martes, 2 de junio de 2026

Militares retirados denuncian la exclusión de cobertura anunciada por el seguro del Ministerio de Defensa de Venezuela

 

La compañía adscrita anunció, desde el 1 de junio servicios de telemedicina, atención domiciliaria, ambulancia y odontología solo para el personal activo. La decisión genera reclamos de oficiales que ya no están en servicio.


Sebastiana Barráez/ martes 2 de junio 2026
Tomado de Infobae

Bajo la administración de Vladimir Padrino en el Ministerio de la Defensa la situación social de los militares entró en crisis extrema.

El anuncio de nuevos servicios médicos por parte de Seguros Horizonte reavivó el malestar entre integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes denuncian haber sido excluidos de beneficios que, durante años, formaron parte de la cobertura destinada tanto a personal activo como retirado. “Es una discriminación contra el militar que pagó por la póliza desde que entramos a la institución”, le dice a Infobae un alto oficial.


La decisión provocó críticas entre oficiales en situación de retiro, que consideran discriminatorio el alcance del anuncio. El coronel retirado de la Guardia Nacional José Rangel Terán calificó la medida como “un irrespeto, una provocación y un acto discriminatorio” contra los militares retirados.


El reclamo se centra en que muchos de ellos aseguran haber aportado al sistema de previsión y al seguro desde su etapa de formación militar, pero hoy no cuentan con coberturas que antes incluían, entre otros servicios, asistencia médica, de medicamentos y funerarios.

En el Hospital Militar de Caracas crearon una oficina de enlace con Seguros Horizonte.

De acuerdo con los testimonios recogidos, bajo la administración de Nicolás Maduro y con Vladimir Padrino al frente del Ministerio de la Defensa, Seguros Horizonte dejó de cobrar y de prestar al militar retirado una póliza en los términos en que había sido concebida originalmente. En su lugar, afirman, el esquema quedó reducido a una prestación de servicios hospitalarios, financiada con descuentos equivalentes a 6,5% de la pensión del militar retirado. En la práctica, sostienen, ya no existe servicio funerario, salvo un montepío de 150 dólares para quienes pertenezcan a la Caja de Ahorros.


Un teniente coronel retirado relató que a finales de abril acudió al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en busca de apoyo para medicinas y equipos médicos, pero recibió como respuesta que no había recursos disponibles para los afiliados. “No hay apoyo para medicinas ni equipo médico para afiliados, no hay dinero, aunque siguen haciéndonos el descuento por seguridad social”, aseguró.


Seguros Horizonte fue fundada en 1956 como un ente descentralizado adscrito al Ministerio de la Defensa y tiene como principal accionista al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA), con 99% de las acciones, según información institucional de la propia empresa y de su oferta de productos para la familia militar. En su portafolio público todavía aparecen pólizas y coberturas dirigidas a personal militar activo y retirado, incluidas modalidades complementarias con hospitalización, cirugía y servicios funerarios. En la actualidad, la presidencia de la empresa está a cargo del general de división Alfredo Alejandro García Parra. 

La discriminación entre militares activos y retirados se profundiza con la seguridad social.

Deber moral y legal

El Instituto de Oficiales en situación de Retiro de la Fuerza Armada Nacional (IORFAN) hizo, en marzo 2026, un pronunciamiento institucional, destacando que la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada establece que la previsión social militar “debe ser integral y garantizar protección efectiva tanto al personal en servicio activo como a quienes se encuentran en situación de retiro, así como a sus familias”.


Enfatizó que el espíritu de esa Ley “reconoce que el militar retirado continúa siendo parte de la institución que sirvió durante su vida profesional y, por tanto, debe mantener condiciones de protección social acordes con su grado, años de servicio y responsabilidad histórica con la Nación”.


Por ello el IORFAN considera necesario avanzar hacia una política pública que garantice la “equidad en la previsión social entre militares activos y militares en situación de retiro”, de manera que se mantenga la relación entre la pensión del militar retirado y la remuneración correspondiente a su grado.


“Garantizar una previsión social digna para militares activos y retirados no solo es un mandato legal, sino también un deber moral del Estado con quienes han servido a la Nación” dice el Iorfan.

Un oficial inspecciona una de las unidades que ha instalado Horizonte para las jornadas de asistencia.

Influencia de Castro

El coronel de la Guardia Nacional retirado José Rangel Terán planteó una interpretación severa sobre las causas que, a su juicio, explican el trato “irrespetuoso, humillante y provocador” que recibe hoy el militar venezolano en situación de retiro.


Según su visión, el origen de este proceso se remonta al profundo resentimiento que el ya fallecido dictador cubano Fidel Castro Ruz habría desarrollado contra la institución militar venezolana, tras la derrota que las Fuerzas Armadas Nacionales infligieron a la guerrilla venezolana en las décadas de 1960 y 1970. 


Aquella insurgencia, recuerda, fue financiada por la Unión Soviética a través de Cuba, bajo el liderazgo de los hermanos Castro. En esa etapa también se registraron intentos fallidos de invasión, entre ellos el desembarco por las playas de Machurucuto.


Rangel Terán vincula ese mismo antagonismo con la hostilidad del régimen cubano hacia el entonces presidente Rómulo Betancourt, blanco de un atentado que casi le cuesta la vida y le dejó graves quemaduras en ambas manos. También menciona, aunque en menor medida, al presidente Raúl Leoni


Para el coronel, la influencia ejercida posteriormente por Fidel Castro sobre Hugo Chávez Frías profundizó la desconfianza y el rechazo hacia el militar venezolano, con especial énfasis en quienes pasaban a condición de retiro.

Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, es una activista en defensa de los derechos humanos y de los presos políticos.

Como muestra de ese proceso, señala la creación de la Milicia Bolivariana, una estructura de la que afirma ha contribuido a crear opacidad sobre verdadero presupuesto de la institución militar venezolana, así como al deterioro de su prestigio institucional. 


A su juicio, la huella de la injerencia cubana también se evidenció en la ruptura de Chávez con el general Raúl Isaías Baduel, de quien era amigo, compadre de Chávez y figura clave en su restitución al poder durante los sucesos de 2002, mediante la Operación Rescate de la Dignidad.


En esa línea, sostiene que Baduel fue posteriormente objeto de persecución política: acusado por corrupción, encarcelado por años y abandonado hasta morir sin adecuada atención médica. Sus hijos, añade, habrían corrido una suerte similar, uno de ellos en el exilio, otro en la cárcel El Rodeo I y sus hijas, Andreína y Margaret Baduel, enfrentan frecuentemente acoso y persecución por su activismo en defensa de los presos políticos. 


En su relato, Rangel Terán atribuye a Fidel Castro una advertencia recurrente a Chávez sobre el peso moral y el ascendiente de Baduel dentro de las Fuerza Armada, al considerarlo una eventual amenaza a su poder.


El coronel también recuerda episodios públicos que, según afirma, reflejan el menosprecio hacia los militares retirados. Entre ellos menciona una intervención de Chávez en cadena nacional, en la que cuestionó que a los militares en retiro se les pagaran bonos de alimentación, profesionalización y recreación, comentario que fue recibido entre risas y burlas. 


Asimismo, Rangel Terán alude a otra declaración en la que el entonces mandatario comparó a los generales con un condón: un objeto que “se usa y luego se desecha”.


Sostiene que ese patrón de irrespeto no se detuvo con la muerte de Chávez. Por el contrario, considera que continuó y se agravó bajo Nicolás Maduro Moros porque tenía la marca de la influencia cubana, formado “como agitador político e infiltración en gobiernos”. 

Seguros Horizonte anuncia así los servicios solo para los militares activos.

El abandono militar

En ese contexto Rangel califica a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como “el acabose en su máxima expresión del trato al militar en situación de retiro”, así como al General en Jefe (Ej.) Vladimir Padrino López quien fue ministro de la Defensa por casi 12 años; los responsabiliza de haber llevado al extremo el abandono del militar en retiro. 


En particular, cuestiona que Padrino López le haya permitido al gobierno interino de Rodríguez que el presupuesto militar haya quedado bajo control civil, lo que interpreta como una señal de sometimiento y pérdida de autonomía dentro de la estructura castrense.


El coronel sostiene que los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy Eloína y Jorge de Jesús, guardan un profundo resentimiento contra la Fuerza Armada “por razones harta conocidas”, dice en alusión a la muerte de su padre Jorge Antonio Rodríguez, luego de la detención y tortura a la que fue sometido por el escandaloso caso del secuestro del empresario William Niehous, en 1976.


En su conclusión, el oficial retirado sostiene que los responsables de la “orfandad y abandono” de los militares retirados son ampliamente conocidos dentro del país. Sin embargo, considera que mientras el actual sistema de poder se mantenga, aunque esté tutelado por los Estados Unidos, cualquier intento de revertir esa situación será estéril. 


Bajo esa premisa, descarta la eficacia de acudir al Ministerio de la Defensa, a los comandantes de componentes, a reformas a la Ley Constitucional de la Fuerza Armada o de la Ley Orgánica de Bienestar Social de la FAN. Tampoco acudir a instancias parlamentarias como la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, donde está el general Jesús Suárez Chourio de quien dijo que “pretendió convertir la Reserva Activa en un partido político”.


Deja planteados dos temas que, a su juicio, merecen desarrollo aparte: el papel de la llamada Reserva Activa y la situación del Instituto de Oficiales Retirados de la Fuerza Armada (IORFAN), ambos presentados como asuntos pendientes dentro del debate sobre la protección social y la dignidad del militar en situación de retiro.

La activación de servicios para los militares es solo para los activos y excluye a los que están en retiro de la FANB.

Desde Bolívar

El coronel Rangel Terán hace mención al escrito que envía uno de sus compañeros militares en el que se pregunta ¿Quién es el ente verdadero responsable directo de garantizar una vida humana y social digna del personal militar en situación de retiro? esa responsabilidad recae irrevocable e ineludiblemente en el IPSFA, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 


Si el Órgano Superior Castrense, es decir el Ministerio de la Defensa, representa el Estado, entonces le corresponde legalmente todas las iniciativas que optimicen el bienestar físico, mental y social de todos los militares “en cualquier condición o situación que se encuentre”. 


Hace énfasis en que así está explícito en la Constitución y leyes venezolanas. Como referencia está en la Historia, el 10 de octubre de 1813, cuando Simón Bolívar ordenó un sueldo para sus soldados. Y fue durante la Campaña Admirable el momento en que El Libertador firmó el Histórico Decreto de Sueldos y Salarios para la Tropa en Caracas, estableciendo en la Fuerza Armada Nacional el Servicio de Prevención y Bienestar Social del Militar.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/02/militares-retirados-denuncian-la-exclusion-de-cobertura-anunciada-por-el-seguro-del-ministerio-de-defensa-de-venezuela/


domingo, 31 de mayo de 2026

El caso del empresario luso venezolano que estuvo preso tras un montaje del régimen para apropiarse de su fábrica


La familia Ferreira construyo una de las fabricas de uniformes mas antiguas de Venezuela. Hace cuatro años el dueño fue detenido en una operación de la DGCIM para apropiarse de la empresa relacionándolos a pagos falsos de Monómeros. Excarcelado en abril 2026, Ferreira espera la devolución de sus bienes


Sebastiana Barráez/ domingo 31 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Este edificio donde funciona la empresa también fue ocupada por la DGCIM.

La historia de la familia Ferreira comenzó mucho antes del expediente judicial. Llegaron a Venezuela huyendo de la guerra en Europa y, con los años, levantaron Universal, C.A., una empresa dedicada a la confección de uniformes y ropa de trabajo. Fundada el 3 de diciembre de 1957, la compañía se consolidó como una referencia del sector textil y, para el momento de la detención de Héctor Mario Ferreira Domingues, acumulaba 65 años de actividad ininterrumpida en el mercado venezolano. 


El 9 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM detuvieron a Héctor Ferreira, un empresario luso-venezolano, y lo enviaron al Internado Judicial Rodeo II, en Miranda. La acusación se apoyó en la versión de un supuesto “patriota cooperante” y en fotocopias de comprobantes de pago que pretendían vincular a Universal, C.A. con Monómeros Colombo Venezolanos, S.A. 


Las autoridades sostuvieron que existían operaciones irregulares, facturas falsas y una trama de legitimación de capitales. Pero, desde el inicio, la familia y la defensa insistieron en que se trataba de un montaje construido con documentos sin coherencia comercial básica. 


En el expediente también fue involucrado Francisco Paparoni, sobrino político de María Teresa de Ferreira y trabajador del área de ventas de la empresa; fue relacionado de manera falsa con el dirigente político Carlos Paparoni por compartir el apellido. Bajo juramento, sostuvo ante el tribunal que no tiene contacto con ningún familiar de ese nombre. 


Fue un montaje, calculado por la DGCIM para evidenciar que hubo pagos de Monómeros a Universal Empresa de Uniformes, que nunca existieron y que la cuenta a la que se depositó el supuesto dinero no pertenece a la familia Ferreira y menos a Paparoni e incluso las facturas en físico que mostraron no se corresponden con las originales de la empresa.

El empresario luso venezolano Héctor Mario Ferreira Domingues, excarcelado tras más de tres años, aguarda ahora la devolución de sus bienes.

Por su parte, Ferreira, negó cualquier vínculo con Gina González de La Hoz, mencionada en el caso como supuesto contacto de Monómeros, y aseguró que Universal, C.A. nunca hizo operaciones con esa compañía colombo venezolana. Aun así, fue condenado y permaneció preso tres años y siete meses, hasta su excarcelación el 21 de abril de 2026. 


El botín de guerra

Semanas después de la detención, la ofensiva se trasladó a la sede de la fábrica. El 29 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM llegaron a las instalaciones de Universal, C.A. Cuando se presentó el abogado Héctor Pérez Mora, le informaron que no se trataba de un allanamiento sino de una “inspección técnica con expertos de criminalística”, sin exhibir orden judicial. 


Los trabajadores fueron desalojados, quedó solo el conserje y, posteriormente, los agentes cambiaron cerraduras y tomaron el control de oficinas y talleres. La familia denuncia que también fueron incautados bienes, incluido el edificio perteneciente al padre de los Ferreira.


El proceso judicial avanzó en paralelo con la ocupación de la compañía. La jueza Vanerkis Márquez, del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo, autorizó actuaciones ejecutadas por la DGCIM, cuya comisión la integró: los inspectores Antonio Colmenarez, José Valera, Andree Sánchez, el subinspector Edixon Escobar y los agentes José Núñez, Carmen Fernández, Alexander Carvajal, Ramón Sánchez, Anderson Méndez, Alejandro Suárez, Enrique Hernández, Daniel Rodríguez y Alexander Primera.

Alejandra Verónica Romero Castillo, Juez 3ra de 1ra Instancia de Juicio en Casos de Terrorismo con competencia en casos de Corrupción y Delincuencia Organizada del AMC.

Meses después, el 22 de febrero de 2023, la jueza Claudia López ratificó una medida de incautación y administración especial sobre los bienes muebles e inmuebles de la sociedad mercantil Universal, C.A. Fábrica de Uniformes. Para la defensa, esa decisión consolidó el despojo de una empresa privada que, en los hechos, ya había quedado bajo control del aparato de inteligencia del Estado.


Tras la detención de Ferreira, el control operativo de la fábrica pasó al teniente coronel Atilio José Barrios Singer, entonces director de Administración y Logística de la DGCIM. La empresa ocupada fue rebautizada como TextileraDgim e incluso llegó a operar una cuenta en Instagram con ese nombre, hoy desaparecida, desde la que se ofrecían productos y equipos de la antigua compañía. 


Mientras tanto, la familia intentaba demostrar que los pagos atribuidos a Monómeros nunca existieron, que la cuenta señalada no pertenecía ni a los Ferreira ni a Paparoni, y que las facturas exhibidas no coincidían con los originales. 


La relación con Monómeros no existía, pero aun así la juez de Terrorismo Alejandra Verónica Romero no consideró la prueba, donde gestiones ante la Fiscalía de Colombia concluyeron que no había documentos, pagos, licitaciones ni cuentas compartidas que probaran una relación comercial entre Universal, C.A. y Monómeros

La última publicación en redes de la empresa es del 12 de septiembre 2022.

Para la familia Ferreira, el caso no solo significó la cárcel para su principal directivo, sino la pérdida del patrimonio construido durante casi siete décadas. También abrió una herida diplomática: durante buena parte del proceso, porque no obtenían respuestas eficaces de los organismos venezolanos ni de la representación consular portuguesa en el país. La historia de Universal, C.A., nacida del exilio europeo y convertida en símbolo de trabajo familiar, terminó absorbida por un expediente penal que sus allegados siguen describiendo como una operación de confiscación y castigo político. 


La versión policial

Según el Acta de investigación penal N° DGCIM-DEIPC-AIP 462-22,el 01 de septiembre 2022, el Inspector José Valera, credencial N° 7067, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cumpliendo instrucciones de Jeckssie José Figueroa Lira, luego reemplazado por el coronel Ramón Alí Osorio Merchán, director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas, procedió a ocuparse de “la información” de un “patriota cooperante” que vive “en Colombia”.  


Según la DGCIM el informante les notificó “algunas irregularidades ocurridas en la administración de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., filial de Pequiven con sede en Barranquilla”.

La cuenta TextileraDgcim que luego fue eliminada y con la que comercializaron bienes de la empresa Universal.

Lo que habría dicho el “patriota cooperante” es que se hicieron contrataciones con la empresa Universal que fabrica uniformes, con domicilio en la calle A. Oropeza Castillo, edificio Olimpo, plaza Venezuela, Caracas. “Presuntamente para la adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional, logrando obtener una serie de comprobantes de pago emitidos por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A.” y que Monómeros pagó a través del banco Wells Fargo en 2019.


El argumento de la DGCIM es que en esa fecha Monómeros era presidida por una junta directiva nombrada por Juan Gerardo Guaidó Márquez, que presidía Carmen Elisa Hernández; adjunto a presidencia, Jorge Yáñez; Operador Financiero, Tobías Carrero Naca.


Agregan que por su parte la empresa Universal Fábrica de Uniformes, está constituida por: los directivos Mario Ferreira Pascoak, Héctor Mario Ferreira Domingues, Mariela Ferreira Domingues; como comisario Fernando José González Sierra y como socio María Natalia Domingues de Ferreira. 


En el acta de la DGCIM dice que hicieron contacto con la cuenta en Instagram @uniformesuniversal1957, recibiendo como respuesta un mensaje automático, en el cual aparece el nombre de Francisco Paparoni, representante del departamento de ventas.


Lo posicionan como familia “del exdiputado de oposición Carlos Alberto Paparoni Ramírez, del partido Primero Justicia” a quien la DGCIM califica de “usurpar funciones como comisionado presidencial” de Guaidó y que “estaría involucrado en actividades de lavado de dinero proveniente de los robos perpetuados a la empresa Monómeros”, para “financiar campañas políticas y actos de terrorismo”.

Personas ajenas al personal de Universal fueron captadas utilizando las instalaciones y maquinaria de la empresa para la fabricación y venta de productos textiles no autorizados, una investigación está en curso.

Debido a eso, lo que deduce la DGCIM es que la sola relación familiar de Paparoni con el diputado e PJ “evidencia el desvió de fondos de Monómeros a empresas en territorio venezolano, que tienen vinculación con dirigentes de oposición como es el caso de Carlos Alberto Paparoni Ramírez”.


La causa

El 09 de septiembre 2022, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detiene a Francisco Javier Paparoni Gásperi y Héctor Mario Ferreira Domingues.


Por el Ministerio Público participan tres fiscalías: la 22, la 74 y la 73 a cargo de Jean Karin López Ruiz, con el número de investigación MP-187772-2022.


El 11 de septiembre 2022, se realizó la Audiencia de Presentación ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. 


El 26 de octubre 2022, las Fiscalías 22, 73 y 74 Nacional del Ministerio Público, presentaron acusación imputándolos por legitimación de capitales, asociación para delinquir y utilidad ilegal por actos de la administración.

La prueba que Monómeros no tenía relación con la empresa Universal de los Ferreira.

Pasó un año y medio, para que se llevara a cabo la Audiencia Preliminar, el 08 de marzo 2024, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, donde se acuerda admitir todos los delitos imputados a Ferreira y Paparoni.


Y así, la causa va al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. El inicio del juicio oral y público fue el 5 de agosto 2023; tras 25 continuaciones del juicio, el 25 de junio 2025, el tribunal condena a Ferreira y Paparoni a18 años de prisión, pago de multa de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dólares (1.649.400$), y la inhabilitación política durante el tiempo de la condena. 


Presentaron Recurso de apelación de sentencia, asunto Nr. 03°JT-139-24, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en casos vinculados a delitos asociados al Terrorismo y Competencia para conocer casos con imputación de delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de Corrupción y Delincuencia Organizada a nivel Nacional y sede en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas.


En el tribunal

La juez del caso es Alejandra Verónica Romero Castillo, del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia de Juicio con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo a nivel Nacional con competencia en casos de Corrupción y Delincuencia Organizada del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Los fiscales 73 del Ministerio Público Martín Colina y Jean Karin López, Causa N° 03°JT-139-24.


Ahí se acusa a Francisco Javier Paparoni Gásperi y a Héctor Mario Ferreira Domingues, en el juicio que se abre el 5 de agosto 2024. Entre lo que usa la Fiscalía es que hubo “adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional en el 2019, por la cantidad de 274 mil 900 dólares”.

María Teresa de Ferreira esposa de Héctor Ferreira es tía de Francisco Paparoni.

Relata que el 8 de septiembre 2022 se solicitó una operación con agente encubierto, para que un funcionario de la DGCIM contactara, a través de Instagram, a la empresa Universal Fabrica de Uniformes, que posee un enlace que redirecciona al WhatsApp siendo atendido por el gerente de ventas Francisco Paparoni. Y luego el 9 de septiembre la DGCIM va a la empresa y ejecuta la orden de allanamiento N.° 032-22.


Dice la DGCIM que ahí mismo, y en el teléfono de Paparoni encontraron en su teléfono una imagen “con las mismas características de los comprobantes y recibos de pago emitidos” supuestamente por Universal a Monómeros. Los funcionarios policiales dicen que al lugar del allanamiento llegó el director jefe Héctor Mario Ferreira Domingues, quien dio que “nunca le habían vendido mercancía” a Monómeros.


Y como suponen que Paparoni es familia del diputado dice que buscaron las empresas del político, y que encontraron la Sociedad Mercantil Inmaquinco, C.A., solicitando su allanamiento el 22 de octubre 2022 y que hallaron un recibo de pago por 2,824 dólares americanos, emitido por la empresa Tovar La Pinturería CA (Coworking) cuyo contacto es Gina González de la Hoz, quien era “gerente de compras de Monómeros”.


sábado, 30 de mayo de 2026

Denuncian irregularidades en la condena contra siete personas por el supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello

 

La sentencia no solo cierra un expediente abierto de 2020: vuelve a colocar en el centro una causa atravesada por el poder político, la narrativa oficial sobre conspiraciones y los cuestionamientos a las pruebas


Sebastiana Barráez/ sábado 30 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Diosdado Cabello Rodón es actualmente el ministro del Interior y Justicia.

No fue una sentencia más. La decisión de la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli, en el Palacio de Justicia de Monagas, devolvió a la escena un expediente que toca una de las fibras más sensibles del poder en Venezuela: la seguridad de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. Seis años después de las detenciones, siete de ocho acusados fueron condenados por la supuesta planificación de su secuestro, en un proceso que combinó acusaciones de terrorismo, referencias a una recompensa ofrecida por Estados Unidos y serias dudas sobre la consistencia de las pruebas.


El juicio duró seis años y concluyó con la condena para siete de los ocho de la causa, por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en la modalidad de comercialización, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados.

Funcionarios de la DGCIM en un patrullaje.

La versión del Ministerio Público sostuvo que nueve personas habrían coordinado el secuestro de Cabello para entregarlo a Estados Unidos y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia por presuntos delitos de narcotráfico. 


La acusación convirtió el caso en algo más que un expediente penal: lo insertó en la narrativa oficial sobre amenazas externas, conspiraciones y ataques dirigidos contra figuras clave del chavismo. Para ese momento, Cabello era diputado constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), además de una de las voces más influyentes del poder oficial.


Luego de conocerse la sentencia, familiares de los detenidos, manifestaron su rechazo. Irianny Lezama, le dijo al medio Maturín News, que de no rectificarse la medida, las madres de los enjuiciados se declararán “en huelga de hambre”.

Familiares de los siete condenados exigen que se corrija la sentencia y advierten que irán a huelga de hambre.

Dudas probatorias 

La Fiscalía situó el origen de la investigación entre el 28 y 29 de marzo de 2020. De acuerdo con esa versión, Luis Eduardo Villarroel Caña, quien finalmente fue absuelto, recibió un mensaje de WhatsApp en el que se leía: “Luis, ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios; solo falta confirmar dónde resguardarlo hasta la entrega…”. 


Ese mensaje fue suficiente para que Ingris Dioselina Bermúdez, fiscal primera provisional de Monagas, considerara válida una investigación y ordenara la detención de Villarroel, un empleado de Petróleos de Venezuela, por un caso que el Ministerio Público calificó como un “ataque terrorista” cuyo fin era capturar “vivo o muerto” al dirigente chavista.


Funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Monagas, donde Cabello tiene mucha influencia, se dirigieron a la calle principal de El Furrial, a la casa de Villarroel Caña, le revisaron el teléfono celular, donde habrían encontrado dos mensajes, con fechas del 28 y 29 de marzo 2020, enviados desde un número con código de Perú.

En el Palacio de Justicia del estado Monagas se llevó a cabo la audiencia que condenó a siete de las ocho personas.

El testigo estrella del caso, menciona que le dio la información a Carmelo Mayz, comisario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Él (Mayz) en vista de que se encontraba en Cumaná me dice que me pusiera en contacto con Luis Villarroel y que le manifestara que de llegar a recibir llamada o mensaje que le siguiera la corriente”.


Ante el mensaje que recobe Villarroel, el testigo afirma que, por instrucciones de la DGCIM, le notificó lo que estaba ocurriendo a varios funcionarios militares, como Esteban Cabello, José David Cabello y al general Rodríguez Sánchez. 


Un día después, el teniente coronel Gómez Acevedo, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) llega a El Furrial donde arresta a Luis Villarroel, según refiere la Fiscalía. 


La investigación supuestamente arranca contra un “Grupo Resistencia”, por lo que la fiscal inicialmente solicitó órdenes de detención contra varias personas, la mayoría se encontraba fuera del país, entre ellos el exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño.


Las otras solicitudes de detención abarcaban a Carlos Alejandro Pérez, César Belfort Rojas, Deivis López, Desirée del Valle González, Jesús Heriberto Rodríguez, José Gregorio Cañas, José Luis Mujica Palencia, José Napoleón Vásquez, Marisol Desenia Agreda y Oswald Méndez Leal. Ahí arrancó el caso del supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello. 


La Fiscalía apoyó buena parte de su caso en experticias telefónicas y peritajes que, según su versión, vinculaban a los procesados con la supuesta operación. Pero el juicio también dejó al descubierto grietas relevantes: expertos citados en el proceso advirtieron que algunas de esas experticias no cumplían con las formalidades legales para ser valoradas, mientras la acusación insistía en que las versiones de los implicados eran contradictorias. En un caso de semejante carga política, la discusión sobre la calidad de la prueba terminó siendo inseparable del debate sobre la credibilidad del proceso.


La Defensa Pública, que representó a los ahora condenados, sostuvo en cambio la presunción de inocencia de los exfuncionarios procesados y objetó la solidez de la acusación en un expediente que se extendió durante seis años.

El Partido Socialista Unido de Venezuela al que pertenece Diosdado Cabello ha gobernado durante 27 años en Venezuela.

Prisión y muerte

Los detenidos entre marzo y abril de 2020, en operativos realizados en Maturín y en la población de El Furrial, fueron Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Enrique Naurix Parada, Francisco José Marcano Benavides, Gabriel Andrés Medina Díaz, José Ramón Cruz Marcano, Luis Eduardo Villarroel Caña y Víctor José Farías Quijada.

 

Al concluir la audiencia preliminar, a cargo de la juez 2° de control del estado Monagas, Luisa Cabezas, todos los imputados fueron enviados al Centro de Formación del Hombre Nuevo Nelson Mandela, un anexo del Internado Judicial de Monagas conocido como cárcel La Pica.


Uno de los casos más graves fue el de Gabriel Andrés Medina Díaz, funcionario de la Policía Nacional que había integrado las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Medina contrajo tuberculosis en La Pica y, según la ONG Foro Penal, permaneció más de un mes en estado crítico sin atención médica oportuna. “Por presión de sus compañeros de celda fue finalmente trasladado al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde pocas horas después sufrió un paro respiratorio” ha denunciado la ONG. 


Las penas menores recayeron sobre José Ramón Cruz Marcano y Carlos Alejandro Pérez Farías, condenados a ocho años, dos meses, siete días y 12 horas de prisión. En cambio, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, César Horacio Belfort Rojas, Enrique Naurix Parada, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides y Gabriel Andrés Medina Díaz recibieron condenas de 26 años, ocho meses, siete días y 12 horas.

El CONAS es el Comando Nacional encargado de Antisecuestro y Extorsión.

El poder político

La acusación sostuvo que los siete condenados planearon el secuestro de Cabello para entregarlo a autoridades estadounidenses y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia. Luis Eduardo Villarroel Caña, por su parte, fue absuelto y recibió orden de libertad. Se trata de un militante del PSUV que en 2020 se desempeñaba como comisionado de la clase obrera del sector El Furrial, lugar de origen de Cabello.


La Fiscalía insistió durante la audiencia en que las experticias telefónicas eran piezas centrales para demostrar la implicación de los acusados. Pero más allá del fallo, la sentencia deja planteada una discusión política de fondo: cómo se procesan los casos de alto perfil en Venezuela, qué papel juega la narrativa oficial en la construcción judicial de las amenazas y hasta qué punto un expediente de esta magnitud puede leerse solo como un caso penal. 


La decisión cierra formalmente una causa abierta hace seis años, pero reaviva preguntas sobre justicia, poder y castigo en el país.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/30/denuncian-irregularidades-en-la-condena-contra-siete-personas-por-el-supuesto-plan-para-secuestrar-a-diosdado-cabello/

Militares retirados denuncian la exclusión de cobertura anunciada por el seguro del Ministerio de Defensa de Venezuela

  La compañía adscrita anunci ó,  desde el 1 de junio servicios de telemedicina, atención domiciliaria, ambulancia y odontología solo para e...