La sentencia no solo cierra un expediente abierto de 2020: vuelve a colocar en el centro una causa atravesada por el poder político, la narrativa oficial sobre conspiraciones y los cuestionamientos a las pruebas
Sebastiana Barráez/ sábado 30 de mayo 2026
Tomado de Infobae
No fue una sentencia más. La decisión de la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli, en el Palacio de Justicia de Monagas, devolvió a la escena un expediente que toca una de las fibras más sensibles del poder en Venezuela: la seguridad de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. Seis años después de las detenciones, siete de ocho acusados fueron condenados por la supuesta planificación de su secuestro, en un proceso que combinó acusaciones de terrorismo, referencias a una recompensa ofrecida por Estados Unidos y serias dudas sobre la consistencia de las pruebas.
El juicio duró seis años y concluyó con la condena para siete de los ocho de la causa, por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en la modalidad de comercialización, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados.
La versión del Ministerio Público sostuvo que nueve personas habrían coordinado el secuestro de Cabello para entregarlo a Estados Unidos y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia por presuntos delitos de narcotráfico.
La acusación convirtió el caso en algo más que un expediente penal: lo insertó en la narrativa oficial sobre amenazas externas, conspiraciones y ataques dirigidos contra figuras clave del chavismo. Para ese momento, Cabello era diputado constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), además de una de las voces más influyentes del poder oficial.
Luego de conocerse la sentencia, familiares de los detenidos, manifestaron su rechazo. Irianny Lezama, le dijo al medio Maturín News, que de no rectificarse la medida, las madres de los enjuiciados se declararán “en huelga de hambre”.
Dudas probatorias
La Fiscalía situó el origen de la investigación entre el 28 y 29 de marzo de 2020. De acuerdo con esa versión, Luis Eduardo Villarroel Caña, quien finalmente fue absuelto, recibió un mensaje de WhatsApp en el que se leía: “Luis, ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios; solo falta confirmar dónde resguardarlo hasta la entrega…”.
Ese mensaje fue suficiente para que Ingris Dioselina Bermúdez, fiscal primera provisional de Monagas, considerara válida una investigación y ordenara la detención de Villarroel, un empleado de Petróleos de Venezuela, por un caso que el Ministerio Público calificó como un “ataque terrorista” cuyo fin era capturar “vivo o muerto” al dirigente chavista.
Funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Monagas, donde Cabello tiene mucha influencia, se dirigieron a la calle principal de El Furrial, a la casa de Villarroel Caña, le revisaron el teléfono celular, donde habrían encontrado dos mensajes, con fechas del 28 y 29 de marzo 2020, enviados desde un número con código de Perú.
El testigo estrella del caso, menciona que le dio la información a Carmelo Mayz, comisario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Él (Mayz) en vista de que se encontraba en Cumaná me dice que me pusiera en contacto con Luis Villarroel y que le manifestara que de llegar a recibir llamada o mensaje que le siguiera la corriente”.
Ante el mensaje que recobe Villarroel, el testigo afirma que, por instrucciones de la DGCIM, le notificó lo que estaba ocurriendo a varios funcionarios militares, como Esteban Cabello, José David Cabello y al general Rodríguez Sánchez.
Un día después, el teniente coronel Gómez Acevedo, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) llega a El Furrial donde arresta a Luis Villarroel, según refiere la Fiscalía.
La investigación supuestamente arranca contra un “Grupo Resistencia”, por lo que la fiscal inicialmente solicitó órdenes de detención contra varias personas, la mayoría se encontraba fuera del país, entre ellos el exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño.
Las otras solicitudes de detención abarcaban a Carlos Alejandro Pérez, César Belfort Rojas, Deivis López, Desirée del Valle González, Jesús Heriberto Rodríguez, José Gregorio Cañas, José Luis Mujica Palencia, José Napoleón Vásquez, Marisol Desenia Agreda y Oswald Méndez Leal. Ahí arrancó el caso del supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello.
La Fiscalía apoyó buena parte de su caso en experticias telefónicas y peritajes que, según su versión, vinculaban a los procesados con la supuesta operación. Pero el juicio también dejó al descubierto grietas relevantes: expertos citados en el proceso advirtieron que algunas de esas experticias no cumplían con las formalidades legales para ser valoradas, mientras la acusación insistía en que las versiones de los implicados eran contradictorias. En un caso de semejante carga política, la discusión sobre la calidad de la prueba terminó siendo inseparable del debate sobre la credibilidad del proceso.
La Defensa Pública, que representó a los ahora condenados, sostuvo en cambio la presunción de inocencia de los exfuncionarios procesados y objetó la solidez de la acusación en un expediente que se extendió durante seis años.
Prisión y muerte
Los detenidos entre marzo y abril de 2020, en operativos realizados en Maturín y en la población de El Furrial, fueron Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Enrique Naurix Parada, Francisco José Marcano Benavides, Gabriel Andrés Medina Díaz, José Ramón Cruz Marcano, Luis Eduardo Villarroel Caña y Víctor José Farías Quijada.
Al concluir la audiencia preliminar, a cargo de la juez 2° de control del estado Monagas, Luisa Cabezas, todos los imputados fueron enviados al Centro de Formación del Hombre Nuevo Nelson Mandela, un anexo del Internado Judicial de Monagas conocido como cárcel La Pica.
Uno de los casos más graves fue el de Gabriel Andrés Medina Díaz, funcionario de la Policía Nacional que había integrado las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Medina contrajo tuberculosis en La Pica y, según la ONG Foro Penal, permaneció más de un mes en estado crítico sin atención médica oportuna. “Por presión de sus compañeros de celda fue finalmente trasladado al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde pocas horas después sufrió un paro respiratorio” ha denunciado la ONG.
Las penas menores recayeron sobre José Ramón Cruz Marcano y Carlos Alejandro Pérez Farías, condenados a ocho años, dos meses, siete días y 12 horas de prisión. En cambio, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, César Horacio Belfort Rojas, Enrique Naurix Parada, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides y Gabriel Andrés Medina Díaz recibieron condenas de 26 años, ocho meses, siete días y 12 horas.
El poder político
La acusación sostuvo que los siete condenados planearon el secuestro de Cabello para entregarlo a autoridades estadounidenses y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia. Luis Eduardo Villarroel Caña, por su parte, fue absuelto y recibió orden de libertad. Se trata de un militante del PSUV que en 2020 se desempeñaba como comisionado de la clase obrera del sector El Furrial, lugar de origen de Cabello.
La Fiscalía insistió durante la audiencia en que las experticias telefónicas eran piezas centrales para demostrar la implicación de los acusados. Pero más allá del fallo, la sentencia deja planteada una discusión política de fondo: cómo se procesan los casos de alto perfil en Venezuela, qué papel juega la narrativa oficial en la construcción judicial de las amenazas y hasta qué punto un expediente de esta magnitud puede leerse solo como un caso penal.
La decisión cierra formalmente una causa abierta hace seis años, pero reaviva preguntas sobre justicia, poder y castigo en el país.
