La suspensión de visitas, el despliegue de seguridad y la ausencia de información general preocupación entre familiares de los reclusos
Sebastiana Barráez/ martes 21 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
La incertidumbre se instaló, el domingo 19 de abril, entre familiares de los internos del Centro Penitenciario Yare III, luego de la suspensión de las visitas y el despliegue de un cerco de seguridad en los alrededores del recinto, ubicado en el estado Miranda, a las afueras de Caracas. Con el paso de las horas, circularon versiones sobre un enfrentamiento entre presos comunes y la muerte de dos reclusos. La noche del lunes, el Ministerio Público en un escueto mensaje en redes notificó que abrió una investigación sobre lo sucedido.
Sin pronunciamiento por parte de las autoridades del Ministerio Penitenciario a cargo del ministro Julio García Zerpa, los parientes insistieron durante el domingo en conocer qué ocurría dentro de Yare III, recinto que alberga numerosa población de presos comunes, aunque aún quedarían cuatro presos políticos. Tras varias horas, familiares y organizaciones no gubernamentales difundieron en redes sociales que en el penal se registró un motín, con al menos dos internos fallecidos.
Hay familiares que consideran que la situación se sale de control porque “llegaron varios presos comunes desde el Centro Penitenciario de Occidente y hubo un enfrentamiento con los otros presos de Yare”, le dice a Infobae la esposa de uno de los detenidos.
Varias versiones, que Infobae obtuvo en conversación con los familiares, coinciden en señalar que “ocurrió un enfrentamiento porque los funcionarios del SESMA, que tratan con brutalidad a los internos, recibieron respuesta por varios de ellos, pero esa es la excusa de los custodios”.
Otro de los consultados informó que llamaron al familiar de uno de los muertos en Yare III, para decirle que el Ministerio Penitenciario cubriría los gastos del traslado del cadáver y la respectiva sepultura.
Familiares del Complejo Penitenciario de Yare denunciaron que la suspensión fue repentina y que, además, las autoridades restringieron por completo el acceso a los alrededores del centro de reclusión, donde la mayoría de la población penitenciaria corresponde a presos comunes.
Según los parientes, la medida reavivó el temor de traslados sin previo aviso, lo que se ha repetido en varias cárceles del país. Sin embargo, sostienen que la situación se agravó cuando el ingreso de reclusos provenientes de otros centros habría incrementado la tensión con los internos que ya se encontraban en Yare III.
La falta de información y de comunicación con los reclusos, alojados en varios edificios del complejo, elevó la tensión en las inmediaciones del penal. Los familiares también denunciaron que no les permitían entregar insumos básicos.
En las últimas horas del domingo, dijeron haber observado un movimiento inusual de vehículos oficiales sin placas de identificación, que entraban y salían del complejo penitenciario.
Investigación y fallecidos
La noche del lunes, el Ministerio Público se limitó a informar, mediante un breve mensaje en redes sociales, que abrió una investigación por lo ocurrido en el Centro Penitenciario Yare III. La Fiscalía señaló que designó una comisión adscrita a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional, sin precisar los nombres de sus integrantes.
Por otra parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dijo que en menos de 24 horas murieron dos privados de libertad en la cárcel El Rodeo, también ubicado en el estado Miranda; los dos habrían sufrido paros respiratorios.
El primer fallecido fue Ovidio José Madriz Mendoza, quien se encontraba en el Rodeo III; horas más tarde murió Deivi Enrique García en El Rodeo IV, la recién creada cárcel por el régimen venezolano. “No pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, considera el Observatorio.
La opacidad de la información oficial sobre traslados y condiciones de los internos no es solo con presos políticos militares y civiles, sino con lo que ocurre tras las rejas o cuáles sitios se usan como lugares de reclusión.
Cuando numerosos presos fueron trasladados al complejo El Rodeo, que comprende varios edificios, desde que se inició su construcción em 1989, se supo que había sido había sido habilitado un nuevo lugar El Rodeo IV, que está registrado oficialmente en documentos ni en listas del Ministerio Penitenciario.
Urge información oficial
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG que monitorea la situación de los centros penitenciarios del país, denunció anoche la suspensión inesperada de las visitas en el Centro Penitenciario de Yare, sin previo aviso y con acceso limitado solo a la entrega de paquetería, lo que provocó concentraciones y reclamos de decenas de familiares a las afueras del recinto.
En su cuenta oficial en X, el Observatorio sostiene que la restricción a las visitas desencadenó protestas en el exterior del centro penitenciario, mientras afuera de Yare III los familiares gritaban “Queremos visita, queremos visita”, a la par que exigían información oficial.
OVP sostiene que ninguna autoridad explicó por qué suspendieron las visitas, lo que incrementó la preocupación de quienes esperaban ingresar. De acuerdo con testimonios recabados por la organización, la zozobra creció por versiones sobre una presunta situación irregular ocurrida durante la madrugada.
Familiares dijeron haber visto movimientos inusuales dentro del penal, entre ellos la presencia de unidades y ambulancias, aunque sin confirmación oficial de lo ocurrido. “Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía adentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, relató un familiar.
Las versiones daban cuenta que se estaría manejando el posible traslado de internos e incluso sobre un presunto motín en horas de la madrugada, sin que las autoridades ofrecieran información pública que confirmara o desmintiera esos señalamientos.
La organización recordó que situaciones similares han sido denunciadas con anterioridad en el mismo recinto, donde familiares han reportado restricciones de visitas y falta de información.
Para el Observatorio de Prisiones suspender visitas sin causa justificada y sin informar oportunamente vulnera estándares internacionales de derechos humanos. “El contacto con familiares es un derecho fundamental”, insistió la ONG.
Recordaron que el silencio oficial agrava la angustia de quienes recorren largas distancias y asumen gastos considerables para visitar a sus parientes. En muchos casos, las familias invierten en pasajes, logística y preparación de alimentos e insumos básicos que terminan siendo el principal sustento de los internos; además, algunos deben pernoctar en las adyacencias del penal para asegurar un puesto en la fila de ingreso.
El Observatorio Venezolano de Prisiones reiteró que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de informar de manera transparente sobre cualquier eventualidad dentro de los centros de reclusión.
