Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada principal y exvicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que la detención de sus dos hermanos y su cuñada fue utilizada para presionarla.
Sebastiana Barráez/ miércoles 7 de octubre 2026
Tomado de Infobae
En un extenso testimonio, César Siero afirma que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente, mantenidos incomunicados y sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos. Asegura, además, que ella y otros miembros de su familia, incluidos adultos mayores y niños, padecieron violencia institucional, psicológica y patrimonial.
Según su relato, la presión se produjo en un momento de alta tensión política, cuando esa sala debía resolver recursos vinculados con inhabilitaciones de dirigentes opositores. La exmagistrada destaca el caso de María Corina Machado, cuya demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2023, último día del lapso fijado por el procedimiento de revisión derivado del Acuerdo de Barbados.
César Siero sostiene que ese mismo día funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, al mayor Guillermo Henry César Siero y a su cuñada, la mayor Diana Desiree Victora Justo. Afirma que durante semanas desconoció su paradero y no pudo comunicarse con ellos.
La exfuncionaria explica que decidió guardar silencio por temor a represalias contra sus tres familiares en prisión, contra el resto de su familia y contra ella misma. Una vez culminado el juicio, resolvió hacer pública la denuncia.
“Lo vivido por mi familia y por mí demuestra de forma contundente cómo el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos contra mis hermanos y mi cuñada como una ruin herramienta de coacción y chantaje político”, sostiene.
César Siero afirma que la vida de sus familiares fue utilizada para obligarla a firmar decisiones que incidieron en el rumbo democrático del país. A su juicio, su caso evidencia la falta de autonomía judicial y de garantías al debido proceso en Venezuela.
Antecedentes e inhabilitaciones
César Siero fue designada magistrada principal de la Sala Político-Administrativa el 28 de diciembre 2014 y volvió a ser nombrada para el cargo el 27 de abril de 2022. También ejerció la vicepresidencia de esa instancia.
El 17 de octubre 2023, el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición suscribieron en Bridgetown, Barbados, un acuerdo con garantías electorales, bajo la mediación de Noruega. Días después, el 22 de octubre, la oposición celebró elecciones primarias; el 30 de ese mes, la Sala Electoral del TSJ suspendió los efectos de ese proceso.
El 30 de noviembre fue aprobado un procedimiento para revisar medidas de inhabilitación. Entre el 1 y el 15 de diciembre presentaron recursos Leocenis García, Vicencio Scarano, Rosa Brandonisio de Scarano, Daniel Ceballos, Richard Mardo, Henrique Capriles, Pablo Pérez y María Corina Machado, según la exmagistrada.
María Corina Machado representada por su abogado Perkins Rocha fue la última en interponer demanda, según el lapso previsto en el Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación del Acuerdo de Barbados, que culminó el 15 de diciembre 2023. Sostiene la exmagistrada que “ese mismo día, mis 2 hermanos, el Tcnel. (Ej.) Guillermo Enrique César Siero, el Mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero y mi cuñada la Mayor (Ej.) Diana Desiree Victora Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”.
El 16 de diciembre 2023, César Siero asegura que informó de la detención a la entonces presidenta del TSJ, Gladys María Gutiérrez Alvarado, y al fiscal general, Tarek William Saab Halabi. Esa noche en una reunión televisada del Alto Mando Militar ampliado con Nicolás Maduro Moros, no hablaron de las detenciones.
Dos días después acudió con sus padres al Ministerio de la Defensa, donde el ministro Vladimir Padrino López manifestó desconocer dónde estaban los tres familiares recluidos y les indicó que el caso no sería público hasta enero de 2024.
El 19 de diciembre, de acuerdo con su narración, el presidente y la secretaria de la Sala Político-Administrativa solicitaron unilateralmente a la Contraloría General de la República copias certificadas de los actos mediante los cuales se inhabilitó políticamente a María Corina Machado. La documentación fue remitida el 21 de diciembre 2023.
El 22 de diciembre, una semana después de las detenciones, la asistente e hija del presidente de la sala (el magistrado de Malaquías Gil Rodríguez), acudió al despacho de César Siero con decisiones ya elaboradas para que las firmara, según la denuncia. La exmagistrada afirma que el procedimiento fue inusual y que la funcionaria permaneció allí hasta obtener las firmas.
"Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, relata. Añade que la abogada al recibirlas dijo que esas decisiones no serían publicadas.
Operación Brazalete Blanco
En la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional, el 15 de enero 2024, Nicolás Maduro acumuló diversos casos de supuestas conspiraciones en una sola exposición y le entregó una carpeta a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional.
Narra la exmagistrada que el 17 de enero 2024 fue convocada a una Sala Plena Extraordinaria para el nombramiento de la nueva presidente del TSJ, que recayó en Carisly Rodríguez, en cuyo acto ratificaron a los vicepresidentes de las diferentes salas, incluyendo a Bárbara César Siero.
El 22 de enero de 2024, después de 38 días de detención, el fiscal Saab vinculó públicamente a los tres militares con la denominada Operación Brazalete Blanco. César Siero niega los hechos y delitos atribuidos: asegura que no hubo muertos, heridos, disturbios, sustracción de armas ni rebelión. Lo que sí hubo contra miembros de su familia es que fueron “detenidos arbitrariamente, desaparecidos, incomunicados, torturados y tratados cruel e inhumanamente”.
Para la exmagistrada, la operación fue una narrativa construida para criminalizar a sus familiares, presionarla por su competencia en causas de naturaleza política y enviar un mensaje intimidatorio a jueces y miembros de la Fuerza Armada. Califica el expediente como un “libreto fabricado” y sostiene que las instituciones fueron utilizadas para subordinar la justicia al poder político.
Renuncia bajo presión
Ese 22 de enero Padrino López, acompañado del Alto Mando Militar, solicita autorización de Nicolás Maduro para degradar y expulsar a un grupo de militares, siendo autorizado esa noche en un programa de televisión.
Casi simultáneamente la recién nombrada presidenta del TSJ (Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez), le exigió la renuncia. La exmagistrada afirma que se negó y pidió que, si existía una razón jurídica, fuera destituida. Sostiene que Rodríguez le advirtió que podía “irle peor” y que el primer vicepresidente del tribunal (Edgar Gavidia Rodríguez), se sumó a la presión con el ofrecimiento de tramitar su jubilación.
Tras varias horas, redactó una carta para separarse temporalmente del cargo con el argumento de no entorpecer la investigación relacionada con sus hermanos. Sin embargo, se le exigió eliminar esa referencia y presentar una renuncia. Dice que finalmente la entregó contra su voluntad y solicitó que se tramitara su jubilación.
César Siero sostiene que la presidencia del TSJ carece de competencia para exigir la dimisión de otro magistrado y considera que lo ocurrido constituyó abuso de poder y extralimitación de funciones. “Si la renuncia no es un acto voluntario, sino producto de la coacción, es nula”, concluye.
El 23 de enero de 2024 se celebró el acto de degradación y expulsión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 33 militares. Entre ellos estaban los dos hermanos y la cuñada de Bárbara César. La ceremonia fue encabezada por quien entonces ocupaba el Ministerio de la Defensa y por el Alto Mando Militar.
César califica el procedimiento como una violación del debido proceso y afirma que su cuñada, Diana Victora, y otras militares fueron víctimas de conductas previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tras la difusión pública de lo ocurrido, la presidenta del TSJ, le indicó que continuara trabajando porque su renuncia no había sido procesada y que se dejara ver para contrarrestar las versiones sobre su salida.
Después de 40 días sin información sobre su paradero, los tres integrantes de la familia César fueron presentados, a medianoche, ante un tribunal de control con competencia en materia de terrorismo.
La exmagistrada asegura que no pudieron comunicarse con sus familiares ni designar abogados de confianza y que el juez les impuso defensores públicos. Fueron imputados por traición a la patria, conspiración política, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra Nicolás Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales.
Sentencias y allanamientos
El 26 de enero de 2024, relata César, la presidenta del TSJ la llamó a su despacho para que firmara nuevamente las sentencias sobre habilitaciones e inhabilitaciones políticas que ya había suscrito el 22 de diciembre de 2023. En una reunión de la Sala Político-Administrativa volvió a firmar esas decisiones. Sus extractos fueron publicados en el sitio web del tribunal bajo una sección denominada “Habilitada”, un procedimiento inédito.
El documento habilitó a Leocenis García, Richard Mardo, Henrique Capriles, Daniel Ceballos, Rosa de Scarano, Wilfredo Rojas y Carlos Piñero, de REDES. La sentencia 00005, correspondiente al expediente 2023-0461, declaró inhabilitada a María Corina Machado, mientras que la solicitud de Vincenzo Scarano fue declarada inadmisible.
Para la apertura del año judicial de 2024, celebrada el 31 de enero, César no asistió. Según su versión, el primer vicepresidente del TSJ le comunicó un día antes que no podía acudir porque Nicolás Maduro estaría presente. Al acto asistieron 19 magistrados, en lugar de 20. El 2 de febrero, la presidenta del tribunal la convocó a una misa ecuménica en la plaza central de la sede, a la que concurrieron magistrados y trabajadores.
Esa misma noche, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron los apartamentos de sus hermanos en Fuerte Tiuna. César acudió al lugar tras recibir la llamada de un familiar. Allí, afirma, observó que agentes presionaban a un tío para que firmara un acta. Solicitó la presencia de un fiscal del Ministerio Público, pues el que se encontraba inicialmente ya se había retirado. De acuerdo con su relato, el jefe de la comisión la amenazó con detenerla y el fiscal que llegó después le dijo que no podía intervenir.
El 4 de febrero, el director general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público la citó a un interrogatorio ante el fiscal general de la República. Al día siguiente, ya en la Fiscalía, fue interrogada por el entonces fiscal general, en presencia del director de Delincuencia Organizada y de los fiscales del caso, por haber estado en el allanamiento. Después se reunió con Carislya Rodríguez y con la segunda vicepresidenta del TSJ (Tania D’Amelio Cardiet). Asegura que Rodríguez volvió a exigirle la renuncia y que, bajo presión, la entregó por segunda vez. Para entonces habían transcurrido 52 días sin contacto con sus tres familiares.
La exmagistrada subraya que la Asamblea Nacional no se pronunció sobre su renuncia, aunque sí lo hizo posteriormente respecto a las renuncias del fiscal general y del Defensor del Pueblo. Los tres cargos, recuerda, habían sido objeto de concurso y juramentación ante el órgano legislativo competente.
Visitas bajo capucha y salida del TSJ
El 19 de febrero de 2024, los hermanos de César fueron trasladados de la sede principal de la DGCIM a la cárcel Rodeo I. La familia obtuvo información directa sobre ellos el 2 de marzo, después de 78 días. La madre pudo ver a Guillermo Enrique y a Guillermo Henry César Siero, y su cuñada pudo encontrarse con su esposo.
Según el testimonio, las visitantes ingresaron encapuchadas, observaron a los detenidos esposados a través de un vidrio y hablaron con ellos durante 15 minutos mediante un teléfono que grababa las conversaciones.
El 4 de marzo, el sitio web del TSJ publicó la sentencia número 1 de la Sala Político-Administrativa, expediente 1964-0201, en la que se declaró su “ausencia absoluta”. César sostiene que esa decisión está viciada de nulidad.
La exmagistrada vio por primera vez a sus hermanos el 17 de agosto de 2024, tras ocho meses y dos días de detención. Describe Rodeo I como un lugar donde, a su juicio, se vulneran los derechos de los presos políticos y de sus visitantes, a quienes se les colocaban capuchas negras.
El 15 de octubre fue egresada administrativamente del TSJ sin jubilación, pese a que afirma cumplir los requisitos legales. Solicitó información por escrito el 4 de noviembre y ha reiterado el pedido ante la presidenta del tribunal, la comisión calificadora de jubilaciones y pensiones, así como los presidentes de las otras salas, sin obtener respuesta.
Trato desigual
César destaca que Rocío San Miguel fue liberada el 8 de enero de 2026; cuatro días después fue excarcelado su exesposo, el coronel retirado Alejandro González de Canales, y posteriormente el capitán Tomás Martínez Chico. Los tres estaban acusados en la misma causa, conocida como Operación Brazalete Blanco. Pero no ocurrió así con los otros del caso Brazalete Blanco. Tras la publicación, el 19 de febrero de 2026, de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la exmagistrada redactó solicitudes para sus tres familiares. Los días 23 y 24 de febrero, los abogados designados acudieron al Tribunal Tercero de Juicio con competencia en materia de terrorismo, pero la secretaria se negó a juramentarlos. Al día siguiente, Diana Victora firmó su propia solicitud en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Fue declarada sin lugar y, según César, la apelación no fue tramitada.
El 26 de febrero, la madre de los César intentó obtener en Rodeo I la firma de sus hijos para las solicitudes de amnistía, pero no se les permitió suscribirlas. La esposa de Guillermo Henry presentó después una solicitud en su nombre; también fue declarada sin lugar y la apelación no avanzó.
Los días 8 y 9 de junio de 2026 fueron excarcelados la mayor Diana Victora y el mayor Guillermo Henry César Siero, junto con el general de división Tomás Martínez Macías, el coronel Carlos Sánchez y su esposa, la teniente Karen Gómez. Quedaron sometidos a presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.
César denuncia que su otro hermano, el comandante Guillermo Enrique César Siero, recibió un trato discriminatorio, contrario al derecho constitucional a la igualdad, al efecto extensivo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y a criterios de la Sala Constitucional.
Jubilación sin respuesta
El 12 de junio de 2026, César solicitó por tercera vez información sobre su jubilación a la presidenta del TSJ. También comunicó el caso al presidente de la Asamblea Nacional, al fiscal general Larry Devoe, al presidente del Poder Moral Republicano y a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato. El 6 de julio presentó una cuarta solicitud dirigida a la presidenta del TSJ y a los magistrados de la Junta Directiva, pero asegura que su copia no fue firmada ni sellada.
La exmagistrada continuó enviando comunicaciones a autoridades judiciales y del Ministerio Público. El 22 de julio informó por escrito al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y el 3 de agosto hizo lo propio con Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Afirma que ninguno de esos organismos le dio una respuesta oportuna y adecuada, como establece el artículo 51 de la Constitución. Solo en su tercera visita a la Defensoría del Pueblo le fue asignado un número de causa.
El juicio y las condenas
El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en materia de terrorismo (a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo), permitió juramentar a la defensa privada de los hermanos César Siero y de Diana Victora el 6 de agosto de 2026. El juicio oral y público comenzó el 11 de agosto.
Bárbara César señala que, pese a haber presenciado los allanamientos y ser mencionada en las declaraciones de los funcionarios actuantes, no fue promovida como testigo. Añade que la defensa pública impuesta no presentó pruebas favorables a los acusados durante la investigación.
El 28 de agosto, Bárbara César y su madre acudieron a la Defensoría del Pueblo y conversaron brevemente con Eglée González Lobato. La madre denunció que Guillermo Enrique no había sido excarcelado como otras 10 personas vinculadas a la operación y que tampoco era trasladado al tribunal para asistir a las audiencias. González prometió revisar el caso y ordenó abrir un expediente. César, por su parte, expuso la falta de respuesta de los organismos públicos.
El 1 de octubre de 2026, el tribunal condenó al teniente coronel Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por conspiración política. El mayor Guillermo Henry César Siero y la mayor Diana Desiree Victora Justo recibieron penas de tres años por encubrimiento. Los tres fueron absueltos de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra Nicolás Maduro y Freddy Bernal.
Bárbara César afirma que busca dejar constancia histórica de su versión de los hechos, exigir el fin de la persecución contra su familia y reclamar la libertad plena y la restitución de los derechos que considera vulnerados. “La justicia no puede seguir siendo instrumento de coacción ni la dignidad humana una moneda de cambio”, sostiene.
La exmagistrada cuestiona que la presidenta del TSJ, el fiscal general de la República y la defensora del Pueblo realicen juntos una gira nacional, y plantea dudas sobre la independencia de los poderes públicos y sobre qué institución podría investigar sus denuncias y garantizar la protección de su familia.
César responsabiliza “de manera directa y categórica al Estado venezolano”, a las autoridades mencionadas en su relato y a los jefes y funcionarios de la DGCIM vinculados a la Operación Brazalete Blanco por cualquier amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño físico, psicológico o patrimonial que pudiera sufrir ella o algún integrante de su familia, dentro o fuera de Venezuela.
También solicita protección y acompañamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, colegios de abogados, defensores y comunicadores sociales.
"Pido a Dios que regrese el Estado de derecho a Venezuela, que un juez anule absolutamente esa sentencia y ordene la libertad plena de mis familiares injustamente condenados y la de todos. Que los militares, magistrados, jueces, defensores públicos y fiscales no sigan en medio de las mezquindades del poder y de los políticos de oficio, y que finalmente se reconozca mi derecho irrenunciable a la jubilación”, concluye.
