Un informe de inteligencia revela que Nicolás Maduro ignoró una alerta militar sobre una operación de EEUU para capturarlo

 

La advertencia fue planteada por Vladimir Padrino López en una reunión del 28 de diciembre de 2025, cuando propuso suspender permisos navideños y elevar la operatividad militar en todo el país 

Sebastiana Barráez/ domingo 6 de septiembre 2026
Tomado de Infobae

El informe de inteligencia reveló que Nicolás Maduro desestimó una alerta sobre la operación de Estados Unidos que lo derrocó. (REUTERS/ARCHIVO).

Un informe de inteligencia detalla una reunión de alto nivel celebrada el 28 de diciembre de 2025, horas antes de la salutación presidencial en la Academia Militar de la Armada. En el encuentro participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López, Héctor Rodríguez, Domingo Hernández Lárez, José Luis Tremont Jiménez, comandantes de los componentes y Nicolás Maduro Guerra.

Según el documento, al que tuvo acceso Infobae, el entonces ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, alertó sobre la posibilidad de un ataque militar por parte de Estados Unidos. Ante ese escenario recomendó suspender los permisos navideños, y paralelamente reforzar las unidades militares y elevar la actividad operativa en todo el país.

Luego del 3 de enero fue cambiado todo el mando militar en la Fuerza Armada.

La reacción de Nicolás Maduro, de acuerdo con el informe, fue de sorpresa. El mandatario rechazó la advertencia y aseguró que intermediarios que actuaban como lobbistas entre su gobierno y funcionarios estadounidenses le habían garantizado que no habría acciones militares contra instituciones del Estado ni contra él o su familia. 

Maduro tenía la certeza, según les dijo, que el despliegue de la Operación Lanza del Sur, era una estrategia de presión. Ese argumento fue secundado por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, quienes insistieron en que suspender los permisos navideños generaría alarma dentro de la Fuerza Armada y podría estimular levantamientos internos.

Nicolás Maduro con los generales Adelino Ornelas, Domingo Hernández Lárez, Vladimir Padrino y de civil Jorge Márquez. Todos están fuera de la Fuerza Armada.

Lo que queda en evidencia es que tanto Maduro, como Cilia Flores descartaron la alerta como creíble y no consideraron que Padrino López reuniera las capacidades estratégicas necesarias de un líder militar con alta dirección estratégica encargado de garantizar la seguridad nacional y la estabilidad de las fuerzas castrenses, en ese momento de alta tensión. También destaca la insistencia de Rodríguez y Cabello en minimizar la advertencia del ministro de la Defensa durante la reunión.

Los antecedentes

En paralelo a estos hechos, el documento menciona gestiones diplomáticas que se desarrollaban fuera del país. De acuerdo con una revelación publicada por The Washington Post, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, convocó de urgencia, en vísperas de Navidad, al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch. El objetivo era ofrecer a Nicolás Maduro una salida negociada con asilo en Rusia, garantizado por el presidente Vladimir Putin, para evitar una intervención militar estadounidense a gran escala.

Una investigación posterior de la agencia Zenit confirmó que la propuesta rusa incluía protección para Maduro y su círculo íntimo, la posibilidad de abandonar Venezuela y la garantía de conservar sus recursos económicos en el extranjero. Sin embargo, el informe de Inteligencia obtenido por Infobae, señala que la administración estadounidense rechazó esa opción. El presidente Donald Trump insistió en que Maduro debía ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de narcoterrorismo que pesaban sobre él.

El documento también recoge información divulgada por Reuters sobre contactos previos entre funcionarios de la administración Trump y Diosdado Cabello y esas comunicaciones se mantuvieron incluso después del 3 de enero de 2026. Cabello habría sido advertido de no activar los mecanismos de represión ni movilizar las bases del PSUV o grupos de choque contra la oposición. 

El ataque militar de EEUU, el 3 de enero, causó pérdidas de vidas y destrozos materiales en Fuerte Tiuna.

Su inacción, pese a tener una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares en su contra, habría sido compensada con su permanencia en el cargo y la de sus familiares.

El informe incluye la existencia de conversaciones en curso entre figuras del chavismo y funcionarios estadounidenses para asegurar la continuidad del aparato de poder tras la salida de Maduro lo que explicaría por qué Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello descartaron sin vacilación la advertencia militar de Padrino López en la reunión del 28 de diciembre de 2025.

Mandos responsables 

Cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutan, el 3 de enero 2026, la Operación Resolución Absoluta, extrayendo a Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Adela Flores de Maduro de territorio venezolano, existía una cadena de mando encargada de la defensa de Caracas.

El GB Yonny Rodolfo Mora Soto, a la derecha, recibe el estandarte de la Brigada de Defensa Aérea Central, en noviembre 2024.

La figura principal era el ministro de la Defensa, en su función política y militar, el General en Jefe (Ej.) Vladimir Padrino López. En el nivel estratégico y operacional se encontraba el GJ (Ej.) Domingo Antonio Hernández Lárez, jefe del Ceofanb. Los dos altos oficiales fueron relevados de sus cargos, por Delcy Rodríguez. el 18 de marzo 2026.

Frente al Comando de Defensa Aeroespacial (Codai) se encontraba el Mayor General (Av.) José Luis Tremont Jiménez, quien horas después de la extracción de Nicolás Maduro, fue destituido del cargo. El general Yonny Rodolfo Mora Soto, comandante de la Brigada de Defensa Aérea Central, cierra el cuadro operacional y táctico de la defensa de Caracas, como centro del poder político y militar de Venezuela.

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en el Palacio Federal sede de la Asamblea Nacional el 15 de enero 2026.

El CODAI, que es el comando por excelencia de combate conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preparado para la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo venezolano, también tiene en su estructura otros cargos relevantes, como el del segundo comandante, que ocupaba el GD (Av.) José Antonio Cuare Salazar, quien fue pasado a retiro en julio 2026. 

También el Inspector General, el divisionario Eduardo José Sellone, quien fue designado, en enero 2026, como jefe del Comando de Defensa Aeroespacial, en sustitución del Mayor General José Luis Tremont Jiménez; Sellone solo estuvo siete meses al frente del CODAI y en agosto 2026 es nombrado director Conjunto de Ciberdefensa del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB). 

Y en esa estructura se incluye al director de Artillería, GD Robert Frederich Rondón Cordero, quien fue Director de Operaciones del Codai. Rondón era el segundo comandante y Jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, hasta el 11 de agosto 2026. 

https://www.infobae.com/venezuela/2026/09/06/un-informe-de-inteligencia-revela-que-nicolas-maduro-ignoro-una-alerta-militar-sobre-una-operacion-de-eeuu-para-capturarlo/

El capitán olvidado de la causa “Espionaje Fortunato”: denuncian detención arbitraria, desaparición forzada y traslado a Yare II

La familia del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras denuncia que fue detenido sin orden judicial. Tras pasar por la DGCIM y El Rodeo I, su madre asegura que fue trasladado a Yare II en medio de un proceso judicial paralizado.

Sebastiana Barráez/ viernes 4 de septiembre 2026
Tomado de Infobae

Capitán (GNB) Jhonny Fernando Barrios Contreras detenidos desde el 26 de enero 2024.

Hay personas que apenas existen para el expediente público: no tienen presencia en redes sociales, no figuran en grandes titulares y terminan diluidas en el entramado judicial venezolano. Ese es, según su familia, el caso del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras, detenido el 26 de enero de 2024 y señalado dentro de la causa denominada “Espionaje Fortunato” o “Espías de la CIA”.

Teolinda Contreras, madre de Jhonny Barrios, dice en conversación con Infobae que su hijo fue enviado inicialmente al Centro Penitenciario Rodeo I. Ahora bajo el régimen el interinato de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, el jueves 3 de septiembre 2026, supo que había sido trasladado a la cárcel Yare II junto con otros detenidos de la misma causa. La noticia reactivó su denuncia pública: asegura que su hijo permanece preso sin que se haya fijado fecha para la apertura del juicio.

Contreras relata que su hijo, de 41 años, fue detenido, hace dos años y ocho meses, de manera arbitraria y sin orden de aprehensión por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM). El procedimiento ocurrió cuando el capitán prestaba servicio en el comando conocido como La Mata, sede del Comando de Zona N° 22 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la urbanización La Mata, parroquia Osuna Rodríguez, municipio Libertador del estado Mérida.

Funcionarios militares en el comando La Mata de Mérida durante una reunión.

La madre afirma que, cerca de las nueve de la mañana de ese 26 de enero, Barrios cumplía guardia en la puerta del comando cuando fue abordado por funcionarios de la DGCIM que llegaron en una camioneta negra. Según su versión, lo detuvieron sin explicaciones y lo trasladaron de inmediato a Caracas. Durante el trayecto, añade, no le permitieron consumir agua ni alimentos. Barrios también habría contado a su familia que un funcionario identificado como Luis Toro lo golpeó reiteradamente.

Desde entonces, según la denuncia, permaneció recluido en la sede principal de la DGCIM en Boleíta en desaparición forzada. “Pasados treinta días es cuando recibo información de que se encontraba recluido en ese sitio, pero al ir a preguntar por él me informan que fue trasladado días antes al Centro Penitenciario Rodeo I”, relató Contreras.

Un exfuncionario de Inteligencia Militar consultado por Infobae sostiene que, desde 2016, cuando el entonces coronel Rafael Antonio Franco Quintero asumió la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, bajo el mando del mayor general Iván Rafael Hernández Dala, se habría implementado un patrón de detenciones basado en listas de militares previamente investigados. Según esa fuente, esos nombres eran reutilizados para sustentar presuntas operaciones conspirativas que el gobierno venezolano presentaba como amenazas externas.

Daniel David Rivas Boyer y los tenientes coroneles Edgar Josué Carrillo Camacho y Jholmar Josué Cárdenas Camacho.

Justicia y Debido Proceso

La audiencia de presentación, según le informó su hijo, se realizó el 28 de enero. El 24 de abril de 2024 tuvo lugar la audiencia preliminar y el caso fue pasado a juicio. Sin embargo, la madre sostiene que desde entonces el proceso quedó paralizado: “No le han fijado fecha de apertura de juicio; es un retardo que lleva dos años”.

Contreras asegura que recientemente llevó escritos a la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. En esas comunicaciones denunció las presuntas violaciones graves de derechos humanos contra su hijo, entre ellas el derecho al debido proceso, a la libertad y a la integridad física, psíquica y moral.

En sus solicitudes, la madre pide que se tome en cuenta su denuncia formal por lo que considera una violación grave de derechos humanos contra el capitán Jhonny Fernando Barrios Contreras. Afirma que fue detenido sin haber cometido un hecho punible y sin que se le incautara algún elemento de interés criminalístico.

Teolinda Contreras recuerda que, tras graduarse, su hijo ingresó a la DGCIM y fue enviado a Machiques, estado Zulia. Luego fue trasladado a instalaciones militares de la Guardia Nacional Bolivariana y asignado al comando de La Mata, en Mérida, donde se ocupaba de asuntos administrativos.

Fernando Barrios Quintero y Teolinda Contreras padres del teniente Jhonny Barrios.

Enfrentando el miedo

Ese 26 de enero no fue el primer episodio, sino la tercera vez. “Antes del 2019 lo mantuvieron unos días detenidos y lo soltaron”, porque no había ningún tipo de pruebas en su contra. Posteriormente estuvo ocho meses presos, lo acusaron de terrorismo y traición a la patria, “no había ninguna prueba contra él y le dieron un sobreseimiento”, dice la madre del capitán. “Mucha gente le dijo que se fuera del país” porque no había garantías constitucionales, pero Jhonny Barrios optó por quedarse.

Durante estos años Contreras evitó hacer pública la denuncia por temor a represalias contra la familia y a que le impidieran visitar a su hijo. Ahora, dice, la preocupación es otra: padece artrosis avanzada en las piernas, lo que dificulta sus traslados. “Él está allá encerrado en el olvido. Lo sacaron del Rodeo I solo con el uniforme de los presos y los zapaticos, porque no les permitieron llevarse nada de lo que tenían ahí. En Yare hay que llevarles comida y agua; por todo hay que comprar”, afirma.

Delcy Rodríguez, presidenta interina en reunión con funcionarios del gobierno de EEUU en Caracas.

La madre asegura que es la única persona que puede verlo. El padre del capitán es Fernando Barrios Quintero, quien es paciente renal, postrado en cama, está ciego desde hace más de siete años y utiliza silla de ruedas. El capitán también tiene un hijo adolescente bajo el cuidado de su abuela.

La causa Espionaje Fortunato

El contexto de la causa se remonta al 22 de enero de 2024, cuando el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, anunció públicamente que, por la presunta participación en cinco conspiraciones, se había ordenado la captura de 32 personas desde el 15 de enero y se procesaban órdenes contra otras 11.

Nicolás Maduro Moros sostuvo entonces que esos supuestos planes habían sido organizados y planificados desde bases estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Colombia, con participación de funcionarios de inteligencia del Ejército colombiano.

Aunque Saab Halabi afirmó que el presunto cabecilla del caso, el sargento primero José Fortunato Guerrero Rojas, fue detenido en el municipio José María Semprún del estado Zulia, otras fuentes sostienen que en realidad fue capturado en Colombia y entregado a la DGCIM en Venezuela bajo el argumento de que era un militar desertor.

Tarek William Saab Halabi el entonces Fiscal Genera de la República en la rueda de prensa de enero 2024 anunciando las cinco supuestas conspiraciones.

Un exfuncionario de Inteligencia Militar le dice a Infobae que Fortunato habría sido torturado para grabar un video en el que señalara a varias personas, entre ellas al capitán Barrios. “Le prometieron que a cambio solo lo condenarían a cinco años de prisión, pero lo engañaron y lo condenaron a 30 años de cárcel”, le dice a Infobae un exfuncionario de Inteligencia Militar. 

El entonces fiscal General de la República aseguró que Fortunato Guerrero obtenía información confidencial de carácter militar, incluidos nombres de pilotos, que supuestamente enviaba a la CIA. Además de Guerrero, fueron detenidos los tenientes coroneles Edgar Josué Carrillo Camacho y Jholmar Josué Cárdenas Camacho, así como los civiles Daniel David Rivas Boyer y Jesús Alberto García. Se les acusó de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. Uno de ellos fue liberado y solo quedan cuatro detenidos.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/09/04/el-capitan-olvidado-de-la-causa-espionaje-fortunato-denuncian-detencion-arbitraria-desaparicion-forzada-y-traslado-a-yare-ii/

Venezuela atraviesa una “zona gris”: la apertura económica que no garantiza democracia

Un informe de Laboratorio de Paz reconoce señales de apertura en Venezuela, pero advierte que la recomposición institucional en curso no basta para hablar de democratización.

Sebastiana Barráez/ martes 1 de septiembre 2026
Tomado de Infobae

Familiares de presos políticos, el 14 de agosto de 2026, en la vigilia 218 frente a la cárcel del Rodeo I.

A un mes del inicio de la Mesa de Diálogo, encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, un informe del centro de investigación Laboratorio de Paz (LabPaz) recomienda cautela ante el momento político venezolano. La organización sostiene que toda oportunidad para recuperar la vigencia de la Constitución y avanzar hacia la reinstitucionalización democrática debe ser aprovechada, pero advierte que ningún proceso de cambio puede blindarse del debate público. A su juicio, una sociedad democrática no se construye suspendiendo la deliberación hasta conocer el resultado final.

El informe de LabPaz, contiene 26 páginas y está intitulado “Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia? La “zona gris” de Carothers como alerta para pensar el momento venezolano”. Buscan respuestas sobre ¿qué tipo de orden político están produciendo los acuerdos, reformas y concesiones surgidos alrededor de la mesa de diálogo de 2026?

El informe de LabPaz a un mes de la Mesa de Diálogo entre la Asamblea 2015 y el régimen venezolano.

El informe plantea que el escrutinio social, la organización ciudadana y la capacidad de advertir riesgos son condiciones indispensables para que la apertura no derive en un camino distinto al esperado. La pregunta central, según LabPaz, no es solo si Venezuela atraviesa una transición, sino quién decide, bajo qué reglas, con qué controles y hacia dónde conducen las reformas anunciadas.

Tras la Resolución Absoluta del 3 de enero, un sector de la opinión pública interpreta que el país inició una transición lenta, compleja e imperfecta, pero orientada de manera inevitable hacia la democracia. Esa expectativa se apoya, además, en las tres fases anunciadas por Estados Unidos: estabilización, recuperación y transición.

Representantes de la Asamblea 2015 en el segundo encuentro de la Mesa de Diálogo.

Advertencia de Carothers

LabPaz llama la atención sobre la crítica de Thomas Carothers en «El fin del paradigma de la transición” (“The End of the Transition Paradigm”) en 2002, sobre la llamada “tercera ola” democrática. Carothers advirtió que un país puede comenzar a salir del autoritarismo sin estar necesariamente transitando hacia la democracia. Entre ambos extremos, señaló, existe una amplia “zona gris” donde pueden convivir apertura política, elecciones, pluralismo, instituciones débiles y concentración del poder.

La organización considera que esa advertencia resulta especialmente útil para Venezuela. El riesgo no sería únicamente que la transición fracase, sino que tenga éxito en producir un país más abierto, estable y plural, pero aún incapaz de calificarse como una democracia funcional.

En la instalación de la Mesa se acordaron la metodología de trabajo y los principios generales. Entre los temas anunciados figuran la atención a las consecuencias del terremoto, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la recomposición del Consejo Nacional Electoral y las garantías para el ejercicio de los derechos políticos y civiles.

Durante el primer ciclo de conversaciones, realizado entre el 6 y el 12 de agosto, se anunciaron dos acuerdos públicos: avanzar en la renovación total de los magistrados del TSJ y promover de forma conjunta la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, con el objetivo de atender las consecuencias del terremoto y otras necesidades sociales.

Sin embargo, Laboratorio de Paz subraya que siguen abiertos asuntos decisivos: la renovación del CNE, las garantías efectivas para los derechos políticos y civiles, y la definición de condiciones y calendario electoral. También observa que la liberación plena de las personas detenidas por motivos políticos no ha sido incorporada como exigencia central de la Mesa.

Aunque el proceso abrió canales de consulta con algunos sectores sociales, las sesiones centrales de negociación se han realizado con acceso restringido y la información pública sobre sus deliberaciones continúa siendo limitada.

Los presos políticos no son tema de discusión en la Mesa de Diálogo.

Apertura y no democracia 

El informe insiste en que el conflicto venezolano no comenzó el 3 de enero. El antecedente inmediato se encuentra en la elección presidencial del 28 de julio de 2026 y en la imposibilidad de que el régimen demostrara, mediante resultados desagregados y verificables, la victoria atribuida a Nicolás Maduro.

La represión de las protestas y la persecución contra actores políticos y sociales profundizaron el conflicto de legitimidad. La captura y extracción de Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero modificó el escenario, pero no resolvió ese problema de fondo.

Delcy Rodríguez ejerce actualmente el poder sin haber sido elegida para la Presidencia, una situación cuya legitimidad se agravó tras agotarse el plazo constitucional de 180 días para un gobierno provisional o interino. En paralelo, la tutela de Estados Unidos incide sobre decisiones políticas, económicas e institucionales mediante incentivos, presiones y acuerdos entre ambos gobiernos.

LabPaz pide no analizar la Venezuela actual como si nada hubiera cambiado. Reconoce señales de apertura: excarcelaciones, mayores espacios para determinadas expresiones críticas y nuevas posibilidades de interlocución antes cerradas. Pero advierte que apertura no es lo mismo que liberalización, y liberalización no significa necesariamente democratización.

Una sociedad puede recuperar espacios de expresión, organización y negociación sin que existan cambios estructurales que permitan una competencia democrática efectiva. De allí que el tiempo, aunque puede ser una variable razonable para analizar una transición, se vuelve problemático cuando se utiliza como argumento para suspender el escrutinio público.

La represión en Venezuela ha sido sostenida desde hace más de una década.

Los dos riesgos

El informe toma de Carothers dos patrones frecuentes en países que abandonan parcialmente el autoritarismo sin consolidar democracias funcionales. El primero es el “pluralismo ineficaz”: distintas fuerzas políticas compiten e incluso pueden alternarse en el poder, pero las instituciones siguen siendo débiles, las élites permanecen desconectadas de la ciudadanía y el sistema responde mal a las demandas sociales.

La alerta, sostiene LabPaz, es pertinente frente a la posible renovación del TSJ y del CNE. Una composición más plural no garantiza por sí sola independencia judicial ni imparcialidad electoral. El estándar democrático debería medirse por la idoneidad de los designados, la transparencia de los procedimientos, la rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones para actuar incluso contra los intereses de quienes participaron en su nombramiento.

El segundo patrón es la “política del poder dominante”. En ese escenario, existen espacios para la oposición, funcionan algunas instituciones formalmente democráticas y pueden celebrarse elecciones, pero una fuerza política conserva una ventaja estructural que reduce de manera significativa la posibilidad real de alternancia.

Ese modelo borra progresivamente la frontera entre Estado y fuerza gobernante: “recursos públicos, medios estatales, burocracia, justicia y capacidades coercitivas terminan funcionando en beneficio de quienes controlan el poder”.

El primer punto es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Presos políticos y tutela 

Las nuevas excarcelaciones tienen una enorme importancia para las personas beneficiadas y sus familias, pero LabPaz recuerda que la privación arbitraria de libertad sigue siendo una violación de derechos humanos que genera obligaciones para el Estado. Si las causas judiciales continúan abiertas, persiste un mensaje contrario a la participación ciudadana.

Frente a los argumentos de representantes opositores sobre la ausencia del tema en la agenda, el informe es tajante: “la liberación de una persona detenida arbitrariamente no es una concesión política, sino una obligación estatal. Reclamarla no convierte a la víctima en instrumento de negociación”.

El documento también advierte sobre la influencia de Estados Unidos. Después de años de cierre institucional y represión, que un actor externo con capacidad de presión obtenga resultados que los actores nacionales no habían logrado puede percibirse como una oportunidad. Pero también “puede generar un efecto no deseado: la delegación progresiva de la iniciativa política y una tutela que derive en autocontención”.

Por eso, Laboratorio de Paz propone mirar el proceso con una doble perspectiva: reconocer los cambios sin confundirlos con democratización plena, y aprovechar los espacios abiertos sin renunciar a la exigencia de reglas, controles y garantías. 

Ante exigir mayor participación de la sociedad LabPaz considera que “después de años de represión, migración, fragmentación, empobrecimiento y cierre del espacio cívico, la apertura encuentra una sociedad debilitada en sus capacidades de acción colectiva”. Propone trabajar simultáneamente en cuatro dimensiones que se retroalimenten: recuperar confianza, reconstruir músculo organizativo, construir una agenda propia e incidir antes de que la transición quede atrapada en una nueva zona gris.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/09/01/venezuela-atraviesa-una-zona-gris-la-apertura-economica-que-no-garantiza-democracia/

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia es la primera gran prueba institucional de la transición en Venezuela

 

La organización Conciencia es Dignidad advierte que la sustitución total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia solo marcará un quiebre real si el proceso de postulación, evaluación y designación se realiza con reglas claras, control ciudadano y apego estricto a la Constitución.

Sebastiana Barráez/ domingo 30 de agosto 2026
Tomado de Infobae

Delcy Rodríguez, junto a Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y la presidente del TSJ.

La posible conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se perfila como uno de los primeros desafíos de la transición venezolana. Tras el acuerdo alcanzado el 12 de agosto de 2026 entre representantes del régimen y la Asamblea Nacional de 2015, bajo acompañamiento de Estados Unidos, el debate dejó de centrarse únicamente en la sustitución de los magistrados y pasó a una pregunta más compleja: cómo garantizar que el nuevo proceso no reproduzca los vicios que durante años erosionaron la independencia judicial.

En un análisis jurídico, la organización Conciencia es Dignidad sostiene que la renovación completa del TSJ puede convertirse en una oportunidad para reconstruir una justicia al servicio de los ciudadanos. Pero advierte que el cambio de nombres no será suficiente si la selección de los nuevos magistrados se realiza con opacidad, injerencia política o reglas improvisadas.

El acuerdo prevé la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, la renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para escoger a todos los magistrados y la creación de una instancia encargada de revisar las credenciales de los aspirantes. Sin embargo, la ONG subraya que aún no se conocen las reglas que regirán ese procedimiento.

Conciencia es Dignidad cuestionó si la Asamblea Nacional 2025 tiene legitimidad para aprobar la reforma que servirá de base a la designación de magistrados del TSJ.

El escenario abre un dilema adicional: la Constitución establece un período de doce años para los magistrados del TSJ, pero si la designación ocurre durante una institucionalidad transitoria, podría plantearse la necesidad de nombramientos provisionales por dos o tres años. Para Conciencia es Dignidad, allí se medirá si la transición venezolana puede avanzar hacia instituciones autónomas o si terminará atrapada en los mismos mecanismos que busca superar.

El dilema de la legitimidad

Para la organización, el punto de partida es constitucional. El artículo 264 atribuye a la Asamblea Nacional la designación de los magistrados del TSJ mediante un procedimiento con participación del Comité de Postulaciones Judiciales, el Poder Ciudadano y la sociedad civil. Ese diseño, sostiene, fue concebido para instituciones funcionando dentro de la normalidad democrática, no para un país que intenta reconstruirlas después de una ruptura institucional prolongada.

La propuesta de la Mesa de Diálogo es la sustitución de todos los magistrados del TSJ.

En ese contexto, Conciencia es Dignidad observa un dato político relevante apuntado por el politólogo José Vicente Carrasquero y es que Jorge de Jesús Rodríguez Gómez suscribió el acuerdo como representante del Gobierno Nacional, no como presidente de la Asamblea Nacional 2025. También llamó la atención sobre la ausencia de sello, membrete, número o fecha institucional, un elemento que, a su juicio, debilita la representación política de esa Asamblea en el proceso.

La interrogante central que se hace Conciencia es Dignidad es si la Asamblea Nacional 2025 tiene legitimidad y autoridad para discutir y aprobar la reforma que servirá de base a la designación y juramentación de los nuevos magistrados. Para la ONG, cualquier adaptación normativa debe respetar los principios democráticos, las garantías constitucionales y los derechos humanos. “No se puede restituir el orden constitucional violando al mismo tiempo la Constitución”, advierte.

Un comité bajo observación

El 27 de agosto 2026 fue aprobado en primera discusión el proyecto de reforma de la ley que rige al TSJ. Aunque se esperaba una modificación más amplia, el cambio quedó centrado en la composición numérica del Comité de Postulaciones Judiciales, que pasaría a estar integrado por 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

Jorge de Jesús Rodríguez Gómez representa al régimen venezolano en la Mesa de Diálogo.

La organización recuerda que la inclusión de diputados en el Comité de Postulaciones no está prevista expresamente en la Constitución. A su juicio, aunque la reforma modifica la correlación interna al otorgar mayoría a los representantes civiles, mantiene un elemento que contradice el espíritu del artículo 270, según el cual el comité debe estar conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad.

La ONG también advierte sobre el riesgo de un círculo vicioso institucional: una reforma aprobada por una Asamblea afín al chavismo, convalidada por magistrados cercanos al oficialismo y ahora utilizada como base para cambiar a esos mismos magistrados mediante otra reforma impulsada por el mismo bloque político.

En el centro del debate 

Antes de evaluar currículos, credenciales académicas o trayectoria profesional, Conciencia es Dignidad plantea una condición previa: definir quién revisará los requisitos y bajo qué metodología. La organización propone un sistema de contraloría social en el que participen organizaciones civiles, universidades, gremios, juristas y especialistas para construir indicadores verificables y seguir cada etapa del proceso.

El objetivo, sostiene, es evitar que la búsqueda de independencia judicial se convierta en una herramienta discrecional para excluir aspirantes. Los criterios, insiste, deben ser objetivos, conocidos de antemano y aplicables por igual a todos los candidatos.

La opositora diputada Dinorah Jaxilda Figuera Tovar presidente de la Asamblea Nacional 2015.

Los requisitos constitucionales en el centro del debate. El análisis parte del artículo 263 de la Constitución, que establece los requisitos mínimos para integrar el TSJ: nacionalidad venezolana por nacimiento, ausencia de otra nacionalidad, reconocida honorabilidad, competencia jurídica, buena reputación y una trayectoria profesional, académica o judicial suficiente.

La Constitución contempla tres vías alternativas: haber ejercido la abogacía durante al menos quince años con título universitario de postgrado en materia jurídica; haber sido profesor universitario en ciencias jurídicas durante el mismo período y con categoría de titular; o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente durante un mínimo de quince años.

Para la organización, esos requisitos no deben convertirse en formalidades vacías. Por ello propone revisar publicaciones jurídicas, decisiones judiciales, casos relevantes y desempeño público de los aspirantes, a fin de determinar si cumplen con la condición de juristas de reconocida competencia y prestigio.

Las zonas grises

Uno de los terrenos más delicados será la independencia política. La ONG se pregunta si basta con que un aspirante renuncie formalmente a una militancia partidista para ser considerado independiente. Su respuesta es cautelosa: una carta puede cerrar una afiliación, pero no borra años de vínculos políticos, cargos, actuaciones públicas o relaciones de dependencia ideológica.

También existen dudas sobre el alcance de la carrera académica. Un abogado puede tener décadas de docencia, publicaciones y reconocimiento universitario, pero no cumplir la vía constitucional si no posee la categoría de profesor titular. Según el análisis, la condición de profesor contratado, incluso en programas de postgrado, no satisface ese requisito conforme a la Ley de Universidades.

Trabajadores en las calles de Venezuela.

La organización pide además definir con precisión qué documentos demostrarán la condición académica exigida y advierte contra la validación de diplomados, especializaciones breves o títulos otorgados sin rigor suficiente como equivalentes a un postgrado jurídico universitario.

Otro punto controvertido es la experiencia profesional fuera de la judicatura. Conciencia es Dignidad reconoce que abogados con larga trayectoria en arbitraje, litigios complejos o mecanismos alternativos de resolución de controversias pueden aportar méritos relevantes para determinadas salas del TSJ. Sin embargo, esa experiencia no puede contabilizarse automáticamente como carrera judicial. 

Algo similar ocurre con fiscales del Ministerio Público o defensores públicos. La ONG considera que esas trayectorias pueden valorarse dentro de la experiencia profesional, pero no como experiencia judicial. 

También plantea que deben examinarse con especial atención los casos de aspirantes que hayan ejercido cargos sin concurso o que hayan sido señalados por participación, complicidad o encubrimiento en violaciones de derechos humanos.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/08/30/la-renovacion-del-tribunal-supremo-de-justicia-es-la-primera-gran-prueba-institucional-de-la-transicion-en-venezuela/