Lejos de ser una herramienta de seguridad pública, el despliegue de 7.000 cámaras, drones y el cruce de datos con el Sistema Patria, funcionan como un dispositivo de persecución
Sebastiana Barráez/ martes 31 de marzo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Según el informe de VE Sin Filtro y DFRLab, “Los vigilantes en la mira: Tecnologías de Vigilancia para el control político en Venezuela”, documenta cómo el aparato de vigilancia del régimen, que ha costado más de mil millones de dólares, permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unos 27 millones de personas y está totalmente en funcionamiento. No es una herramienta para la seguridad pública, “sino en un arma para el control político”.
En la extensa infraestructura de vigilancia el régimen cuenta con sistemas de monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques.
Entre los alarmantes hallazgos están: infraestructura de videovigilancia, vigilancia con drones y monitoreo de movimiento, aplicaciones impulsadas por el Estado como el Sistema Patria, intercepción de telecomunicaciones a gran escala, ciberataques e infiltraciones auspiciados por el Estado y registros e incautaciones de dispositivos sin orden judicial.
Un elemento clave es que esta infraestructura de vigilancia permanece plenamente operativa e intacta pese a la destitución de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Este hecho pone en evidencia que las capacidades tecnológicas y los marcos institucionales que sostienen el control autoritario no dependen exclusivamente de un liderazgo específico, sino que trascienden los cambios políticos y continúan funcionando como un engranaje estructural del poder.
El informe, suscrito por Andrés Azpúrua e Iria Puyosa, que tiene como colaboradores a Daniela Alvarado Mejías, Carlos Guerra, Marco Antonio Ruiz y Valentina Aguana, destaca que la intercepción de telecomunicaciones es el engranaje “más intrusivo del sistema de vigilancia en Venezuela”. La evidencia disponible da cuenta de prácticas sistemáticas que desbordan ampliamente cualquier marco legítimo de aplicación de la ley.
Recuerdan que el Informe de Transparencia 2021 de Telefónica España documentó 1.523.363 líneas de telefonía móvil intervenidas y la emisión de 205.800 órdenes de intercepción, cifras que reflejan un esquema de vigilancia de escala industrial, difícilmente compatible con investigaciones penales específicas o focalizadas.
“Los datos de vigilancia recopilados a través de las cámaras VEN911 pueden cruzarse con el registro Patria, las bases de datos del SEBIN y los registros de intercepción de telecomunicaciones de otras agencias del régimen” revela el informe.
Control social
El llamado Sistema Patria se ha convertido en uno de los ejemplos más elocuentes del uso de plataformas digitales como instrumentos de control ciudadano en Venezuela. En el informe explican que lo que en su origen fue presentado como una herramienta de asistencia social derivó en un mecanismo para la recolección masiva de datos personales y la manipulación política.
Su base de datos permite la identificación integral de millones de personas y la extracción sistemática de información a gran escala. Un dato revelador es que el dominio del sistema figura registrado a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y no de una entidad estatal, lo que expone la estrecha y operativa fusión entre el aparato del Estado y la estructura partidaria.
En paralelo, la aplicación VenApp ha sido empleada de manera explícita como un canal para promover la delación organizada de actividades consideradas críticas o contrarias al gobierno, ampliando así el ecosistema digital de vigilancia y control político.
En cuanto al monitoreo sistemático de redes sociales y aplicaciones de mensajería por parte del Estado venezolano, el informe evidencia que dejó de ser una práctica aislada para consolidarse como un engranaje clave de la persecución digital.
Lo más perturbador es que el monitoreo lo coordinan los servicios de inteligencia política y militar: Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Realizan un ciberpatrullaje que opera como dispositivo integral que criminaliza la expresión en línea y amplía el alcance del control estatal sobre el ciudadano.
La denominada “Operación Tun Tun”, desplegada en 2024, evidenció el grado de articulación alcanzado por estas estrategias, a través de un sistema coordinado de represión que enlazó el espacio digital con acciones directas sobre el territorio.
La ofensiva combinó distintos mecanismos de vigilancia y hostigamiento: desde funciones de denuncia habilitadas en VenApp y redes de doxeo organizadas en Telegram, hasta campañas de intimidación en Instagram y operativos de detención puerta a puerta.
Revisar celulares
Se refleja en la investigación de VE Sin Filtro y DFRTLab que los ciberataques impulsados desde el propio Estado se han convertido en una acción sistemática que combina un alto nivel de sofisticación técnica con la coordinación de múltiples organismos gubernamentales.
Esas operaciones incluyen campañas masivas de phishing dirigidas a sabotear iniciativas vinculadas a la oposición, como Voluntarios por Venezuela y Héroes de la Salud, así como a estructuras de organización electoral de base como los Comanditos. El patrón observado revela un uso deliberado del entorno digital como campo de hostigamiento político y neutralización de la disidencia.
Se le agregan las inspecciones y confiscaciones de dispositivos electrónicos sin orden judicial, como una herramienta de control y represión. La revisión arbitraria de teléfonos móviles se emplea no solo como mecanismo de vigilancia, sino también como forma de intimidación, castigo y extorsión, en abierta contradicción con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
Los casos documentados muestran una cooperación forzada por parte de las víctimas, obtenida mediante coerción, amenazas de detención o advertencias de procesos penales.
Sistema de censura
El informe destaca que más allá de las recientes excarcelaciones, los indicios de una liberalización política sustantiva siguen siendo limitados. El sistema de censura continúa plenamente operativo. Actualmente, al menos 206 sitios web permanecen bloqueados, entre ellos 65 medios de comunicación, así como plataformas de redes sociales como X y aplicaciones de mensajería cifrada como Signal.
Las restricciones alcanzan también a las herramientas utilizadas para evadir la censura. Diversas redes privadas virtuales (VPN), entre ellas NordVPN, Psiphon, Mullvad, TorGuard, Tor Project y Proton, así como servidores DNS públicos como Google Public DNS y Cloudflare, se encuentran igualmente bloqueados.
En el plano normativo, el andamiaje legal que permite la criminalización de la disidencia política permanece intacto. Legislaciones como la Ley Contra el Odio y la Ley Orgánica Contra el Bloqueo Imperialista continúan vigentes, proporcionando cobertura jurídica a la persecución de voces críticas y limitando de forma significativa las garantías fundamentales.
La inteligencia cubana (G2) y los servicios de inteligencia iraníes mantuvieron vínculos operativos con el aparato de seguridad venezolano a través del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), organismo creado en octubre 2013 como la instancia central de coordinación de inteligencia del país, con facultades legales para concentrar la información producida por todos los cuerpos de seguridad del Estado.
El 9 de febrero 2026, Delcy Rodríguez ordenó la supresión y disolución formal del CESPPA mediante el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.985.
El gran hermano
Entre los aspectos más relevantes de la investigación se encuentra la consolidación del extenso sistema de videovigilancia instalado en Venezuela como un instrumento de control interno más que como una política de seguridad ciudadana. Su funcionamiento se desarrolla en un vacío legal que ofrece escasas o nulas garantías para la protección de la privacidad y el debido proceso de la población.
Aunque la incorporación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) a las políticas de seguridad pública comenzó en 2007, su expansión decisiva se produjo a partir de 2013, cuando el entonces ministro de Interior y Justicia, general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para la instalación de 30.000 cámaras en 16 ciudades del país, en el marco de un acuerdo con la Corporación de Importación y Exportación de Electrónica de China (CEIEC).
De ese proyecto surgió el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), estrechamente vinculado al servicio de emergencias VEN911. En 2019, la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz redefinió la estrategia de seguridad al dividir el territorio en pequeños sectores con patrullajes fijos, aunque el control y la supervisión de las operaciones continuaron centralizados a través del sistema VEN911.
El despliegue de cámaras se aceleró de forma significativa durante 2025, bajo la dirección del actual ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón. En junio de ese año, el comandante del VEN911, Neptalí Rodríguez, informó que 3.920 cámaras se encontraban operativas y eran monitoreadas desde 26 Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones, que incluían la sede nacional, 19 centros estadales y seis municipales. Para diciembre, Cabello anunció que el número había ascendido a cerca de 7.000 dispositivos, lo que supone un incremento del 78,6 % en apenas seis meses.
Esta nueva ola de expansión extendió el alcance de la vigilancia más allá de los espacios públicos tradicionales, incorporando hospitales, zonas residenciales y áreas identificadas como bastiones de la oposición, reforzando así el carácter omnipresente del sistema de monitoreo estatal.
Reconocimiento facial
VE sin Filtro es un programa dedicado al monitoreo y documentación de amenazas al ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital en Venezuela, creado por la organización de derechos humanos digitales Conexión Segura y Libre, y el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) del Atlantic Council, es una organización pionera con experiencia técnica y en políticas sobre desinformación, tecnologías conectivas, democracia y el futuro de los derechos digitales.
Ambas coinciden en el informe que la extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano “no se ha traducido en la desmantelación de la infraestructura autoritaria que se construyó durante las últimas dos décadas”.
La investigación señala que la infraestructura de CCTV (circuito cerrado de televisión) en Venezuela ha sido utilizada de manera sistemática no como un instrumento de seguridad pública, sino como un mecanismo de control político. La cadena de suministro está dominada por empresas chinas, en particular CEIEC, Hikvision y Dahua, que mantienen una presencia predominante pese a las sanciones internacionales vigentes.
El documento advierte además que las avanzadas capacidades de reconocimiento facial y lectura de matrículas, potenciadas por inteligencia artificial, operan sin salvaguardias de privacidad, sin supervisión judicial y sin mecanismos de consentimiento por parte de la ciudadanía.
Por otra parte, el informe agrega que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso de drones como parte de un esquema de vigilancia cada vez más sofisticado, que combina tecnología avanzada con tácticas propias de la guerra psicológica. Estos dispositivos no solo amplían la capacidad de observación del Estado, sino que también cumplen una función intimidatoria dirigida a sectores considerados críticos.
A este despliegue aéreo se suma el uso de dispositivos de rastreo GPS instalados de forma encubierta en vehículos pertenecientes a familiares de presos políticos. Algunos de estos equipos, además de registrar la ubicación en tiempo real, incorporaban funciones de escucha, lo que evidencia la existencia de capas de vigilancia clandestina orientadas a la recolección continua de datos sobre desplazamientos y conversaciones ambientales.
Las operaciones con drones, lejos de mantenerse en la discreción, suelen ser deliberadamente visibles. Los vuelos nocturnos son frecuentes en zonas de protesta y en áreas residenciales donde habitan dirigentes y activistas de la oposición. Esta estrategia persigue un doble objetivo: obtener información detallada sobre los patrones de movimiento y, al mismo tiempo, generar un efecto disuasorio mediante la intimidación, con el fin de desalentar reuniones y actividades de carácter político.
