La sede del CONAS, ubicada en Quinta Crespo, se ha consolidado como uno de los principales centros utilizados para retener a civiles y militares
Sebastiana Barráez/ jueves 5 de febrero 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
La sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), ubicada en Quinta Crespo, Caracas, se ha consolidado como uno de los principales centros clandestinos utilizados para retener a civiles y militares por órdenes de Diosdado Cabello. Según denuncias, los detenidos son víctimas de amenazas, extorsiones y procesos irregulares. Entre los casos está el de cuatro militares retirados vinculados con dos empresas de vigilancia privada.
El CONAS opera detrás de las antiguas instalaciones de RCTV, canal obligado a cesar transmisiones en 2007; está dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, Comandante de la unidad militar; el Mayor (GNB) José Ángel Ponce, Segundo comandante, y el Mayor (GNB) Torres.
La situación se intensificó cuando Cabello asumió el Ministerio del Interior Justicia y Paz (MIJP), iniciando una investigación exhaustiva contra funcionarios cercanos al almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien lo había precdido en el cargo ministerial.
Los funcionarios del ministro Cabello han derivado en versiones que vinculan a Patete con la entrada irregular al país de un lote de camionetas sin trámites aduaneros, vehículos que posteriormente habrían sido vendidos a través de dos empresas de seguridad.
Sin embargo, tras su detención, el capitán de fragata retirado José Ernesto Patete Escalona, quien fue administrador del Ministerio del Interior en la etapa de Ceballos, negó las acusaciones y asegura que ni él ni el entonces ministro participaron en la compra de dichos vehículos.
Sostiene que la adquisición y entrega de las unidades estuvo a cargo de la vicepresidenta Delcy Eloina Rodríguez Gómez, limitándose él únicamente a su asignación administrativa.
Las fuentes, en conversación con Infobae, destacaron que esa operación, que llevó a la detención de las cabezas de las empresas de vigilancia, fue fabricada por el Ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, y el coronel (GNB) José Francisco Calzadilla Cabriles, presidente de la Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz. “Ellos son quienes ordenan al tribunal y al Conas, mantener detenidos al grupo de los cinco”.
Durante la investigación a las dos empresas, los funcionarios no han encontrado, hasta ahora, nada que los relacione al caso penal, más allá de temas fiscales sin relevancia, pero no habría elementos relacionados transferencias ni legitimación de capitales.
Aun así, a las dos empresas, S3COM Security y Rafatt Seguridad les asignaron una junta directiva, mientras realizaban la investigación administrativa, que el tribunal 16 de juicio lo maneja como un caso emblemático y esperan “instrucciones de arriba”.
Mientras eso ocurre, varios de los familiares de los detenidos, estarían siendo extorsionados por los oficiales a cargo de la instalación militar, incautándoles propiedades y altas sumas de dinero que van a cuentas privadas.
El GB Freddy Alberto Suárez Medina, Director de Adquisiciones del Ejército, tiene tomada S3COM Security, de la que constantemente se ha llevado, junto con funcionarios del Conas, a empleados para interrogarlos incluso hasta por 45 días. Toso los empleados renunciaron y los clientes de la empresa rompieron los contratos.
Los militares y el espiritista
Los cinco detenidos son los hermanos Capitán de Corbeta Daniel Alejandro y Capitán de Fragata Leonardo Nicolás Necol Buttafuoco, ambos oficiales retirados de la Armada; el capitán de fragata José Ernesto Patete Escalona, el teniente de Navío Raúl Eduardo Díaz Casado y Richard Pérez.
A todos les imputan los delitos: omisión intencional de funciones, concierto para celebración de contratos, venta o beneficios económicos de funcionarios públicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El Capitán de de Fragata retirado Leonardo Nicolás Necol Buttafuoco, uno de los socios de la empresa Specialized Security Services Company (S3COM Security), fue colaborador cercano del Almirante Remigio Ceballos Ichaso y director encargado de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del MIJP. Su esposa es la dueña de la empresa S3COM y es una oficial retirada, madre de tres niños, exayudante del entonces presidente Hugo Chávez y se desempeñó en la Guardia de Honor Presidencial (GHP).
El capitán de fragata retirado José Ernesto Patete Escalona, expresidente de la Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz (Fundacupaz), fue el administrador de Ceballos durante su gestión ministerial.
Al gerente de tecnología de S3COM Security, Capitán de Corbeta retirado Daniel Alejandro Necol Buttafuoco, lo reseñan como si fuera el dueño de la empresa cuando en realidad el socio es su hermano Leonardo con idénticos apellidos.
El teniente de Navío retirado Raúl Eduardo Díaz Casado, gerente general de la empresa Rafatt Seguridad, había estado detenido en el 2018 como parte de la llamada “Operación Armagedón”, que los cuerpos de seguridad calificaron como intento de impedir las elecciones presidenciales del 20 de mayo 2018.
El quinto de los detenidos, Richard Perez, le hacía trabajos de espitismo al CF José Ernesto Patete Escalona, y se lo llevaron con todo y sus velones y tabacos; lo insólito es que lo acusan de “hacerle brujería al Cnel Calzadilla”.
El procedimiento
El 24 de marzo 2025 un operativo simultáneo, en dos empresas de vigilancia, llevó a la detención de las cinco personas, ahora bajo custodia de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) en la sede del Comando Nacional (CONAS 43) en Quinta Crespo, Caracas, detrás de RCTV.
Las comisiones que hicieron presencia en las empresas estaban al mando del MG Elías Moreno Martínez, presidente de la Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad (Corposervica), adscrita al Ministerio del Interior Justicia y Paz.
Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) ingresaron a la sede de la empresa S3COM Security buscando a Leonardo Nicolás Necol, pero al no localizarlo en ese momento, procedieron a detener a su hermano, el Capitán de Corbeta Daniel Necol, gerente de Tecnología de la empresa.
Se los llevaron sin orden judicial, sin derecho a abogados privados y los mantuvieron desaparecidos durante cinco meses, desde la audiencia de presentación. Los familiares han sido advertidos de no declarar en ningún medio de comunicación ni publicaciones en redes sociales, bajo amenazas de retaliación contra los detenidos y sus parientes, así como con la incautación de más bienes.
Presos del Helicoide
En el caso de uno de los detenidos, el CC retirado Daniel Necol, tiene antecedentes psicológicos y psiquiátricos por depresión, motivo por el que se retira de la Armada; su situación se ha agravado por el encierro y la presión del Conas, y eso lo han dicho sus compañeros de cárcel.
La juez del caso acordó que al CC Daniel Necol le realicen una revisión médica pero el oficio de traslado al Servicio de Medicina Forense (Senamefc) está retenido en el despacho de la presidente del circuito, alegando que “es un 'caso emblemático politico y de seguridad de estado”.
El consulado de Italia en Venezuela está en conocimiento del caso, porque Daniel y Leonardo Necol Buttafuoco tienen doble nacionalidad. Se prevé que los hermanos están en la lista de negociación que tiene Italia con el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, para rescatar a los 24 conciudadanos italianos, de los cuales han excarcelado a cuatro.
El sábado 31 de enero, uno de los vecinos del sector Quinta Crespo, asegura que llegó al Conas un autobús con presos desde El Helicoide, quienes permanecen hacinados en el Comando. “Los únicos días que los funcionarios permiten a los familiares estar frente a las instalaciones, son los domingos, día de visita”.
Puertas adentro
La sede del GAES en Quinta Crespo, ubicada en una estrecha calle de Caracas, se distingue por las patrullas estacionadas frente a la instalación militar y una pequeña bandera tricolor que ondea de forma permanente. En ese edificio funciona el Comando dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, cuya infraestructura incluye un semisótano utilizado para recluir detenidos en condiciones de hacinamiento extremo y grave insalubridad.
De acuerdo con testimonios recogidos, las celdas, de tamaño reducido, superan ampliamente su capacidad por metro cuadrado. Allí conviven un número excesivo de personas, expuestas de manera constante a roedores, humedad y otros factores que afectan su salud. A esto se suma que los detenidos permanecen encerrados las 24 horas del día, sin acceso a la luz solar ni a espacios para caminar o realizar actividad física. La falta prolongada de luz natural, advierten, ha provocado pérdida progresiva de visión e incluso episodios de ceguera en varios reclusos.
Las celdas permanecen iluminadas permanentemente con luces incandescentes, empleadas como un mecanismo de tortura que impide el descanso, altera los ciclos de sueño y genera un agotamiento físico y mental extremo.
La situación se agravó recientemente con el ingreso de un nuevo grupo de detenidos trasladados en autobús desde el Helicoide, lo que terminó de colapsar la ya limitada capacidad del recinto. Paralelamente, se repite un patrón de irregularidades en los procesos judiciales: audiencias dilatadas sin justificación, imposición de defensores públicos y restricciones al derecho a la defensa.
Aunque en las audiencias suelen ordenarse evaluaciones médicas, estas no se concretan. Las comunicaciones oficiales no llegan ni a los centros de salud ni a los de reclusión, dejando a los detenidos sin atención médica incluso cuando presentan enfermedades crónicas o condiciones urgentes.
