Sufren golpizas, aislamiento, negación de alimentos, además de violencia psicológica
Sebastiana Barráez/ domingo 27 de noviembre 2022
@SebastianaB
Han pasado varios meses y la situación de militares detenidos por causas políticas en la cárcel que la DGCIM adaptó en Fuerte Tiuna, se han deteriorado a pasos agigantados. A los cuatro oficiales que se encuentran ahí los mantienen en celdas separadas, les redujeron las horas de visita del fin de semana, que eran de viernes a domingo todo el día para solo 3 horas los sábados y domingos.
El General de División (Ej) Julio Ramón Barrios Torres
fue a la sede de Policía Militar en Fuerte Tiuna, específicamente al área donde
están detenidos los militares presos a orden de la DGCIM. “Ahí dio algunas
órdenes y dijo que los confinaran con candado porque se iban a escapar”, le
dice a Infobae familiares de oficiales detenidos.
El General de Brigada Hibrahím
Ricardo Sirgo Herrera es el Comandante de Policía Militar, con sede en Fuerte
Tiuna, donde está la cárcel que alberga a militares como el Capitán de Navío De
La Sotta y el Mayor General y exministro Miguel Eduardo Rodríguez Torres; el
jefe de reclusión es el Coronel Sánchez Somoza, quien ha sido testigo de DGCIM
en varios juicios.
No importa cuántos esfuerzos
haga el Ministerio Público de Venezuela para tratar de demostrar ante el mundo
y ante la Corte Penal Internacional (CPI) que se toman correctivos ante la
violación de Derechos Humanos; la situación con los funcionarios de la DGCIM es una puerta giratoria, por la que
salen los funcionarios más débiles o sacrificables, mientras que por la otra
entran aquellos que ocupan cargos circunstanciales, mientras los más violentos
y brutales torturadores permanecen, se enriquecen mientras se preparan consiguiendo
documentos de otras nacionalidades para ellos y sus familiares a la vez que
hacen millonarias inversiones en paraísos fiscales o países que les garanticen
refugio.
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Lo que ocurre en las bases de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) casi siempre es un secreto, a menos que suceda algo como lo ocurrido en Apure con la tortura y muerte del funcionario del CICPC, Juan Ángel Pantoja Carreño, por lo que hay varios funcionarios de inteligencia militares presos, incluyendo al jefe de la Base de Merecure, municipio Biruaca, Apure, Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán. (Sebastiana Sin Secretos: La Dirección de Inteligencia en Apure detuvo a un detective que terminó muerto: horas antes había advertido que temía por su vida).
Trato cruel
En el caso del capitán de navío Luis Humberto de La Sotta Quiroga, su
familia considera que está siendo objeto de represalias por parte de la DGCIM. “Ya
son 4 años y 6 meses bajo la custodia de quienes lo detuvieron arbitrariamente
y lo han torturado física y mentalmente de manera sostenida en estos años.
Desde hace más de cinco meses lo tienen aislado. Sale al sol cuando ellos
quieren, igual pasa con la ducha. No tiene radio, Tv, nada para calentar la
comida. Tampoco permiten el ingreso del sacerdote. No tiene actividades
recreativas, deportivas y mucho menos laborales”, dice su hermana Molly De La
Sotta, quien preside la ong Familiares de Presos Políticos Militares en
Venezuela (FPPMVE).
Lo peor contra los detenidos es la asistencia médica; en el caso de De
La Sotta el juez ha ordenado dos veces su traslado, pero la DGCIM se niega a
cumplir la orden. “El 19 de octubre era para la Clínica El Ávila y la DGCIM dijo que sólo
trasladaba al Hospital Militar y, después el 11 de noviembre el Juez ordenó trasladarlo
al Hospital Militar, pero la DGCIM igual se negó. Por otro lado, se solicitó el
traslado al Senamecf (Servicio Nacional de Medicatura Forense) y Dgcim tampoco
accede”.
“El Juez no quiere aplicar la
Reforma de la Ley, argumentando que las condiciones por las cuales detuvieron a
Luis siguen siendo las mismas”. Se suma que a la madre del capitán de navío,
una señora de 85 años le hacen revisiones de casi media hora para reducirle el tiempo
de visita.
“Luis tiene 3 meses en esas
condiciones, le quitaron hasta el radio y sólo lo dejan caminar 2 horas en la
mañana y 2 horas en la tarde: los sacan de 2 en 2. Se supone que la DGCIM no
debería tener a nadie en custodia”, dice Molly De La Sotta.
Reconoce que “el Juez donde se
encuentra el Expediente es el del Tribunal Milita Primero de Juicio, Luis
Galaviz González, quien está pendiente de los traslados médicos, incluso se ha
trasladado a Policía Militar, pero la DGCIM no los cumple”.
Cuando el CN De La Sotta
insistió es que lo asistiera un psicólogo, lo llevaron al Hospitalito Vicente
Salias, para que lo asistiera un psiquiatra. “El custodio quería entrar con él
y Luis dijo que no. Luego quería que ingresara esposado y Luis se negó.
Entonces lo regresaron a Fuerte Tiuna, hasta donde llegó la doctora,
conversaron 45 minutos. Mi hermano le dijo lo que estaba pasando y que
necesitaba algo para dormir”.
La psiquiatra “dijo que estaba
bien, pero le mandó un antisicótico y anti depresivo que le dio taquicardia y
no podía respirar, porque está contraindicado para los hipertensos. Esa
psiquiatra es militar y también atiende en el privado”.
“Se ha denunciado en su
tribunal las condiciones infrahumanas de confinamiento, pero no ha enviado a
nadie a inspeccionar. Declaró sin lugar la medida de decaimiento de la
privación de libertad a pesar de tener 4 años 5 meses sin juicio. Solicitamos
una medida cautelar que negó, así como el traslado a la cárcel militar de Ramo
Verde”.
A eso hay que agregarle que
“no acepta la decisión del Grupo de
Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU solicitando su libertad, que es un
procedimiento especial que deben cumplir los países integrantes de la ONU”.
El régimen venezolano obvia que De La Sotta tiene medidas cautelares de la CIDH desde el 2018 para que se le garantice su salud, pero nunca las han cumplido.
Huelga de hambre en Boleíta
Lejos de sus hijos, recluido en los inmundos sótanos de la DGCIM en
Boleíta, con una brillante carrera militar destruida y con los sueños rotos de
una revolución en la que creyó, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro no se
entrega y no se resigna, lo que causa mayor ira entre sus carceleros, porque el
joven oficial es un líder, que ni los 4 años y casi nueve meses encarcelado lo
quiebran.
Hace casi un año Marín se declaró en huelga de hambre, que levantó en
el marco de algunos acuerdos que el régimen venezolano prometió y que
finalmente no ha cumplido.
Nuevamente inició huelga de hambre “para exigir respeto a sus derechos
básicos y el traslado a la cárcel de Ramo Verde, como lo ordenó un tribunal.
Golpizas, aislamiento, negación de asistencia médica y de alimentos,
además de violencia psicológica, son algunas de las situaciones que ha vivido
el militar dentro de la Dgcim”, dice su familia.
En diciembre de 2020 fue condenado a siete años y seis meses de
cárcel, y esta es su segunda huelga de hambre desde que fue detenido el 2 de
marzo de 2018.
Con esta acción el teniente coronel Igbert Marín Chaparro exige que
se le respeten sus derechos mínimos, su traslado a otro centro de reclusión y
la liberación de todos los presos políticos en el país.
Marín pertenece al grupo de los militares a quienes el régimen
venezolano más teme y por ello se niega a enviarlo a la cárcel militar de Ramo
Verde. El trato cruel que ha recibido ha dejado secuelas en el oficial.
Marín, es el militar que ha obtenido el mayor promedio de
calificaciones como cadete en la historia de la Academia Militar del Ejército
Bolivariano. Tiene medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta el momento no han sido tomadas
en cuenta por el Estado venezolano.
Igbert Marín solicitó que se incluya con carácter prioritario en la
agenda del diálogo, el cese a la violación de los derechos humanos y la
liberación de los presos políticos.
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