El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ha visibilizado el caso que se mantenía en el silencio. Familiares cuentan que encarcelaron "porque suponían que iban a hacer algo contra el Gobierno, pero sin pruebas ni nada"
Sebastiana Barráez/ domingo 30 de mayo 2021
@SebastianaB
Tortura, ultraje, denegación de justicia y violación al debido proceso; así se resume el caso Honor y Gloria, de diez entre policías y militares, de los cuales siete están en la cárcel de El Rodeo III, uno en el Rodeo II y uno en Ramo Verde; la mayoría son de los estados Sucre y Anzoátegui. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ha visibilizado el caso que se mantenía en el silencio. Familiares cuentan que “los meten presos porque suponían que iban hacer algo contra el Gobierno, pero sin pruebas ni nada”.
Revela el ONDDHH
que “fueron llevados a una sede judicial para imponerles la acusación por su
presunta participación en el caso Honor y Gloria, coaccionados a admitir los
hechos so pena de ser condenados a 30 años de prisión si este caso era llevado
a juicio”.
Si admitían los hechos les ofrecían "condenarlos en esa misma audiencia a 17 años de prisión. Ante la negativa, fue admitida en su totalidad la acusación ratificando la medida de privación de libertad".
La Juez del Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, es Hilda Rosa Villanueva Peralta. Entre los fiscales que han estado involucrados en el caso Honor y Gloria están: Elin Teodoro León Aguilar, Dinora Bustamantee Puerta y Farik Kain Mora Salcedo, entre los defensores públicos Marjorie Maily Maggiolo Díaz y Chiriannys Pacheco.
Jorge Rodriguez
Fueron señalados, por el entonces ministro Jorge Rodríguez, de pretender, el 15 de diciembre 2019, el asalto a dos unidades militares, la Base Gran Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional Nr. 53, cumpliendo órdenes de Voluntad Popular, específicamente de Leopoldo López, Juan Guaidó, Yanet Fermín y del diputado Fernando Orozco, “quien reclutó a dos policías del estado Sucre: Sixto Salamanca y José Miguel Yeguez”, y se reúne con Josnars Adolfo Baduel Oyoque, dijo el alto funcionario y hoy presidente de la Asamblea Nacional chavista.
Por el caso que el
régimen venezolano llama Honor y Gloria hay 10 detenidos, entre militares y
policías: Alexi Jiménez, Deivis Malavé, Justo Salamanca, César Mayora, José
Yeguez, Marcos Fuente, Luis Lira, Juan Carlos Macualo, Jesús Castro y Víctor
Rodríguez.
Terrorismo y conspiración
A José Miguel
Yeguez, detenido el 13 de diciembre del 2019, en su residencia, sin ninguna
orden de aprehensión, en Cumaná, estado Sucre, “lo acusan de terrorismo y
conspiración. Lo fueron a buscar a la casa a la una de la madrugada, con la
excusa de que el jefe lo mando a buscar para un trabajo, y esa misma noche, lo
trasladaron, junto con Sixto Salamanca para la sede de la DGCIM en Boleíta de Caracas”,
relata a Infobae su esposa.
“Horas después de
la captura aparecieron unos videos con sus declaraciones. Ahí fue donde nos
enteramos de qué los acusaban”, dice en alusión a la rueda de prensa que Jorge
Rodríguez da el 14 de diciembre, donde presenta el video de la reunión.
A Yeguez quien lo
busca en su casa es la Policía Estadal. “Una hora después se presentó una
unidad de la DGCIM a la casa, sin ninguna orden, se llevaron la computadora y
una laptop escolar, entre otras cosas”. Su primera presentación ante el
Tribunal fue el 16 de diciembre de 2019 y su abogado es su hermano.
Fue presentado
para el Acto Conclusivo el 30 de enero del 2020. El 3 de marzo 2020 es la fecha
de la audiencia preliminar. Los fiscales son Dinora Bustamante, Fiscal (83 Nacional),
Dr. Farik Karin Mora Salcedo Fiscal (67 Nacional). Juez: Helen Villanueva.
Yeguez trabajaba
en la policía Estadal desde el año 2008. “En el momento de su detención era el
encargado de la cocina, Jefe de cocina. Comparte celda con Alexis Jiménez,
Sixto Salamanca y otros”. Estuvo un año detenido en la DGCIM y luego es
trasladado a la cárcel el Rodeo III, donde está atravesando problemas gástricos
e insomnio.
Bajo engaño
Marcos de Jesús
Fuentes González, apenas tenía apenas un año de graduado cuando unos compañeros
de trabajo lo van a buscar en su casa de habitación en el estado Sucre. “Él no
se encontraba en ese momento; lo hallaron al frente de la casa de su suegra y
le dijeron que debía presentarse ante su jefe. Así se va con ellos y esa noche
llamaron para decirnos que estaba detenido”, relata un familiar a Infobae.
Cuando su mamá va
al Comando “la información que le dieron es que eso está en proceso de
averiguación. Su mamá regresa al día siguiente y le informaron que a Marcos lo
habían trasladado a la DGCIM en Caracas. Y también detuvieron a un compañero de
él llamado Deivis”.
Deivis Malavé Ruiz
es funcionario del estado Sucre. Al mediodía del 15 de diciembre 2019, mientras
disfrutaba de ese fin de semana libre, una comisión policial fue a buscarlo a
su residencia “para un cambio de guardia”, le dijeron y se lo llevaron bajo
engaño hasta que se enteró después que estaba detenido.
Al día siguiente
lo trasladaron para la DGCIM Caracas. “Pasó un mes sin que su familia supiera
nada de él. Nadie daba razón. El 15 de enero 2020 le permitieron hacer una
llamada y así se sabe que lo tienen en la DGCIM de Boleíta”, le dice a Infobae
un familiar.
A Malavé lo
señalaron de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. “Hoy
en día ni la preliminar le han hecho, porque siempre la difieren. Hace 10
meses lo trasladaron para el Rodeo III”.
La familia de
Malavé es humilde y la situación se agudizó cuando a él lo detuvieron porque al
detenerlo le congelaron el sueldo. “Aquí en Cumaná no hubo ningún intento de
tumbar al gobierno. Ese fin de semana Deivis se quedó en la casa sin salir. En
el allanamiento no lo encontraron ni con
arma”. Lo único que sus familiares exigen al Ministerio Público es que hagan la
audiencia.
Detenido en Apure
Juan Carlos
Macualo Orozco, funcionario de la Policía del municipio Páez del estado Apure fue
detenido en Guasdualito, el 16 de diciembre 2019, por funcionarios de la DGCIM,
resalta el ONDDHH. Al día siguiente lo trasladan a la DGCIM Caracas.
“Ahí estuvo durante cuatro meses y medio”. “Cuando llega a la DGCIM le hicieron saber que lo estaban involucrando en un suceso que iba a ocurrir en el estado Sucre. Cuando lo detienen, no hubo una orden, solo le enseñaron una foto”, destaca su esposa.
“Quince días
después de haberlo llevado a Caracas lo presentan en un supuesto tribunal, un
domingo, a las dos de la tarde y le dicen que está detenido por terrorismo. Él
me dijo que uno de los comandantes de la DGCIM le dio que sabían que él no
tenía nada que ver, pero que hasta que el Gobierno decidiera iba a seguir
preso. Cuatro meses y medio después, en abril 2020, lo trasladaron a la cárcel
El Rodeo III, junto con el caso de los pemones, sin notificar a los abogados o
a la familia”.
Por consanguinidad
El Sargento
Primero (GNB) Víctor Ignacio Rodríguez fue detenido por funcionarios de la
DGCIM el 12 de diciembre del 2019 en el estado Barinas. Durante su traslado y
ya estando en la sede de la DGCIM, Boleíta, sufrió torturas y tratos crueles.
Lo presentaron
ante tribunales el 22 de diciembre 2019, acusado por terrorismo y conspiración.
El 27 de abril del 2020 fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, sin
notificación a sus abogados ni familiares, violando sus derechos y el debido
proceso.
Según relata su
familia, Rodríguez Romero estaba destacado en el regimiento Guardia del Pueblo
en el municipio Barinas, estado Barinas, Comando de Zona 33. El 12 de diciembre
2019 el general del comando lo llama para una entrevista. “Cuando Víctor llega
el General estaba con funcionarios de la DGCIM, quienes le preguntaron en ‘qué
estaba metido’. Su respuesta fue que en nada, preguntando qué pasaba. La
respuesta de los funcionarios es que hay un video de su hermano hablando en
contra del Gobierno. ‘¿Qué tengo yo que ver con lo que haga mi hermano?’, fue
su respuesta, pero igual se lo llevaron”.
Agrega que “su
otro hermano es funcionario retirado, está fuera del país y tiene orden de
detención. Pero Víctor no es responsable de eso y aun así se lo llevan a la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Valencia, estado
Carabobo, donde recibe golpes y maltratos para que delate el paradero de su
hermano advirtiéndole que si no pagaría por él”.
El 17 de diciembre
2019 llevan a Víctor Ignacio a la DGCIM de Caracas, donde es torturado y estuvo
ahí casi cuatro meses hasta que el 27 de abril 2020 lo trasladan a Ramo Verde,
sin que su familia ni defensa supieran dónde estaba. El 22 de diciembre 2019 lo
acusaron de terrorismo y conspiración. Hasta ahora ha pasado un año y cinco
meses sin que le hayan realizado la audiencia preliminar.
Fue por WhatsApp
El Observatorio
Nacional de Derechos Humanos resalta que el oficial agregado Alexis Rafael
Jiménez Jiménez, oficial agregado de la Policía de Sucre, está detenido sin
ninguna prueba, violando sus derechos civiles y políticos. Fue detenido por la
DGCIM el 15 de diciembre 2019.
Familiares de
Jiménez relataron a Infobae que a él se lo llevaron de su casa en Cumaná,
estado Sucre, “sin ninguna orden y sin explicarle el porqué. Solo le dijeron
que lo mandó a llamar su comandante, lo que era extraño porque se encontraba de
vacaciones”.
Lo están acusando
de terrorismo, asociación y conspiración política y está recluido en la cárcel
El Rodeo III, estado Miranda. “Las audiencias nada que se dan, con la excusa de
la pandemia”.
El argumento que
le dieron a Jiménez Jiménez es participar en un chat vía WhatsApp. “Eso es
absurdo, porque él ni siquiera tenía teléfono inteligente. Cuando lo detienen
le dijeron que quería tomar el cuartel y el comando de la Guardia para
arremeter contra el Presidente”.
Estaban de servicio
La última vez que
la hermana de Luis Eduardo Lira pudo verlo fue en febrero 2020, antes de
aparecer la pandemia, porque no ha podido viajar hasta la cárcel de El Rodeo,
pues vive a más de 12 horas en autobús del lugar.
“Las condiciones
para hacerle llegar algo de comida son fuertes y difíciles porque no tenemos a
ningún familiar en Caracas. La tristeza me ha golpeado por no poder ir a
llevarle sus cosas por la distancia; he ido consiguiendo que me presten algún
apoyo para hacerle llegar algo de las tantas cosas que él necesita”
Lira tiene 44 años
y era oficial agregado de la policía de Anzoátegui cuando fue detenido el
martes 17 de diciembre 2019. “Se encontraba en el puesto policial Boyacá del
distrito 15 de Barcelona, cuando llegó
una comisión de la DIGCIM y se lo llevó para la DGCIM de Caracas”.
El 6 de enero 2020
lo presentan y luego de varios meses en la DGCIM lo trasladan a la cárcel El
Rodeo III.
En el caso de Sixto
José Salamanca Jiménez, detenido en el pabellón 2 del El Rodeo III, como parte
de la Operación Honor y Gloria, “fue torturado después que fue detenido, pero
lo obligaron a decir que no sufrió tortura alguna por parte de los funcionarios
del DGCIM”, revela un familiar del oficial jefe de policía del estado Sucre.
A él lo detienen
el 13 de diciembre a las 9 de la noche. “Se encontraba de guardia en un punto de control cuando se presenta al
lugar una unidad de la policía del estado con 2 funcionarios de DGCIM”. El jefe
inmediato de Salamanca le pide que suba a la unidad. Así empieza el proceso que
lleva de ser acusado de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Torturado y ultrajado
El Sargento
Primero de la Guardia Nacional César David Mayora Guacare también está detenido
por la Operación Honor y Gloria. Él tenía siete años viviendo en Colombia y ese
diciembre 2019 había ido a Caracas. Cuando el 18 de diciembre 2019, a las 4 de
la tarde, salía de Caracas, a la altura de Hoyo de la Puerta un funcionario de
la DGCIM sube al autobús y le pide su identificación y que baje de la unidad de
transporte.
“Una vez que baja
del autobús le colocan una capucha y lo suben a un vehículo, donde lo golpean
preguntándole por fusiles, explosivos C4 y por determinadas personas que él
aseguró desconocer”, revela a Infobae un familiar del Sargento.
“Lo trasladaron a
la DGCIM y lo llevan al Servicio de Medicatura Forense el 21 de diciembre 2019,
estando seriamente torturado, con luxación en el hombro y brazo dislocado y por
ello aun hoy en día no puede subir el brazo izquierdo, donde presenta una
protuberancia, además de que le introdujeron un palo por el ano, lo golpearon
en los testículos y le colocaron electricidad en el pene, por lo que orinó
sangre durante tres meses. Le lesionaron un ojo por el que casi no ve”.
“Él asegura que
nunca vio a sus otros compañeros presos, porque lo tenían colgado, con el
rostro encapuchado. Lo tuvieron varios días sin comer ni beber agua. El 22 de
diciembre lo presentaron en el Tribunal y la defensora pública le pidió que se
quitara la franela; la juez lo vio torturado y lo envió nuevamente a Medicatura
Forense, pero la DGCIM se negó a hacerlo y lo regresa a la sede de la DGCIM.
Ahí debía estar 45 días porque la juez dijo que había que esperar a la preliminar
que no se ha dado. No sabemos qué dice el expediente”.
El S1 Mayora Guacare tiene “problema de
riñones, infección pulmonar. Actualmente presenta síntomas de infección
pulmonar esgarra sangre al toser”, dice un familiar para finalizar.
Tal y como el
Observatorio Nacional de Derechos Humanos destaca “esto es muestra del patrón
documentado y denunciado por este Observatorio, respecto a la utilización del
sistema de justicia, como brazo ejecutor de políticas represivas y de persecución
política, violando así el derecho al debido proceso y todas las garantías
constitucionales”.
“Reiteramos
nuestro llamado a las instancias nacionales e internacionales de DDHH, para que
intercedan en favor de todos los presos políticos y víctimas de estos patrones
sistemáticos empleados para someter a la población”, destaca finalmente el
ONDDHH.
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