La internacionalista María Alejandra Aristeguieta considera que la crisis obliga a revisar fórmulas de cooperación más profundas con Washington, desde la inversión energética hasta esquemas de seguridad y asistencia internacional.
Sebastiana Barráez/ domingo 19 de julio 2026
Tomado de Infobae
La internacionalista María Alejandra Aristeguieta advierte que el debate sobre Venezuela vuelve a ganar espacio en Washington, en medio de una política exterior estadounidense marcada por el pragmatismo y por la búsqueda de garantías estratégicas en un escenario internacional cada vez más complejo. “Aunque la política exterior de Estados Unidos ha respondido históricamente a tres pilares: seguridad nacional, comercio y prosperidad económica, y promoción de la democracia, esos principios no han tenido siempre el mismo peso”, dijo en conversación con Infobae.
María Alejandra Aristeguieta de Álvarez es experta en políticas internacionales, gobernanza global y derechos humanos, con 30 años de práctica diplomática en Ginebra. Preside Vision 360 y coordina la ONG Iniciativa Por Venezuela. Ha sido asesora de gobiernos, universidades, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, es licenciada en Estudios Internacionales con posgrado en Derecho Económico, Integración, Negociaciones Internacionales y Formulación de Políticas.
La aplicación de la política exterior de EE.UU., explica, ha variado de acuerdo con las circunstancias geopolíticas y con las prioridades de cada administración. “En las décadas de 1980 y 1990, por ejemplo, Washington dio un impulso particular a la promoción de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el llamado orden basado en reglas”.
Sostiene que en la actualidad la prioridad se concentra en los dos primeros pilares: seguridad nacional, comercio y prosperidad económica, porque Estados Unidos busca “preservar su supremacía” en un mundo transformado por el ascenso de “China y por las amenazas que representan Rusia, Irán y otros actores con peso en la escena internacional”.
En ese contexto, Aristeguieta ubica los acontecimientos recientes en Venezuela: primero, la extracción de Nicolás Maduro por considerarlo una “amenaza real para la seguridad estadounidense”; después, el proceso de estabilización impulsado por Washington junto con los “representantes de la dictadura que permanecieron en el poder”.
El objetivo, afirma, en la conversación con Infobae, sería favorecer el crecimiento económico de Estados Unidos mediante inversiones petroleras que también reforzarían su seguridad nacional “en momentos de tanta inestabilidad mundial con los precios del petróleo”.
Democracia para después
Sin embargo, los terremotos del 24 de junio expusieron, a su juicio, las debilidades de una estrategia centrada casi exclusivamente en la seguridad y la economía, y que deja en segundo plano la promoción democrática. La limitada inversión estadounidense en Venezuela responde precisamente a la ausencia de Estado de derecho y de un sistema democrático capaz de ofrecer garantías a inversiones de largo plazo.
Ese diagnóstico, señala Aristeguieta, ha reabierto en los pasillos de Washington la pregunta sobre qué hacer con Venezuela. Entre las ideas que se estarían evaluando figura la creación de un esquema similar al de los Estados Libremente Asociados del Pacífico, una figura utilizada por Estados Unidos que permitiría un “mayor control militar y un intercambio más favorable de recursos económicos”.
Para comprender el alcance de esa posibilidad, dice que es conveniente precisar en qué consiste el llamado Compacto de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés); “es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y tres naciones soberanas del Pacífico: las Islas Marshall (RMI), los Estados Federados de Micronesia (FSM) y Palau”. Ese instrumento “surgió tras el fin del Fideicomiso Territorial de las Islas del Pacífico, administrado por Washington después de la Segunda Guerra Mundial”.
Recuerda la internacionalista que con el COFA esos países conservan soberanía, membresía en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y política exterior independiente, mientras Estados Unidos asume la responsabilidad de su defensa y se reserva el derecho de “denegación estratégica”, que le permite impedir el acceso militar de terceros, especialmente de China, además de mantener bases en sus territorios.
A cambio, Washington garantiza asistencia económica mediante fondos sustanciales, incluidos recientemente unos 7.000 millones de dólares por 20 años en la renovación de 2023-2024, así como acceso a programas federales, uso del dólar y derechos de residencia y trabajo en Estados Unidos para los ciudadanos de esos países.
Para alcanzar ese estatus, “las partes negociaron bilateralmente”, sometieron el acuerdo a plebiscito en el país asociado y luego lo llevaron al Congreso estadounidense para su aprobación. “Se trata de un esquema renovable y reversible por mutuo acuerdo”.
El compromiso de EEUU
En América no existen precedentes directos de este tipo de compactos, asevera María Alejandra Aristeguieta. “Puerto Rico, aunque se denomina Estado Libre Asociado bajo la ley federal estadounidense, es un territorio no incorporado, con ciudadanía estadounidense, pero sin plena soberanía ni voto en elecciones presidenciales”. Su estatus ha sido objeto de reiterados debates y consultas, incluidas opciones de independencia o libre asociación.
La diferencia es clave: mientras Puerto Rico mantiene una relación territorial con Estados Unidos, “el Compacto representa un estatus intermedio: soberanía limitada a cambio de protección y asistencia”.
En el caso venezolano, una ruta de ese tipo enfrentaría obstáculos legales de enorme magnitud. “Venezuela cuenta con una Constitución que prohíbe la cesión de territorio o soberanía, por lo que cualquier fórmula semejante requeriría una reforma constitucional profunda y aprobación popular”.
Además, advierte Aristeguieta, aun en un escenario hipotético, “cualquier arreglo tendría que diseñarse a la medida del tamaño, los recursos y la posición geopolítica de Venezuela”, lo que lo haría mucho más complejo y controvertido que los casos existentes en el Pacífico.
Dice que, por ahora, “la información parece reflejar más un debate sobre un mayor compromiso estadounidense que una propuesta concreta”. Venezuela, plantea la internacionalista, se encontraría ante una nueva encrucijada: optar por una dependencia pragmática que supere impedimentos legales para facilitar la recuperación, “o el aislamiento ideológico basado en una falsa soberanía con riesgo de perpetuar el fracaso”. Pero ese escenario aún no está definido.
Los escenarios
Aristeguieta considera necesario analizar opciones y escenarios con el fin de incidir de manera adecuada en los debates que se desarrollan en Washington.
La historia, afirma, “podría favorecer una relación más estrecha con Estados Unidos si se negocia con firmeza, visión de largo plazo y con el bienestar de la población venezolana por encima de los dogmas políticos”.
Tras 27 años de chavismo, marcados por hiperinflación, éxodo masivo de divisas y colapso institucional, y luego de los terremotos de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, miles de muertos y daños severos en Yaracuy, Carabobo, Vargas y Caracas, “una asociación estratégica” podría ofrecer la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones estadounidenses y de otros países en petróleo, infraestructura y ayuda humanitaria.
Sostiene que Centros como el Atlantic Council destacan oportunidades para una Venezuela “próspera y alineado con EEUU", que marque el fin de la influencia rusa, china e iraní, así como “fortalecer el combate contra el crimen transnacional y abrir acceso a mercados, tecnología y experiencia internacional para la reconstrucción”.
Considera que, además, podría convertirse en un “incentivo para el retorno de jóvenes venezolanos”, como ocurrió en parte con las experiencias del Pacífico, donde la población joven encontró mejores perspectivas de futuro en sus propios países.
El desafío, subraya, es que cualquier eventual acuerdo entre ambos países cuente con plena legitimidad democrática, reglas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. También debería evitar tutelajes indefinidos, preservar el control venezolano sobre sus recursos y garantizar beneficios concretos para ambas partes.
Para finalizar, Aristeguieta enfatiza que América Latina ya cuenta con numerosos ejemplos de acuerdos de libre comercio, presencia de bases militares para la lucha contra el narcotráfico e incluso fórmulas de administración territorial. Para avanzar hacia una relación más estrecha con Washington, concluye, no haría falta necesariamente un Tratado de Libre Asociación, sino una relación entre Estados orientada al beneficio mutuo, la estabilidad y la prosperidad.
