Una mujer denunció cómo funcionarios de Inteligencia la torturaron y la presionaron a firmar pruebas falsas contra un juez

 

María Lourdes Ojeda González detalló que la golpearon, le colocaron una bolsa en la cabeza y amenazaron a su hijo. "Me dejaron secuestrada durante seis días", afirmó

Sebastiana Barráez/ domingo 25 de septiembre 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Beigary Gridmeida Olivares Silva la mujer que denunció a los DGCIM que negociaron la gandola de chatarra

Dos mujeres, una en el estado Falcón y otra en el estado Carabobo, denunciaron a funcionarios de la DGCIM por procedimientos que van desde el abuso de autoridad, violación de derechos humanos y tortura. Esas denuncias responden al patrón establecido en Venezuela, en los últimos años, y que entre otras cosas contempla la actuación de funcionarios aplicando un modus operandi que se repite en muchos casos: actas de investigación amañadas, confesiones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, entre otros.

Hace unos días una mujer identificada como María Lourdes Ojeda González se presentó ante la Defensoría del Pueblo en Valencia, estado Carabobo, para rendir testimonio “sobre una prueba anticipada, en una audiencia preliminar en San Fernando de Apure” en febrero del presente año, correspondiente al Tribunal Primero de Control, expediente 1C-2289421, cuyos imputados son el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez y el abogado Juan Carlos Guillén Rosales.

Ojeda manifestó que se presentaba como testigo y narró que era amiga y empleada de María de Los Ángeles Silva, esposa de Reyes Gabriel Hernández, motivo por el cual fue víctima de maltrato, violación de sus derechos y violencia psicológica por funcionarios de la Dgcim.

La DGCIM es señalada por violación de DDHH

Explicó que ella acompañaba a su amiga, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando llevaba los insumos médicos y alimentos a su esposo. “El abogado que lo asistió (a Reyes Gabriel El Finquero) durante los tres años que estuvo preso, le entregó todos los papeles a María de Los Ángeles, porque no se quería trasladar hasta Apure para la audiencia donde recibiría la medida de casa por cárcel. Ella le entrega posteriormente los papeles al abogado Juan Carlos Guillén”.

“Estuve con María en noviembre y nos trasladamos hasta Apure para recibir a Reyes en el apartamento. Aproximadamente en la segunda semana de diciembre 2021, María de Los Ángeles me trae a Valencia y se regresa inmediatamente para Apure para la celebración de la audiencia de su esposo”.

Dice Ojeda González que, el 17 de diciembre 2021, cuando se encontraba trabajando en la farmacia, se presentaron unos funcionarios de Dgcim, que de manera grosera y abrupta nos llevaron, al personal, a rendir declaración en la sede de la Dgcim Valencia en El Trigal”.

Juez Carlos Jaimes y abogado Juan Carlos Guillén

Después de tomarles declaraciones a los cuatro, dejaron a tres en libertad y solo quedó detenida María Lourdes Ojeda González, quien relata que “comienzan a presionarme para que diga dónde se encontraba Reyes Gabriel y su esposa María, de lo cual no tenía información, porque la última vez que la vi fue cuando me trajo a Valencia”.

“Como no aportaba información y desconocía qué había pasado, dos me empezaron a golpear, me colocaron bolsa en la cabeza, me esposaron, me dieron cachetadas (bofetones) y palabras ofensivas. Me dijeron que si no colaboraba, perjudicarían a mi hijo, amenazando a mi familia. Me dejaron secuestrada durante seis días”.

Dice que luego la llevaron a la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas, para seguir interrogándola y firmar, bajo presión, unos documentos donde se expresan situaciones que no son reales: se afirma que el abogado Guillén y el juez Carlos Jaimes visitaban en horas de la noche el apartamento donde estaba residenciado Reyes Gabriel y estos presuntamente recibían cantidades de dinero”.

“Quiero dejar constancia que eso es totalmente falso, porque en los días que estuve en Apure acompañando a María de Los Ángeles, jamás vi tal situación. Todo esto vivido me ha causado un gran trauma y he tenido que buscar ayuda psicológica para superarlo”, dice para finalizar solicitando medidas de protección para ella y su familia.

Presos y destituidos

Una joven mujer, quien se identificó como Beigary Gridmeida Olivares Silva, denunció a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que pretendieron extorsionarla por una gandola de chatarra. La gandola la trasladan hasta el municipio Los Taques del estado Falcón, donde habría estado guardada en casa del exalcalde de dicho municipio, José David Falcón.

Lo inaudito es que el ex burgomaestre habría vendido el producto, con la aprobación del Vicealmirante Irwing Raúl Pucci Espín quien salió del cargo recientemente.

Como consecuencia de la denuncia, se desplaza desde Caracas hacia el estado Falcón una Comisión de Asuntos Especiales. Son detenidos el comisario Argenis Gregorio Linares, al inspector Johan Sandoval, al subinspector Fredy González:  a Kener Antonio Sotillo, funcionario antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); a los agentes Marcos, Argenis González y Omar Machado.

La Defensoría del Pueblo recibió la denuncia contra funcionarios de DGCIM

También fue detenido el exalcalde José David Falcón: cambiaron de cargos al vicealmirante de la ZODI, Pucci Espín, y al coronel Vigil Sabino de la PNB.

La Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, plasmó en su reciente informe sobre Venezuela que siguen preocupados “por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo: Actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia del Estado, en consonancia con los patrones identificados anteriormente y condiciones de detención que equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas opositoras reales o percibidas como tales y sus familias u otras personas relacionadas con ellas, incluidas las personas indígenas”.

La denuncia se presentó ante la oficina de Atención a la Víctima en Falcón

Agregando el informe que “según exempleados y detenidos de la DGCIM, los funcionarios de la DGCIM asaltaban rutinariamente las propiedades de los objetivos para robar dinero y otros objetos de valor. Varios detenidos también fueron extorsionados durante los interrogatorios, incluso para transferir grandes sumas de dinero a los funcionarios de la DGCIM”. 

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