El director general de la ONG FundaRedes, detenido el viernes pasado, había revelado una imagen que prueba la relación de importantes funcionarios venezolanos con altos mandos de la guerrilla.
Sebastiana Barráez/ domingo 4 de julio 2021
@SebastianaB
El 30 de junio 2021, el profesor Javier Tarazona, director general de la ong FundaRedes, acudió ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue “la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela, tanto militares como civiles”, con altos mandos de la guerrilla. Se desató la furia del alto gobierno en Venezuela, donde hay gran cantidad de líderes de la revolución bolivariana con trato personal, económico y sentimental con los grupos irregulares. Un día después, Tarazona junto a dos activistas de la ONG fueron detenidos por el SEBIN, ayer fueron presentados a un Tribunal de Terrorismo que los imputó por “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria” y los envió a la antigua cárcel La Planta.
Los cuerpos de Inteligencia fueron sustentando un
expediente contra el coordinador de Fundaredes desde hace meses. Lo seguían, lo
grababan, monitoreaban a los miembros de la organización y a los familiares de
Tarazona; no encontraban nada, porque él actuaba públicamente, incluso fue a la
Fiscalía de San Cristóbal hace unos días para averiguar sobre las denuncias
hechas y que ahí fingían procesar, diariamente asistía a la oficina de
Fundaredes y con frecuencia iba a tomar café a varias panaderías. La denuncia
contra uno de los hombres más poderosos en la sombra del chavismo hizo estallar
la furia y ordenaron detenerlo, lo que hicieron junto a su hermano y dos
activistas.
Mientras miles de personas en Venezuela y en el
exterior manifestaban incertidumbre y exigían saber el destino de los
detenidos, los funcionarios del Gobierno, incluyendo la Fiscalía, hizo
silencio. Horas después, una página web que el régimen venezolano usa para
posicionar matrices de opinión en el chavismo, y a quien le dio en el 2016 el Premio
Nacional de Periodismo, publicó que “la aprehensión del propagandista de la
derecha uribista colombiana, Javier Tarazona, que actúa en Venezuela a través
de entidad paraestatal Fundaredes, fue consecuencia de una investigación penal
de la fiscalía 94°, con competencia nacional, por el delito de instigación al
odio”.
La publicación agrega “Tarazona, quien reside en
Táchira, había permanecido los últimos meses en el Norte de Santander. Pero el
miércoles, tras el anuncio de la visita a Bogotá del director de la CIA,
William Burns, retornó a territorio venezolano, lo que alertó a los servicios
de inteligencia local”.
Esa versión retorcida del medio LaTabla busca, como lo
hace con todo a quien el régimen considera enemigos, relacionar al defensor de
derechos humanos con pagos de agencias de inteligencia norteamericana, con el
expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y otros funcionarios. Miente el
medio porque es notorio, público y comunicacional que Tarazona sostuvo
reuniones casi a diario en San Cristóbal, capital del Táchira, con diversas
organizaciones. “Él dejó de ir a Colombia porque desde hace tiempo solo se
puede pasar la frontera a través de las trochas, que están controladas por el
ELN, imagínate el peligro que eso significa. Es falso, él estuvo todo el tiempo
aquí”, le dice a Infobae un miembro de FundaRedes Táchira.
Un activista auténtico
José Javier Tarazona
Sánchez es un destacado profesor de universidades en Venezuela, Chile y
Colombia, con posgrados y doctorado. Dentro de 17 días, el 21 de julio,
cumplirá 39 años seguramente tras las rejas de la cárcel La Planta, a dónde fue
enviado por el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, a
cargo de la juez Luisa René Garrido Traspalacios. Tarazona, quien vive con su
mamá, no está casado actualmente, aunque lo estuvo en el pasado con Edixa Rico,
madre del hijo adolescente de Tarazona.
Ella destacó que Tarazona padece problemas de hipertensión, cardiacos y
gastrointestinales, y solicitó que le dejen pasar sus medicinas. “Lo que hace
Javier no es un delito. Lo único que ha hecho es defender los derechos humanos,
trabajar en pro de un país y de todo el estado Táchira", manifestó Rico.
¿Por qué esa denuncia se convirtió principalmente en
sensible? Porque fue una denuncia directa contra uno de los hombres más
poderosos que ha tenido la revolución bolivariana, el silencioso capitán de navío
Ramón Emilio Rodríguez
Chacín, ex ministro del Interior y exgobernador del estado Guárico.
En la fotografía aparecen
sentados alrededor de una mesa, que preside Rodríguez Chacín y junto a él su
esposa Carola, los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional
(ELN): Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, quien hasta hace unos días fue
el máximo jefe e integrante del Comando
Central del ELN (COCE-ELN); Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García, quien
ahora es el máximo jefe de la organización guerrillera; e Israel Ramírez Pineda
alias Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN.
La detención de Javier
Tarazona, de su hermano Rafael Tarazona y del jefe de Fundaredes en el estado
Falcón, abogado Omar De Dios García, es una respuesta feroz contra la
organización por develar una prueba determinante no solo de la presencia de la
guerrilla colombiana en territorio venezolano, pero además se convierte en un
acto ejemplarizante contra quienes se atrevan a señalar la presencia de los
grupos guerrilleros en territorio venezolano, lo que no solo es una realidad
sino que cada día representa el peligro de la fragmentación del territorio
venezolano a manos de irregulares, el acceso al poderoso armamento militar y
una amenaza para el continente.
La Fiscalía
La solicitud que hizo Tarazona ante el Ministerio
Público no puede ser ignorada, aunque se pretenda burlar con su detención,
precisamente cuando se encontraba en la sede de la Fiscalía Superior en Coro,
capital del estado Falcón, donde fue a denunciar que él y su equipo de
activistas estaban siendo hostigado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia
(SEBIN).
Aunque varios abogados se han autonombrado como los defensores
legales de Tarazona, su hermano y García, los abogados de FundaRedes son Luis
Useche, gerente jurídico y Clara Ramírez, gerente de derechos humanos y
documentación, quienes se encontraban acompañando al grupo de activistas en
Falcón.
Es importante destacar que Tarazona Sánchez, cuando se
presentó ante el Ministerio Público a solicitar la investigación de personeros
de la revolución con la guerrilla colombiana de FARC y ELN, también lo hizo
contra el alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero alias
Chema, a quien señaló como integrante de la organización armada venezolana
Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional que ahora se hacen llamar Fuerzas
Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN).
Además de pedir determinar la relación de Ramón Rodríguez Chacín y su esposa Carola de Rodríguez, con los cabecillas del COCE-ELN, solicitó que se investigue la participación de los esposos Rodríguez Chacín en las casas de resguardo de la guerrilla: quinta El Vendaval y Hato Guayabal, en el estado Barinas.
Agregó “le pedimos al Ministerio Público que se informe cual es la relación que existe entre la Agropecuaria Don Pío, registro agropecuario que está a nombre de Ramón Rodríguez Chacín, y las operaciones de los grupos armados irregulares en territorio nacional”. También la relación entre la empresa Blindaje Seguridad y Protección C.A. y miles de armas que se han denunciado ante el Ministerio Público como desaparecidas.
Por otra parte, “hoy estamos denunciando la participación de José María Romero alias Chema del municipio Páez del estado Apure, en la operación de la Segunda Marquetalia, y de la actuación de las FARC y del ELN en Venezuela, ya que este hombre es cabecilla de las FBL, organización guerrillera venezolana que opera ampliamente en Apure y otras regiones a través de la Corriente Bolívar y Zamora”.
Aseveró que es necesario investigar “por qué razón la
alcaldía del municipio Páez en el estado Apure es utilizada como epicentro de
operaciones con cabecillas del ELN y de las FARC”.
Y finalizó diciendo que “frente a la retirada de alias
Gabino de la comandancia del ELN hace una semana, se debe indagar si este
cambio va a limitar la operación de pistas clandestinas, laboratorios y
presencia en 21 entidades del país de los grupos guerrilleros o por el
contrario representa una profundización de las actividades ilícitas”.
Discreto y peligroso
Así describe a Rodríguez Chacín un hombre que también
fue parte del Gobierno de Hugo Chávez y que habló con Infobae. “El presidente
Chávez decía que Ramón era como ‘un perro leal’ y así se comportó con él. Es
profundamente desconfiado, no vacila si se siente en peligro y eso lo hace muy
peligroso. Así también te digo que se restea con los amigos, eso se lo ha
facilitado que no tiene compromiso ideológico, ayer era el más feroz
antiguerrillero y hoy es amigo de la guerrilla. No sé si eso explica cómo es
él. Se ve a sí mismo como un rambo. ¿Su debilidad? Aunque sé que te parecerá
raro, pero su debilidad no son sus hijos, es su esposa Carola Martínez de
Rodríguez”.
Antes del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra
el presidente Carlos Andrés Pérez, Rodríguez Chacín fue integrante del Comando
Específico José Antonio Páez (CEJAP) una unidad militar antiguerrilla, que tuvo
varios éxitos, pero también fue denunciada por masacres como El Amparo y Los
Amparitos.
Él siempre tuvo atracción principal por
la Inteligencia policial, no es casual que hiciera estudios en Seguridad y
Defensa Nacional, incluso haya obtenido un doctorado en Ciencias Políticas,
según la página Poderopedia. Hizo sus propias redes de inteligencia que reforzó
cuando Chávez lo designo como Ministro del Interior, en enero del año 2002. Sin
explicaciones salió del cargo, pero se mantuvo como un recurso que el entonces
presidente de la República usaba para trabajos policiales delicados que
requerían discreción, como la negociación con las FARC en la Operación Emmanuel
que llevó a la liberación del hijo que Clara Leticia Rojas González tuvo en
cautiverio cuando estaba secuestrada junto con la excandidata presidencial de
Colombia Ingrid Betancourt; el secuestro duró ocho años.
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