La familia del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras denuncia que fue detenido sin orden judicial. Tras pasar por la DGCIM y El Rodeo I, su madre asegura que fue trasladado a Yare II en medio de un proceso judicial paralizado.
Sebastiana Barráez/ viernes 4 de septiembre 2026
Tomado de Infobae
Hay personas que apenas existen para el expediente público: no tienen presencia en redes sociales, no figuran en grandes titulares y terminan diluidas en el entramado judicial venezolano. Ese es, según su familia, el caso del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras, detenido el 26 de enero de 2024 y señalado dentro de la causa denominada “Espionaje Fortunato” o “Espías de la CIA”.
Teolinda Contreras, madre de Jhonny Barrios, dice en conversación con Infobae que su hijo fue enviado inicialmente al Centro Penitenciario Rodeo I. Ahora bajo el régimen el interinato de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, el jueves 3 de septiembre 2026, supo que había sido trasladado a la cárcel Yare II junto con otros detenidos de la misma causa. La noticia reactivó su denuncia pública: asegura que su hijo permanece preso sin que se haya fijado fecha para la apertura del juicio.
Contreras relata que su hijo, de 41 años, fue detenido, hace dos años y ocho meses, de manera arbitraria y sin orden de aprehensión por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM). El procedimiento ocurrió cuando el capitán prestaba servicio en el comando conocido como La Mata, sede del Comando de Zona N° 22 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la urbanización La Mata, parroquia Osuna Rodríguez, municipio Libertador del estado Mérida.
La madre afirma que, cerca de las nueve de la mañana de ese 26 de enero, Barrios cumplía guardia en la puerta del comando cuando fue abordado por funcionarios de la DGCIM que llegaron en una camioneta negra. Según su versión, lo detuvieron sin explicaciones y lo trasladaron de inmediato a Caracas. Durante el trayecto, añade, no le permitieron consumir agua ni alimentos. Barrios también habría contado a su familia que un funcionario identificado como Luis Toro lo golpeó reiteradamente.
Desde entonces, según la denuncia, permaneció recluido en la sede principal de la DGCIM en Boleíta en desaparición forzada. “Pasados treinta días es cuando recibo información de que se encontraba recluido en ese sitio, pero al ir a preguntar por él me informan que fue trasladado días antes al Centro Penitenciario Rodeo I”, relató Contreras.
Un exfuncionario de Inteligencia Militar consultado por Infobae sostiene que, desde 2016, cuando el entonces coronel Rafael Antonio Franco Quintero asumió la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, bajo el mando del mayor general Iván Rafael Hernández Dala, se habría implementado un patrón de detenciones basado en listas de militares previamente investigados. Según esa fuente, esos nombres eran reutilizados para sustentar presuntas operaciones conspirativas que el gobierno venezolano presentaba como amenazas externas.
Justicia y Debido Proceso
La audiencia de presentación, según le informó su hijo, se realizó el 28 de enero. El 24 de abril de 2024 tuvo lugar la audiencia preliminar y el caso fue pasado a juicio. Sin embargo, la madre sostiene que desde entonces el proceso quedó paralizado: “No le han fijado fecha de apertura de juicio; es un retardo que lleva dos años”.
Contreras asegura que recientemente llevó escritos a la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. En esas comunicaciones denunció las presuntas violaciones graves de derechos humanos contra su hijo, entre ellas el derecho al debido proceso, a la libertad y a la integridad física, psíquica y moral.
En sus solicitudes, la madre pide que se tome en cuenta su denuncia formal por lo que considera una violación grave de derechos humanos contra el capitán Jhonny Fernando Barrios Contreras. Afirma que fue detenido sin haber cometido un hecho punible y sin que se le incautara algún elemento de interés criminalístico.
Teolinda Contreras recuerda que, tras graduarse, su hijo ingresó a la DGCIM y fue enviado a Machiques, estado Zulia. Luego fue trasladado a instalaciones militares de la Guardia Nacional Bolivariana y asignado al comando de La Mata, en Mérida, donde se ocupaba de asuntos administrativos.
Enfrentando el miedo
Ese 26 de enero no fue el primer episodio, sino la tercera vez. “Antes del 2019 lo mantuvieron unos días detenidos y lo soltaron”, porque no había ningún tipo de pruebas en su contra. Posteriormente estuvo ocho meses presos, lo acusaron de terrorismo y traición a la patria, “no había ninguna prueba contra él y le dieron un sobreseimiento”, dice la madre del capitán. “Mucha gente le dijo que se fuera del país” porque no había garantías constitucionales, pero Jhonny Barrios optó por quedarse.
Durante estos años Contreras evitó hacer pública la denuncia por temor a represalias contra la familia y a que le impidieran visitar a su hijo. Ahora, dice, la preocupación es otra: padece artrosis avanzada en las piernas, lo que dificulta sus traslados. “Él está allá encerrado en el olvido. Lo sacaron del Rodeo I solo con el uniforme de los presos y los zapaticos, porque no les permitieron llevarse nada de lo que tenían ahí. En Yare hay que llevarles comida y agua; por todo hay que comprar”, afirma.
La madre asegura que es la única persona que puede verlo. El padre del capitán es Fernando Barrios Quintero, quien es paciente renal, postrado en cama, está ciego desde hace más de siete años y utiliza silla de ruedas. El capitán también tiene un hijo adolescente bajo el cuidado de su abuela.
La causa Espionaje Fortunato
El contexto de la causa se remonta al 22 de enero de 2024, cuando el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, anunció públicamente que, por la presunta participación en cinco conspiraciones, se había ordenado la captura de 32 personas desde el 15 de enero y se procesaban órdenes contra otras 11.
Nicolás Maduro Moros sostuvo entonces que esos supuestos planes habían sido organizados y planificados desde bases estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Colombia, con participación de funcionarios de inteligencia del Ejército colombiano.
Aunque Saab Halabi afirmó que el presunto cabecilla del caso, el sargento primero José Fortunato Guerrero Rojas, fue detenido en el municipio José María Semprún del estado Zulia, otras fuentes sostienen que en realidad fue capturado en Colombia y entregado a la DGCIM en Venezuela bajo el argumento de que era un militar desertor.
Un exfuncionario de Inteligencia Militar le dice a Infobae que Fortunato habría sido torturado para grabar un video en el que señalara a varias personas, entre ellas al capitán Barrios. “Le prometieron que a cambio solo lo condenarían a cinco años de prisión, pero lo engañaron y lo condenaron a 30 años de cárcel”, le dice a Infobae un exfuncionario de Inteligencia Militar.
El entonces fiscal General de la República aseguró que Fortunato Guerrero obtenía información confidencial de carácter militar, incluidos nombres de pilotos, que supuestamente enviaba a la CIA. Además de Guerrero, fueron detenidos los tenientes coroneles Edgar Josué Carrillo Camacho y Jholmar Josué Cárdenas Camacho, así como los civiles Daniel David Rivas Boyer y Jesús Alberto García. Se les acusó de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. Uno de ellos fue liberado y solo quedan cuatro detenidos.
