los buscan desesperadas? ¿Por qué no toman en consideración a la familia
parental?”, le dice a Infobae la tía de un niño separado de su familia hace
años.
Aunque hay muchas
denuncias, no hay funcionario alguno que muestre preocupación alguna por lo que
estaría ocurriendo con los niños. La responsabilidad es del Ministerio Público,
del alcalde, de los concejales e incluso del Síndico Procurador, a quien
señalan de no asistir a las audiencias, aunque representa a la municipalidad.
La coincidencia de
denuncias por lo menos obliga a que se investigue a funcionarios que han sido señalados
como Mariangel Pernalete, Dennaly Salgado, Arelis Rodríguez,
Yolanda Arteaga, el exfiscal provisorio 20 de Carabobo Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra y la
actual fiscal Yusmar Nereyda Casas Vargas. A ello debe sumarse una revisión
nacional de todo el sistema de protección judicial se niños y adolescentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario