52 representantes indígenas dijeron que los efectivos de la Aviación "mancharon su uniforme" y denunciaron "el uso ventajoso y de superioridad bélica por las armas del Estado"
Sebastiana Barráez/ lunes 28 de marzo 2022
@SebastianaB
La inocultable y brutal masacre de cuatro yanomamis por parte de soldados venezolanos ha causado el repudio (Sebastiana Sin Secretos: Armas de fuego contra arcos y flechas en Venezuela: a los yanomamis los mataron por el oro de sus territorios) nacional e internacional cuando los arcos y las flechas de los indígenas se enfrentaron a las armas de fuego de los militares de la Aviación ubicados en la Base Fronteriza de Parimabe, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas. El reporte del CICPC, expediente K-22-0256-00108, da cuenta que incautaron cuatro conchas o casquillos calibre 9mm, un arma marca Beretta 92F, además unas 70 conchas o casquillo de fusil AK103 calibre 7,62 mm.
Identifican a los cuatro
indígenas muertos: EGS (23 años), JB (33), CSG y MG (48).
El Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) destaca la Comisión
multidisciplinaria conformada por el General de Brigada (Av) Francisco Zapata,
comandante de la base Aérea José Antonio Páez; por el Servicio de Medicina Forense
(Senamecf) el doctor Amaury Gutiérrez; Paola Matarán por el Ministerio Publico;
y Comisario Alí Pérez del CICPC Delegación Municipal Puerto Ayacucho. Ellos se
trasladaron vía aérea desde la capital de Amazonas hacia el lugar de los
hechos.
“De las primeras
investigaciones se pudo conocer que el cacique Sabino Silva y varios miembros
de la Comunidad Yanomamis, sostuvieron una fuerte discusión con los
funcionarios de la Aviación por motivos aún por determinar, esgrimiendo de
ambas partes armas de fuego, escopetas, arcos y flechas, con el resultado ya
conocido de heridos y fallecidos”.
“El equipo multidisciplinario pernoctará en la Base la Esmeralda de las FANB el día de hoy (22 de marzo) y arribarán el día de mañana a la Ciudad de Puerto Ayacucho. Se deja constancia que las comunicaciones y señal celular son nulas en las Comunidades indígenas por lo que al tener más información se notificará a la Superioridad”.
Indígenas heridos:
- El yanomami BS (16 años), herido por arma de fuego en la región del húmero del brazo izquierdo con fractura expuesta y en la pierna derecha.
- Sabino Silva, Cacique de la comunidad yanomami: heridas por arma de fuego, una rasante en la región parietal derecha y otra en la mano derecha.
- Gary García Borguez, esposa del Cacique Sabino: herida por arma de fuego en la mano derecha
Militares heridos:
- 1er Teniente (Av) Christopher Jesús Bolívar Pino (38 años): heridas por arma de fuego en el abdomen (entrada), en intercostal izquierdo (salida), en la región axilar (entrada) y en región del omoplato (salida).
- 1er Teniente (Av) Eduar José Evans Seijas (25 años): herida por arma de fuego en el abdomen.
- Soldado (Av) Jefferson Jesús Sebastián Garrido Urión: herida por arma de fuego en el abdomen.
Después que los indígenas
permitieron el traslado de los heridos desde el lugar de los hechos hasta el
hospital, ha continuado el cerco que los yanomamis tienen alrededor de la Base
Fronteriza Parimabe.
La Fiscal entrevista a los funcionarios militares involucrados en el hecho, en la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), lo que causa molestia entre los indígenas que consideran poca transparencia del Ministerio Público hacer los interrogatorios en la sede militar, siendo los soldados de la Aviación los causantes del asesinato de los yanomami.
Lo primero que enfatizan
es que los cuatro yanomamis “fueron vilmente masacrados por miembros de la
Fuerza Armada Nacional, acantonadas en las tierras ancestrales de los Yanomami
y Ye´kwana”.
“Una vez más, uno de los
componentes de las Fuerza Armada de Venezuela, ha manchado su uniforme con el
asesinato de cuatro (4) miembros del pueblo Yanomami, incluyendo una mujer, así
mismo resultaron varios heridos; esta masacre fue perpetrada con uso ventajoso
y de superioridad bélica por las armas del Estado, atentando contra la
integridad física del pueblo indígena que ha sido guardián ancestral del
territorio y garante de la soberanía nacional en la Amazonia venezolana”.
“El lamentable aniquilamiento
de las victimas ocurre por motivos innobles y fútiles, debido al reclamo por
parte de la Comunidad a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que les
devolviesen el enrutador para la conexión inalámbrica porque requerían
conectarse al internet que es un derecho humano garantizado por la ONU
(A/HRC/32/L.20), los militares rehusaron a devolver el dispositivo que les
había prestado la comunidad yanomami violando de este modo sus derechos
humanos, y un atentado contra la libertad de expresión y la información libre”.
Condenan y rechazan las
actuaciones de los funcionarios militares “responsables de esta masacre. Exigimos
al Gobierno Nacional se imparta justicia, esclarecimiento de los hechos y
castigo a los responsables de estos crímenes. Así como la aplicación de los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas, establecidos en el marco
normativo nacional e internacional suscrito por Venezuela”.
Enfatizaron que condenan “el asesinato y el femicidio perpetrado contra una mujer indígena por funcionarios encargados de garantizar la seguridad territorial y fronteriza, violentando el derecho humano a la vida, en especial los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, que en ejercicio de su libre determinación viven en condiciones de aislamiento voluntario o contacto inicial”.
Piden comprender que “están
en territorio indígena donde se aplica la justicia propia yanomami; estas
formas de justicia yanomami es lo que ha mantenido el equilibrio, la armonía y
la convivencia en dicho espacio”.
“Rechazamos las acciones
xenofóbicas, discriminación racial y de género que trae como consecuencia el
geno-etnocidio de un pueblo originario que ha mantenido y preservado
milenariamente con su sabiduría el equilibrio ecológico de la amazonia
venezolana. Esto enarbola al pueblo indígena yanomami como portador de
conocimientos y practicas considerados patrimonios culturales material e
inmaterial del país y de la humanidad”.
Alertaron a los
organismos garantes de los derechos humanos de los pueblos indígenas
fundamentales, “sobre los reiterados ataques brutales a miembros del pueblo
Yanomami, así como de otros pueblos indígenas”, a la vez que recordaron la masacre
en Haximu, que hace 30 años cometieron garimpeiros brasileros contra los
Yanomami. También “los hechos cometidos por un comando de la DGCIM a un grupo
de hermanos Pemón en Canaima, Gran Sabana, estado Bolívar, en diciembre 2018,
donde murió un hermano pemón”.
Los firmantes dicen que los
continuos hechos de violencia “evidencian una sistemática violación a los
derechos humanos fundamentales y como pueblos indígenas, ocasionados por
actuaciones de autoridades civiles y militares ubicados en los hábitats y
territorios de nuestros pueblos indígenas”.
Proponen exigir y asumir
“ante nuestros Pueblos Indígenas, autoridades civiles y militares, ante la
opinión pública nacional e internacional que lo ocurrido en Parima B, con el
saldo de 4 hermanos Yanomami ajusticiados es una responsabilidad del Estado bolivariano
y socialista, y quienes actuaron a su nombre con las armas de la República en
contra de una población indefensa de manera desproporcionada por lo que deben
ser procesados y condenados”.
También la revisión del
papel de la FANB, de las autoridades civiles y policiales, “situadas en los
territorios indígenas haciendo uso desproporcionado y desmedido de la fuerza
pública que se opone totalmente a las formas pacíficas de resolución de
conflictos de los pueblos indígenas en sus tierras y hábitats tradicionales”.
Finalmente solicitan la revisión
exhaustiva para determinar si la llamada unidad cívico militar está siendo
aplicada efectivamente en los territorios indígenas, según el espíritu y
mandato de Hugo Chávez.
Piden
que la Fiscalía General de la República y demás órganos auxiliares de justicia,
inicien una “investigación objetiva en cuanto a este suceso y a otros estos
hechos de violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas”.
Consideran que el
reciente caso donde murieron los cuatro yanonamis así como otros ocurridos en
territorios indígenas, “deben ser conocidos por la Jurisdicción Indígena,
pendientes por la aplicación de justicia, y no sean desviados a la Jurisdicción
Militar, como ya ha ocurrido en otros casos, que terminan en un limbo judicial,
donde la verdad de los más vulnerables es opacada por la verdad procesal”.
Recomiendan la instalación
de mesas de trabajos permanentes y de dialogo para resolver los conflictos
existentes actualmente en territorios indígenas a la vez que se implemente programas
de formación y capacitación de los funcionarios públicos civiles o militares
que laboren en hábitat y tierras indígenas, en actividades o instituciones
relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, para el conocimiento y
respeto de sus derechos, culturas, usos y costumbres.
Instan a que los
funcionarios, desde Nicolás Maduro Moros, incluyendo diputados nacionales y regionales,
concejales y demás voceros indígenas electos por votación popular, así como organizaciones
e Institucionalidad indígena “a realizar un pronunciamiento contundente y
unitario, condenando esta nueva agresión, funesta y trágica que enluta a
nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas”.
Advierten “a la mediática
de la derecha y sus voceros políticos nacionales e internacionales, a no usar y
tergiversar lo que expresamos como un ataque al Gobierno, al proceso
revolucionario y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas”, para solicitar finalmente
que lo que solicitan “es justicia, activar los mecanismos necesarios para
extirpar el cáncer de la Impunidad, el clasismo y el racismo que persiste
dentro de las instituciones de Nuestro Estado Bolivariano, cuyos males operan
en Territorios Indígenas”.
El documento lo
suscriben: Orpia, Upciaven, AC de Mujeres Emprendedoras Bare, AC Temendawi, Red
de Defensores de DDHH derechos indígenas y derechos de la Naturaleza, Comité
Indígena Puerto Samariapo, Escuela de Idioma Indígena Bare, Redsur, Comité de
Derechos Humanos de la Guajira, Fundación de Asistencia Global Indígena, Orindeiwa,
Movimiento de unidad Wayuu Añu Wakuaipa de Río Negro, Organización Wayuuwaka, Fundawaleker,
Asociación Indígena del Arte Wayuu Jalianaya, Organización Chaima Sucre, Organización
Autónoma de Putchipuu de la Guajira, Organización Binacional de Mujeres Wayuu, Fundación
Lumaa, Movimiento Indígena de Guayana.
También por los Bare:
Menca Yacame, Rosa Petit, Yarit Rodríguez, Nieves Azuaje, Silvestra González y Mirleny
Guerrero. Por Baniva: Olga Melguero, Nieves López, Belkis Bueno, Diana Frontado
y Miguel Avaristo. Wayúu: Luz Fernández, José David González, Rusbel Palmar, Tawanui
Guillen, Esmérita González, Librada Pocaterra, Emelindro Fernández, Karin
Herrera, Adolfo Caldera, Yan Josué Palmar Barroso, José Manuel Larreal, Delia
González, Esmérita González, Silvia Viloria, Mileila Viloria y Luis Emiro
Beltrán Pulgar. Kariña: Tito Poyo y José Poyo. Chaima: Ángel Vargas, Isnardy
Méndez Coa y Arquímedes Velásquez.
Hasta cuando van los militares a cumplor los principios que tanto pregonan, se han convertido en delincuentes.
ResponderBorrar