Militares retirados alertan sobre el colapso de Venezuela y exigen el retorno al orden constitucional

 

Reclaman la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral "limpia y transparente" que restituya la vigencia de la Constitución 

Sebastiana Barráez/ jueves 14 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Militares venezolanos durante un desfile

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 250 oficiales en situación de retiro, sostiene que el país atraviesa una etapa de descomposición institucional, deterioro social y pérdida de soberanía. La organización reclama la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral “limpia y transparente” que restituya la vigencia de la Constitución.

La organización está presidida por el general de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt; en la Vicepresidencia el GB (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; como Secretario de Organización, GB Rafael Vera Ruiz; los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.

El FIM emitió el pronunciamiento en el que llama a un “urgente despertar de conciencia” frente a la crisis que, a su juicio, atraviesa Venezuela. El comunicado, difundido tras una salutación recibida desde un medio en México, con participación de figuras de la política nacional, reivindica el deber de los militares retirados de alzar la voz en defensa de la libertad y de la nación.

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar

La organización enfatiza que sus integrantes, como conocedores del territorio y defensores de la soberanía, rechazan la idea de que el país se encuentre en una fase de recuperación. Por el contrario, afirma que Venezuela vive un proceso de profunda desarticulación social y ética. 

“Rechazamos categóricamente la narrativa interesada que pretende vender al mundo una ‘felicidad’ inexistente y un ‘florecimiento económico’ que solo beneficia a pequeñas élites”, dicen agregando que lo que se encubre es una realidad marcada por el deterioro estructural.

Entre los elementos que citan como evidencia figuran el colapso de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida. La falta de agua, gas y electricidad, junto con salarios y pensiones insuficientes, conforma, sostiene el Frente Institucional Militar, un escenario de supervivencia cotidiana. 

El grupo de militares en retiro, que integra, desde generales a tenientes, suma a esa situación del venezolano la persistente inseguridad física y jurídica que erosiona la dignidad humana y profundiza la vulnerabilidad de amplios sectores del país.

La soberanía en riesgo

El pronunciamiento también pone el foco en la seguridad y en la pérdida de soberanía. Los militares retirados denuncian que parte del control territorial habría sido cedido a grupos armados irregulares, tanto nacionales como extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder en Caracas y otras regiones. 

Manifestantes en Caracas solicitaron a la embajada de EEUU intervenir por la liberación de los presos políticos y elecciones libres

Aseveran que estas estructuras ejercen un dominio criminal sobre sectores populares y terminan desplazando la autoridad legítima del Estado, con las consecuencias que tiene para la composición de un país. 

“​Como soldados de la República, no podemos callar ante la persecución sistemática por razones ideológicas”, dice la asociación que rechaza la persecución sistemática que existe en Venezuela contra el derecho a disentir que ha sido criminalizado. 

En ese contexto, reclama la libertad de más de 500 ciudadanos, entre ellos civiles y casi 200 militares que, según denuncia, permanecen detenidos y sometidos a torturas, así como el retorno de miles de exiliados que abandonaron el país por defender la democracia.

Paz y elecciones

Como sustento jurídico de su postura, el documento invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela. La organización interpreta estas disposiciones como un mandato ciudadano de desconocer cualquier régimen que vulnere los derechos humanos o menoscabe las instituciones democráticas, y presenta su pronunciamiento como parte de esa obligación cívica y constitucional.

La Asociación Civil de militares agrupados en el FIM exhorta, tanto a los ciudadanos venezolanos, como a la comunidad internacional, a no dejarse “seducir por la propaganda”. Advierte que ni el hambre ni la represión pueden ser encubiertos con imágenes de prosperidad aparente, y plantea que la crisis de fondo no admite maquillajes discursivos ni relatos oficiales desvinculados de la realidad social.

Docentes exigiendo mejoras salariales durante una protesta del 9 de abril 2026 en Venezuela

Para la organización, la vigencia de la Constitución constituye “el único camino hacia la paz”. En esa línea, afirma que el silencio frente a la injusticia compromete tanto el honor militar como el ciudadano, y ratifica su lealtad al pueblo venezolano. 

La propuesta del Frente Institucional Militar (FIM) es que “la verdadera paz” pasa por el cese de la persecución, la liberación de los presos políticos, el regreso sin condiciones de los exiliados y la restitución plena de la legalidad constitucional. 

Según subraya, finalmente, ese objetivo solo sería posible mediante un proceso electoral “limpio y transparente” que reafirme la soberanía y voluntad popular ya expresada el 28 de julio de 2024.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/14/militares-retirados-alertan-sobre-el-colapso-de-venezuela-y-exigen-el-retorno-al-orden-constitucional/

La frontera venezolana, territorio bajo sombra: “El narcotráfico define rutas, silencios y alianzas”

 

El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Francisco García Escalona, alerta que la frontera venezolana, advierte que lo que está en juego no es solo la seguridad regional, sino la integridad del país y la capacidad del Estado para ejercer soberanía real.

Sebastiana Barráez/ domingo 12 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

La guerrilla destruyó un puesto de control militar en Apure en 2021

La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Francisco García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.

Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.

El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.

Juan Francisco García Escalona, abogado, ex diputado y defensor de Derechos Humanos

Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.

Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.

Militares venezolanos junto al féretro del SM3 Ándriel Istúriz Sojo caído en el enfrentamiento con el Décimo Frente de las FARC en Apure en el 2021

Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.

El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.

Indígenas apureños en un informe de Provea 2025

Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.

Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?

Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.

Especialmente en las zonas fronterizas, ¿cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?

No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.

Funcionarios de Comando Antidrogas inspeccionan una aeronave del narcotráfico que cayó en Apure en diciembre 2025

¿Alguna vez ha tenido respuesta al porqué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?

Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.

¿Qué los acercó?

Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.

El profesor Javier Tarazona, director de Fundaredes fue detenido en julio 2021 y excarcelado en febrero 2026

¿Qué consecuencias ha tenido ese hecho perturbador?

Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.

¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?

Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.

¿Puede compartir algunos casos?

Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.

El Ministerio Público hace investigaciones parciales de los hechos que ocurre en la frontera

¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?

El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.

¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?

No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.

En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla? 

El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.

El Alto Mando Militar sustituido en marzo 2026 y que estuvo más de una década, levanta la mano en un pronunciamiento de lealtad

¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?

Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.  

Siendo abogado, ¿cómo entiende usted lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?

En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.

¿Cómo ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros, o con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?  

Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.

En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN. 

Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/12/la-frontera-venezolana-territorio-bajo-sombra-el-narcotrafico-define-rutas-silencios-y-alianzas/

Caso Tancol: desapariciones, torturas, irregularidades judiciales y tres condenados a 30 años por terrorismo en Venezuela

 

 La condena contra tres detenidos reavivó las denuncias de desaparición forzada, malos tratos y montaje judicial en un caso que, según familiares y organizaciones, refleja un patrón mas amplio de abusos en la frontera venezolana

Sebastiana Barráez/ domingo 10 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Familiares de varios de los detenidos se reunieron con la defensora del Pueblo Eglée González Lobato

La condena de 30 años, dictada el 5 de mayo 2026, contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, por un caso iniciado en 2022, lejos de clausurar la controversia, reabre interrogantes sobre la legalidad del proceso contra los llamado Tancol. Familiares y defensores denuncian que el expediente se construyó en medio de desapariciones temporales, torturas e irregularidades.

Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, aseguró que sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención. Según su testimonio, durante ese lapso fueron trasladados al río Torbes, obligados a arrodillarse y amenazados de muerte por funcionarios. También denunció que fueron golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días.

Villamizar sostiene que sus hijos fueron detenidos en San Cristóbal, estado Táchira, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y luego trasladados a Rodeo II y posteriormente a Yare. La familia denuncia que, antes de cualquier sentencia firme, ya eran presentados como terroristas. Para los allegados, esa marca previa no solo condicionó la percepción pública del caso, sino que también comprometió garantías básicas del debido proceso.

Nury Villamizar, madre de Richard Alberto y Luis Alejandro Domador Villamizar, así como representante de María Laura Rondón Tovar

En La Victoria, estado Apure, Doraima Villamizar y Teresa Sánchez, tía y abuela de Richard Alberto y Luis Alejandro Domador Villamizar, insisten en la misma exigencia: revisión del caso y libertad para sus familiares, hoy recluidos en Yare II.

El expediente tampoco aparece como un hecho aislado. 

Doraima Villamizar y Teresa Sánchez, tía y abuela de los hermanos Domador Villamizar, participan en una manifestación exigiendo la liberación de sus familiares.

El grupo Surgentes, del que forma parte el sociólogo Antonio González Plesmann, documentó 67 casos similares solo en los dos primeros meses de 2026. Para la organización, la cifra sugiere un patrón alarmante: detenciones envueltas en miedo, familias sin recursos para litigar y denuncias que tardan en emerger por temor a represalias.

González Plesmann sostuvo que en los llamados casos de falsos positivos Tancol existen patrones recurrentes de tortura, desapariciones y fabricación de pruebas. En ese contexto, pidió que las personas afectadas no queden excluidas de eventuales medidas de amnistía y que se abra, al menos, un proceso de reparación parcial para las familias que aseguran haber sido perjudicadas por la actuación del Estado.

El sociólogo Antonio González Plesmann, del colectivo de derechos humanos Surgentes, se expresa con determinación frente a un fondo de listones de madera.

Asegura que “hay patrones claros en los casos de falsos positivos Tancol: tortura, desapariciones y forjamiento de pruebas. No pueden seguir siendo excluidos, ahora, de la posibilidad de ser amnistiados y que se inicie un proceso de reparación parcial del daño que el Estado ha causado a estas familias”.

El término Tancol (Terroristas Asesinos Narcotraficantes Colombianos) fue mencionado por primera vez por el general Domingo Antonio Hernández Lárez, ex jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (FANB), para confundir a organizaciones guerrilleras con grupos paramilitares y bandas criminales.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/12/los-desesperados-esfuerzos-del-maximo.html).

El General Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante del CEFANB y creador del nombre TANCOL, presenta los resultados de la Operación Estratégica Escudo Bolivariano.

Inteligencia secreta, testigos limitados 

La versión policial sostiene que los arrestos fueron practicados por funcionarios de la Base de Contrainteligencia Militar N.° 21, con sede en San Cristóbal y bajo el mando del comisario José Leonel Ramírez. El procedimiento quedó inscrito en la operación “Escudo Bolivariano Q/F Aplastamiento del Enemigo IV”, desplegada por la FANB y otros organismos de seguridad en la frontera colombo-venezolana. Pero el nombre y la amplitud del operativo no despejan, por sí mismos, las dudas sobre cómo se construyó la imputación contra los acusados.

Según la DGCIM buscaban a un grupo presuntamente enviado desde Arauca, Colombia, por Fabian Guevara Carrascal alias Ferley o Fabian González; Hilain Mahecha Peñaloza, alias Jaime Chucula; y Gerardo Antonio Sanguino Fraco alias Anderson”. La orden de la guerrilla sería “establecer casas seguras” destinadas a los principales líderes del Frente Décimo “Martín Villa” de las FARC-EP.

Revelan que se implementó el “Aparato de Colaboradores Secretos (cc/ss), Personas de Confianza (pc) y Fuerzas No Profesionales (FNP)” para recabar información “de gran interés” que supuestamente arrojó la identificación “de un grupo de sujetos” por los alias y la descripción física. Ese punto resulta sensible: cuanto más opaco es el origen de la información, mayor es la exigencia de verificar con rigor la cadena que conduce a la acusación.

La ONG Surgentes ha documentado más de 60 casos Tancol con irregularidades que evidencia un patrón sistemático contra gente pobre y de la frontera

La comisión actuante afirmó que, tras detectar a los sospechosos, ubicó a dos testigos: Luis José Meneses Carrillo y Adrián Alejandro Sanquiz Escalante. No obstante, de acuerdo con el reporte policial, sus declaraciones no describen una operación clandestina ni la comisión directa de un delito, sino apenas la presencia de funcionarios y de varias personas reunidas en la calle junto a bolsos, teléfonos celulares y una motocicleta. La distancia entre ese relato y la gravedad de la acusación es uno de los puntos que alimenta las dudas.

La DGCIM aseguró que, en una zona céntrica de San Cristóbal, capital del estado Táchira, observó a una mujer y dos hombres conversando con dos motorizados que se desplazaban en una motocicleta con un compartimiento considerado sospechoso. Tras el abordaje, reportó el hallazgo de ropa, teléfonos, una moto y documentos presuntamente vinculados con las FARC-EP.

En los bolsos solo encontraron ropa, “incluyendo cacheteros de la muchacha” y “bóxer de los hombres”, además una libreta pequeña con un logo alusivo a las FARC-EP, donde se puede leer "Estatutos Milicias Bolivarianas, perteneciente a Allen Harold Díaz Lara. Y dos hojas pequeñas de papel donde se puede leer Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército de Pueblo FARC-EP", Montañas y Sabanas de Arauca x Frente Martin Vila de las FARC-EP", pertenecientes a Jhonatan Traslaviña López. 

Imputados y funcionarios

En la cadena de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaba a nivel nacional el Mayor general (Ej.) Iván Rafael Hernández Dala; el comandante de la Región de Contrainteligencia Militar (RCIM) Nr. 2 Los Andes, GD Homero Miranda Cáceres, quien pasó a retiro en julio 2025; y el jefe de la Base de Contrainteligencia Militar (BCIM) Nr. 21, San Cristóbal, Táchira, Comisario (Dgcim) José Leonel Ramírez. 

El Mayor General Iván Rafael Hernández Dala, actual jefe de CANTV, y el General de División Homero Miranda Cáceres, quien pasó a retiro, en una imagen compuesta de sus perfiles militares.

En el Táchira el fiscal que los imputa fue el Nr. 29 abogados Handenson Rosales. El 18 de marzo 2022, en la Audiencia de Presentación el Juez Tercero de Control del Táchira, Héctor Emiro Castillo González declinó la competencia en el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas con competencia en Terrorismo. El expediente pasa a la juez Claudia López y al fiscal Jonathan Carrero.

La juez Claudia López ordena que los cinco imputados queden privados de libertad

La comisión que los detuvo la conformó: los agentes de la DGCIM Tulio Ramón Ortiz López, Junior José Torrealba Pérez, Wilfredo José Paredes Medina, Moisés Eduardo Bermúdez y Leonel Adolfo Brokate Barrios. Y se le agrega la Subinspectora (Dgcim) Mildred Carolina Vargas Contreras quien revisó lo que portaba María Laura Rondón Tovar. 

Son cinco los detenidos, señalados de ser miembros de grupos TANCOL (Terroristas, Asesinos y Narcotraficantes Colombianos) y de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), por los delitos de Asociación para delinquir y terrorismo. Las únicas pruebas son ropa interior, la portada de una libreta con el logo de las FARC y dos papelitos con nombre de las Farc.

Los detenidos son:

Richard Alberto Domador Villamizar (30), doble nacionalidad, agricultor, oriundo de La Victoria, Apure, residenciado en San Cristóbal. Conductor de la moto al que le encontraron un teléfono.

Luis Alejandro Domador Villamizar (21), doble nacionalidad, oriundo de San Cristóbal, Táchira, agricultor y residenciado en La Victoria estado Apure. El “interés criminalístico” era que llevaba un celular.

Los hermanos Domador fueron condenados a la pena máxima sin pruebas denuncian sus familiares

María Laura Rondón Tovar (24), oriunda de San Cristóbal, comerciante, domiciliada en El Amparo, estado Apure. “Tenía una maleta viajera con tres mudas de ropa, pijama y dos cacheteros color negro de encaje”.

Allen Harold Diaz Lara (36), taxista oriundo de Guasdualito, Venezuela, y residenciado en Casanare, Colombia. “Libreta con el logo de las FARC y donde se lee Estatutos Milicias Bolivarianas’”. Y que en el reverso presenta un "formato computarizado color negro donde se lee: ‘contra la oligarquía, y por la patria, contra el imperialismo, y por el pueblo, somos la FARC, Ejercito del Pueblo. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza”.

Jhonatan Traslaviña López (33), colombiano, agricultor. Tenía un bolso con muda de ropa. “Hojas de papel pequeñas donde se puede leer: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, Montañas y Sabanas de Arauca X Frente Martin Villa de las FARC-EP”.

En la audiencia realizada en el Táchira, el defensor publico N° 107 Penal, abogado Luis Peña dijo que no se oponía la investigación por el procedimiento ordinario, porque faltan diligencias, enfatizando “no hay un testigo, no hay testigo que avalen lo que dice el acta policial” de manera que no hay con qué vincular a los defendidos con las bandas de delincuencia denominada TANCOL “no se evidencia relación con las FARC, por lo que difiero de la calificación de terrorismo, asociación y conspiración”.

Cuando el caso pasa al Tribunal de Terrorismo en Caracas, la juez Claudia López ordenó que los cuatro hombres detenidos fueran enviados a la cárcel Rodeo III, y a María Laura Rondón Tovar la envió al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

El único argumento de la juez Claudia López para dejarlos detenidos fueron los “elementos de convicción”, donde solo está el “acta de investigación penal” realizada por los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de San Cristóbal, Táchira. 

Muchos otros casos

El 29 de abril 2026, viajaron hasta Caracas, desde varios sitios de la frontera, 28 familiares de varios de los detenidos como TANCOL, para solicitar que se les incluyera en la Ley de Amnistía, argumentando que sus parientes han sido judicializados sin pruebas y como "falsos positivos".

El luchador social Oglis Euclides Ramos Garrido, quien fue liberado el 22 de febrero 2026, luego que el 26 de mayo 2025, cuatro hombres armados se lo llevaran de casa de sus padres, acusándolo de ser Tancol, es hermano de Jhonny José Ramos, detenido el 2021 y continúa preso. 

Oglis Ramos dijo que “nuestros familiares son personas humildes de la frontera, presentadas por cuerpos de seguridad como terroristas solo para llenar cuotas de procedimientos. Son campesinos, ordeñadores y trabajadores a quienes les forjaron pruebas tras ser víctimas de desapariciones forzadas y torturas”. 

Por otra parte Doris Izarra, abuela de Erwin Jesús Álvarez Izarra, un adolescente de 15 años que trabajaba como ordeñador, detenido por la DGCIM el 2 de junio 2022 en Boca del Guaratarito, estado Barinas, narra que su nieto “fue golpeado y lanzado atado de manos al río varias veces. Estuvo desaparecido cinco días; cuando lo vimos, estaba lleno demorados y nos contó que lo obligaron a grabar un video. Lo condenaron a 10 años por terrorismo”.

Doris Izarra, abuela de Erwin Jesús Álvarez Izarra, quien tenía 15 años cuando fue detenido en el 2022.

Los 28 familiares se reunieron con la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, quien manifestó su disposición a facilitar justicia y adoptó medidas inmediatas a favor de la salud de algunos de los detenidos. 

También fueron recibidos, por instrucciones del Fiscal General Larry Devoe, por la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Lucrecia Hernández, quien se comprometió a revisar cada uno de los expedientes para corregir irregularidades, así como medidas inmediatas vinculadas con la salud de los detenidos.

Cacería en la frontera 

Como lo reporta un informe de la Ong Fundaredes “el conflicto en Apure se intensificó el 21 de marzo de 2021 con la operación militar Escudo Bolivariano 2021, que enfrentó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra facciones disidentes de las FARC-EP y otros grupos armados irregulares”, destacando los enfrentamientos tienen como antecedente “septiembre 2020, con la disputa entre guerrillas por el control del narcotráfico y el apoyo estatal a la Segunda Marquetalia”.

Funcionarios de la DGCIM armados y encapuchados durante una operación de Inteligencia

Pero el enfrentamiento se mantiene durante meses, causando la muerte de 16 militares de diversos componentes de la Fuerza Armada Venezolana. Después hubo cacería de personas para relacionarlas o que estaban relacionadas con la guerrilla, lo que es muy frecuente en la zona fronteriza.

A cuatro años de las detenciones y tras una condena de máxima severidad, la pregunta que sigue abierta es si el expediente logró probar los hechos más allá de toda duda razonable o si terminó consolidando, bajo apariencia judicial, un caso signado por denuncias de abuso y posible fabricación probatoria.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/10/caso-tancol-desapariciones-torturas-irregularidades-judiciales-y-tres-condenados-a-30-anos-por-terrorismo-en-venezuela/