En diálogo con Infobae, el abogado Olnar Ortiz relató que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales
Sebastiana Barráez/ viernes 25 de Diciembre de 2020
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Relata que las denuncias han sido formuladas ante la
Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales, incluso en el
Tribunal que lleva la cauda, Amnistía Internacional, la Corte Penal
Internacional, así como a los delegados en Caracas de la Alta Comisionada y de
la ONU en Ginebra.
El caso de los pemones hace referencia a 13 miembros
de comunidades indígenas de la Gran Sabana, quienes están detenidos por su
participación en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano
Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado
Bolívar. Esa operación militar la comandaron un grupo de oficiales retirados de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañados por pemones.
Los trece indígenas detenidos son: Fiaciencio Meya
Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado,
Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan
José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Salvador Fernando
Franco, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
Ortiz destaca que “desde el primer momento en que
ellos fueron trasladados, en mayo 2002, a la cárcel de El Rodeo, hemos
denunciado, primero el traslado sin orden judicial por lo que Amnistía Internacional
se pronunció. Desde el primer momento que llegan al Rodeo señalamos las
condiciones de insalubridad de ese centro penitenciario, además de que está
sobreproblado, no tiene condiciones de acueductos de aguas servidas y agua
potable; a ellos les llega agua en camiones cisterna y es la que también deben
consumir”.
“En junio ya los indígenas detenidos presentan
problemas gastrointestinales que, según el diagnóstico del médico del centro
penitenciario, señalando que algunos con síntomas de amibiasis. NO les
permitían el acceso de alimentos ni medicinas, por el tema de la pandemia.
Recurrimos al comandante del destacamento que presta el servicio de seguridad
al penal para poder ingresar los medicamentos. Desde julio, empiezan a
presentar síntomas asociados al Covid19 que denunciamos, pero nunca les
hicieron exámenes de despistaje, ni para ellos, ni para nadie en el penal”.
Varios de los contagiados y enfermos fueron
recuperándose, pero no sucedió así con Salvador Franco cuyo estado de salud fue
empeorando “hasta llegar a la situación de hoy donde tememos por su vida; él
está muy mal, ha perdido mucha masa muscular, mucho peso”.
Agrega Olnar Ortiz que “en septiembre 2020 denunciamos
que desde mediados de agosto y principios de septiembre, las autoridades del
penal permiten la visita de los familiares, pero no a los abogados, pero más
que todo con la intención que les lleven alimentos preparados, porque no
permiten víveres porque alegan que el penal no tienen condiciones para que los
detenidos preparen sus alimentos”.
“En el caso de los pemones es muy complicado porque
ellos están lejos de sus comunidades indígenas, lejos de sus familias. Ha sido
muy importante el apoyo de Felicia Pérez, madre de tres de los pemones, quien
logró conseguir albergue en el convento de las Hermanas Franciscanas, que han
colaborado y junto al Foro Penal y otro grupo de personas han logrado brindar
alimentos y traslado al penal dos días por semana de alimentos no perecederos”.
Por el caso de la Operación Aurora, ocurrida en la madrugada del 22 de diciembre 2019, hay en la causa 27 personas entre civiles y militares, incluyendo los 13 pemones. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/09/un-militar-de-la-operacion-aurora.html)
Según explica Ortiz, varios pemones se entregaron el
22 de diciembre, luego de que retornaran a su comunidad; otros, entre el 28 y
30 de ese mes fueron detenidos en distintas comunidades.
Resalta que ellos nunca han negado su participación en
la Operación Aurora. “La versión que han sostenido los pemones es que a ellos
los buscaron para realizar trabajos en una mina, no sabían que los estaban
involucrando en el asalto a un cuartel.
“Los engañaron cuando los fueron a buscar el 21 de
diciembre en la tarde. A todos ellos los obligaron a dar testimonios en el
momento en que fueron detenidos y trasladados a la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fueron coaccionados, maltratados y
torturados para que ellos rindieran testimonio de su participación en el
hecho”.
Aquellos indígenas que se entregaron el día 22, en
presencia del capitán de la etnia y sus familiares, lo hicieron con el acuerdo
de que ellos no negaban su participación, pero aclarando que los llevaron de
manera engañosa y que por eso se estaban entregando. “Desde el primer momento
los empezaron a maltratar, incluso los sometieron a asfixia mecánica en la
DGCIM. A algunos les arrancaron las uñas”.
Un primer grupo de los pemones fue presentado, en
Guasipati, el 27 de diciembre 2019, ante un Tribunal Militar, que después declinó
su competencia ante el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo en Caracas
anulando todas las actuaciones del Tribunal Militar; ese grupo fue presentado
el 10 de enero 2020. El segundo grupo fue presentado el 22 de febrero 2020.
Desaparición forzosa
“En el primer grupo se encontraba Frank Fernández, que
fue herido, y no fue presentado el día 10 de enero sino en fecha posterior, de
manera que estuvo en condición de desaparición forzosa durante 60 días; ni sus
familiares ni siquiera nosotros, sus abogados, sabíamos dónde estaba ni en qué
condiciones. La Dgcim negaba que él estuviera en sus instalaciones”, asegura el
abogado indígena.
Explica Ortiz que “la Dgcim como el Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tienen esa figura de ‘periodo de
adecuación’ (medida de acostumbramiento) de manera que no permiten, por más de
45 días, la visita de familiares ni de abogados. Por ello no sabíamos donde
estaba Fernández ni otros de los indígenas. Casi todos fueron víctimas de
desaparición forzosa”.
“La última audiencia de presentación del segundo grupo
fue el 22 de febrero 2020, pero luego se implementaron las medidas sanitarias
de la pandemia por el coronavirus. La primera audiencia preliminar iba a ser a
finales de octubre 2020, la cual fue pospuesta durante cuatro oportunidades
hasta que por fin se realizó el 25 de noviembre 2020, cuando fueron acusados de
cinco delitos, entre ellos terrorismo y asociación para delinquir”.
“El 2 de noviembre conocimos la decisión del juez acusándolos
de los cinco delitos. En esa audiencia el juez, a solicitud de los abogados,
ordena el traslado de todos los pemones, para la revisión médica, haciendo
principal énfasis en el caso de Salvador Franco que está actualmente muy
delicado de salud, según hemos sabido por sus familiares que está tosiendo
sangre”, finaliza diciendo el abogado Olnar Ortiz.
