Liberaron a contrabandistas que transportaban drones desde China: sus vínculos con Diosdado Cabello

 

Los detenidos, que ingresaron a Venezuela desde Colombia por pasos irregulares, afirmaron trabajar para la alianza minera "La Castañuela", propiedad de Carlos Fernández, empresario cercano a los hermanos Cabello Rondón

Sebastiana Barráez/ miércoles 19 de noviembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia

En un operativo el 12 de noviembre de 2025, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a ocho personas que portaban radios, drones y una computadora de alta potencia, además de un arma de fuego. Los detenidos, que ingresaron al país desde Colombia por pasos irregulares, afirmaron trabajar para la alianza minera “La Castañuela”, propiedad de Carlos Fernández, empresario vinculado a los hermanos Diosdado y José David Cabello Rondón, figuras políticas de alto nivel en Venezuela.

A pesar de portar materiales estratégicos y armamento, los detenidos fueron liberados tras la intervención de altos funcionarios, en un proceso que evidencia la influencia política sobre los procedimientos de seguridad. Un oficial de la GNB le confirmó a Infobae que, aunque normalmente se incautan drones y equipos tecnológicos, en este caso la orden de liberación provino “de arriba”, mostrando la capacidad de las redes de poder para torcer la actuación institucional.

“Tocar a Carlos Fernández es meterse con los intereses directos de los hermanos Cabello Rondón, uno ministro del Interior y Justicia y el otro, jefe del SENIAT, organismo encargado de los tributos y los servicios aduaneros. Fernández tiene control de parte importante del manejo del oro en el estado Bolívar, tiene fincas en Maturín y en El Manteco”, revela una fuente a Infobae.

El reporte oficial señala que entre los ocho detenidos se encontraban dos funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y un capitán de la GNB. La liberación se justificó por su pertenencia al círculo de confianza del Subdirector del SEBIN.

En la fotografía filtrada a la prensa se ve a ocho hombres de espalda, los vehículos y parte del material incautado

Carlos Fernández, señalado como uno de los principales controladores del oro en el estado Bolívar, mantiene propiedades en Maturín y El Manteco. Según un minero de la zona, en conversación con Infobae, la “alianza minera” funciona como fachada legal para operaciones mineras avaladas por el régimen venezolano, donde se paga un porcentaje y el oro se vende al Estado.  

“La alianza minera es la fachada que utiliza el régimen, con la excusa que es una “alianza con el gobierno” y se monta una planta de mineración y tienes que darle un porcentaje al Gobierno y venderles el oro a ellos”, le dice a Infobae un minero de la zona.

“La alianza se hacía con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), pero después se empezó con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) a quien se le paga el porcentaje; CVM da los permisos para que se traiga cianuro, cal, es decir los insumos”, explicó el minero.

Parte del material incautado a los ocho hombres

Desmoralizando a los funcionarios

Por otra parte, un oficial de la GNB, en conversación con Infobae, manifestó la transparencia del procedimiento que llevó a la inicial detención de los contrabandistas de esos materiales considerados estratégicos. Dejar en libertad a los contrabandistas, porque tienen relación con el ato poder, “desmoraliza a los funcionarios que ejecutaron el procedimiento”, revela un militar.

“La orden que se ha dado es que los drones y computadoras de alta gama deben ser incautados, así tengan procedencia legal y estén autorizados. Pero en este caso, basta la llamada “de arriba”, para que se ordene la libertad de esos individuos, mientras que en otros casos se ha detenido y judicializado a una persona por tener un dron de juguete”.

El reporte oficial indicó que “son ocho los detenidos, entre ellos dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y un capitán adscrito a la Escuela Técnica de la GNB, quienes se encontraba de permiso al momento del procedimiento”. 

A los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que hicieron la detención les dijeron que la razón para dejar en libertad a quienes habían sido detenidos en el puesto de Agua Viva es porque son parte del grupo de confianza del Subdirector del SEBIN, Mayor General Federico Guillermo Guzmán Bornia.

Subdirector del SEBIN, Mayor General Federico Guillermo Guzmán Bornia

Revelador informe

Un informe policial, al que Infobae tuvo acceso de manera exclusiva, revela quienes son siete de los detenidos:, Carlos José Villarroel Belisario, Daniel José Silva Salavarria, Franklin Manuel Guevara Gómez, Juan Carlos Hidalgo Vielma, Kelvin José Fermín Báez, Yackson Colomé Cruz y Johan Yovany González Latchmin. Ellos se trasladaban en tres vehiculares tipo camionetas particulares: una Hilux y otra Prado de marca Toyota, y una Mitsubishi, sin placas visibles.

Cuando los funcionarios le preguntaron de dónde venían y hacia dónde iban, respondieron que venían de regreso de China, donde estuvieron desde el 24 de octubre hasta el 11 de noviembre, para asistir a la feria Textil y Maquinaria Pesada Cantón. 

Franklin Manuel Guevara Gómez y Johan Yovany González Latchmin se identificaron como adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). González portaba un arma de fuego personal marca Glock 19, serial N° FMQ412. 

Al comunicarse con el jefe del SEBIN Valera, comisario Jefe Ramiro Parra, para constatar la información, el funcionario dijo que Guevara y González se encuentran acreditados ad honorem por el Sebin.

Los individuos, que no sellaron pasaportes de salida ni de entrada en la oficina de migración de Venezuela, argumentaron que habían viajado vía terrestre desde Caracas hasta la fronteriza ciudad de San Antonio del Táchira, pasaron a territorio colombiano y desde ese país tomaron el vuelo hacia la República Popular de China. 

Las alianzas son las fachadas del negocio del oro

Uno de los funcionarios que interrogaron a los detenidos razonó: “Pero eso es absurdo. ¿Por qué hacer ese viaje por tierra hasta la frontera si podían haber tomado el vuelo desde Maiquetía?” La respuesta que dieron fue: “el viaje por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, es directo y por eso agotador, mientras que por la aerolínea colombiana se hace escala en Europa”.

Revelaron que no es la primera vez que van a China y que lo habían hecho antes, el 13 de abril 2025 permaneciendo en otra feria Canton hasta el 6 de mayo 2025.

El reporte que se le dio a la prensa no identifica a los detenidos ni menciona su liberación tras la intervención del jefe del SEBIN. Solo informa que tenían cuatro drones, dieciocho radios portátiles y un CPU chino.

El detalle de lo incautado es más específico; 18 radios Marca Huyton, tres  Drones  Marca DJI RC PRO, tres baterías para Drones, un Dron de realidad Virtual Marca DJI y una potente Computadora Gamers con todos sus accesorios.

El ingreso de los drones, radios de comunicación y CPU de alta gama, tuvo una trayectoria hasta el territorio venezolano, procedente de Colombia a través de pasos irregulares (trochas). El destino final del cargamento sería el estado Bolívar.

Sobre el material estratégico que ingresaron de contrabando, asegurando que lo hicieron por los pasos ilegales (trochas), los adquirieron en China como regalos “de personalidades directores de la Alianza Minera La Castañuela” y que los radios portátiles son para el uso de las comunicaciones en dicha Alianza.

Devastación minera en Venezuela

Fachada y corrupción

El caso ocurrido con los detenidos y luego liberados en Trujillo, ilustra cómo la minería ilegal y el tráfico de materiales estratégicos están protegidos por redes de poder político y militar en Venezuela. La intervención de altos funcionarios revela la falta de independencia institucional y la impunidad para grupos vinculados al gobierno.

Las “alianzas mineras” operan como mecanismos legales para encubrir actividades ilícitas y beneficiar a grupos cercanos al poder. La participación de funcionarios de inteligencia y militares en estos hechos evidencia la penetración de la corrupción en organismos de seguridad.  

La minería en el estado Bolívar trae consigo devastación ambiental, desplazamiento de comunidades indígenas y consolidación de sistemas de violencia y corrupción. 

Organizaciones como Transparencia Venezuela señalan que la explotación de oro en Venezuela ha dejado miles de millones de dólares en manos de la élite política y sus aliados, mientras la devastación ambiental y la violación de derechos humanos continúan en las zonas mineras.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/11/19/liberaron-a-contrabandistas-que-transportaban-drones-desde-china-sus-vinculos-con-diosdado-cabello/

Un ataúd sellado, el acoso a la familia y el silencio de la Fuerza Armada rodean la muerte del ayudante de un General venezolano

La familia de Rafael José Guedez González cuestiona la entrega de visceras atribuidas al militar fallecido en el accidente aéreo de junio. Tuvieron que pagar el ADN de su bolsillo y el velorio estuvo militarizado con funcionarios que impedían fotografiar o grabar

Sebastiana Barráez/ domingo 16 de noviembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Familia y amigos del SM3 Rafael Guedez, ante la opacidad del caso, aun esperan que el joven regrese a su casa

Desde el accidente aéreo ocurrido el 3 de junio de 2025, en el que viajaba la familia del MG José Tremont, el nombre de su asistente, el SM3 Rafael José Guedez González, no fue mencionado oficialmente. Cinco meses después, la Fuerza Armada informó a la familia el hallazgo de los restos de Guedez, mostrando algunas vísceras y entregando una urna sellada bajo estricta vigilancia, dijo un familiar en conversación con Infobae.

Cinco meses transcurrieron antes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se comunicara con la familia Guedez para informarles del supuesto hallazgo de los restos de Rafael. La entrega fue fría y protocolaria: una urna sellada, custodiada bajo estricta vigilancia y el contenido limitado a algunas vísceras, supuestamente identificadas mediante una prueba de ADN.

La familia, sumida entre la esperanza y el dolor, cuestiona la veracidad de los hechos: “¿Es creíble que las vísceras duraran cinco meses en el mar?”, se preguntan, cargados de indignación y escepticismo. El proceso, lejos de aliviar la angustia, la profundizó. “Es demasiada injusticia y demasiado dolor ver lo que hacen con nuestros muchachos”.

La Fuerza Armada hace silencio ante la muerte del SM· Guedez

En la familia Guedez hay quienes tienen la esperanza que el joven sargento esté aún con vida, que solo sea parte de esa opacidad que cubre muchos casos en la Venezuela actual, de manera que en algún momento “llegué a la casa con esa hermosa sonrisa, cargada de vitalidad”.

Relata que “llegaron a cobrar incluso los exámenes de ADN, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue incapaz de hacerlo. ¿Ha visto usted semejante grosería? Entre la familia tuvimos que hacer una colecta para pagar el ADN”.

El pariente de los Guedez manifiesta que “esperar cinco meses y cobrar el examen de ADN para que entreguen un pedazo de tripa, en un ataúd sellado, diciendo que era de Rafael porque el ADN dio positivo. ¿Cómo darle veracidad a eso? ¿Es creíble que las vísceras duraran cinco meses en el mar?”

Reflejando profunda indignación afirma que “entregarle a la madre unos pedazos de tripas de hace 5 meses; eso es una burla. Como familiar de Rafael siento rabia, impotencia e indignación y solo necesitamos que alguien sea la voz de los que aquí no podemos decir nada”.

Destaca la excelente relación que existía entre el fallecido SM3 Rafael José Guedez González y su jefe el comandante de Defensa Aeroespacial (CODAI), Mayor General (Av.) José Luis Tremont Jiménez, por lo que le resulta más extraño aún el trato indiferente ante lo ocurrido con el joven larense. 

MG de la Aviación José Luis Tremont Jiménez jefe del Comando de Defensa Aeroespacial

“Rafael trabajaba con Tremont desde hacía más de dos años, era del círculo de confianza del general, incluso era el escolta de él y de su familia”. Guedez llamó a sus padres antes de subirse a la avioneta expresándoles que iba a una misión a la isla de Margarita y “en lo que llegue les aviso”, pero la familia se quedó esperando.

Acoso a la familia

El pésame a la familia no fue publicado en ningún medio o redes sociales de la Fuerza Armada

La familia Guedez estaba tan indignada, no solo por el doloroso resultado del ADN, de la pérdida de Rafael, sino del trato que recibieron de los militares, “quienes entorpecieron el proceso velatorio, no dejaban que se grabara o tomara fotos, era como si fuésemos delincuentes porque los militares si grabaron y fotografiaron todo”.

Resume que “llegaron con ese que entregaron, una urna sellada, con una caravana de funcionarios en vehículos del Codai y militares de la Guardia Nacional; era un ejército de gente resguardando tanto la sala velatoria como el entierro”.

“La hermana de Rafael, que está casada y tiene tres hijos, estalló de indignación en el velorio, ella dijo, entre la frustración y la rabia, que no tenían certeza que el del ataúd fuera su hermano. Un oficial del CODAI le contestó de manera grosera ‘aquí en mi celular tengo fotos del cadáver todo destrozado y si quiere se las muestro”, pero nunca las mostró”.

En el velorio y en el cementerio, “todo estuvo militarizado con funcionarios, unos de civil y otros uniformados. A la gente le pareció demasiado exagerada la presencia militar en ese pueblo tan pequeño, porque cuando el domingo íbamos al cementerio, llegaron muchos más militares del CODAI, la Guardia Nacional e Inteligencia Militar”.

Asegura que “funcionarios de inteligencia, incluso en la sala velatoria, estaban vigilando lo que se conversaba la gente; nosotros no podíamos ni hablar.

“Oficiales de la Aviación grababan y tomaban fotos a todos los presentes, por eso muchos decidieron irse porque grababan a todos sin consentimiento. Hay que estar allí para sentir el acoso y la presión. Ni a los familiares permitieron grabar nada”.

Hicieron un homenaje en el funeral y en el cementerio le rindieron honores”.

En una conversación que los padres de Guedez tuvieron con el general Tremont, les dijo que él estaba en la misma situación porque tampoco sabe dónde está su esposa y su hija. Les dijo que lamentaba mucho la muerte de Rafael ¿a quien consideraba como un hijo’ y que le ha afectado mucho”.

Opacidad institucional 

Los sargentos de tropa profesional de la Aviación Militar Rafael Guedez y su esposa Yormay Rivera

Los Guedez González habitan en la población El Jarillal, Sanare, parroquia Pío Tamayo, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara. El SM3 fallecido, padre de un niño de siete años, fruto de su primer matrimonio, estaba en segundas nupcias unido, desde hace dos años, a Yormay Rivera, también militar y miembro de la Tropa Profesional de la Aviación Militar de Venezuela.

“No perdemos las esperanzas de que aparezca con vida y aun la mantenemos, incluso sus padres. No mostraron fotos del cadáver de nada que podía dar indicios de que era su cuerpo”, insiste el familiar del militar desaparecido desde el accidente.

El Jarillal, donde vive la familia Guedez, es un pueblo de la parroquia Pío Tamayo, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara

“Los militares no publicaron nada, ahora vinieron a nombrarlo por el teatro que montaron para la entrega del supuesto cadáver, el pedazo de tripa y el 

cajón sellado.

Luego del accidente de la aeronave, los padres del sargento viajaron, desde el estado Lara hasta Caracas, para saber lo que estaba ocurriendo con su hijo. El familiar que habló con Infobae destaca que “a los padres de Rafael les dijeron, casi bajo amenaza, que no podían contar ni decir nada de lo que estaba pasando. Estuvieron en Caracas en los primeros meses para finalmente decirles que no tenían ninguna respuesta sobre lo sucedido ni sobre Rafael”.

De la aeronave solo encontraron partes del fuselaje según la Fuerza Armada

Explica que el sargento no dijo con quienes estaba viajando, “quizá porque era algo de rutina acompañar a la familia de Tremont hacia Margarita y hacia varias partes del país tanto en avionetas como por tierra. Desde hace mucho tiempo ellos usan avionetas civiles para movilizarse”. 

La única respuesta que recibieron de la FANB es que “está desaparecido. La avioneta desapareció del radar y no se sabe qué pasó, se perdió comunicación con ellos y hasta el sol de hoy no se sabe más nada”.

“Ni siquiera nombraron a Rafael en las publicaciones sobre el accidente. Nada, ni un obituario publicaron. Ese muchacho murió en servicio a la Fuerza Armada y solo parece que nos duele a nosotros, su familia y amigos, o a la institución a la que prestó servicio con amor y dedicación”.

Los padres del sargento fallecido, Rafael Guedez y Natalia González están muy identificados con el PSUV, partido del régimen venezolano “y son muy chavistas, aunque sin recibir ningún beneficio. En un momento tan doloroso los han tratado sin ninguna consideración ni respeto”, le dice a Infobae un vecino de la localidad de Sanare.

Una comida familiar donde se ve numerados los padres Rafael y Natalia. La hermana, el esposo de ella y su hijo. El hijo de Rafael, la exesposa y el SM3 Rafael Guedez

El misterio del siniestro

El accidente, ocurrido el 3 de junio 2025, de la aeronave Cessna C500 Citation I, matrícula YV3217, que partió del aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, a pocos kilómetros de Caracas, tenía plan de vuelo hasta la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

En medio de la mayor opacidad se supo que en la aeronave iban cinco personas, incluidos dos pilotos identificados como: Charles Cordero, y Miguel Linares. Como pasajeros iba Ana Karina Tremont y Milagros Salazar, hija y esposa respectivamente del MG José Luis Tremont Jiménez, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial (Codai).

El piloto Charles Cordero en la graduación de su hijo

Al día siguiente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que el Comando de Guardacostas localizó partes del fuselaje de la aeronave, chalecos salvavidas, documentos pertenecientes a la tripulación. 

No hubo ningún reporte oficial sobre los fallecidos ni las causas del accidente. Se mencionó el deceso de los pilotos, destacando que sus cadáveres fueron rescatados; posteriormente se supo del operativo para dar con la hija y esposa del general Tremont, pero nunca se mencionó el nombre de la quinta persona en la aeronave: SM3 Rafael José Guedez González.

Milagros Salazar y Ana Karina Tremont, esposa e hija respectivamente del MG Tremont Jiménez

Tampoco ahora la Fuerza Armada ha publicado la versión oficial del hallazgo de los restos del ayudante del general Tremont, solo sus compañeros difundieron un cartel donde resaltan que el Comandante junto a la familia del CODAI se unen al duelo que embarga a la familia. Ese mensaje no fue colocado en la página oficial ni en las redes del CODAI. 

“Solo este obituario que los compañeros de Rafael se lo pasaron a los padres, pero que no apareció en ningún portal informativo ni en ninguna cuenta de algún oficial de la Fuerza Armada”, dice el familiar que habló con Infobae.

“Más allá de sus logros profesionales, recordaremos a Rafael por su calidez humana. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa genuina, un consejo oportuno para todos. Su compañerismo y su espíritu positivo crearon un ambiente de trabajo mejor para todos", se lee en el mensaje.

La historia de la familia Guedez es reflejo de una Venezuela donde la opacidad institucional y la falta de empatía agravan el dolor de las víctimas. Entre la rabia, la impotencia y la esperanza, los familiares del SM· (Av) Rafael José Guedez González reclaman claridad, justicia y dignidad para quienes, como él, ya no pueden defenderse ni hacerse escuchar.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/11/16/un-ataud-sellado-el-acoso-a-la-familia-y-el-silencio-de-la-fuerza-armada-rodean-la-muerte-del-ayudante-de-un-general-venezolano/

Un jefe militar venezolano anunció la entrega de armas en todos los municipios de la frontera “para la defensa del territorio”

 

La decisión del general Michell Leonardo Valladares Molina adquiere especial relevancia en una zona donde el tráfico de armamento representa una actividad significativa

Sebastiana Barráez/ viernes 14 de noviembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

General de División general Michell Leonardo Valladares Molina, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira

El general Michell Leonardo Valladares Molina, jefe de la ZODI Táchira, ha anunciado la distribución de armamento para la defensa territorial, dirigida tanto a militares como a integrantes civiles que conforman la Milicia y el “poder popular”. Esta decisión adquiere especial relevancia en una zona fronteriza donde el tráfico de armas representa una actividad significativa, agravada por la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. 

 

Las declaraciones del general Valladares Molina, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, se dieron en el marco de la activación del “Plan Independencia 200” en el fronterizo estado, donde resaltó el despliegue cívico-militar, que se llevó a cabo durante dos días.

Explicó que en el Táchira “contamos con 13 mil combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Bolivariana y del poder popular, así como los órganos de seguridad ciudadana”.

La alcaldesa de Caracas, almirante Carmen Meléndez, entregando armas a civiles en la capital de Venezuela

Para Valladares, la Milicia, que son civiles a quienes el régimen de Nicolás Maduro incluye ilegalmente como componente militar, “tiene una connotación especial por la desconcentración de las armas” y por esa razón llevaron las armas a todos los 29 municipios del Táchira.  

El jefe de la ZODI Táchira destacó que el despliegue de fuerzas en la zona fronteriza es considerable. Señaló que todos los municipios del estado Táchira disponen de los recursos necesarios para la defensa territorial, lo que permite consolidar una estrategia de defensa profunda y escalonada, conforme a la doctrina institucional. “Todos los municipios del estado Táchira cuentan con sus armas para la defensa del territorio”.

Aseveró el alto oficial que cuentan con 18 objetivos “de carácter estratégico para la vitalidad del estado Táchira y de Venezuela”, así como el “aseguramiento de todo lo que conlleva las vías de aproximación y los corredores aéreos”.

Un pequeño número de militares en custodia frente al río Táchira que separa a Venezuela de Colombia

Armas en la frontera

El flujo ilegal de armas, muchas veces provenientes de arsenales militares en desuso, pero también otras han sido robadas de los parques de armas de los cuarteles venezolanos, han facilitado el fortalecimiento de grupos armados irregulares y organizaciones criminales, incrementando la violencia, los homicidios y la inseguridad en la región fronteriza. 

El Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tiene el monopolio de las armas de la República, según la Constitución, ha ordenado la entrega de armas a civiles, destinándolas a militantes del Partido Socialista o grupos violentos, con el argumento de la defensa del país ante las operaciones que Estados Unidos despliega en el Caribe contra los carteles del narcotráfico.

Valladares, como otros jefes militares, reparten armas pretendiendo desconocer que durante décadas la zona fronteriza ha sido escenario de enfrentamientos con grupos armados regulares e irregulares, donde el tráfico de armas alimenta actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de jóvenes y adolescentes, y contribuye a la desestabilización social y al desplazamiento forzado de la población civil.

La dirigente del PSUV y ex diputada Nellyver Lugo entregando armas a un civil en octubre pasado

Valladares Molina ascendió a general de División de número 9, y egresó de Nro 50 en orden de mérito de la promoción 1996 “GB José Florencio Jiménez”; antes de Táchira estuvo cumpliendo funciones en Barquisimeto, estado Lara, como jefe de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada “General de División Domingo Faneite Medina”. 

En cuanto a la situación en la frontera, Valladares considera que se aclararon las condiciones de operatividad durante las maniobras militares por lo que no hay cambios significativos en la zona fronteriza con Colombia. 

La alta cúpula militar abre las puertas de los parques de armas para entregarlas a los civiles conformados en la Milicia Bolivariana

Los combatientes

Según la explicación de las autoridades se ha implementado un despliegue estratégico en forma de herradura en el sector fronterizo con Colombia, cubriendo las localidades de San Antonio, Ureña, La Fría, Colón, Delicias y Rafael Urdaneta, las más próximas a la línea limítrofe con el país vecino. En estos puntos, las fuerzas armadas dicen que mantienen operaciones de patrullaje y supervisión, con el objetivo de resguardar la soberanía nacional, especialmente en los aeropuertos.

El General de División Valladares Molina destacó que no se ha producido ningún cierre fronterizo ni se han generado inconvenientes para la ciudadanía, que puede continuar con sus actividades cotidianas con total normalidad.

Asimismo, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral informó sobre la coordinación con el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, lo que permitió la activación de todos los organismos de seguridad ciudadana desde la madrugada del martes 11 de noviembre. El propósito de estas acciones es preservar el orden interno en el estado y supervisar a los cuerpos de combatientes, entre quienes está el personal de empresas de servicios públicos como gas, agua y electricidad.

En el marco del Plan Independencia 200, el ejercicio militar busca evaluar y ajustar la capacidad operativa, optimizando los tiempos de respuesta para la toma de objetivos estratégicos y la disposición de armamento de artillería y defensa aérea.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/11/14/un-jefe-militar-venezolano-anuncio-la-entrega-de-armas-en-todos-los-municipios-de-la-frontera-para-la-defensa-del-territorio/