Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I
Sebastiana Barráez/ viernes 10 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Tras casi un año de encierro, torturas y tratos degradantes en manos de la DGCIM, en el denominado “Caso Cadetes”, Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I, tras ser excluido del proceso de amnistía otorgado al resto de los implicados en la causa. Relata a Infobae la aterradora experiencia que vivió tras los muros del penal y la lucha por la libertad de su hijo. El Rodeo I está desde anoche en una situación de alta tensión, por la protesta de reclusos extranjeros.
La madrugada del 3 de enero 2026, los reclusos del Rodeo I escucharon, durante dos horas, explosiones a lo lejos. Después llegó un silencio tenso, interrumpido por conversaciones nerviosas entre los custodios. El penal entró en alerta máxima; se reforzó la seguridad con tropas adicionales, se instalaron armas calibre .50 en los techos y la bandera fue izada a media asta.
Las visitas y el servicio médico fueron suspendidos; se restringió la comida, se silenciaron los altavoces y comenzaron amenazas directas contra los internos. Funcionarios advertían que los usarían como rehenes políticos y ejecutados si “los gringos” intervenían.
Las visitas se reactivaron el sábado 9 de enero. Los familiares, sin miedo, les informaron lo ocurrido en la Operación Resolución Absoluta y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano.
“Exigimos la libertad inmediata y protestamos. El 15 de enero nos amenazaron por lo que las protestas cesaron, pero siguió un periodo de profunda ansiedad y desesperación”, narra Diego González Mejías.
El 27 de enero, un custodio irrumpió con premura en la celda para colocarle las esposas y le cubrió el rostro con una capucha. Un jefe de régimen pronunció su nombre en voz alta y anunció su libertad. “Abracé a mi hijo como nunca. Lloramos inconsolablemente. Nos despedimos. Fue desgarrador dejarlo allí”, recuerda.
Los excarcelados de ese día fueron conducidos a un área donde les ordenaron desnudarse y elegir, entre montones de ropa acumulada, algunas prendas para vestirse. Les raparon el cabello y los trasladaron a un estacionamiento para fotografiarlos. Antes de la salida, el director del penal, conocido como Paterel, se despidió y los entregó a funcionarios de la DGCIM, quienes los trasladaron a la sede de Boleíta, en Caracas.
El grupo estaba integrado por 22 personas: 17 venezolanos, dos peruanos y tres hondureños. En la DGCIM, fueron sometidos a nuevos procedimientos de identificación. “Nos entrevistaron, nos volvieron a desnudar y nos tomaron fotos”, explica. Les entregaron la boleta de excarcelación y el documento del régimen de presentación cada 15 días ante tribunales de terrorismo en Caracas.
Fueron obligados a firmar un documento que debían leer en voz alta mientras eran grabados en video, declarando que no habían sido maltratados ni actuarían contra el Gobierno ni contra los funcionarios de seguridad, que no ofrecerían entrevistas ni declaraciones públicas y que no podían salir del país.
A las seis de la tarde fueron liberados, sin documentos personales, dinero ni teléfonos móviles. “Salimos con miedo, caminando rápido. Cuando logramos salir del perímetro, unas personas que la divinidad puso en nuestro camino nos prestaron sus teléfonos. Lloraron con nosotros”, recuerda.
El 23 de febrero, mientras los cadetes detenidos recuperaban su libertad, el joven Diego José quedó recluido en el Rodeo I. Fue entonces cuando su padre inició una campaña pública para exigir su liberación. Su madre, Mireya Sierra, al igual que otros familiares de presos políticos, se apostó frente a la cárcel en señal de protesta. “A mi hijo y a mí nos negaron la Amnistía”, denuncia Mejías González.
El inicio de la pesadilla
Hace una década, el deterioro político y social del país, marcado por la ideologización, el control estatal, la represión y la destrucción de sectores clave como el educativo, impacta de forma directa en la vida de Diego Mejías Sierra (23 años).
Así lo relata, en la conversación con Infobae, su padre, Diego José Mejías González (54), aseverando que su hijo fue testigo de la emigración de primos y amigos, el colapso del sistema educativo, persecución de compañeros cercanos, encarcelamientos e incluso muertes.
Esos sentimientos de frustración y descontento llevaron al joven a expresarse en redes sociales, donde entró en contacto con Jesús Pulgar, un cadete de 20 años. A partir de ese intercambio, junto a otros jóvenes, comenzaron a crear escenarios imaginarios en los que fantaseaban con un eventual derrocamiento del gobierno.
Según Mejías González, Pulgar logró sumar a varios cadetes más a ese grupo. Entre 2023 y 2024, mantenían conversaciones a través de Telegram y videojuegos en línea. Sin embargo, el hijo de Mejías se distanció del grupo al iniciar una relación sentimental. “Dejó atrás todo lo que estaba haciendo con los cadetes. Jesús Pulgar sí continuó”, afirma.
El caso dio un giro decisivo el 4 de febrero de 2025, cuando uno de los estudiantes de la Academia Militar denunció al grupo después de que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hallara información comprometedora en su teléfono móvil. A partir de ese hallazgo, las autoridades lograron identificar y detener a dos cadetes.
Los jóvenes fueron trasladados inicialmente a una casa de seguridad, que son centro de torturas, adscrita a la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, bajo la responsabilidad del coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga. La vivienda, ubicada en Chuao, había sido incautada previamente a José Ignacio Moreno Suárez, abogado de la empresa Gold Reserve, detenido el 4 de junio de 2023 y recluido en la cárcel Rodeo I, acusado de “conspiración con gobierno extranjero”.
De acuerdo con el testimonio del padre, los primeros detenidos fueron diez cadetes y un menor de edad. “Al adolescente se lo llevan solo por mirar, por pura maldad”, sostiene. Asegura que todos fueron sometidos a torturas hasta que el 7 de febrero de 2025 fueron trasladados a la sede central de la DGCIM en Boleíta, Caracas.
Hasta ese momento, ni Diego Mejías González ni su hijo sabían que la operación estaba en marcha. El 9 de febrero, un domingo, la familia realizaba su rutina habitual cuando se dirigieron a visitar a una tía en Maracay, estado Aragua, sin saber que desde hacía dos días eran seguidos por una camioneta con cinco funcionarios del DAE, quienes los interceptaron.
“Había una confusión porque mi hijo y yo nos llamamos igual y la línea telefónica está a mi nombre, igual que la de otros familiares”, explica. Cuatro agentes descendieron del vehículo portando armas largas. El jefe de la comisión informó que debían llevarse al joven Diego, alegando que su teléfono estaba vinculado a un caso de extorsión contra un alto funcionario del gobierno. A petición del padre, permitieron que los acompañara.
Tras dirigirse al apartamento familiar, un funcionario indicó a la esposa de Mejías González que preparara un bolso. “Dijeron que al día siguiente iríamos a la fiscalía y que el martes seguro nos soltaban”, recuerda.
No fue así. Al abordar la camioneta de la DGCIM, Mejías González asegura que los agentes golpeaban a su hijo. “Ahí empezó el infierno”, dice, porque ambos fueron esposados con amarres de plástico, encapuchados y trasladados desde el estado Carabobo hasta la casa de seguridad en Chuao, Caracas.
Durante casi cuatro días, permanecieron recluidos en un sótano frío e iluminado, con las manos atadas y la cabeza cubierta. “A veces me dejaban sentarme en una silla; a mi hijo no”, denuncia. Solo les permitieron un día quitarse las capuchas y los amarres durante diez minutos para bañarse. Recibían restos de comida y poca agua, y no les permitían dormir.
Según el testimonio, el joven era sacado cada hora para ser interrogado bajo tortura. “Era espantoso lo que yo sentía cada vez que se lo llevaban”, relata el padre, quien asegura que obligaron a su hijo a firmar documentos bajo amenaza de mutilar a Mejías González; el joven fue obligado a grabar un video afirmando que planeaba un atentado contra Jorge Rodríguez.
El Rodeo I
La tarde del 12 de febrero, padre e hijo fueron trasladados a la sede principal de la DGCIM, para reunirlos con los cadetes detenidos; una hora después lo enviaron a orden del Servicio Especial de Máxima Seguridad (SESMAS) y trasladados a la cárcel Rodeo I, un penal que Diego Mejías González describe como un “campo de concentración”.
El Rodeo forma parte de un complejo penitenciario integrado por tres edificios, marcado por un historial de violencia. En 2006, una masacre dejó 86 presos fallecidos y cerca de 200 heridos. Un año después se registraron otros 51 muertos y 101 heridos. En 2011, nuevos motines provocaron la muerte de al menos 30 reclusos.
Bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, Rodeo I fue remodelado y reconvertido en una prisión de máxima seguridad, inaugurada el 18 de febrero de 2024 y adscrita al Ministerio del Servicio Penitenciario, entonces encabezado por la vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros. El centro ha albergado desde entonces a presos militares y civiles, venezolanos y extranjeros.
Mejías González relata que, a su llegada, fueron recibidos por el director del penal, conocido como “Tiburón”, en referencia al teniente coronel (GNB) Carlos Enrique Rincones Serven. “Todos los funcionarios vestidos de negro y con pasamontañas. Nos desnudaron y nos obligaron a ponernos un uniforme azul claro, sucio”, recuerda. Durante la revisión médica, asegura que por primera vez en su vida presentó niveles elevados de tensión arterial.
Tras el registro digital, fueron conducidos esposados, encapuchados y sentados en el suelo, rodeados de custodios armados con bastones, para una reunión con el director y el subdirector del penal. Allí les advirtieron que, al tratarse de una cárcel de máxima seguridad, las normas y los castigos eran “estrictos”. También les informaron que las celdas eran para dos personas y que serían identificados como PDL (personas privadas de libertad).
Insólitas condiciones
Padre e hijo fueron autorizados a compartir una celda de 3,80 metros por 1,80 metros, de color gris, con piso, paredes y techo rústicos. El espacio contaba con una pequeña ventana enrejada al frente y una puerta metálica blindada. En el centro de la puerta había una abertura de unos 25 por 15 centímetros, por donde les entregaban la comida en recipientes plásticos.
El interior lo describe como un cajón con estructura de litera. Entre la cama y la pared, había un espacio de aproximadamente un metro cuadrado donde se encontraba la letrina. Sobre ella, un tubo con una llave de cierre rápido servía como único punto de agua: allí debían asearse, bañarse, orinar, lavar los utensilios y la ropa. “Los malos olores eran permanentes, las 24 horas del día”, asegura.
Las celdas no tenían luz eléctrica. La única iluminación provenía del pasillo, que permanecía encendida de día y de noche. Relata la presencia constante de mosquitos, temperaturas extremas, humo procedente de la quema de desechos cercanos y colchonetas usadas, rotas, sucias y malolientes, sin sábanas, cobijas ni almohadas.
El régimen de dotación era mínimo: un uniforme durante seis meses, dos bóxers, un par de chanclas, un cepillo de dientes y un vaso plástico que se renovaba cada cuatro meses para beber agua, jugo o café. “La cucharilla plástica para comer nunca la cambiaron”, afirma. Cada uno disponía de un botellón de agua de cinco litros, recargado a diario y reemplazado tras ocho meses.
Recibieron además una toalla, un jabón y pequeños sobres de crema dental y desodorante. El afeitado solo fue permitido después de tres meses. “Me tomó nueve meses aprender a afeitarme sin espejo y sin cortarme”, cuenta. El corte de cabello, al ras, se realizaba cada quince días.
El suministro de agua se limitaba a 15 minutos por celda. Cada piso albergaba 24 celdas, todas vigiladas por cámaras con micrófonos. De lunes a jueves, durante hora y media, se transmitía música cristiana evangélica, y el culto religioso era obligatorio todos los días. Además, a alto volumen, se difundían las cadenas presidenciales de Nicolás Maduro, el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello y música alusiva al socialismo y al comunismo.
Una inyección para todo
La primera comida que recibieron en la cárcel de El Rodeo I les provocó un cuadro severo de diarrea y vómitos que se prolongó durante tres días. Ante la emergencia, fueron trasladados al área denominada “servicio médico”, cuya atención estuvo a cargo de custodios encapuchados y sin identificación visible. “No llevan registros ni historias médicas. Los medicamentos son traídos de la India y aplican siempre la misma inyección para cualquier dolor, sin explicar qué es”.
Durante la detención, padre e hijo fueron despojados de todas sus pertenencias personales, entre ellas los lentes bifocales de Diego Mejías González. “Mi hijo me leía y me cortaba las uñas, igual que yo hice cuando él era niño”, cuenta. Ese tiempo forzado de convivencia, asegura, también abrió un espacio de diálogo inédito entre ambos. “Hablé mucho con él. Al final me escuchó de verdad. Es muy inteligente y valioso”, afirma.
Tras 80 días de encierro, el entonces director del penal le entregó unos lentes cosméticos para lectura. Diez días después, comenzaron a permitirles salir dos veces por semana a un patio reducido, de apenas 18 por 12 metros. Allí pudieron interactuar brevemente con otros reclusos, venezolanos y extranjeros, que compartían relatos sobre cómo habían llegado a esa prisión de máxima seguridad.
A mediados de marzo de 2025 se realizó la presentación judicial de todos los implicados en el denominado “caso de los cadetes”: once estudiantes de la Academia Militar y los civiles Diego Mejías González y su hijo. El expediente quedó en manos de Carlos Enrique Liendo Acosta, juez segundo de Control contra la Corrupción y el Terrorismo. El fiscal Farik Karin Mora Salcedo “montó un caso de película”, elaborado por un capitán de la DGCIM, en el que se afirmó que todos los acusados tenían orden de detención desde el 4 de febrero. Les imputaron seis delitos.
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En mayo y junio, la situación sanitaria dentro del penal se deterioró gravemente. Se registraron brotes masivos de gripe, casos de dengue hemorrágico y diagnósticos de tuberculosis. “Todas las semanas había intentos de suicidio”, relata Mejías González, quien también denuncia castigos especialmente severos en el piso 4 del bloque B: 22 celdas casi completamente selladas, con una única rendija por donde entraba la luz solar.
En ese nivel, asegura, los internos permanecían sin colchonetas, casi desnudos, solo con un bóxer, esposados y sin utensilios para comer. El acceso al agua, tanto para el aseo personal como para beber, estaba restringido. “Si protestaban, los castigaban con golpes de bastón, descargas eléctricas y gas lacrimógeno directamente en el rostro”.
La crisis sanitaria derivó en la destitución del director del penal, el teniente coronel (GNB) Carlos Enrique Rincones Serven “Tiburón”. Antes de abandonar el cargo, relata, ordenó sacar a todos los presos encapuchados y rodeados por custodios armados. “Nos amenazó. A los del piso 2 los golpearon y a los del piso 4 los castigaron porque, a través de grabaciones de las visitas, descubrieron que habían filtrado información sobre los enfermos”.
Tras su salida, Rincones Serven fue sustituido por un funcionario conocido como “Paterel”, quien autorizó las visitas por orden de la DGCIM. El 30 de julio la familia González recibió por primera vez la notificación oficial de visita para el 2 de agosto, confirmando que padre e hijo seguían con vida.
Las visitas se realizan los sábados, durante un máximo de 20 minutos, a través de un acrílico, una malla de acero y un teléfono, bajo la vigilancia permanente de cámaras y custodios posicionados a ambos lados. El cumplimiento de normas estrictas es obligatorio. Cualquier falta implica la suspensión inmediata del contacto.
