domingo, 15 de marzo de 2026

Corrupción en Venezuela: cuatro generales se pelean el control de una aduana fronteriza donde se manejan cobros ilegales


La disputa interna por el control de los trámites en el estado Apure involucra a altos mandos militares, quienes se benefician de mecanismos paralelos mediante sobornos, alanzas con comerciantes y nacionalizaron parcial de productos importados


Sebastiana Barráez/ domingo 15 de marzo 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

En la aduana apureña se nacionaliza parcialmente la mercancía que entra por la frontera

El control del Servicio Tributario y las aduanas en las áreas fronterizas se ha convertido en fuente significativa de corrupción, con implicación de funcionarios militares, que en Apure mantiene vínculos con comerciantes asiáticos para facilitar maniobras ilícitas. El conflicto entre cuatro generales se ha intensificado, por el control de la aduana donde nacionalizan parcialmente mercancías, además el cobro de cuotas extraoficiales a importadores y la garantía que en ninguna alcabala se revise la carga.


Son cuatro los generales en el entramado y conflicto por poder y negocios, que se han enriquecido durante años por lo que genera la aduana de Apure: el exjefe de la ZODI, Robinson José Vera Cumare; MG del Ejército, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, ex comandante de la REDI Los Andes.

General Róbinson José Vera Cumare fue jefe de la ZODI

Se suma el GD Francisco Alejandro Corona Preciado, ex secretario de Seguridad de Apure, exjefe del CZGNB 35 y de la Misión Barrio Tricolor; y el GD Daniel Alfonso Galarraga Torres, exjefe de la 92 Brigadas Caribes y actual comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 31 del estado Apure.

GD Francisco Alejandro Corona Preciado y su esposa Jenifer Matiz de Corona

“El negocio ha sido nacionalizar solo un porcentaje de las cargas, y el resto cobrar una vacuna a los importadores, y cobrarles un dinero adicional por la protección, de manera que los funcionarios de los puntos de control no requisen la carga, no paren las gandolas”, le dice a Infobae un productor fronterizo.


Los generales Galarraga y Vera Cumare, están enfrentados con Ovidio Delgado, por el control de la aduana. “Lo que entra y se nacionaliza con cualquier empresa aduanera que no están en su control, son perseguidos, los detienen, se roban la mercancía y después Galarraga se encarga de que se venda en comercios de su confianza”.


Los comerciantes asiáticos, grandes distribuidores de la mercancía que es traída de Colombia, tienen estrecha relación con todos los generales.

GD Daniel Alfonso Galarraga Torres, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 31 del estado Apure

En la aduana de Apure nacionalizan diversos productos, especialmente: azúcar, papel sanitario, aceite comestible, confiterías, galletas, café, arroz, harina de trigo, entre otros. “Los importadores pagan por la protección de las cargas, 3 mil dólares”


En cuanto al general Galarraga un productor lo describe como “un oficial controlador del contrabando en Apure. A quienes no se alinean con él los detiene e incluso les saquea sus propiedades”.

Diana María Armirola Vanegas es la persona que el general Galarraga tiene en la aduana de Apure

Generales y esposas

En todo el entramado se cuelan los nombres de tres mujeres, esposas de los altos oficiales. La esposa del General Robinson Vera Cumare es Fresia de Vera, oriunda de El Amparo; “en las reuniones, en Arauca, quien representaba la empresa Vencol era Jessica Tovar de Delgado, esposa del general Ovidio Delgado”, revela un exfuncionario del Seniat, quien agrega que “los negocios del general Vera en Apure los está manejando su cuñado Libardo”.

Jessica Tovar de Delgado, esposa del general Ovidio Delgado

Un habitante de San Fernando de Apure refiere que “en el negocio de los fletes, parte de las gandolas con del General Francisco Corona, cuya empresa de transporte está a nombre de su esposa Jenifer Matiz de Corona; los depósitos de Corona están detrás de la ZODI, donde tiene los galpones. Ella mueve todas las finanzas del general, además del transporte y otros negocios”.


Como representante legal de la empresa Vencol ante el SENIAT, es decir la agente aduanal Frontera Vencol, según registro J-40716756-1, está Yulis Amadeley de la Trinidad Sojo Martínez, una muchacha de Guárico, la menor de once hermanos. “Yulis era la secretaria de la esposa del general Delgado Ramírez y se encuentra en España, al parecer viviendo en Madrid”, relata a Infobae un exfuncionario del Seniat.

En Arauca, la representante de Vencol era Jessica de Delgado, esposa del MG Ovidio Delgado

Vencol es una empresa venezolana especializada en logística integral, importación y exportación, autorizada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para gestionar trámites ante diversas aduanas principales del país; su sede principal está en Puerto Cabello, estado Carabobo y opera, además, en las aduanas de La GuairaGuanta y El Amparo.


Ante la pregunta de Infobae a un agente aduanal de cómo entra a formar parte el general Galarraga en ese conflicto entre generales, responde que “en el control de la aduana hace parte Galarraga, porque controla todo, a través de Diana María Armirola Vanegas, una mujer colombovenezolana, a su servicio en la aduana”, quien es esposa de Pedro Panza.


El poder militar 

Desde el 2004, Hugo Rafael Chávez Frías ingresó al círculo de poder al coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizález Rengifo; le dio cargos de ministro, incluso de la Defensa y lo designó Vicepresidente Ejecutivo en el 2008, cuando sale hacia el estado Apure, designándolo como gobernador, cargo que ocupa durante 10 años, pero consolida un poder regional.


Carrizález entrega, en noviembre 2021, la Gobernación del estado Apure a Germán Eduardo Piñate Rodríguez, pero continúa controlando la aduana, a través del apoyo de Diosdado Cabello, cuyo hermano, José David Cabello Rondón, es el Superintendente de la Administración Aduanera y Tributaria.


Así empoderaron de Gerente de Aduanas a Luis Eduardo Tolosa Duarte a quien en el Alto Apure relacionan al Estado Mayor de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). Fue director General de la Alcaldía del municipio Páez con el Partido Patria Para Todos (PTT). Asimismo, Tolosa fue

Comisionado para el Alto Apure en la gobernación de Carrizales. Desde el 8 de febrero 2022, hasta noviembre 2025, fue gerente de la Aduana del Amparo, Apure, cargo del que sale por el enfrentamiento entre los generales Delgado y Vera.

Luis Eduardo Tolosa Duarte pasó de gerente de la Aduana El Amparo en Apure a Las Piedras en Falcón

Lo envían a la Aduana de Táchira, pero el 6 de enero 2026, José David Cabello lo nombra Gerente de la Aduana Principal de Las Piedras, península de Paraguaná, estado Falcón, según Providencia Administrativa SNAT/2026/00001, publicada en Gaceta Oficial Nº 43.295.


“Luis Tolosa y Vera Cumare tienen un hotel en Pueblo Viejo, Guasdualito, que fue inaugurado en diciembre. Ese hotel, que salió de esos dineros de la Aduana, está a nombre de Pedro Panza alias Peche”, le dice a Infobae un vecino del municipio Páez.


El ocaso de Delgado

El Mayor General del Ejército, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, destacado oficial, número 6 de la promoción 1989 "GD Cornelio Muñoz", ocupó hasta julio de 2021 el cargo de Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Nº 2 Los Andes


En ese periodo, era uno de los siete militares con mayor capacidad de fuego en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). También de los que hace fuertes apuestas en las peleas de gallos, algunas de ellas en Arauca.

Mayor General del Ejército, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez sale de la REDI Los Andes en el 2021 por su amistad con una joven enlace de las FARC

Identificado como uno de los colaboradores más cercanos a Diosdado Cabello, el alto oficial se perfilaba hacia el Alto Mando Militar. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida tras el estallido del conflicto fronterizo, el 21 de marzo 2021, cuando se enfrentaron el Ejército venezolano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dejando, al término del conflicto, un saldo de 18 militares fallecidos.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/04/ocho-militares-venezolanos-y-un-jefe-de.html)


En ese contexto, fue detenida una bella joven llamada María José Gualdrón Rivas, amiga del general, conocida por sus vínculos en la frontera con grupos guerrilleros, primero con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y posteriormente como enlace de las FARC, tras su ingreso al ejército venezolano, y su actividad en el Alto Apure.


La aprehensión de Gualdrón, en abril 2021, por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde fue sometida a torturas y desaparición forzada, antes de ser trasladada al Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, estado Táchira, marcó el ocaso de Delgado. La relación con la joven precipitó su salida de la REDI y su asignación a un puesto de escasa relevancia.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/07/la-historia-del-alto-oficial-que-fue.html)


Aunque el MG Ovidio Delgado mantiene estrecha relación con la zona fronteriza, desde que salió de la REDI en 2021, desapareció de la esfera pública, dejando atrás sus habituales declaraciones a favor de la revolución bolivariana y de sus líderes, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello


Tampoco retomó sus polémicos discursos, como el pronunciado en febrero de 2021 durante el aniversario de la Defensoría del Pueblo, en el Consejo Legislativo del Táchira, donde amenazó con atacar objetivos estratégicos en la vecina población de Cúcuta si se producía una incursión militar colombiana en territorio venezolano.

La estructura de poder militar en Apure permanece vinculada a la corrupción aduanera gracias al apoyo de figuras nacionales como Diosdado Cabello y su hermano José David. (REUTERS/ARCHIVO)

Dos semanas antes, en una parada militar celebrada en el Cuartel Rivas Dávila, sede de la 221° Brigada de Infantería “General en Jefe Justo Briceño” en Mérida, con motivo del intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Delgado instó a la “lealtad al proceso revolucionario”, asegurando que “la revolución es irreversible y transita hacia la mayor suma de felicidad y justicia social para el pueblo”.

 

General con influencias

Robinson José Vera Cumare fue jefe de la 92 Brigada Caribe y, en el año 2020, llegó a jefe de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del fronterizo estado Apure, luego del extraño asesinato del general Sergio Negrín Alvarado quien se encaminaba a tomar la jefatura del Comando de Zona Nr. 35 de Apure.


En julio 2025, según Resolución 60498, Vera es retirado de la vida activa en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego de un desempeño militar rodeado de oscuros episodios, como el presentado en diciembre 2017, por Dayana Daniela Díaz Piñero.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2025/03/dos-hombres-llevan-siete-anos.html)


Esta mujer de origen colombiano denunció ante organismos venezolanos y el Consulado de Colombia en Guasdualito, Apure, al entonces jefe de la Brigada Caribe, Vera Cumare y a otros funcionarios, por la desaparición de su concubino César Eduardo Sánchez y del inquilino Jeison Pardo León, quienes habitaban en el barrio La Primavera de Guasdualito, municipio Páez de Apure.


Un informe de la OCCRP, una de las mayores organizaciones de periodismo de investigación del mundo, con sede en Ámsterdam,  que estudia e investiga casos de Delincuencia Organizada y Corrupción, ha publicado que el general Vera Cumare, según el registro de contratistas, poseía acciones de la Cooperativa Jerusalén 24, fundada en 2005, empresa que ha obtenido decenas de contratos públicos en Venezuela, incluido el suministro de frutas y verduras a un centro educativo público.


Quizá el más relevante de esos controversiales episodios que involucran al otrora poderoso general Vera Cumare es porque crea el antecedente que lleva al conflicto en Apure, entre marzo y junio 2021, dejando 18 militares venezolanos muertos en el enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las disidencias de las FARC.


Hasta ese momento, según testimonios de los habitantes de la zona, la relación de los jefes militares apureños, incluyendo a Vera Cumare, con los comandantes de la guerrilla, era fluida por los diversos negocios ilegales en la frontera, como lo reveló a Infobae, en enero 2022, un colaborador del Décimo Frente de las FARC, la disidencia de la guerrilla al mando de Gentil Duarte.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2022/01/la-guerra-en-apure-desde-adentro-un-ex.html).


Unos meses antes, el 19 de septiembre 2020, el General de División (Ej.) Robinson José Vera Cumare, como jefe de la ZODI Apure, lleva a cabo la Operación Escudo Bolivariano 2020 Centauro de los Llanos, atacando un campamento de las disidencias de las FARC; en ese lugar eran asiduos visitantes dirigentes políticos y militares de la revolución bolivariana.


En esa operación murieron cuatro militares venezolanos: los sargentos del Ejército Gabriel Alexander Pérez Silva y Reiber David Chirino Reyes, así como los tenientes Augusto David Linares Delgado y Miguel ángel Mora García. Además, heridos el francotirador Franklin Enrique Ruiz Ramírez, y los cabos Fernando de Jesús Belisario y álvaro Gilberto Gregorio.


Un coronel que conversó con Infobae, en octubre 2021, dijo que “la operación del 19 de septiembre 2020 fue un desastre. Murieron cuatro militares y solo un guerrillero. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/10/el-negocio-de-detener-y-liberar.html).

En esa operación participaron más de 300 militares que trajeron de Caracas, Brigadas de Fuerzas Especiales, Brigada de Paracaidistas, pero que no conocían la zona”


https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/15/corrupcion-en-venezuela-cuatro-generales-se-pelean-el-control-de-una-aduana-fronteriza-donde-se-manejan-cobros-ilegales/



jueves, 12 de marzo de 2026

Derechos humanos y elecciones libres: el reclamo venezolano de 26 ONGs ante el encuentro Petro-Rodríguez

 

Los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunirán este viernes


Sebastiana Barráez/ jueves 12 de marzo 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá el viernes 13 de marzo en el Puente Tienditas en la frontera entre Colombia y Venezuela, con Delcy Eloína Rodríguez Gómez

Ante la reunión prevista para este viernes 13 de marzo de Delcy Rodríguez con el presidente Gustavo Petro, 26 organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas, le solicitan al mandatario colombiano que su país promueva, en esos encuentros bilaterales, el respeto al orden constitucional, garantías de derechos humanos, liberación de presos políticos y condiciones para elecciones libres en Venezuela. Muestran preocupación porque la decisión del TSJ sobre la presidencia encargada de Venezuela “no establece límites temporales al ejercicio del poder”.


En una comunicación dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, las organizaciones señalan que la designación de Delcy Eloína Rodríguez Gómez se basa en una interpretación judicial extraordinaria de la Constitución venezolana, lo que ha generado cuestionamientos jurídicos sobre la regularidad del procedimiento de sucesión presidencial.


Las organizaciones firmantes recurren a la Constitución de Venezuela, advirtiendo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría contravenir los principios de separación de poderes y afectar el equilibrio democrático. Por ello, han instado al gobierno colombiano a acompañar y observar el desarrollo de la situación, con el fin de salvaguardar el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Venezuela.

Los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy Eloína y Jorge de Jesús, dirigen el poder ejecutivo y legislativo en Venezuela

Las 26 ONG firmantes: Fundación Iribarren en Lucha, Hablamos DDHH, Labo Ciudadano, Laboratorio de Paz, La TV Calle, Movimiento SOMOS, Nosotras Por Todas, Movimiento Unidos por el agua y los DDHH, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, ONG Hombres por la Equidad e Igualdad, ONG Migrantes Venezolanos Desaparecidos (MIVED), Observatorio Digital ProboxVE, Red DDHH en Acción, Red DDHH del estado Lara, RedesAyuda, Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto y Voto Joven.


El problema institucional surge desde que, el 3 de enero 2026, la Operación Resolución Absoluta significó la extracción, por parte de fuerzas militares estadounidenses, de Nicolás Maduro Moros y a Cilia Adela Flores de Maduro del territorio venezolano. Ante ello, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada” de la República Bolivariana de Venezuela.

Aunque cientos de presos han sido liberados, hay más de 600 aún tras las rejas

DDHH y elecciones

De cara a los encuentros bilaterales previstos, en este caso el de Gustavo Petro con Delcy Rodríguez, el 13 de marzo en la frontera, las organizaciones solicitan que se promuevan cinco ejes fundamentales, partiendo de la defensa del orden constitucional y la legalidad democrática.


Reafirman “la importancia de que el ejercicio del poder público en Venezuela se ajuste estrictamente a los procedimientos establecidos en los artículos 233 y 234 de su Constitución, garantizando límites al ejercicio de poderes excepcionales y mecanismos efectivos de control democrático”.


También, garantías plenas de derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el cese de la persecución por motivos políticos. “Promover medidas orientadas a garantizar el respeto efectivo de los derechos civiles y políticos, el debido proceso, la libertad personal, la protección de defensores de derechos humanos, la libertad de todos los presos políticos, incluyendo los de nacionalidad colombiana”.

La Operación Resolución Absoluta extrajo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano el 3 de enero de 2026

Como tercer principio, el respeto al derecho a la participación política y a la soberanía popular. “Favorecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos venezolanos a participar libremente en los asuntos públicos y a elegir a sus autoridades mediante procesos electorales auténticos, libres y verificables”.


Insisten en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la separación de poderes, promoviendo “el restablecimiento del equilibrio entre los poderes públicos y la existencia de controles democráticos efectivos frente al ejercicio del poder”.


Y le solicitan a Gustavo Petro, como último principio, un rol activo de Colombia en la promoción de soluciones democráticas y pacíficas, alineadas con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “orientadas a la estabilidad democrática y al respeto de los derechos fundamentales”.

ONGs defensoras de derechos humanos, sociales y políticos le escribieron la misiva a Petro

A su juicio se plantea la necesidad de facilitar el acceso de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que puedan realizar visitas a Venezuela en el menor plazo posible.


Las organizaciones están convencidas del compromiso de Colombia con la democracia, el respeto al orden constitucional y la protección de los derechos humanos, de manera que “puede desempeñar un papel decisivo en la construcción de soluciones institucionales duraderas que respondan a las aspiraciones del pueblo venezolano y contribuyan al fortalecimiento de los principios democráticos en América Latina”. 

La liberación de los presos políticos es una de las solicitudes que las ONG hacen en Venezuela

División de poderes y legalidad

Destacan las organizaciones firmantes de la misiva que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, de manera expresa, los mecanismos para la sustitución del jefe del Estado en sus artículos 233 y 234, los cuales regulan de forma taxativa los supuestos de falta absoluta y falta temporal del presidente. 


Aseveran que el artículo 233 contempla las causales de falta absoluta y prevé mecanismos institucionales específicos, incluida la convocatoria a elecciones cuando corresponda. Por su parte, el artículo 234 regula las faltas temporales, estableciendo límites temporales claros, de hasta noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional, y la sujeción del ejercicio del poder a controles institucionales determinados.


Según el pronunciamiento de las organizaciones firmantes de la misiva, la decisión del TSJ, que ordena el ejercicio pleno de las atribuciones presidenciales por parte de la vicepresidenta ejecutiva, presenta varios elementos que generan inquietud constitucional


Entre ellos, destacan que el propio fallo reconoce la existencia de una situación “no prevista literalmente” en la Constitución; no declara formalmente la configuración de una falta temporal conforme al artículo 234; no establece límites temporales al ejercicio del poder; y no activa los mecanismos de control institucional previstos en el texto constitucional.


A juicio de las organizaciones firmantes, este escenario plantea dudas relevantes sobre la vigencia efectiva de los principios de separación de poderes, control democrático y legalidad, considerados pilares esenciales del Estado de derecho, incluso en contextos extraordinarios.


En el documento, se subraya el papel histórico de Colombia en la promoción de soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de los derechos humanos en América Latina. En ese contexto, se considera que el liderazgo regional del Estado colombiano podría contribuir de manera significativa a la preservación del orden constitucional, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/12/derechos-humanos-y-elecciones-libres-el-reclamo-venezolano-de-26-ongs-ante-el-encuentro-petro-rodriguez/



Corrupción en Venezuela: cuatro generales se pelean el control de una aduana fronteriza donde se manejan cobros ilegales

La disputa interna por el control de los trámites en el estado Apure involucra a altos mandos militares, quienes se benefician de mecanismos...