El capitán olvidado de la causa “Espionaje Fortunato”: denuncian detención arbitraria, desaparición forzada y traslado a Yare II

La familia del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras denuncia que fue detenido sin orden judicial. Tras pasar por la DGCIM y El Rodeo I, su madre asegura que fue trasladado a Yare II en medio de un proceso judicial paralizado.

Sebastiana Barráez/ viernes 4 de septiembre 2026
Tomado de Infobae

Capitán (GNB) Jhonny Fernando Barrios Contreras detenidos desde el 26 de enero 2024.

Hay personas que apenas existen para el expediente público: no tienen presencia en redes sociales, no figuran en grandes titulares y terminan diluidas en el entramado judicial venezolano. Ese es, según su familia, el caso del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras, detenido el 26 de enero de 2024 y señalado dentro de la causa denominada “Espionaje Fortunato” o “Espías de la CIA”.

Teolinda Contreras, madre de Jhonny Barrios, dice en conversación con Infobae que su hijo fue enviado inicialmente al Centro Penitenciario Rodeo I. Ahora bajo el régimen el interinato de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, el jueves 3 de septiembre 2026, supo que había sido trasladado a la cárcel Yare II junto con otros detenidos de la misma causa. La noticia reactivó su denuncia pública: asegura que su hijo permanece preso sin que se haya fijado fecha para la apertura del juicio.

Contreras relata que su hijo, de 41 años, fue detenido, hace dos años y ocho meses, de manera arbitraria y sin orden de aprehensión por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM). El procedimiento ocurrió cuando el capitán prestaba servicio en el comando conocido como La Mata, sede del Comando de Zona N° 22 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la urbanización La Mata, parroquia Osuna Rodríguez, municipio Libertador del estado Mérida.

Funcionarios militares en el comando La Mata de Mérida durante una reunión.

La madre afirma que, cerca de las nueve de la mañana de ese 26 de enero, Barrios cumplía guardia en la puerta del comando cuando fue abordado por funcionarios de la DGCIM que llegaron en una camioneta negra. Según su versión, lo detuvieron sin explicaciones y lo trasladaron de inmediato a Caracas. Durante el trayecto, añade, no le permitieron consumir agua ni alimentos. Barrios también habría contado a su familia que un funcionario identificado como Luis Toro lo golpeó reiteradamente.

Desde entonces, según la denuncia, permaneció recluido en la sede principal de la DGCIM en Boleíta en desaparición forzada. “Pasados treinta días es cuando recibo información de que se encontraba recluido en ese sitio, pero al ir a preguntar por él me informan que fue trasladado días antes al Centro Penitenciario Rodeo I”, relató Contreras.

Un exfuncionario de Inteligencia Militar consultado por Infobae sostiene que, desde 2016, cuando el entonces coronel Rafael Antonio Franco Quintero asumió la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, bajo el mando del mayor general Iván Rafael Hernández Dala, se habría implementado un patrón de detenciones basado en listas de militares previamente investigados. Según esa fuente, esos nombres eran reutilizados para sustentar presuntas operaciones conspirativas que el gobierno venezolano presentaba como amenazas externas.

Daniel David Rivas Boyer y los tenientes coroneles Edgar Josué Carrillo Camacho y Jholmar Josué Cárdenas Camacho.

Justicia y Debido Proceso

La audiencia de presentación, según le informó su hijo, se realizó el 28 de enero. El 24 de abril de 2024 tuvo lugar la audiencia preliminar y el caso fue pasado a juicio. Sin embargo, la madre sostiene que desde entonces el proceso quedó paralizado: “No le han fijado fecha de apertura de juicio; es un retardo que lleva dos años”.

Contreras asegura que recientemente llevó escritos a la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. En esas comunicaciones denunció las presuntas violaciones graves de derechos humanos contra su hijo, entre ellas el derecho al debido proceso, a la libertad y a la integridad física, psíquica y moral.

En sus solicitudes, la madre pide que se tome en cuenta su denuncia formal por lo que considera una violación grave de derechos humanos contra el capitán Jhonny Fernando Barrios Contreras. Afirma que fue detenido sin haber cometido un hecho punible y sin que se le incautara algún elemento de interés criminalístico.

Teolinda Contreras recuerda que, tras graduarse, su hijo ingresó a la DGCIM y fue enviado a Machiques, estado Zulia. Luego fue trasladado a instalaciones militares de la Guardia Nacional Bolivariana y asignado al comando de La Mata, en Mérida, donde se ocupaba de asuntos administrativos.

Fernando Barrios Quintero y Teolinda Contreras padres del teniente Jhonny Barrios.

Enfrentando el miedo

Ese 26 de enero no fue el primer episodio, sino la tercera vez. “Antes del 2019 lo mantuvieron unos días detenidos y lo soltaron”, porque no había ningún tipo de pruebas en su contra. Posteriormente estuvo ocho meses presos, lo acusaron de terrorismo y traición a la patria, “no había ninguna prueba contra él y le dieron un sobreseimiento”, dice la madre del capitán. “Mucha gente le dijo que se fuera del país” porque no había garantías constitucionales, pero Jhonny Barrios optó por quedarse.

Durante estos años Contreras evitó hacer pública la denuncia por temor a represalias contra la familia y a que le impidieran visitar a su hijo. Ahora, dice, la preocupación es otra: padece artrosis avanzada en las piernas, lo que dificulta sus traslados. “Él está allá encerrado en el olvido. Lo sacaron del Rodeo I solo con el uniforme de los presos y los zapaticos, porque no les permitieron llevarse nada de lo que tenían ahí. En Yare hay que llevarles comida y agua; por todo hay que comprar”, afirma.

Delcy Rodríguez, presidenta interina en reunión con funcionarios del gobierno de EEUU en Caracas.

La madre asegura que es la única persona que puede verlo. El padre del capitán es Fernando Barrios Quintero, quien es paciente renal, postrado en cama, está ciego desde hace más de siete años y utiliza silla de ruedas. El capitán también tiene un hijo adolescente bajo el cuidado de su abuela.

La causa Espionaje Fortunato

El contexto de la causa se remonta al 22 de enero de 2024, cuando el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, anunció públicamente que, por la presunta participación en cinco conspiraciones, se había ordenado la captura de 32 personas desde el 15 de enero y se procesaban órdenes contra otras 11.

Nicolás Maduro Moros sostuvo entonces que esos supuestos planes habían sido organizados y planificados desde bases estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Colombia, con participación de funcionarios de inteligencia del Ejército colombiano.

Aunque Saab Halabi afirmó que el presunto cabecilla del caso, el sargento primero José Fortunato Guerrero Rojas, fue detenido en el municipio José María Semprún del estado Zulia, otras fuentes sostienen que en realidad fue capturado en Colombia y entregado a la DGCIM en Venezuela bajo el argumento de que era un militar desertor.

Tarek William Saab Halabi el entonces Fiscal Genera de la República en la rueda de prensa de enero 2024 anunciando las cinco supuestas conspiraciones.

Un exfuncionario de Inteligencia Militar le dice a Infobae que Fortunato habría sido torturado para grabar un video en el que señalara a varias personas, entre ellas al capitán Barrios. “Le prometieron que a cambio solo lo condenarían a cinco años de prisión, pero lo engañaron y lo condenaron a 30 años de cárcel”, le dice a Infobae un exfuncionario de Inteligencia Militar. 

El entonces fiscal General de la República aseguró que Fortunato Guerrero obtenía información confidencial de carácter militar, incluidos nombres de pilotos, que supuestamente enviaba a la CIA. Además de Guerrero, fueron detenidos los tenientes coroneles Edgar Josué Carrillo Camacho y Jholmar Josué Cárdenas Camacho, así como los civiles Daniel David Rivas Boyer y Jesús Alberto García. Se les acusó de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. Uno de ellos fue liberado y solo quedan cuatro detenidos.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/09/04/el-capitan-olvidado-de-la-causa-espionaje-fortunato-denuncian-detencion-arbitraria-desaparicion-forzada-y-traslado-a-yare-ii/

Venezuela atraviesa una “zona gris”: la apertura económica que no garantiza democracia

Un informe de Laboratorio de Paz reconoce señales de apertura en Venezuela, pero advierte que la recomposición institucional en curso no basta para hablar de democratización.

Sebastiana Barráez/ martes 1 de septiembre 2026
Tomado de Infobae

Familiares de presos políticos, el 14 de agosto de 2026, en la vigilia 218 frente a la cárcel del Rodeo I.

A un mes del inicio de la Mesa de Diálogo, encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, un informe del centro de investigación Laboratorio de Paz (LabPaz) recomienda cautela ante el momento político venezolano. La organización sostiene que toda oportunidad para recuperar la vigencia de la Constitución y avanzar hacia la reinstitucionalización democrática debe ser aprovechada, pero advierte que ningún proceso de cambio puede blindarse del debate público. A su juicio, una sociedad democrática no se construye suspendiendo la deliberación hasta conocer el resultado final.

El informe de LabPaz, contiene 26 páginas y está intitulado “Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia? La “zona gris” de Carothers como alerta para pensar el momento venezolano”. Buscan respuestas sobre ¿qué tipo de orden político están produciendo los acuerdos, reformas y concesiones surgidos alrededor de la mesa de diálogo de 2026?

El informe de LabPaz a un mes de la Mesa de Diálogo entre la Asamblea 2015 y el régimen venezolano.

El informe plantea que el escrutinio social, la organización ciudadana y la capacidad de advertir riesgos son condiciones indispensables para que la apertura no derive en un camino distinto al esperado. La pregunta central, según LabPaz, no es solo si Venezuela atraviesa una transición, sino quién decide, bajo qué reglas, con qué controles y hacia dónde conducen las reformas anunciadas.

Tras la Resolución Absoluta del 3 de enero, un sector de la opinión pública interpreta que el país inició una transición lenta, compleja e imperfecta, pero orientada de manera inevitable hacia la democracia. Esa expectativa se apoya, además, en las tres fases anunciadas por Estados Unidos: estabilización, recuperación y transición.

Representantes de la Asamblea 2015 en el segundo encuentro de la Mesa de Diálogo.

Advertencia de Carothers

LabPaz llama la atención sobre la crítica de Thomas Carothers en «El fin del paradigma de la transición” (“The End of the Transition Paradigm”) en 2002, sobre la llamada “tercera ola” democrática. Carothers advirtió que un país puede comenzar a salir del autoritarismo sin estar necesariamente transitando hacia la democracia. Entre ambos extremos, señaló, existe una amplia “zona gris” donde pueden convivir apertura política, elecciones, pluralismo, instituciones débiles y concentración del poder.

La organización considera que esa advertencia resulta especialmente útil para Venezuela. El riesgo no sería únicamente que la transición fracase, sino que tenga éxito en producir un país más abierto, estable y plural, pero aún incapaz de calificarse como una democracia funcional.

En la instalación de la Mesa se acordaron la metodología de trabajo y los principios generales. Entre los temas anunciados figuran la atención a las consecuencias del terremoto, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la recomposición del Consejo Nacional Electoral y las garantías para el ejercicio de los derechos políticos y civiles.

Durante el primer ciclo de conversaciones, realizado entre el 6 y el 12 de agosto, se anunciaron dos acuerdos públicos: avanzar en la renovación total de los magistrados del TSJ y promover de forma conjunta la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, con el objetivo de atender las consecuencias del terremoto y otras necesidades sociales.

Sin embargo, Laboratorio de Paz subraya que siguen abiertos asuntos decisivos: la renovación del CNE, las garantías efectivas para los derechos políticos y civiles, y la definición de condiciones y calendario electoral. También observa que la liberación plena de las personas detenidas por motivos políticos no ha sido incorporada como exigencia central de la Mesa.

Aunque el proceso abrió canales de consulta con algunos sectores sociales, las sesiones centrales de negociación se han realizado con acceso restringido y la información pública sobre sus deliberaciones continúa siendo limitada.

Los presos políticos no son tema de discusión en la Mesa de Diálogo.

Apertura y no democracia 

El informe insiste en que el conflicto venezolano no comenzó el 3 de enero. El antecedente inmediato se encuentra en la elección presidencial del 28 de julio de 2026 y en la imposibilidad de que el régimen demostrara, mediante resultados desagregados y verificables, la victoria atribuida a Nicolás Maduro.

La represión de las protestas y la persecución contra actores políticos y sociales profundizaron el conflicto de legitimidad. La captura y extracción de Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero modificó el escenario, pero no resolvió ese problema de fondo.

Delcy Rodríguez ejerce actualmente el poder sin haber sido elegida para la Presidencia, una situación cuya legitimidad se agravó tras agotarse el plazo constitucional de 180 días para un gobierno provisional o interino. En paralelo, la tutela de Estados Unidos incide sobre decisiones políticas, económicas e institucionales mediante incentivos, presiones y acuerdos entre ambos gobiernos.

LabPaz pide no analizar la Venezuela actual como si nada hubiera cambiado. Reconoce señales de apertura: excarcelaciones, mayores espacios para determinadas expresiones críticas y nuevas posibilidades de interlocución antes cerradas. Pero advierte que apertura no es lo mismo que liberalización, y liberalización no significa necesariamente democratización.

Una sociedad puede recuperar espacios de expresión, organización y negociación sin que existan cambios estructurales que permitan una competencia democrática efectiva. De allí que el tiempo, aunque puede ser una variable razonable para analizar una transición, se vuelve problemático cuando se utiliza como argumento para suspender el escrutinio público.

La represión en Venezuela ha sido sostenida desde hace más de una década.

Los dos riesgos

El informe toma de Carothers dos patrones frecuentes en países que abandonan parcialmente el autoritarismo sin consolidar democracias funcionales. El primero es el “pluralismo ineficaz”: distintas fuerzas políticas compiten e incluso pueden alternarse en el poder, pero las instituciones siguen siendo débiles, las élites permanecen desconectadas de la ciudadanía y el sistema responde mal a las demandas sociales.

La alerta, sostiene LabPaz, es pertinente frente a la posible renovación del TSJ y del CNE. Una composición más plural no garantiza por sí sola independencia judicial ni imparcialidad electoral. El estándar democrático debería medirse por la idoneidad de los designados, la transparencia de los procedimientos, la rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones para actuar incluso contra los intereses de quienes participaron en su nombramiento.

El segundo patrón es la “política del poder dominante”. En ese escenario, existen espacios para la oposición, funcionan algunas instituciones formalmente democráticas y pueden celebrarse elecciones, pero una fuerza política conserva una ventaja estructural que reduce de manera significativa la posibilidad real de alternancia.

Ese modelo borra progresivamente la frontera entre Estado y fuerza gobernante: “recursos públicos, medios estatales, burocracia, justicia y capacidades coercitivas terminan funcionando en beneficio de quienes controlan el poder”.

El primer punto es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Presos políticos y tutela 

Las nuevas excarcelaciones tienen una enorme importancia para las personas beneficiadas y sus familias, pero LabPaz recuerda que la privación arbitraria de libertad sigue siendo una violación de derechos humanos que genera obligaciones para el Estado. Si las causas judiciales continúan abiertas, persiste un mensaje contrario a la participación ciudadana.

Frente a los argumentos de representantes opositores sobre la ausencia del tema en la agenda, el informe es tajante: “la liberación de una persona detenida arbitrariamente no es una concesión política, sino una obligación estatal. Reclamarla no convierte a la víctima en instrumento de negociación”.

El documento también advierte sobre la influencia de Estados Unidos. Después de años de cierre institucional y represión, que un actor externo con capacidad de presión obtenga resultados que los actores nacionales no habían logrado puede percibirse como una oportunidad. Pero también “puede generar un efecto no deseado: la delegación progresiva de la iniciativa política y una tutela que derive en autocontención”.

Por eso, Laboratorio de Paz propone mirar el proceso con una doble perspectiva: reconocer los cambios sin confundirlos con democratización plena, y aprovechar los espacios abiertos sin renunciar a la exigencia de reglas, controles y garantías. 

Ante exigir mayor participación de la sociedad LabPaz considera que “después de años de represión, migración, fragmentación, empobrecimiento y cierre del espacio cívico, la apertura encuentra una sociedad debilitada en sus capacidades de acción colectiva”. Propone trabajar simultáneamente en cuatro dimensiones que se retroalimenten: recuperar confianza, reconstruir músculo organizativo, construir una agenda propia e incidir antes de que la transición quede atrapada en una nueva zona gris.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/09/01/venezuela-atraviesa-una-zona-gris-la-apertura-economica-que-no-garantiza-democracia/

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia es la primera gran prueba institucional de la transición en Venezuela

 

La organización Conciencia es Dignidad advierte que la sustitución total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia solo marcará un quiebre real si el proceso de postulación, evaluación y designación se realiza con reglas claras, control ciudadano y apego estricto a la Constitución.

Sebastiana Barráez/ domingo 30 de agosto 2026
Tomado de Infobae

Delcy Rodríguez, junto a Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y la presidente del TSJ.

La posible conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se perfila como uno de los primeros desafíos de la transición venezolana. Tras el acuerdo alcanzado el 12 de agosto de 2026 entre representantes del régimen y la Asamblea Nacional de 2015, bajo acompañamiento de Estados Unidos, el debate dejó de centrarse únicamente en la sustitución de los magistrados y pasó a una pregunta más compleja: cómo garantizar que el nuevo proceso no reproduzca los vicios que durante años erosionaron la independencia judicial.

En un análisis jurídico, la organización Conciencia es Dignidad sostiene que la renovación completa del TSJ puede convertirse en una oportunidad para reconstruir una justicia al servicio de los ciudadanos. Pero advierte que el cambio de nombres no será suficiente si la selección de los nuevos magistrados se realiza con opacidad, injerencia política o reglas improvisadas.

El acuerdo prevé la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, la renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para escoger a todos los magistrados y la creación de una instancia encargada de revisar las credenciales de los aspirantes. Sin embargo, la ONG subraya que aún no se conocen las reglas que regirán ese procedimiento.

Conciencia es Dignidad cuestionó si la Asamblea Nacional 2025 tiene legitimidad para aprobar la reforma que servirá de base a la designación de magistrados del TSJ.

El escenario abre un dilema adicional: la Constitución establece un período de doce años para los magistrados del TSJ, pero si la designación ocurre durante una institucionalidad transitoria, podría plantearse la necesidad de nombramientos provisionales por dos o tres años. Para Conciencia es Dignidad, allí se medirá si la transición venezolana puede avanzar hacia instituciones autónomas o si terminará atrapada en los mismos mecanismos que busca superar.

El dilema de la legitimidad

Para la organización, el punto de partida es constitucional. El artículo 264 atribuye a la Asamblea Nacional la designación de los magistrados del TSJ mediante un procedimiento con participación del Comité de Postulaciones Judiciales, el Poder Ciudadano y la sociedad civil. Ese diseño, sostiene, fue concebido para instituciones funcionando dentro de la normalidad democrática, no para un país que intenta reconstruirlas después de una ruptura institucional prolongada.

La propuesta de la Mesa de Diálogo es la sustitución de todos los magistrados del TSJ.

En ese contexto, Conciencia es Dignidad observa un dato político relevante apuntado por el politólogo José Vicente Carrasquero y es que Jorge de Jesús Rodríguez Gómez suscribió el acuerdo como representante del Gobierno Nacional, no como presidente de la Asamblea Nacional 2025. También llamó la atención sobre la ausencia de sello, membrete, número o fecha institucional, un elemento que, a su juicio, debilita la representación política de esa Asamblea en el proceso.

La interrogante central que se hace Conciencia es Dignidad es si la Asamblea Nacional 2025 tiene legitimidad y autoridad para discutir y aprobar la reforma que servirá de base a la designación y juramentación de los nuevos magistrados. Para la ONG, cualquier adaptación normativa debe respetar los principios democráticos, las garantías constitucionales y los derechos humanos. “No se puede restituir el orden constitucional violando al mismo tiempo la Constitución”, advierte.

Un comité bajo observación

El 27 de agosto 2026 fue aprobado en primera discusión el proyecto de reforma de la ley que rige al TSJ. Aunque se esperaba una modificación más amplia, el cambio quedó centrado en la composición numérica del Comité de Postulaciones Judiciales, que pasaría a estar integrado por 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

Jorge de Jesús Rodríguez Gómez representa al régimen venezolano en la Mesa de Diálogo.

La organización recuerda que la inclusión de diputados en el Comité de Postulaciones no está prevista expresamente en la Constitución. A su juicio, aunque la reforma modifica la correlación interna al otorgar mayoría a los representantes civiles, mantiene un elemento que contradice el espíritu del artículo 270, según el cual el comité debe estar conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad.

La ONG también advierte sobre el riesgo de un círculo vicioso institucional: una reforma aprobada por una Asamblea afín al chavismo, convalidada por magistrados cercanos al oficialismo y ahora utilizada como base para cambiar a esos mismos magistrados mediante otra reforma impulsada por el mismo bloque político.

En el centro del debate 

Antes de evaluar currículos, credenciales académicas o trayectoria profesional, Conciencia es Dignidad plantea una condición previa: definir quién revisará los requisitos y bajo qué metodología. La organización propone un sistema de contraloría social en el que participen organizaciones civiles, universidades, gremios, juristas y especialistas para construir indicadores verificables y seguir cada etapa del proceso.

El objetivo, sostiene, es evitar que la búsqueda de independencia judicial se convierta en una herramienta discrecional para excluir aspirantes. Los criterios, insiste, deben ser objetivos, conocidos de antemano y aplicables por igual a todos los candidatos.

La opositora diputada Dinorah Jaxilda Figuera Tovar presidente de la Asamblea Nacional 2015.

Los requisitos constitucionales en el centro del debate. El análisis parte del artículo 263 de la Constitución, que establece los requisitos mínimos para integrar el TSJ: nacionalidad venezolana por nacimiento, ausencia de otra nacionalidad, reconocida honorabilidad, competencia jurídica, buena reputación y una trayectoria profesional, académica o judicial suficiente.

La Constitución contempla tres vías alternativas: haber ejercido la abogacía durante al menos quince años con título universitario de postgrado en materia jurídica; haber sido profesor universitario en ciencias jurídicas durante el mismo período y con categoría de titular; o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente durante un mínimo de quince años.

Para la organización, esos requisitos no deben convertirse en formalidades vacías. Por ello propone revisar publicaciones jurídicas, decisiones judiciales, casos relevantes y desempeño público de los aspirantes, a fin de determinar si cumplen con la condición de juristas de reconocida competencia y prestigio.

Las zonas grises

Uno de los terrenos más delicados será la independencia política. La ONG se pregunta si basta con que un aspirante renuncie formalmente a una militancia partidista para ser considerado independiente. Su respuesta es cautelosa: una carta puede cerrar una afiliación, pero no borra años de vínculos políticos, cargos, actuaciones públicas o relaciones de dependencia ideológica.

También existen dudas sobre el alcance de la carrera académica. Un abogado puede tener décadas de docencia, publicaciones y reconocimiento universitario, pero no cumplir la vía constitucional si no posee la categoría de profesor titular. Según el análisis, la condición de profesor contratado, incluso en programas de postgrado, no satisface ese requisito conforme a la Ley de Universidades.

Trabajadores en las calles de Venezuela.

La organización pide además definir con precisión qué documentos demostrarán la condición académica exigida y advierte contra la validación de diplomados, especializaciones breves o títulos otorgados sin rigor suficiente como equivalentes a un postgrado jurídico universitario.

Otro punto controvertido es la experiencia profesional fuera de la judicatura. Conciencia es Dignidad reconoce que abogados con larga trayectoria en arbitraje, litigios complejos o mecanismos alternativos de resolución de controversias pueden aportar méritos relevantes para determinadas salas del TSJ. Sin embargo, esa experiencia no puede contabilizarse automáticamente como carrera judicial. 

Algo similar ocurre con fiscales del Ministerio Público o defensores públicos. La ONG considera que esas trayectorias pueden valorarse dentro de la experiencia profesional, pero no como experiencia judicial. 

También plantea que deben examinarse con especial atención los casos de aspirantes que hayan ejercido cargos sin concurso o que hayan sido señalados por participación, complicidad o encubrimiento en violaciones de derechos humanos.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/08/30/la-renovacion-del-tribunal-supremo-de-justicia-es-la-primera-gran-prueba-institucional-de-la-transicion-en-venezuela/

Los militares ascendidos por Delcy Rodríguez pese a las denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos

Las resoluciones dejan al descubierto una nómina de ascensos en la Guardia Nacional Bolivariana atravesada por expedientes internos, señalamientos por narcotráfico, denuncias de tratos crueles y controversias. 

Sebastiana Barráez/ sábado 29 de agosto 2026
Tomado de Infobae

El control del orden interno es una de las funciones esenciales de la GNB.

Las órdenes de ascenso emitidas por Delcy Eloína Rodríguez Gómez, desde que asumió el poder el 3 de enero 2026, no están envueltas únicamente en formalidades castrenses. Mediante la resolución 1019 del 22 de julio, catorce oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana fueron promovidos al grado de teniente coronel de comando. El primer lugar de esa lista lo ocupa Diego Armando Perche Párraga, un nombre que ya figuraba en los archivos internos de la institución por una investigación abierta en 2023 por la Inspectoría General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según el expediente GNB-CG-IG-SI:011-23, a Perche Párraga se le abrió una averiguación luego de que surgiera una presunta conversación extorsiva con César Augusto Camacaro Hoyos, productor señalado por coordinar envíos de drogas desde las costas del estado Falcón. Para entonces, el oficial formaba parte de una comisión que investigaba a Camacaro por presunta legitimación de capitales. La versión fue difundida en la fecha por el diario oficialista Últimas Noticias, a partir de una grabación obtenida por el Comando Nacional Antidrogas, sin que nunca quedara establecido si fue real o un montaje para sacar al oficial del tablero militar. 

El ascenso resulta especialmente llamativo por el perfil operativo del funcionario: Perche Párraga fue comandante de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas del estado Lara y jefe del Destacamento de Comandos Rurales de la GNB, cargos sensibles dentro de una estructura militar encargada precisamente de combatir redes criminales y operaciones ilícitas. No se ha dado una explicación pública de lo ocurrido con los militares involucrados en el oscuro caso de narcotráfico.

Los tenientes coroneles (GNB) Eduardo Ramón Padrón Oquendo y Mickel Enrique Amézquita Pión.

En el juicio conocido como el Caso Camacaro figuran, dentro de la misma causa, César Augusto Camacaro Hoyos y su pareja, Daniela Alejandra Villavicencio Monasterios, junto con Edgar Alexander Bermúdez, Max Thompson Pérez, Pedro Javier Villegas González, Jhanor Josué Suárez Matheus, Alexis José Rojas Molina, Pedro Rafael Vincent Gómez y Ronmer Orlando Gómez Gómez.

Los señalados enfrentan acusaciones por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación, legitimación de capitales, obstrucción a la administración de justicia, usurpación de identidad y tráfico ilícito de armas de guerra y municiones. El expediente, por la gravedad de los delitos mencionados, contrasta con la decisión de colocar en el primer puesto de los ascensos a un oficial que estuvo bajo investigación interna vinculada al caso.

Las funciones de los tenientes coroneles son claves porque les permite estar en contacto directo con las Tropas Profesionales y Alistadas, otorgándole una alta influencia en la disciplina interna y el control real del territorio nacional.

Delcy Rodríguez ha dispuesto de todos los ascensos militares que son suscritos por el Ministro de la Defensa, GJ Gustavo González López.

Por violaciones a derechos humanos

La lista también incluye otro nombre controversial: Eduardo Ramón Padrón Oquendo, alias Babo. El 11 de enero de 2026, familiares de presos lo denunciaron por presuntamente someter a privados de libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando se desempeñaba como jefe del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMAS) en el centro penitenciario Yare II.

A esos nombramientos se suma la resolución 1021, que ascendió a tres tenientes coroneles asimilados: Mickel Enrique Amézquita Pión, Gregoria Del Carmen Carpio Meléndez y Pedro José Valero Ruíz. Entre ellos destaca Amézquita Pión, promovido como número uno de su grupo pese a estar asociado a asuntos de alta sensibilidad pública en materia de derechos humanos y justicia militar.

Amézquita Pión ha sido señalado por su actuación como juez militar, particularmente por ordenar la privación de libertad del capitán de corbeta retirado Rafael Acosta Arévalo en 2019, en el marco de la llamada Operación Constitución. 

Acosta Arévalo fue brutalmente torturado y, de acuerdo con el acta de defunción, que reveló Amnistía Internacional, murió frente al juez Amézquita Pión. 

En octubre 2020, Katherine Dayana Guerrero Martínez, esposa del Primer Teniente (Ej) Luis Alejandro Mogollón Velázquez, denunció en octubre de 2020 que después de la audiencia con el juez Amezquita Pión, el 15 de diciembre 2017, hubo contra su esposo tratos crueles e inhumanos por parte del entonces director de Ramo Verde, Capitán de Navío José Ramón Boston Silva, y personal de custodios como el Capitán de Corbeta Pinto Verde. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/09/escandalo-en-la-justicia-militar-de.html).

El ahora teniente coronel asimilado, Amézquita Pión, quien posee un doctorado en Ciencias de la Educación y una maestría en Derecho Penal, ejerció como juez en el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas y en el Noveno de Control en Falcón. Su ascenso, como el de otros oficiales mencionados, vuelve a colocar bajo escrutinio los criterios de promoción dentro de la estructura militar venezolana.

Diego Armando Perche Párraga ascendió de Nr. 1 al grado de teniente coronel de comando de la GNB.

De comandos y técnicos

Los otros ascendidos a tenientes coroneles de comando, en la resolución 1019, son: Argeni Franco Prieto Morales, quien al inicio de su carrera militar comandó la Primera Compañía adscrita al Destacamento de Comandos Rurales N° 619 en el estado Delta Amacuro; Jorge Luis Uranga Herrera, Franklin Oswaldo Merchan, Jesús Miguel Coronado Borjas, Rubén Alberto Alarcón Urbina.

Completan la lista de comandantes de la GNB: Santos José César Rivero, Enrique Rafael Espinoza Jiménez, Adan Andre Abad Zambrano, Miguel Enrique Buitrago Moreno, José Leonardo Enrique Mata Pineda, Martín Eduardo Puerta Reyes y Alvaro Javier Alarcon Camacho, quien como 2do Comandante del D-133 en Tucacas, estado Falcon se ha encargado de la capacitación y adiestramiento de los Pelotones de Restablecimiento del Orden Público (PROP) y los Grupos de Respuesta Inmediata (GRI) del eje oriental falconiano.

Hubo 20 oficiales ascendidos al grado de teniente coronel en la categoría efectivo técnico, sostiene la resolución 1020 del 22 de julio 2026, suscrita por el ministro de la defensa Gustavo González López. Ellos son: Sara Vanessa Sánchez Villarroel, Carlos Alberto Zerpa, Leonardo Artube Cabrales Caicedo, Yoel Alfredo Godoy Briceño, Cindy Andreina González Huerfano, Yessica Carolina Giacchetta Aponte, Rosana Rosales Ramírez, Jackson Alonso Díaz Díaz, Josmir Yaneth Tovar Hernández, Nixon Enrique Sánchez Ortega, Jhoan Leonel Hurtado Moreno, Krisbel Lucia Aucaquizhpi Ordoñez.

Cierran el cuadro Yolimar Carolina Núñez Luque, Carolina del Rosario Torres Contreras, Robert José Medina Rosales, Jhoan José Mata Zerpa, Jesús Enrique Ochoa Pérez, Rómulo Antonio Gélvez Briceño, Jackson Miguel Soto Bustamante y Reny Jesús Pérez Ventura.  

Son cuatro los ascendidos a tenientes coroneles asimilados técnicos, según resolución 1022 del 22 de julio 2026: Jhosley Eduardo Marcano Hurtado, Gerardo Ernesto Hurtado Crespo, Bellaluz Josefina Jaimes Gil y José Antonio Luna Maldonado.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/08/29/los-militares-ascendidos-por-delcy-rodriguez-pese-a-las-denuncias-en-su-contra-por-violaciones-a-los-derechos-humanos/