En medio del luto nacional en Venezuela, denunciaron el saqueo de propiedades de un ex alcalde opositor en el exilio

Francisco Javier Oropeza Álvarez denuncia que, tras el "aseguramiento" de Agropecuaria Bariquigua y de los diarios El Carabobeño y El Diario de Lara, por parte de cuerpos militares, fueron sustraídos semovientes, maquinaria agrícola, equipos de impresión, mobiliario y otros bienes, sin control judicial conocido. La acusación involucra a funcionarios militares, administradores designados y particulares, mientras las propiedades permanecían bajo custodia oficial. 

Sebastiana Barráez/ miércoles 1 de julio 2026
Tomado de Infobae

Francisco Javier Oropeza Álvarez, ex alcalde y ex diputado, se encuentra en el exilio.

A solo cuatro días de los terremotos registrados el 24 de junio de 2026, una de las tragedias más graves de las últimas décadas en Venezuela, un nuevo episodio coloca en el centro de la controversia a propiedades vinculadas al exalcalde opositor Francisco Javier Oropeza Álvarez. Un lote de animales confiscado en la Agropecuaria Bariquigua fue sacado de una finca del municipio Torres. Al día siguiente, en la sede de El Diario de Lara, en Barquisimeto, también de su propiedad, aparecieron avisos de la Gran Misión Venezuela Mujer, un programa estatal.

El Teniente Coronel Roidember Rodríguez Pérez era el comandante del GAES 12 de Lara del CONAS.

En conversación con Infobae, Oropeza Álvarez, oriundo de Carora, se pregunta con qué orden se asignaron bienes de su propiedad a un programa de la revolución bolivariana. Y más llama la atención que eso ocurra mientras el país está de luto, profundamente conmovido y con la expectativa que se siga rescatando a las personas tapiadas en Caracas y La Guaira, así como otras zonas del país.

En el acta del CONAS se especifica que la orden para asegurar El Caroreño fue presidencial.

Oropeza ha sido diputado en dos oportunidades y ganó por segunda vez la alcaldía del municipio Pedro León Torres, estado Lara, en el 2021. Es presidente de Agropecuaria Bariquigua, C.A., empresa registrada el 22 de abril de 1994 y propietaria de las fincas Bariquigua y Copacoa. También preside los medios impresos El Caroreño y El Diario de Lara, fundados en 2001 y 2006, respectivamente.

Por su apoyo a la líder de la Oposición María Corina Machado, Oropeza fue perseguido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), creando excusas para detenerlo hasque verse obligado a salir al exilio después de las elecciones presidenciales de 2024. Desde entonces, sostiene que sus propiedades quedaron en “resguardo” de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que, en lugar de preservarse, fueron saqueadas y desmanteladas. Entre los bienes sustraídos menciona rotativas, maquinaria, equipos agrícolas y ganado de alto valor genético.

Honorio Gutiérrez, alias El Moñoño, presidente del matadero Municipal de Carora.

El inicio del aseguramiento

De acuerdo con el relato de Oropeza, no existía medida judicial ni orden conocida del Ministerio Público cuando, el 7 de agosto de 2024, funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), adscrito al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), llegaron a “asegurar” el edificio sede del diario El Caroreño.

En el acta de aseguramiento del Conas, según la denuncia, los funcionarios señalaron que actuaban “cumpliendo instrucciones y lineamiento presidencial” y argumentaron que en el lugar se habría consumado el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El inmueble fue recibido por el capitán Dionny José Uzcátegui Cabello, luego del procedimiento encabezado por el capitán Bernardo Chía Avella y los sargentos Luis Nadal Pérez, Pastor Arrieche Gutiérrez y Yanki Soto.

Al día siguiente, 8 de agosto de 2024, Uzcátegui Cabello acudió a las fincas Copacoa y Bariquigua, donde se encontró con una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana al mando del primer teniente Albenis González Rivero, también se menciona al SM3 Fernando Bastida Cuevas. En conjunto, procedieron a “asegurar” las fincas Copacoa y Bariquigua de Agropecuaria Bariquigua.

Teniente Christopher Duque Camargo del CONAS Lara.

Custodia y sustracción

En las fincas, los funcionarios encontraron una casa de dos pisos con mobiliario y electrodomésticos, además de bicicletas, motos, bomba de agua, planta eléctrica, tractores, empacadoras, embutidora, abonadoras de fertilizante, vagones, zorras de carga, cortadores, trompo de batir concreto, tractomula, pala niveladora, rastrillos y romana, entre otros equipos.

Oropeza afirma que, desde esos inmuebles “asegurados”, funcionarios habrían sustraído bienes muebles y semovientes sin autorización ni control judicial. Señala además que, tras el traslado del capitán Uzcátegui Cabello, el mando del Conas Carora quedó en manos del teniente Christopher Duque Camargo, a quien atribuye responsabilidad sobre los bienes que permanecían en las propiedades.

“Tenemos conocimiento de que en un vehículo tipo grúa plataforma, placa AO1A03Y, fueron sacados la planta eléctrica, equipos de computación, impresoras, mobiliarios y otros enseres de nuestra empresa, y llevados a las instalaciones del Conas Carora, con lo que dotaron esas instalaciones por orden del teniente Duque Camargo”, dice Oropeza Álvarez en conversación con Infobae.

Ese mismo 8 de agosto de 2024, según el denunciante, se ejecutó un procedimiento similar en la sede de El Diario de Lara, ubicada en Barquisimeto.

Coronel (GNB) José Francisco Calzadilla Cabriales, alias El Picure.

Graves actuaciones militares 

A cargo de las fincas quedaron el teniente coronel Roidember Rodríguez Pérez, comandante del GAES 12 Lara; el coronel Omar Gustavo Meléndez Herrera, comandante del Destacamento N° 122 de la GNB de Carora; los tenientes González Rivero y Arriechi; y los sargentos Franklin Aníbal Castillo, David Pastrán García, Goyo, Escalona y Chacón.

Bajo responsabilidad de esos funcionarios, sostiene Oropeza, fueron sustraídos bienes como bombas y cables sumergibles para pozos, equipos de ordeño, implementos agrícolas, aires acondicionados, televisores, bicicletas, bombas de inyección de tractores, plantas eléctricas, motos, mangueras, alambre, 300 cestas rojas, 10 monturas de caballo, motobombas de agua, medicamentos veterinarios, mobiliario, equipos de oficina, una nevera, miles de litros de gasoil y equipos de nivelación láser.

El exalcalde también denunció la desaparición de 30 caballos cuarto de milla y el sacrificio de 50 reses bovinas en el matadero municipal de Carora. Afirmó, además, que el sargento Franklin Aníbal Castillo habría vendido becerros a Gilberto José Chuello Porteles.

Oropeza le dice a Infobae que identifica “como últimos responsables de resguardar las instalaciones a los sargentos Lindo Dorante y Segundo Rojas”. Sobre ellos, afirma que Dorante habría sido “cómplice de varios robos”, mientras que Rojas, según su versión, “fue un hombre honesto” y tendría pruebas sobre los hechos ocurridos dentro de las propiedades.

Coronel Omar Gustavo Meléndez Herrera era el Comandante del Destacamento N° 122 de la GNB de Carora.

Extracción de ganado 

En noviembre de 2024, Eugenio Enrique Juárez Herrera, veterinario en reproducción animal de Agropecuaria Bariquigua, asumió la administración de la empresa por decisión del coronel Meléndez Herrera, según Oropeza. El 11 de marzo de 2025, Juárez y Meléndez habrían escogido 40 mautes sin hierro en la finca Copacoa, hecho que, según la denuncia, quedó registrado en video. Tres días después, otros 40 mautes habrían sido sacados en transportes vinculados a Alexis Mendoza, conocido como “El Chispeado”, y a Carlos Álvarez, propietario de Alimentación Carora.

Oropeza sostiene que esos semovientes, valorados en 50.000 dólares, fueron trasladados a la finca La Alianza, en el sector Pico e Gallo, parroquia El Blanco, municipio Torres, propiedad de Alfredo Salvador Rodríguez Benítez y Alí Gerardo Torrealba Torres.

También afirma que Juárez Herrera habría amenazado a trabajadores con detenerlos si se comunicaban con los dueños de Agropecuaria Bariquigua. En enero de 2026, según la misma versión, Alfredo Salvador Rodríguez Benítez y el veterinario David Bladimir Camacaro Juárez, primos de Eugenio Juárez, sacaron de La Alianza un lote de 25 de los animales de la agropecuaria de Oropeza.

La denuncia agrega que, en agosto de 2025, Juárez Herrera seleccionó animales Senepol puros y, presuntamente en complicidad con Juan Miguel González, sacó 154 ejemplares en camiones de este último. Los animales habrían sido trasladados a una finca del coronel de la GNB José Francisco Calzadilla Cabriales, alias “El Picure”, en el estado Monagas.

Posteriormente, según Oropeza, fueron extraídos otros 25 animales entre toretes y mautes sin hierro, a los que se les habría colocado el hierro fresco de otro propietario antes de embarcarlos en un camión de “El Chispeado” con destino a una finca en Moroturo, cerca de la alcabala de Santa Inés, en la parroquia Urdaneta.

Oropeza también denunció, en la conversación con Infobae, el sacrificio de 50 reses entre vacas y novillos en el matadero municipal de Carora, presuntamente por orden del veterinario Eugenio Juárez y sin guías de movilización. Según su relato, los animales fueron recibidos sin documentación reglamentaria y sanitaria.

El balance presentado por el exalcalde eleva a 391 los semovientes sacados en camiones, sin contar otros animales trasladados sin transporte. A esa cifra suma el presunto robo de 500 ovejas y 400 cabras, atribuido a órdenes de Eugenio Juárez y a custodios de la GNB.

Sargento Chacón, y el sargento Dorante.

Valor histórico y genético

La Hacienda Copacoa, recuerda Oropeza, pertenece a una tradición familiar de más de 200 años y está vinculada al origen de la raza Carora. Según el denunciante, fue fundada por su bisabuelo materno, Ramón Herrera Oropeza, y alcanzó un valor genético reconocido por el Estado venezolano: en 1989 fue decretada como patrón racial y en 1992 declarada Patrimonio Nacional de Venezuela.

Oropeza sostiene que maquinarias e implementos agrícolas de su propiedad fueron utilizados en la parcela Vallo y acusa a los hermanos Luis y Jairo Ramírez de beneficiarse de ese uso. Según su versión, los equipos sufrieron daños irreparables.

Oropeza afirma que en El Caroreño fue arrancada y retirada una rotativa marca Goss Community, junto con equipos de preprensa, computadoras Apple de última tecnología, mobiliario, repuestos, insumos, tintas, papel prensa, plantas eléctricas, equipos domésticos, motos eléctricas, vehículos y prendas personales de su esposa e hijas.

En El Diario de Lara, ubicado en Barquisimeto, Oropeza atribuye la operación al teniente coronel Roidember Rodríguez Pérez, comandante del GAES 12 Lara. Según su denuncia, allí fueron desmantelados el sistema eléctrico de la rotativa Goss Urbanite, equipos de prensa, insumos, tintas, papel, computadoras Apple, mobiliario, montacargas, motores eléctricos y otros enseres.

“Ha habido una asociación de civiles y militares para delinquir y cometer hechos irregulares con bienes de propiedad particular de Agropecuaria Bariquigua”, afirma Oropeza. Hasta ahora, su denuncia se presenta como una acusación pública que apunta a la necesidad de una investigación formal sobre el destino de los bienes, el manejo de las propiedades bajo custodia y la eventual responsabilidad de funcionarios y particulares señalados.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/01/en-medio-del-luto-nacional-en-venezuela-denunciaron-el-saqueo-de-propiedades-de-un-ex-alcalde-opositor-en-el-exilio/

Venezuela ante los escombros: dos oficiales analizan la tragedia que expuso el colapso institucional y moral

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García y el general de brigada Guaicaipuro Lameda Montero coinciden en que los terremotos del 24 de junio no solo dejaron destrucción material: también evidenciaron la fragilidad de un Estado marcado por la opacidad, la improvisación y el deterioro de sus instituciones, asi como una profunda crisis de confianza en la Fuerza Armada. 

Sebastiana Barráez/ domingo 28 de junio 2026
Tomado de Infobae

Los terremotos del 24 de junio en Venezuela expusieron el colapso institucional y la crisis de confianza en la Fuerza Armada, según dos oficiales retirados. (AP/Fernando Vergara).

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio abrieron una nueva grieta en el debate público nacional, dentro y fuera de la Fuerza Armada. Para dos oficiales retirados de alto rango, la tragedia no solo mostró los daños provocados por la naturaleza, sino también las consecuencias de años de debilitamiento institucional, politización y pérdida de capacidades del Estado.

El general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda Montero afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente”, marcado por la sensación de desprotección de una población que, según sostuvo, llega a percibir como agresora a la misma institución llamada a resguardarla.

A su juicio, Venezuela enfrenta el drama de una Fuerza Armada que “perdió la razón que justificaba su existencia” al apartarse del propósito republicano para el cual fue creada. Lameda recordó que el uniforme militar no es una simple prenda, sino la representación visible de un juramento: colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad.

Dos terremotos devastaron a zonas como La Guaira.

“La Fuerza Armada existe porque la República la necesita”, señaló. Agregó que su misión no es proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial, proteger a los ciudadanos y responder con disciplina en los momentos más difíciles del país.

El oficial retirado sostuvo que, cuando una institución pierde su propósito, también comienza a perder su “alma”. En ese contexto, aludió a denuncias documentadas durante años por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, tribunales y centros de análisis sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, uso político de la institución militar y presuntos vínculos de mandos con estructuras asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.

Aunque aclaró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales, Lameda insistió en una consecuencia institucional que considera imposible de ignorar: la pérdida de autoridad moral del mando militar.

“Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender”, expresó.

General de brigada del Ejército y expresidente de PDVSA Guaicaipuro Lameda Montero.

Para el general, los acontecimientos recientes evidenciaron tanto la incapacidad de una institución “profundamente politizada” como el deterioro de la confianza ciudadana en quienes estaban llamados a defender la soberanía y proteger a la población.

Lameda Montero, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre el 2000 y 2002, también cuestionó la respuesta institucional ante la emergencia. Señaló que, cuando miles de venezolanos requieren rescate, transporte, logística, comunicaciones, ingeniería militar u hospitales de campaña, la actuación percibida por los afectados ha estado lejos de lo que exige la magnitud de la crisis.

Desde esa perspectiva, planteó una pregunta central: “¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?”.

Estamos ante Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

El general sostuvo que ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia, sino para cumplir una misión. Cuando deja de hacerlo, añadió, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esa institución sigue mereciendo la confianza depositada en ella.

En su reflexión, Lameda subrayó que ser militar no depende únicamente de vestir un uniforme ni de ostentar un grado. A su juicio, lo que define verdaderamente al profesional de las armas es un código de conducta y un compromiso ético que dan sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al uso legítimo de las armas.

Debate impostergable

Al apelar a la legislación militar venezolana, recordó que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen virtudes esenciales del profesional de las armas. “No puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud”, afirmó.

Es legítimo e impostergable debatir el futuro de la Fuerza Armada.

El oficial aclaró que su cuestionamiento no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Dijo reconocer a quienes han servido con honor, a quienes han sufrido en silencio la degradación institucional y a quienes fueron desplazados por mantenerse fieles a su juramento.

Su crítica, precisó, está dirigida a quienes desde el mando permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido, desviando así a la institución de su propósito original.

Frente a ese escenario, Lameda consideró necesario abrir un debate “legítimo e impostergable” sobre el futuro de la Fuerza Armada venezolana.

A su juicio, la discusión no debe limitarse a si determinados mandos pueden continuar representando a la institución. El verdadero dilema, dijo, es si la Fuerza Armada puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si el daño exige un proceso de refundación desde sus cimientos.

“La Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes”, sostuvo. “Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación”.

En la FAN se impuso la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia.

El general concluyó que la decisión sobre el futuro de la institución no pertenece exclusivamente a los militares ni al gobierno, sino a la nación que requiere protección. “Venezuela necesita una Fuerza Armada. Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando”, afirmó.

Como cierre de su planteamiento, Lameda anunció que reproduce el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército venezolano, con el propósito de que cada ciudadano cuente con un criterio propio para valorar la conducta de quienes visten uniforme.

“No fue solo el sismo”

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García coincidió en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no encontraron a un país preparado, sino a una nación previamente erosionada por la destrucción de sus instituciones. En su análisis, durante años el liderazgo profesional fue desplazado por jefaturas improvisadas, criterios políticos y decisiones tomadas al margen del mérito, la experiencia y la vocación de servicio.

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García licenciado en Ciencias Navales y doctor en Administración.

Para el oficial egresado de la Armada, buena parte de los cuadros formados durante décadas de democracia fueron apartados de forma sistemática. En su lugar, sostuvo, se impuso una estructura marcada por la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia. El resultado fue un Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

Briceño García afirmó que, tras el impacto del 3 de enero de 2026, se intentó instalar en el discurso público la idea de una reinstitucionalización. Pero advirtió que reconstruir el Estado no consiste únicamente en cambiar leyes, sustituir autoridades o anunciar reformas: implica comprender cómo funcionan las organizaciones eficientes y aplicar procesos de transformación con base técnica, planificación estratégica y equipos profesionales.

Según el vicealmirante, quien fuera Comandante de la Armada, durante años se ocultaron debilidades, se maquillaron cifras y se privilegió la politización por encima de la formación de capacidades reales. No hubo, dijo, una política sostenida para desarrollar carreras, seleccionar a los mejores, formar equipos o preparar instituciones para escenarios críticos. “La prioridad fue controlar, no servir”, resumió.

A su juicio, la magnitud de la tragedia obliga a mirar más allá del fenómeno natural. Muchas pérdidas, sostuvo, pudieron evitarse si los ministerios y organismos responsables hubiesen aplicado con rigor normas de construcción antisísmica, controles técnicos y políticas de prevención desde hace décadas.

La politización de la institución armada.

Briceño García señaló que, si las instituciones de seguridad ciudadana -desde la Defensa Civil y los cuerpos policiales hasta las Fuerzas Armadas- hubiesen estado conducidas por líderes preparados, la reacción del 24 de junio habría sido distinta. La emergencia exigía personal entrenado, equipos adecuados y una coordinación proporcional al doblete sísmico que golpeó al país.

El oficial advirtió que aún existe una ventana crítica para rescatar a miles de desaparecidos. En medio de los edificios colapsados y de las zonas más afectadas, sostuvo, Venezuela necesita especialistas, voluntarios formados y equipos capaces de actuar con método, disciplina y humanidad. Quienes tengan conocimiento en Defensa Civil, rescate, ingeniería, salud, logística y reconstrucción están llamados a integrarse a una tarea que ya no admite demoras.

Para Briceño García, la desgracia venezolana no puede explicarse solo por la violencia de la naturaleza. También es consecuencia de años de deterioro institucional. Por eso, concluyó, la reconstrucción del país exige algo más que levantar estructuras: requiere recuperar un Estado eficiente, disciplinado, despolitizado, democrático y orientado al progreso.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/28/venezuela-ante-los-escombros-dos-oficiales-analizan-la-tragedia-que-expuso-el-colapso-institucional-y-moral/

Tras los terremotos, el régimen apuesta por un militar de perfil político para que asuma como Autoridad Única para la Emergencia

El mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como comandante General de la Guardia Nacional es a quien le corresponde el control del orden interno ante la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio. Mientras el gobierno destaca su supuesta experiencia en situaciones criticas, oficiales consultados cuestionan ese argumento y atribuyen su ascenso a conexiones políticas más que a méritos operativos.

Sebastiana Barráez/ jueves 25 de junio 2026
Tomado de Infobae

Bomberos de La Guaira asisten a personas afectadas en operación nocturna.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, al designar al MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como Autoridad Única para la Emergencia causada por los terremotos, aseguró que cuenta con “amplia experiencia para atender situaciones críticas de esta naturaleza”. Sin embargo, fuentes militares consultadas por Infobae sostienen que no existen antecedentes conocidos en su trayectoria que respalden esa afirmación.

“¿De qué experiencia habla Delcy Rodríguez? ¿Cuántos terremotos ha atendido Sulbarán? Cuando ocurrió el deslave del entonces estado Vargas, hoy La Guaira, en 1999, él era teniente. No tiene experiencia alguna en ese tipo de emergencia”, afirmó un coronel en conversación con Infobae, quien calificó el señalamiento oficial como una nueva muestra de propaganda frente a la crisis.

El mismo oficial admite, no obstante, que la designación de Sulbarán como Autoridad Única tiene sentido desde el punto de vista del orden interno. Como jefe del componente encargado de esa materia, le correspondería coordinar cuerpos policiales, bomberos y otras instancias de apoyo ante una calamidad nacional con el ocurrido.

El MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, fue nombrado como Autoridad Única para la Emergencia.

El control del orden interno implica garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de servicios básicos, el suministro de alimentos, combustible, medicinas y otros insumos esenciales, así como evitar que la emergencia derive en una crisis mayor de seguridad ciudadana.

En círculos castrenses se interpreta que el nombramiento de Sulbarán como comandante de la GNB también responde a equilibrios internos dentro de la Fuerza Armada. Su promoción tenía entre sus integrantes a quien debía ocupar la comandancia general de la GNB, y tras la llamada Operación Resolución Absoluta y la asunción de Rodríguez como presidenta interina, fue colocado al frente del componente para no alterar esa lógica de reparto.

Delcy Rodríguez también activó el Estado Mayor Conjunto para la Contingencia, un equipo especial integrado por Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y Justicia; Juan José Ramírez Luces, ministro de Obras Públicas y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; Héctor Vicente Rodríguez Castro, ministro de Educación; y Calixto José Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

Un perfil marcado por la política

Delcy Rodríguez activó el Estado Mayor Conjunto para la Contingencia.

El mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y ahora Autoridad Única para la contingencia causada por los terremotos del 24 de junio de 2026, egresó con el número 20 en el orden de mérito de la II Promoción 1993 “Batalla de Mosquitero”.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos operativos y de comando dentro de la GNB, con responsabilidades en regiones estratégicas y funciones vinculadas al orden interno y la seguridad ciudadana. Antes del 19 de marzo de 2026, cuando fue designado comandante general de ese componente en sustitución del mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, se desempeñaba como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental.

Compañeros de promoción, que hablaron con Infobae, lo recuerdan como un cadete disciplinado, respetuoso y colaborador. También señalan que fue subrigadier, formó parte del equipo de esgrima y, por su estatura, ocupó el puesto de tambor mayor al frente de la Banda de Guerra.

Su llegada a la Casa Militar o Guardia de Honor Presidencial (GHP) se produjo hacia el final del segundo gobierno de Rafael Caldera, en 1998. De acuerdo con oficiales consultados, fue por un familiar que se encontraba en el Batallón de Custodia, donde se encontraba la casa del entonces Presidente , donde comenzó a construir relaciones que luego serían decisivas para su ascenso en una etapa en la que las conexiones políticas empezaron a pesar cada vez más dentro de la institución armada.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, Sulbarán Quintero consolidó vínculos en el nuevo esquema político. Entre sus contactos más influyentes, según un compañero de academia, estuvo Tareck Zaidan El Aissami Maddah, hoy preso por la trama de corrupción de PDVSA, con quien habría obtenido cargos durante su gestión como gobernador de Aragua, ministro de Petróleo y presidente de la estatal petrolera.

“Ahí comenzó la carrera de contactos del ahora general Sulbarán”, relató a Infobae uno de sus antiguos compañeros. En la Fuerza Armada, agregan las fuentes, no se le atribuyen hitos militares particularmente sobresalientes más allá de su paso por la Guardia de Honor Presidencial, que lo acercó al núcleo del poder. “Se volvió radical apoyando a la revolución”. 

En la frontera

El terremoto impactó a varias zonas del país pero Caracas y La Guiara son de olas más afectadas.

Como general, Sulbarán comandó durante un largo período el fronterizo estado Táchira, donde estrechó relación con Freddy Alirio Bernal Rosales, actual gobernador de esa entidad. Las fuentes consultadas sostienen que su principal capital dentro de la institución no proviene del liderazgo militar, sino de su cercanía con figuras políticas del chavismo.

“El primer discurso que dio Sulbarán Quintero como comandante de la Guardia Nacional, en su reunión con los generales y ese acto en la oficina recibiendo la Comandancia General, son discursos tibios e insípidos, porque no tiene ningún tipo de liderazgo ni ascendencia en la Guardia Nacional”, refiere uno de sus excompañeros.

Un alto oficial advierte que, con el paso de las horas y los días, podría crecer la tensión social en Caracas y La Guaira. “Mucha gente perdió sus casas, sus bienes, pero principalmente otros perdieron familiares”, señaló. A su juicio, el reto de la autoridad designada no será reprimir, sino garantizar respuestas concretas antes de que la escasez de alimentos, la interrupción de servicios y el colapso de la atención agraven la desesperación ciudadana.

En videos difundidos horas después de los terremotos, ciudadanos denunciaban que aún no habían visto ambulancias en las zonas afectadas. Para los oficiales consultados, la tragedia expone la fragilidad institucional acumulada durante años: falta de preparación, escasez de maquinaria, limitaciones operativas y un aparato estatal obligado ahora a demostrar si puede remover escombros, rescatar sobrevivientes y recuperar cuerpos en medio de una emergencia nacional.

No hay carnet

Vecinos se suman a las operaciones de rescate.jpeg.

Por su parte el coronel Antonio María Guevara Fernández dice que “bajo los escombros no hay carnet”, destacando que el terremoto no preguntó por militancia. “Se llevó casas, vidas, certezas y futuro por igual. El dolor no distingue colores”.

Resalta que hoy el enemigo tiene nombre que se traduce en “pérdida, escombros, incertidumbre. Y la única arma que lo vence no está en un cuartel ni en la casa de un partido. Está en la unión”.

Se atreve a proponer que ante el ofrecimiento de numerosos países amigos que tienden la mano “aceptémosla. Reconstruyamos primero lo humano. Después discutiremos de política, si queda algo en pie”.

Acierta al considerar que Venezuela no se salva con discursos, sino “hombro a hombro, removiendo piedra por piedra y buscando sobrevivientes. Hoy toca duelo. Mañana, reconstrucción. Siempre, juntos”, finaliza diciendo mientras envía un “fuerza, Venezuela”.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/25/tras-los-terremotos-el-regimen-apuesta-por-un-militar-de-perfil-politico-para-que-asuma-como-autoridad-unica-para-la-emergencia/

Extraña muerte de cadete venezolano en un buque en Sicilia; su familia exige necropsia y repatriación del cuerpo.

 

Freddy José Farías, estudiante de la Universidad Marítima del Caribe, fue hallado sin vida en su camarote mientras el buque FEW BPS permanecía en el puerto de Santa Panagia, en Sicilia. Su familia pidió al canciller venezolano Iván Gil, apoyo para esclarecer la causa de muerte, impedir una cremación no autorizada y repatriar el cuerpo a Venezuela.

Sebastiana Barráez/ martes 22 de junio 2026
Tomado de Infobae

Freddy José Farías Marcano, el joven que perdió la vida en extrañas circunstancias a bordo de un buque.

Freddy Farías, padre del joven venezolano Freddy José Farías Marcano, solicitó formalmente al canciller Yván Eduardo Gil Pinto atender la situación que atraviesa su familia tras la muerte de su hijo, ocurrida a bordo de un buque petrolero y químico en Italia. La familia asegura que, durante una videollamada realizada el día anterior al fallecimiento, observó un deterioro físico y emocional en Freddy José.

Según la comunicación enviada a la Cancillería venezolana, Farías Marcano, de 26 años y oriundo del municipio Guanta, estado Anzoátegui, era cadete y aspirante a ingeniero marítimo, el sueño que perseguía.

Como estudiante de la Universidad Marítima del Caribe, ubicada en Catia La Mar, estado La Guaira, se embarcó en Egipto el 28 de abril de 2026 para realizar pasantías de ingeniería marítima en la nave FEW BPS, actualmente con bandera de Liberia, un país de la costa de África que tiene límites con Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea.

Días antes de su fallecimiento, el joven comunicó a su padre, durante una conversación telefónica, su decisión de desembarcar en el muelle de Santa Panagia, en Sicilia, Italia. De acuerdo con el testimonio familiar, el desembarco había sido aprobado por el capitán de la embarcación para el momento del atraque, pero luego fue prorrogado sin causa justificada hasta el domingo 14 de junio, fecha en la que Freddy José fue encontrado sin vida en su camarote.

El cadete Freddy José Farías Marcano en la Universidad Marítima de Venezuela junto a sus padres Freddy Farías y Eunice Marcano.

El padre sostiene que su hijo había cumplido con los exámenes físicos y psicológicos exigidos internacionalmente antes de embarcarse. Sin embargo, relató que en los días previos a su muerte el joven manifestó temor y afirmó sentirse víctima de hostigamiento.

La Universidad Marítima del Caribe, cuyo rector es el Capitán de Altura Guillermo Riut Hernández, ha realizado actividades con motivo el Día de la Marina Mercante Venezolana, destacando que “la Marina Mercante es el motor silencioso pero implacable del comercio global y del desarrollo de nuestra nación”, pero no se ha pronunciado ante lo sucedido. 

Farías le dice a Infobae que el 22 de junio estuvo en la Defensoría del Pueblo, donde “un cuerpo de abogados nos atendió maravillosamente” y narraron lo que como padre sabe de lo ocurrido, sobre quién era su hijo. “Nosotros somos víctimas y no contamos con los recursos económicos que sí tiene la empresa” en la que se embarcó su hijo y por lo que temen que pueda encubrirse el caso.

Este martes 23 de junio la familia Farías tiene previsto acudir a la Cancillería venezolana para obtener respuestas a las solicitudes realizadas. 

La constancia de estudios de Freddy José Farías Marcano en la Universidad Marítima.

La última llamada

Eunice Marcano y Freddy Farías padres del joven sostuvieron que en la última conversación con el joven percibieron voces amenazantes en otro idioma alrededor del cadete, lo que, según el padre, evidenciaba una situación de coacción.

Tras conocerse la muerte, los familiares recibieron información, de lo que había sucedido, a través del capitán Gilberto Montilla, quien, según el relato, tramitaba el embarque de cadetes como pasantes mediante la naviera Columbia Shipmanagement LTD y la Universidad Marítima del Caribe.

El cuerpo de Farías Marcano fue trasladado a la morgue de Augusta, ubicada a unos 45 minutos del puerto de Santa Panagia, debido a que ese muelle no cuenta con servicio de morgue. La autopsia, inicialmente estimada para el 15 de junio de 2026, habría sido reprogramada para el 22 de junio, según la información recibida por la familia.

La familia Farías Marcano reclama justicia para Freddy José y ha acudido a los organismos en Venezuela para obtener respuesta a sus solicitudes.

Los familiares solicitaron que se practique una necropsia que permita esclarecer la causa del deceso, que el cuerpo sea repatriado a Venezuela y que se les entregue copia certificada del acta de defunción, el teléfono móvil del joven y el informe del capitán del barco sobre lo ocurrido.

Farías también aseguró haber recibido información de que el buque donde murió su hijo zarpó del puerto italiano con rumbo a Grecia. Además, expresó preocupación ante una presunta intención de cremar el cadáver sin autorización familiar.

El padre descarta la tesis del suicidio. “Lo que sí noté es que él estaba viviendo una situación demasiado fuerte en ese barco y se vio en la obligación de solicitar el desembarco en el muelle italiano”, afirmó.

Recordó que el 13 de junio, horas antes del fallecimiento, vio a su hijo “muy desesperado, angustiado, muy asustado”. Añadió que escuchó cerca de él “voces amenazantes en otro idioma” y que, desde esa conversación, no volvió a tener contacto con el joven.

“Pedimos que se haga justicia para nuestro hijo”, expresó la familia Farías Marcano en su solicitud a las autoridades venezolanas.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/23/extrana-muerte-de-un-cadete-venezolano-en-un-buque-en-sicilia-su-familia-exige-investigar-la-causa-y-repatriar-el-cuerpo/