La nueva camada de ascensos a coroneles en la Guardia Nacional y sus conexiones de poder

Entre los ascendidos por Delcy Rodríguez, esta Néstor Neptalí Blanco Hurtado, un oficial del aparato de contrainteligencia sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por graves violaciones a los derechos humanos.

Sebastiana Barráez/ jueves 23 de julio 2026
Tomado de Infobae

El ministro de la Defensa Gustavo González López entrega la lista inicial de los ascensos para que Delcy Rodríguez escogiera los ascendidos.

La promoción de 91 oficiales al grado de coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) vuelve a poner bajo escrutinio la composición del alto mando militar venezolano. Entre los ascendidos por Delcy Eloína Rodríguez resalta Néstor Neptalí Blanco Hurtado, un funcionario vinculado directamente con el aparato de contrainteligencia del régimen y señalado por víctimas de tortura, uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Blanco Hurtado, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea en 2019, figura en el tercer lugar de la lista de ascensos a coronel del componente. Su promoción ocurre pese a los señalamientos acumulados por su actuación en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo denunciado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por prácticas de represión contra presos políticos y opositores.

El ascenso sorprende por el historial atribuido al oficial. Blanco Hurtado ha sido señalado por su participación en estructuras de seguridad interna y contrainteligencia durante el régimen de Nicolás Maduro y bajo el entorno de poder encabezado por Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

El ahora coronel ocupó cargos como jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar Nro. 32 en la región de Los Llanos y actuó como operador de la DGCIM en coordinación con funcionarios de ese cuerpo, entre ellos Alexander Enrique Granko Arteaga. 

Néstor Neptalí Blanco Hurtado ha sido sancionado por EEUU y la Unión Europea.

Su trayectoria se desarrolló bajo mandos como el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, Javier José Marcano Tábata, Gustavo Enrique González López y, desde el 18 de marzo, el contralmirante Germán Edoardo Gómez Lárez, primo de los hermanos Rodríguez Gómez.

En noviembre de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Blanco Hurtado bajo la Orden Ejecutiva 13884. La medida lo señaló como responsable de participar en órdenes que derivaron en uso excesivo de la fuerza y maltrato contra personas detenidas en instalaciones de la DGCIM.

El Consejo de la Unión Europea también lo incluyó en su lista de sancionados por violaciones de derechos humanos o represión contra la sociedad civil y la oposición democrática. Esas sanciones europeas estuvieron vigentes hasta el 10 de enero de 2026.

Como comandante de la Zona de Contrainteligencia Militar Nro. 32 en Los Llanos, Blanco Hurtado ocupó una posición estratégica dentro del aparato de seguridad del régimen venezolano.

Señalamientos internacionales

Las sanciones estadounidenses implican el bloqueo de cualquier propiedad que el oficial pudiera tener bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con entidades o individuos estadounidenses. Aun así, Blanco Hurtado figura entre los oficiales beneficiados con ascensos dentro de la estructura militar venezolana.

Alexánder Enrique Granko Arteaga jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM, grupo con el que trabaja Blanco Hurtado.

Según el Departamento del Tesoro, Blanco Hurtado fue sancionado por su participación en órdenes relacionadas con “excesivo uso de la fuerza y malos tratos de personas encarceladas en las instalaciones de la DGCIM”. Esos hechos constituyen, conforme a estándares internacionales, graves violaciones de derechos humanos.

Blanco fue incluido en la misma lista de sancionados en la que aparecen el almirante Remigio Ceballos Ichaso, el general José Adelino Ornelas Ferreira, el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar y Carlos Alberto Calderón Chirinos, vinculado al Sebin.

La Red Global Diáspora Venezuela afirmó que las acusaciones contra Blanco Hurtado por maltrato de detenidos en la DGCIM reflejan preocupaciones más amplias sobre el trato a los prisioneros políticos en Venezuela. La organización recordó que organismos internacionales han documentado denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en esos centros de reclusión.

El 5 de noviembre de 2019, el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, afirmó que las sanciones buscaban identificar a “funcionarios de alto rango que actúan en nombre del régimen opresor del expresidente venezolano Nicolás Maduro”, al que acusó de mantener niveles atroces de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Los primeros de la lista

El primer lugar de los ascensos corresponde a Liwil José Mota Salazar, comandante del Destacamento Nro. 432 del Distrito Capital, cargo en el que fue ratificado en 2024.

El ahora coronel (GNB) Liwil José Mota Salazar.

En 2021, Mota Salazar fue enviado a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas de Apure, después de desempeñarse como jefe de la Guardia del Pueblo en Punta de Piedras, estado Nueva Esparta.

En 2024 fue ratificado como comandante del Destacamento 432 de la GNB en el Distrito Capital.

En el segundo lugar aparece Luis Antonio Villegas Ramírez, cuya carrera ha estado más vinculada a la administración pública que al ámbito estrictamente militar. Actualmente se desempeña como ministro de Industrias y Comercio Nacional, cargo para el que fue nombrado por Delcy Eloína Rodríguez el 16 de enero de 2026, en sustitución de Alex Saab.

En febrero de 2024, Nicolás Maduro lo había designado ministro de Comercio Nacional. Antes fue viceministro para el Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución, así como presidente de la Almacenadora Caracas.

En marzo de 2023 fue nombrado director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio de Comercio Nacional.

Villegas Ramírez egresó como licenciado en Ciencias y Artes Militares. Además, cuenta con una especialización en Comando y Plana Mayor avalada por la Gendarmería Nacional Argentina, un doctorado en Ciencias de la Seguridad y una especialización en Control de la Gestión Pública.

Más oficiales ascendidos

El cuarto lugar lo ocupa Abraham Lemuel Manaure Martínez, nombrado en septiembre de 2023 comandante del Destacamento 212 del Comando de Zona 21 (CZGNB21), en el fronterizo estado Táchira.

Abraham Lemuel Manaure Martínez asciende de cuarto.

El quinto puesto corresponde a Roberto Daniel Gasperi Gil, comandante del Destacamento 451 de La Guaira, unidad militar de control y seguridad adscrita al Comando de Zona Nro. 45, con operaciones principalmente en la aduana aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Le sigue José Omar Poveda Roballo, comandante del Destacamento Nro. 412, unidad táctica adscrita al Comando de Zona Nro. 41 (CZGNB-41) en el estado Carabobo.

En el séptimo lugar figura Leonardo Alfredo Rodríguez Biel, comandante del Cuerpo de Cadetes de la Academia Militar de la GNB e integrante de la Segunda Promoción “Toma de Puerto Cabello”.

Rodríguez Biel se ha desempeñado como jefe del Departamento de Químicos del Comando Antidrogas y fue presidente de EDC Network Comunicaciones, empresa venezolana del sector de telecomunicaciones y desarrollo de infraestructuras técnicas, adscrita al Ministerio para la Energía Eléctrica y habilitada por Conatel en 2001.

También asciende el ministro de Industrias y Comercio Luis Antonio Villegas Ramírez.

A continuación, aparece Maikel José Duarte Torrealba, quien ha ocupado varios cargos directivos de confianza en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. En 2017 fue director general de la Oficina de Protección y Seguridad Integral, adscrita al Ministerio de Interior. Luego pasó a ser coordinador encargado de Antecedentes Penales y, en 2019, asumió la dirección del organismo responsable de registros ciudadanos y certificaciones internacionales.

En el noveno puesto está Jorge Luis Montilla Pérez, integrante de la II Promoción “Toma de El Callao”, quien ha desempeñado cargos de comando estratégico y seguridad regional, entre ellos el de comandante del Destacamento Nro. 321 en el estado Cojedes. Anteriormente, Montilla Pérez fue jefe de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA) en el estado Bolívar.

El décimo lugar de la lista corresponde a José Ignacio Sánchez Colina, comandante del Destacamento Nro. 621, adscrito al Comando de Zona Nro. 62 en el estado Bolívar.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/23/la-nueva-camada-de-ascensos-a-coroneles-en-la-guardia-nacional-y-sus-conexiones-de-poder/

Una experta analiza la estrategia de EEUU hacia Venezuela tras la captura de Maduro

 

La internacionalista María Alejandra Aristeguieta considera que la crisis obliga a revisar fórmulas de cooperación más profundas con Washington, desde la inversión energética hasta esquemas de seguridad y asistencia internacional. 

Sebastiana Barráez/ domingo 19 de julio 2026
Tomado de Infobae

Delcy Rodríguez junto a Doug Burgum secretario del Departamento del Interior de EEUU, en la firma del Acuerdo y Alianza Técnico Financiera del Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela con la petrolera Shell.

La internacionalista María Alejandra Aristeguieta advierte que el debate sobre Venezuela vuelve a ganar espacio en Washington, en medio de una política exterior estadounidense marcada por el pragmatismo y por la búsqueda de garantías estratégicas en un escenario internacional cada vez más complejo. “Aunque la política exterior de Estados Unidos ha respondido históricamente a tres pilares: seguridad nacional, comercio y prosperidad económica, y promoción de la democracia, esos principios no han tenido siempre el mismo peso”, dijo en conversación con Infobae.

María Alejandra Aristeguieta de Álvarez es experta en políticas internacionales, gobernanza global y derechos humanos, con 30 años de práctica diplomática en Ginebra. Preside Vision 360 y coordina la ONG Iniciativa Por Venezuela. Ha sido asesora de gobiernos, universidades, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, es licenciada en Estudios Internacionales con posgrado en Derecho Económico, Integración, Negociaciones Internacionales y Formulación de Políticas.

La aplicación de la política exterior de EE.UU., explica, ha variado de acuerdo con las circunstancias geopolíticas y con las prioridades de cada administración. “En las décadas de 1980 y 1990, por ejemplo, Washington dio un impulso particular a la promoción de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el llamado orden basado en reglas”.

Aristeguieta junto al padre de Juan Pablo Pernalete el joven asesinado por funcionarios del régimen venezolano en las protestas del 2017 en Caracas.

Sostiene que en la actualidad la prioridad se concentra en los dos primeros pilares: seguridad nacional, comercio y prosperidad económica, porque Estados Unidos busca “preservar su supremacía” en un mundo transformado por el ascenso de “China y por las amenazas que representan Rusia, Irán y otros actores con peso en la escena internacional”.

En ese contexto, Aristeguieta ubica los acontecimientos recientes en Venezuela: primero, la extracción de Nicolás Maduro por considerarlo una “amenaza real para la seguridad estadounidense”; después, el proceso de estabilización impulsado por Washington junto con los “representantes de la dictadura que permanecieron en el poder”. 

El objetivo, afirma, en la conversación con Infobae, sería favorecer el crecimiento económico de Estados Unidos mediante inversiones petroleras que también reforzarían su seguridad nacional “en momentos de tanta inestabilidad mundial con los precios del petróleo”. 

El doble terremoto del pasado 24 de junio expuso la debilidad de la respuesta institucional.

Democracia para después

Sin embargo, los terremotos del 24 de junio expusieron, a su juicio, las debilidades de una estrategia centrada casi exclusivamente en la seguridad y la economía, y que deja en segundo plano la promoción democrática. La limitada inversión estadounidense en Venezuela responde precisamente a la ausencia de Estado de derecho y de un sistema democrático capaz de ofrecer garantías a inversiones de largo plazo.

Ese diagnóstico, señala Aristeguieta, ha reabierto en los pasillos de Washington la pregunta sobre qué hacer con Venezuela. Entre las ideas que se estarían evaluando figura la creación de un esquema similar al de los Estados Libremente Asociados del Pacífico, una figura utilizada por Estados Unidos que permitiría un “mayor control militar y un intercambio más favorable de recursos económicos”.

Para comprender el alcance de esa posibilidad, dice que es conveniente precisar en qué consiste el llamado Compacto de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés); “es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y tres naciones soberanas del Pacífico: las Islas Marshall (RMI), los Estados Federados de Micronesia (FSM) y Palau”. Ese instrumento “surgió tras el fin del Fideicomiso Territorial de las Islas del Pacífico, administrado por Washington después de la Segunda Guerra Mundial”. 

Defensores de DD.HH. ante la sesión Human Rights in Venezuela Status and Opportunity exponen ante en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los EEUU el 15 de julio 2026.

Recuerda la internacionalista que con el COFA esos países conservan soberanía, membresía en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y política exterior independiente, mientras Estados Unidos asume la responsabilidad de su defensa y se reserva el derecho de “denegación estratégica”, que le permite impedir el acceso militar de terceros, especialmente de China, además de mantener bases en sus territorios.

A cambio, Washington garantiza asistencia económica mediante fondos sustanciales, incluidos recientemente unos 7.000 millones de dólares por 20 años en la renovación de 2023-2024, así como acceso a programas federales, uso del dólar y derechos de residencia y trabajo en Estados Unidos para los ciudadanos de esos países.

Para alcanzar ese estatus, “las partes negociaron bilateralmente”, sometieron el acuerdo a plebiscito en el país asociado y luego lo llevaron al Congreso estadounidense para su aprobación. “Se trata de un esquema renovable y reversible por mutuo acuerdo”.

El compromiso de EEUU

En América no existen precedentes directos de este tipo de compactos, asevera María Alejandra Aristeguieta. “Puerto Rico, aunque se denomina Estado Libre Asociado bajo la ley federal estadounidense, es un territorio no incorporado, con ciudadanía estadounidense, pero sin plena soberanía ni voto en elecciones presidenciales”. Su estatus ha sido objeto de reiterados debates y consultas, incluidas opciones de independencia o libre asociación.

En la Unión Interpalamentaria Mundial se observa a María Alejandra Aristeguieta.

La diferencia es clave: mientras Puerto Rico mantiene una relación territorial con Estados Unidos, “el Compacto representa un estatus intermedio: soberanía limitada a cambio de protección y asistencia”.

En el caso venezolano, una ruta de ese tipo enfrentaría obstáculos legales de enorme magnitud. “Venezuela cuenta con una Constitución que prohíbe la cesión de territorio o soberanía, por lo que cualquier fórmula semejante requeriría una reforma constitucional profunda y aprobación popular”.

Además, advierte Aristeguieta, aun en un escenario hipotético, “cualquier arreglo tendría que diseñarse a la medida del tamaño, los recursos y la posición geopolítica de Venezuela”, lo que lo haría mucho más complejo y controvertido que los casos existentes en el Pacífico.

Dice que, por ahora, “la información parece reflejar más un debate sobre un mayor compromiso estadounidense que una propuesta concreta”. Venezuela, plantea la internacionalista, se encontraría ante una nueva encrucijada: optar por una dependencia pragmática que supere impedimentos legales para facilitar la recuperación, “o el aislamiento ideológico basado en una falsa soberanía con riesgo de perpetuar el fracaso”. Pero ese escenario aún no está definido. 

Los escenarios

Aristeguieta considera necesario analizar opciones y escenarios con el fin de incidir de manera adecuada en los debates que se desarrollan en Washington.

Los generales Francis Donovan y Kevin Jarrad en Venezuela el 6 de julio en la zona afectada por los terremotos del 24 de junio 2026.

La historia, afirma, “podría favorecer una relación más estrecha con Estados Unidos si se negocia con firmeza, visión de largo plazo y con el bienestar de la población venezolana por encima de los dogmas políticos”.

Tras 27 años de chavismo, marcados por hiperinflación, éxodo masivo de divisas y colapso institucional, y luego de los terremotos de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, miles de muertos y daños severos en Yaracuy, Carabobo, Vargas y Caracas, “una asociación estratégica” podría ofrecer la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones estadounidenses y de otros países en petróleo, infraestructura y ayuda humanitaria.

María Alejandra Aristeguieta, Edmundo González Urrutia y Antonio Ledezma conversan al aire libre en Ginebra, durante febrero de 2025.

Sostiene que Centros como el Atlantic Council destacan oportunidades para una Venezuela “próspera y alineado con EEUU", que marque el fin de la influencia rusa, china e iraní, así como “fortalecer el combate contra el crimen transnacional y abrir acceso a mercados, tecnología y experiencia internacional para la reconstrucción”. 

Considera que, además, podría convertirse en un “incentivo para el retorno de jóvenes venezolanos”, como ocurrió en parte con las experiencias del Pacífico, donde la población joven encontró mejores perspectivas de futuro en sus propios países.

El desafío, subraya, es que cualquier eventual acuerdo entre ambos países cuente con plena legitimidad democrática, reglas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. También debería evitar tutelajes indefinidos, preservar el control venezolano sobre sus recursos y garantizar beneficios concretos para ambas partes.

Para finalizar, Aristeguieta enfatiza que América Latina ya cuenta con numerosos ejemplos de acuerdos de libre comercio, presencia de bases militares para la lucha contra el narcotráfico e incluso fórmulas de administración territorial. Para avanzar hacia una relación más estrecha con Washington, concluye, no haría falta necesariamente un Tratado de Libre Asociación, sino una relación entre Estados orientada al beneficio mutuo, la estabilidad y la prosperidad.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/19/una-experta-analiza-la-estrategia-de-eeuu-hacia-venezuela-tras-la-captura-de-maduro/

Entre protestas e intimidación policial, organizaciones entregaron a la Asamblea un documento por elecciones libres y restitución del orden constitucional

Veinticinco organizaciones políticas, sociales, laborales y de derechos humanos, realizaron acciones publicas en Caracas, Monagas y Yaracuy, para exigir el reconocimiento de los resultados del 28 de julio de 2024, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de comicios presidenciales y parlamentarios con garantías democráticas. 

Sebastiana Barráez/ viernes 17 de julio 2026
Tomado de Infobae

Carteles improvisados hicieron énfasis en el cumplimiento de la Constitución.

Veinticinco organizaciones políticas, sociales, sindicales, comunitarias, culturales y de derechos humanos entregaron un documento ante la Asamblea Nacional, denunciaron que Nicolás Maduro “usurpó el poder de manera descarada” y calificaron a Delcy Rodríguez como “fruto de la usurpación, el fraude y el golpe de Estado continuado”. La acción fue parte de protestas en tres regiones del país para exigir el reconocimiento de las elecciones del 28J cuando “el pueblo se pronunció de manera inequívoca”.

Bajo las consignas “el 28J ya decidimos por democracia y libertad” y “elecciones ya”, las manifestaciones se desarrollaron frente a la Asamblea Nacional, en Caracas; en Monagas, mediante una rueda de prensa con representantes de diversos sectores; y en Yaracuy, con la participación de familiares de personas detenidas en la comandancia de la Policía regional.

Las actividades fueron organizadas e impulsadas por las organizaciones Espacio Consenso por un Nuevo País, el Comité Nacional en Defensa de la Constitución (Cúmplela), con respaldo de la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD) y 20 organizaciones de tipo político, social, de derechos humanos, laborales, comunitarias y culturales.

Entre las organizaciones figuran Movimiento Laborista, Conciencia Ciudadana, Foro Independencia, Rótulo Ediciones, Colectivo DDHH Toromayma, Frente Norte de Caracas, Hombres por la igualdad y la equidad, Sociedad Civil Yaracuy en Transición, Unete, Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Red Verde, Red de Apoyo Social, Unassg del Zulia, Sindicato de trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional, Comité por la liberación de los luchadores sociales presos políticos, Casa del Trabajador, Mi Ciudad, Coalición Siderúrgica 40, Movimiento de Trabajadores Unidad en la Coincidencia, Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) y UTDZ.

Dip. Carlos Julio Rodríguez Rabán PSUV recibe el escrito de Samuel Bravo e Irene Castillo de Espacio Consenso.jpeg.

En Yaracuy, la abogada Marbella Gutiérrez, megáfono en mano, acusó al régimen venezolano de actuar de forma inhumana e inoperante “frente a los daños causados por el doble terremoto del 24 de junio. “Ante tanta inoperancia tenemos que exigir la inmediata salida del régimen y el inicio de una transición con un Gobierno de transición encabezado por el presidente que elegimos el 28 de julio”, afirmó en alusión a Edmundo González.

Gutiérrez sostuvo que el eje de la movilización es “defender los resultados del 28 de julio 2024 día en que los venezolanos acudieron a votar “con todo el riesgo que implicaba”. Recordó que esa jornada dejó heridos, fallecidos, exiliados y personas en la clandestinidad. 

La abogada pidió no restar valor histórico a esa fecha y afirmó que aunque otros países no la reconozcan del mismo modo, para los venezolanos representa una marca de valor “histórico, moral y ético” vinculada al ejercicio de la soberanía popular. 

Gutiérrez insistió en que un eventual Gobierno de transición debería iniciar la reconstrucción institucional del país, incluida la reforma del Consejo Nacional Electoral, del poder Legislativo y, especialmente, del poder judicial.

Documento a la Asamblea

Funcionarios de la PNB y el Sebin grabaron y fotografiaron a los presentes en la protesta.

En Caracas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) grabaron y fotografiaron a los asistentes a la protesta frente a la Asamblea Nacional, una acción que los manifestantes interpretaron como un acto de intimidación. Pese a ello, mantuvieron sus discursos y acusaron a altos funcionarios de usurpar el poder. 

Tras dos horas de concentración frente a la sede administrativa del parlamento, fueron atendidos por el diputado Carlos Julio Rodríguez Rabán (PSUV) quién recibió el documento, de manos de Samuel Bravo e Irene Castillo de Espacio Consenso.

La misiva, dirigida a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, exige al Poder Legislativo “el estricto cumplimiento del orden constitucional, la restitución de la legalidad institucional y el respeto absoluto a la soberanía popular”. Según los firmantes esos derechos no pueden quedar suspendidos por la emergencia derivada de los terremotos del 24 de junio.

El texto cita los artículos 5, 62, 70, 293, 333 y 350 de la Constitución venezolana que obliga a los poderes públicos y a la ciudadanía a defender el orden constitucional y reconocen el sufragio como expresión máxima de la soberanía popular. 

Los firmantes pidieron la designación inmediata de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) con criterios de capacidad técnica, probidad e independencia, para recuperar la credibilidad del órgano electoral y garantizar que se respete la voluntad expresada mediante el voto. 

También solicitaron la convocatoria del Comité de Postulaciones Electorales, dirigido por once diputados y diez representantes de distintos sectores de la sociedad, conforme al artículo 295 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. 

Elinor Morales, diputada de la AN2015 María Gabriela Hernández, Marlene Rodríguez, Laura El Halabi y Carlos Núñez.

A juicio de las organizaciones, un nuevo directorio electoral debería crear condiciones para celebrar “a la brevedad posible” elecciones presidenciales y parlamentarias “realmente democráticas”, Entre esas condiciones mencionaron el levantamiento de inhabilitaciones, legalización de todos los partidos políticos, actualización del Registro Electoral y un cronograma electoral ajustado a la Constitución.

El documento sostiene que “Venezuela exige con urgencia “un nuevo gobierno” capaz de responder a la emergencia nacional provocada por la catástrofe natural que dejó miles de víctimas y pérdidas materiales incalculables. Atribuyeron a falta de respuesta el “desmantelamiento institucional” y a la “inoperancia” del Ejecutivo.

La misiva también alude a la reunión entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera para instalar una “mesa técnica y política paritaria”, presentada oficialmente como un espacio para el “fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad”. 

Para las organizaciones, el tema electoral está en el centro de la agenda. Por ello, pidieron a Rodríguez impulsar medidas que permitan reconstruir la confianza ciudadana en un Poder Electoral independiente, confiable y ajustado a los procedimientos constitucionales.

“La vigencia de la Constitución no se negocia” advirtieron los firmantes, al reiterar que la ciudadanía venezolana se mantiene “firme en la defensa” de los derechos constitucionales y en la exigencia de que el CNE cumpla el mandato legal y popular. 

El documento cierra con una solicitud de “respuesta cónsona” con los deberes constitucionales de la Asamblea Nacional y con la situación que atraviesa el país. 

Requerimos solidaridad

Nicolás Maduro durante su presencia ante el TSJ después de las elecciones del 28J, acompañado de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez Gómez así como el Alto Mando Militar.

En Maturín, estado Monagas, representantes de distintas organizaciones ofrecieron una rueda de prensa. Entre ellos estuvieron Elinor Morales, secretaria del Colegio Sociólogos y Antropólogos y de la ONGs Frente Amplio Venezuela Libre; Marlene Rodríguez, presidenta del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Monagas; Laura El Halabi de Jóvenes Profesionales Sociedad Civil; Carlos Núñez, presidenta Asociación Jubilados y Pensionados Monagas. 

La vocería estuvo a cargo de María Gabriela Hernández del Castillo, diputada de la Asamblea Nacional 2015, quien llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la defensa de una “sociedad justa” y respetuosa de la libertad.

Desde Caracas, el exdiputado Edwin Sambrano afirmó que los venezolanos tienen la capacidad de restablecer el “Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, con instituciones acorde a sus necesidades, intereses y cultura.

Recordó que una mayoría del 67.5% de los votos válidos se pronunció, el 28J, por el cambio de gobierno y el restablecimiento del orden constitucional. En contraste calificó como fraudulentas las elecciones de mayo y julio 2025 para elegir diputados asegurando que la abstención superó el 90%. 

“No necesitamos que otro estado administre nuestra República y nuestro país. Lo que requerimos es solidaridad en nuestra gran tarea por salir del control del régimen de facto que utiliza la fuerza para impedir el ejercicio y la realización de nuestra autodeterminación y de nuestras funciones soberanas”, señaló Sambrano Vidal

En Yaracuy

La abogada Marbella Gutiérrez, insistió en un Gobierno de transición.

En san Felipe, estado Yaracuy, la concentración denominada “acción pública” se realizó en la Plaza Junín. La jornada estuvo marcada por lo que sus organizadores describieron como un clima de “profunda tensión social y exigencia ciudadana”, con protagonismo de familiares de personas detenidas en la Comandancia General de la Policía regional.

Buscaron visibilizar la precariedad de la situación jurídica de los detenidos y las condiciones en las que permanecen. “No fue una movilización aislada, sino una respuesta directa a lo que los familiares denominan un retardo procesal sistemático”, dijo a Infobae uno de los asistentes. 

El grupo reunido expresó un mensaje común: la necesidad de respuestas institucionales prontas y transparentes ante el deterioro de las condiciones de vida dentro del recinto policial yaracuyano.

Durante la manifestación, varios participantes, invocaron el artículo 68 de la Constitución venezolana y reafirmaron el derecho a la “protesta pacífica y sin armas”, con el propósito de blindar su actuación frente a posibles medidas represivas y sentar un precedente de ejercicio democrático en el espacio público.

También citaron el artículo 5 de la Constitución, que establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y recordaron que los órganos del Estado deben estar subordinados a la voluntad popular, la justicia y la dignidad humana.

Los manifestantes exigieron una revisión exhaustiva de los expedientes de todos los detenidos en Yaracuy, rechazaron la gestión del régimen actual y denunciaron una crisis institucional marcada, según dijeron, por la vulneración de los derechos civiles básicos.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/17/entre-protestas-e-intimidacion-policial-organizaciones-entregaron-a-la-asamblea-un-documento-por-elecciones-libres-y-restitucion-del-orden-constitucional/