Indígenas protestan por la desaparición de un líder de su comunidad a quien vieron por última vez con las disidencias de las FARC

 

Se trata de Wilberto Ángel Camico Menare, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 28 de diciembre

Sebastiana Barráez/ viernes 6 de enero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

El líder indígena en una foto familiar

La espera día tras día parece más lenta al paso de las horas, desde que la noche del 28 de diciembre 2022, desapareció el líder social Wilberto Ángel Camico Menare. Habitantes de la comunidad Macuruco, ubicada a orillas del río Orinoco en el Municipio Atabapo, estado Amazonas, lo vieron por última vez en un centro nocturno del parque Yapacana, conversando con dos irregulares de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los indígenas están demasiado expuestos e indefensos a los grupos irregulares que actúan en conveniencia o tolerancia con algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El hombre de 37 años, a quien llaman “profesor Wilberto” es muy querido entre los indígenas del majestuoso Yapacana. Familiares, amigos y gente de la comunidad indígena a la que pertenece se cansaron de esperar la respuesta que no llega de las autoridades y este viernes 6 de enero arrancan una protesta de varios grupos indígenas. “Lo hemos buscado por el monte, por la selva”, dicen a Infobae.

El temor es que la guerrilla, a la que temen mencionar, lo haya desparecido por alguna desavenencia ya que Camico Menare era defensor del parque y de sus habitantes originarios. No están resignados, pero temen que la guerrilla lo haya asesinado como ha ocurrido con otros líderes indígenas.

El cerro Yapacana oculta en sus entrañas el oro que los mineros extraen brutalmente mientras destruyen sus aguas, suelos y paisaje

Ante este nuevo caso, el de Wilberto Camico, hoy se inicia la protesta de la parroquia Yapacana y Macaruco para que aparezca el profesor y líder indígena. “La comunidad de Camoruco es la capital de la parroquia Yapacana y ahí nació el profesor Wilberto Camico, quien estuvo trabajando en la gobernación del estado Amazonas”, muchos lo recuerdan porque fue muy activo con el exgobernador e indígena Liborio Guarulla.

Nanci Herrera y el Cacique del Parque Yapacana, Claudio Herrera, en el 2020 denunciaron la presencia de los grupos irregulares

El problema real es que la comunidad Macuruco se encuentra a orillas del majestuoso y navegable río Orinoco, frente al cerro Yapacana, lugar donde se encuentra la principal zona minera ilegal del estado Amazonas. Ahí pulula gran cantidad de mineros ávidos de la riqueza que oculta las entrañas de la tierra, a la que le arrancan el oro contaminando sus aguas, destruyendo su vegetación y arrasando la cultura de los pueblos indígenas, cuyo importante número de integrantes vive del negocio de la minería. A eso se le suma que el Orinoco es usado para el transporte de oro, combustible, alimentos y como una ruta del narcotráfico.

El silencio alrededor de la desaparición de Camico es una dolorosa realidad para los indígenas, quienes decidieron no callar más. Los familiares dicen que “si se tiene que acabar las minas del Yapacana, pues que se acabe, pero no puede seguir pasando cosas como la desaparición de Wilberto”, dicen en conversación con Infobae.

El 28 de diciembre en la noche fue la última vez que vieron al profesor Wilberto Camico (cédula 18.506.313). “Él estaba en un sitio nocturno del parque nacional, compartiendo con Borrachos y Pajaros, dos milicianos de las FARC; desde esa noche no se le volvió a ver”. Al amanecer, los indígenas que habitan en el parque, se preocupan porque el líder social no llega a su residencia, por lo que empezaron a buscarlo.

La Fuerza Armada venezolana en plena Operación Roraima en el Yapacana

El Ejército

Desde que Camico desapareció su familia y comunidad acudieron a pedir ayuda al Mayor del Ejército destacado en el Parque Nacional Yapacana, pero no ha habido respuesta efectiva. “En realidad no lo están buscando. El Mayor nos ha ignorado. Por eso estamos pidiendo que el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral se pronuncie y actúe, así como el Ministerio de los Pueblos Indígenas y la Fiscalía”.

Uno de los problemas es que “aquí en el parque no está la Guardia, sino el Ejercito de la 52 Brigada del estado Bolívar y no la de Amazonas y el comandante del parque es un mayor del Ejército”.

El 16 de diciembre 2022 un numeroso grupo de militares se dirigieron hacia el parque Nacional Yapacana para arrancar la Operación Roraima 2022, para el desmantelamiento de los campamentos de la minería ilegal.

El estudiante de comunicación social Yosmar Jhunior publicó en sus redes sociales, el 21 de diciembre 2022, que “fuentes instaladas en las minas del Yapacana informaron de falsos positivos por parte de los funcionarios militares del Gobierno Nacional en el operativo. ‘Teníamos que preparar los campamentos con chatarras para cuando ellos llegaran a hacer fotos’, expresaron. Funcionarios militares arribaron este 20 de diciembre a San Fernando de Atabapo; luego de su paso a las minas del Yapacana, el 21 de diciembre, tienen previsto salir de la antigua capital de Amazonas, aunque a través de las redes sociales la FANB informa el desmantelamiento de campamentos mineros”.

Militares venezolanos el día que iniciaron la Operación Roraima en el Yapacana

“Camico en la mina era un líder social indígena desde hace 5 años; fue uno de los pioneros de la vocería de los capitanes en el Yapacana. Su esposa Yulimar Vargas Lugo y sus dos hijos, un varón de 9 años y una niña de 14 años, esperan que el profesor Wilberto regrese a su casa”.

A finales de septiembre 2020, 37 comunidades indígenas denunciaron que la guerrilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y un jefe militar en la zona, con apoyo del alcalde y el gobernador, pretendían ingresar maquinaria pesada al parque Yapacana para extraer oro, prometiendo que a cambio comprarían una planta eléctrica para San Fernando de Atabapo.

Tanto Nanci Herrera y el Cacique del Parque Yapacana, Claudio Herrera, dijeron en esa oportunidad que la actividad minera, operada por las disidencias de las FARC, reclutan a sus niños y adolescentes para incorporarlos a la minería, pagándoles con oro.

Arriba los indígenas Wilberto Camico y Virgilio Trujillo. Abajo los hermanos José Dacosta y William Moreno

Esquilmando y asesinando indígenas

Uno de los casos que impactó especialmente a los indígenas en Amazonas fue el asesinato del uwottujja Virgilio Trujillo Arana, por enfrentar la minería ilegal y haber colaborado con un operativo de ubicación y destrucción de pistas del narcotráfico; se cree que fueron miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes lo sometieron y asesinaron el 30 de junio 2022 en Amazonas.

En octubre 2022, el indígena José William Moreno, de la comunidad Puinave, fue asesinado en Atabapo del estado Amazonas; la ONG Fundares indicó que se presumía que los autores fueron irregulares armados de los que operan en el parque nacional Yapacana. El joven asesinado era hermano del indígena jivi y maestro de escuela José Dacosta Moreno, también asesinado en el Yapacana el abril 2021; ese día también mataron a un adolescente.

A eso se le suma la cantidad de indígenas desaparecidos, huyendo hacia Brasil o Colombia para no morir de hambre, la ocupación de sus tierras ancestrales de las que son desplazados brutalmente por buscadores de oro civiles y militares, así como la captación de numerosos indígenas por parte de los grupos guerrilleros quienes, a cambio de míseros bolívares, más bien dólares, son integrados a las organizaciones armadas.

En medio de esa tragedia que viven los indígenas venezolanos, destinados a desaparecer, está un Ministerio de Pueblos Indígenas que solo ha servido para que la revolución bolivariana los utilice como instrumento político y diputados u organizaciones gubernamentales que los usan como propaganda, mientras los pueblos indígenas son arrasados y destruidos en la vorágine del Arco Minero y los grupos de la guerrilla colombiana.

Indígenas protestan por la desaparición de un líder de su comunidad a quien vieron por última vez con las disidencias de las FARC - Infobae

La Fuerza Armada venezolana protege a los militares que asesinaron a cuatro indígenas y prohíbe la visita del abogado a un sobreviviente

 

Las vulnerables comunidades indígenas, esquilmadas ante el avance de la explotación del oro en parte de sus tierras ancestrales, son manipuladas para que quede impune el atroz crimen

Sebastiana Barráez/ martes 24 de mayo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

Aun es una herida sangrante el impactante asesinato de cuatro indígenas yanomami, ocurrido el 20 de marzo 2022 en el sector ParimaB, Amazonas, a manos de militares venezolanos. Las vulnerables comunidades indígenas, esquilmadas ante el avance de la explotación del oro en parte de sus tierras ancestrales, son manipuladas para que quede impune el atroz crimen por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien repite la vieja praxis de “espejitos por oro”, la sangre de los indígenas por wifi, corte de cabello y juguetes de plástico, como refleja un video de la Guardia del Pueblo, durante la visita del Comandante Nacional de esa institución a ParimaB, lugar donde fueron asesinados cuatro yanomami, cuando un grupo de ellos hizo una exigencia en la instalación militar.

En marzo había tensión entre militares e indígenas, desde que los oficiales de la Aviación pretendieron que los yanomami les permitieran la explotación del oro en sus territorios, lo que no fue bien recibido por la mayoría de la comunidad indígena. La presión castrense no fue entendida así por ellos y cuando se presentaron a la instalación militar, hubo enfrentamiento entre ellos, los militares con armas de fuego y los yanomami con sus lanzas y flechas. Fue obvio: las bajas fueron de los más vulnerables.

Aunque al asesinato de los yanomami no se le ha dado respuesta, el video de la Guardia del Pueblo se resalta que Nicolás Maduro ha desarrollado una gestión de protección a la resistencia libertaria de los pueblos indígenas. “La Fuerza Armada, con la guía del Ministro de la Defensa, Padrino López, viene aplicando estrategias para garantizar seguridad y paz a las comunidades originarias en defensa de su cultura, lenguaje e identidad”, se oye en el video.

Y se agrega que el Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo, GD Danny Ferrer Sandrea, en su visita a ParimaB, dijo que las instrucciones que recibió es darle a los indígenas todo el apoyo, en cuanto a sanidad, salud, respeto a la cultura y educación. En él se ve a los uniformados cortándole el cabello a los niños, luego a niños y adultos en formación y más adelante la entrega de bebidas en vaso desechable y la entrega de regalos de plástico.

En esta instalación militar ocurrió el incidente donde mataron a cuatro yanomami

El abogado Olnar Ortiz Bare, quien es indígena de la comunidad Bare, repudió el video destacando que “no solo viola la autodeterminación de los Pueblos Originarios, al colocar a niños y adultos a formarse ante una autoridad que no es la legítima de la comunidad, sino que pretende ocultar la violación grave de derechos humanos del 20 marzo, donde fallecieron 4 yanomami”, explicando que los testigos claves están retenidos arbitrariamente.

En conversación con Infobae agrega que el caso casi está archivado en el Ministerio Público de Puerto Ayacucho, sin que haya sido procesado ninguno de los funcionarios militares que actuaron contra los yanomami. Ortiz es el representante legal de uno de los testigos claves BS, quien tiene 16 años, y está retenido en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas, junto con su hermano Gabriel Silva y su acompañante Francisco Maracaná. Desde que el 3 de abril fue llevado al Hospital Militar no le han realizado la cirugía que necesita.

Al abogado Olnar Ortiz los militares no le han permitido acceso al adolescente herido en la masacre de ParimaB

“A BS no le permiten visita alguna, ni siquiera le permiten salir de la habitación, por lo que no ha sido posible que pueda verlo ni siquiera yo que soy su representante legal. A ese muchacho todavía le hace falta una cirugía reconstructiva. Cuando a él lo intervienen en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, Amazonas, queda registrado que tiene una herida por arma de fuego de mayor calibre”, dice Olnar Ortiz, ante la impotencia que genera la inseguridad jurídica.

“Hemos venido denunciando la violación de derechos humanos en la ONU específicamente en la Relatoría de Pueblos Indígenas con el relator Francisco Cali Tzai, así como en la Sesión Permanente de Pueblos Indígenas de la ONU; también hay pronunciamientos de Amnistía”.

Finaliza diciendo Ortiz que “aquí se están violando derechos humanos fundamentales y he formalizado las denuncias, desde marzo, en el Ministerio Público y he denunciado que al testigo de 16 años se lo llevaron de manera arbitraria e incluso desconociendo la orden de Protección del Ministerio Público, que la Fiscalía 5°”.

A los más pequeños les cortaron el cabello y les dieron juguetes de plástico

El asesinato

No hay versión oficial del presunto acuerdo con el que funcionarios venezolanos convencieron a los indígenas para que no hubiese más ruido sobre el caso del asesinato de los cuatro yanomami. Recientemente, la empresa telefónica Cantv instaló una antena de Internet satelital con wifi en ParimaB, que sería uno de los acuerdos del Gobierno Nacional con los yanomami.

En una reunión que se realizó en Caracas para tratar el tema, asistieron el gobernador Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, el alcalde, el capitán yanomami que es político y no vive en la comunidad y otros indígenas. El capitán legítimo ante la comunidad es Sabino, quien fue uno de los heridos en el incidente de marzo pasado, pero quien no fue invitado a dicha reunión.

La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba), en voz de su coordinador Roberto Yavinape, quien pertenece al pueblo originario de Ñeengatú, repudió el asesinato de los yanomamis a manos de militares de la Aviación Militar, el 20 de marzo en la comunidad de Parima B, ubicada en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

La antena colocada en ParimaB después del asesinato de los yanomami

En un comunicado destacan que los indígenas son personas pacíficas y opuestas a la violencia, que tienen el derecho a decidir y asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, su identidad, su cultura, educación, salud, cosmovisión, uso y protección de su hábitat y tierra”, recordando que Amazonas es un territorio multiétnico, por lo que está obligado a cuidar su soberanía, ambiente y sus territorios sagrados.

Yavinape hizo énfasis en que la comunidad yanomami viene denunciando desde el 2009 la presencia de garimpeiros dentro de estas tierras, momento en que fueron asesinados un grupo de yanomamis, además, sus aguas comenzaron a ser contaminadas producto de la minería ilegal, lo que significa la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Roberto Yavinape, de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas

La exigencia de COIBA como de otras organizaciones que reclaman y defienden los derechos indígenas es que se cese la perturbación sobre esas comunidades vulnerables, el rechazo a la presencia de grupos armados quienes se apropian de las tierras indígenas para su beneficio.

A pesar de las promesas de justicia, ante el asesinato de los cuatro yanomami, el nombramiento de la Fiscal 91 nacional para que se encargara del caso, la designación de una comisión policial y de expertos que se ocuparan de las experticias, la muerte de los indígenas fue cubierta por un manto de silencio oficial, mientras un joven yanomami que sobrevivió, después de resultar herido, y que es el testigo clave, ha sido retenido en el Hospital Militar, sin acceso a su abogado.

Una de las indígenas heridas llorando el asesinato de los cuatro yanomami

A eso se le suma que también se mantiene en la opacidad el incidente en Amazonas, el 23 de abril 2022, que arrojó tres indígenas de la comunidad Cupaven a quienes un grupo guerrillero disparó en el punto de control indígena Súpiro, en el río Orinoco, tratando de burlar el pago del pase hacia las minas del Parque Nacional Yapacana, donde la explotación del oro es brutal con alto impacto en le ambiente.

La Fuerza Armada venezolana protege a los militares que asesinaron a cuatro indígenas y prohíbe la visita del abogado a un sobreviviente - Infobae

Indígenas se plantaron ante el fraude electoral en Zulia: denunciaron que fuerzas de choque chavistas robaron material electoral y atacaron a los votantes

 

Mas de 200 miembros de la comunidad Bari, con arcos y flechas, tomaron la carretera principal Machiques.Colón, en el municipio Jesús María Semprum. Exhibieron pancartas y gritaban peticiones de justicia y respeto a las elecciones

Sebastiana Barráez/ domingo 28 de noviembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

 

Desde hacía semanas en Casigua El Cubo y en los otros pueblos del municipio Jesús María Semprum del estado Zulia, se sospechaba que Wuyhsmans Ramon González Salas ganaría la alcaldía, respaldado por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), específicamente del Partido Comunista (PCV), que ya no forma parte del Polo Patriótico de la revolución Bolivariana.

Indígenas Bari protestan ante la PNB por el fraude electoral. Hay marchas desde el día de las elecciones

El día de las cuestionadas elecciones la alcaldesa Keyrineth Fernández, según se desprende de videos y sonidos, activó grupos de choque, pidió al Plan República que ordenara votar sin cédula e incluso solicitó que se le impidiera actuar a la presidente de la Junta Municipal Electoral. La noche de las elecciones el CV Urdaneta fue asaltado, actas robadas y electores agredidos por bandas armadas del PSUV.

Las consecuencias han sido continuas protestas, siendo los Bari, una comunidad indígena los más renuentes a aceptar que Alvarado Arrieta, quien aspiraba a la reelección, siga ocupando el cargo después de la serie de hechos que evidencian la materialización del fraude en ese municipio fronterizo. Amenazas contra periodistas, dirigentes sociales y políticos, persecución y uso de la autoridad, solo es parte de lo que está viviendo en estos momentos Semprum.

Dirigentes del PCV se reunieron con el rector del CNE Enrique Márquez

“Le dimos cuatro años y no nos tomó en cuenta a nosotros los indígenas, mucho menos a sus paisanos”, le dice un líder Bari a funcionarios de la Policía Nacional quienes trataron de dispersar la manifestación de los indígenas. Refiriéndose a Keyrineth Fernández dice “eso no es una alcaldesa buena, es una alcaldesa mala, que nos quitó las máquinas (de votación) de allá arriba y tuvimos que recorrer mucha distancia”.

El indígena pidió respeto por “la parroquia Barí, que es territorio ancestral del pueblo Bari y queremos la alcaldía que la ganamos (respaldaron a Wuyhsmans González). Si ella (Keyrineth Fernández) se autoproclamó, el pueblo Barí la va a sacar de allá. Ella no nos tomó en cuenta en la salud, en la educación, en la alimentación”.

Más de 200 indígenas, con arcos y flechas, tomaron la carretera principal Machiques-Colón, acción que fue acompañada por habitantes del pueblo de El Cruce, Parroquia Bari. Exhibieron pancartas y gritaban peticiones de justicia y respeto a las elecciones.

No nos permitieron ingresar

Yraima Varela, presidente de la Junta Municipal Electoral de Semprum, denunció lo ocurrido el domingo 21 de noviembre en el marco de las elecciones. “No me permitieron el ingreso a los centros de votación para cumplir mis funciones como presidente de la Junta Municipal y ser garantía y transparencia “.

Considera que lo que procede es que “se repita el proceso electoral en el Municipio Jesús María Semprum”, a la vez que aseguró que hubo muchas irregularidades que plasmaría en un informe, destacando que hubo muchos casos en algunos centros de votación donde el  elector se presentó con el carnet de la patria y/o fotocopias de la cédula de identidad, lo que viola la Ley Electoral que destaca como único requisito la presentación de la cédula de identidad laminada aunque esté vencida. En el caso de los testigos manifestó que en muchos casos no se verificó el código QR.

Graves denuncias hace presidente de la Junta Electoral Municipal de Semprum

Ella presentó como testimonio a un miembro de la Junta Municipal. Él dijo que “sacaron a los testigos (del candidato del PCV) de algunas mesas, se cayeron a golpes, dañaron algunas mesas”, a la vez que informó que a él no le permitieron ingresar.

Tanto Varela como el miembro de la Junta Municipal denunciaron que como coordinadores de centro hubo un concejal a quien el día antes habían detectado con una credencial falsa y que aun así al día siguiente le dieron una credencial para ser miembro del centro de votación.

 
Instigación al delito
Si algo revelan los mensajes que la alcaldesa Keyrineth Fernández emitió durante el proceso electoral es cómo instiga al delito, cuando evidencia claramente su conocimiento sobre los grupos de choque, insta al delito electoral al desconocer que la cédula de identidad es el único documento legal autorizado para votar, ejerce presión para que se actué contra la autoridad de la Junta Municipal, entre otros .

“Muchachos, voy a enviar unas bolsas de comida para el partido. Necesito que nombren responsable de la persona que va a estar ahí en el partido atendiendo el grupo de choque a partir de hoy. Mientras los tengo entretenidos en 4 de Febrero (base de Misiones que funge como Centro de Votación) ustedes se van apoderando de la Urdaneta”, se le oye decir a la alcaldesa en un mensaje de voz.

La alcaldesa Fernández planifica grupos de choque, pide ... quen a la presidnete de la Junta Municipal Electoral

En otro ella dice “Jesús, envía al equipo que tienes ahí en la casa del PSUV para la Esquina Caliente para que entren todos por ese lado”. Y en otros sonidos la voz de un hombre insta a que el grupo de choque se acerque hasta un lugar que podría ser donde hubo violentos disturbios y ataques contra la población desarmada.

En un sonido se oye la voz de un hombre que dice “el sargento Jiménez está esperando la orden de los superiores para que dé la orden que voten con el carnet de la patria, más nada, que le den la orden, que le envíe un mensaje de voz Araujo o Martínez que voten con el carnet de la patria”.

Casi como respuesta la alcaldesa solicita al capitán (Ej) Luis Gustavo Araujo Viloria: “Araujo, da la orden para que dejen votar con el carnet de la patria, que nos están echando la partida para atrás por favor, déjalos que voten con el carnet de la patria o del PSUV, pero que voten”.

También hay un sonido de quien se supone es un militar diciendo: “con permiso de Mayor, atención al personal profesional, jefes de centro, el apoyo es incondicional a la alcaldesa bolivariana del municipio Jesús María Semprum”.

Keyrineth Fernández pide “sácame a la presidente de la Junta (Yraima Varela), a la desastre esa que está bien parcializada con la Oposición y con Wuyhsmans; hazme el favor, sácala porque está provocando, entonces le van a dar duro y va a decir que los malos somos nosotros”.

Ramylis Alvarado coordinadora municipal del CNE ordena no entregar actas a los testigos

Por su parte, Ramylis del Carmen Alvarado Arrieta, coordinadora municipal, dice en un mensaje que envía a los coordinadores de mesa, “falta poquito para que cerremos. Vamos a concentrarnos en el cierre. Acta de escrutinio solamente la que me van a traer a mí; esa es otra coñiza, A los testigos no les van a dar nada de acta de escrutinio, solamente la que me van a traer a mí. Necesito que me confirmen el recibido de esa información”.

Alvarado reconoce que hay coordinadores y operadores que no tienen credencial. “Te voy a pasar por aquí el nombre del operador y del coordinador”, le dice a alguien a quien le envía el mensaje, pero demostrando que está instando a dos delitos electorales: ordenando que no se entregue el acta de escrutinio a quienes la Ley les da ese derecho, a la vez que nombra a dedo coordinadores y operadores atribuyéndose una función que no le corresponde.
 
Los militares
Semanas antes de las elecciones una comisión de la policía del Zulia llegó a la casa del candidato del PCV, Wuyhsmans Ramon González Salas, para llevárselo a Maracaibo, capital del Zulia, “por órdenes del general Castillo Rengifo”, según les dijo el coronel Carlos Manjarrez, pero su equipo de campaña no lo permitió.

Nunca hubo una explicación clara de por qué el Jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Nr. 11) del Zulia, GD Manuel Enrique Castillo Rengifo lo mandó a buscar sin que él tenga autoridad alguna para ello y mucho menos en el marco de un evento que pertenece a la sociedad civil y no a los militares.

Militares con Miembros de Mesa bajando de la UE Urdaneta hacia el interior de la GNB Venezuela

En el marco de las cuestionadas elecciones regionales y municipales del pasado domingo 21, la actuación de parte del Plan República fue por demás bochornosa, según denuncian habitantes de Casigua El Cubo. “Ellos se prestaron para sacar del centro electoral Escuela Rafael Urdaneta a los testigos y miembros de mesa, quienes no tenían credenciales avaladas por la Junta Municipal, que respondían a la alcaldesa Keyrineth Fernández, sin que entregaran resultados y robándose las actas electorales; mucha gente del pueblo esperaba al frente de la escuela por los resultados”, le dice a Infobae uno de los habitantes de Semprum.

En el video donde se ven a los miembros de mesa y testigos del PSUV bajando por una escalera, mientras son ayudados por los militares “se puede apreciar a algunos del grupo de choque de la alcaldesa, como el señor de sombrero que se observa ahí; ellos actuaron contra los electores de la Escuela Urdaneta, el CV más grande del municipio, cuyo centro fue cerrado a las 5:30 de la tarde cuando había casi 500 personas en espera para votar”.

Los militares no solo se parcializaron sino que colaboraron para que personas que estaban calificadas legalmente por el órgano electoral sacaran material e información electoral, lo que se constituye en delito electoral.

El PCV reclama

Ayer sábado 27 de noviembre, desde tempranas horas de la mañana, afectos a la candidatura a alcalde de Wuyhsmans González, continuaban en la calle en protesta pacífica. También comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, se apostaron en la carretera nacional cerrando el paso de acceso a el municipio.

Wuyhsmans González, quien se encuentra en Caracas, envía mensajes a sus seguidores asegurando que tiene todas las pruebas para demostrar que la candidata del PSUV, quién fue reconocida como alcaldesa reelecta, en realidad salió derrotada en las elecciones.

Representantes del Buró Político del PCV, encabezados por Oscar Figuera, en defensa de su abanderado Wuyhsmans González, se reunieron con el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Octavio Márquez Pérez para analizar lo sucedido en los municipios Semprum del Zulia y Pedro Gual de Miranda, solicitando la impugnación de las elecciones.

Por otra parte, Gustavo Lara, quien es secretario político del PCV en el Zulia, señaló que la alcaldesa Keyrineth Fernández, junto con la policía, generaron situaciones contra el derecho al voto democrático.

Wuyhsmans González denuncia que con fraude le arrebatan el triunfo a la alcladía del municipio Jesús María Semprum, Zulia

Considera Lara que esas actuaciones, como la de Fernández y Karylis Alvarado, “los convierte en delincuentes electorales, que tergiversan lo que son los resultados y la voluntad del pueblo semprunés que se expresó mayoritariamente a favor de la candidatura de Wuyhsmans González”.

Entre los señalamientos que demostrarían el delito electoral está que en la constitución de las mesas les negaron presencia a la mayoría de los testigos electorales del PCV y de otros partidos.

Víctor Urdaneta, responsable político del PCV en el municipio Jesús María Semprum, dijo que funcionarios policiales detuvieron, en la Plaza Bolívar del municipio  al simpatizante Franklin Jesús Piña Venegas quien “grabó el robo de los dispositivos con los votos durante la arremetida policial contra los electores”.

Piña fue libreado horas después, pero su detención se debe en que tomó videos que empezaron a rodar por redes sociales demostrando parte de lo ocurrido.

Aun no se sabe qué pasó con las cajas del material electoral que quedaron en manos del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la coordinadora municipal del CNE, Ramylis Alvarado, de quien dijo que usurpó las funciones de la Junta Electoral Municipal.

“Al rededor de las 4:30 pararon el proceso en el centro de votación más grande del municipio y media hora después vimos cómo simpatizantes de la alcaldesa llegaron al centro de votación, mientras que el director de la policía municipal hizo disparos hacia la población civil indefensa”, destacó el dirigente del PCV.

Indígenas se plantaron ante el fraude electoral en Zulia: denunciaron que fuerzas de choque chavistas robaron material electoral y atacaron a los votantes - Infobae