El presunto intento de secuestro de una hija de Nicolás Ernesto Maduro Guerra es parte de un expediente, apoyado en testimonios indirectos y en una narrativa que familiares de los detenidos califican como simulación judicial.
Sebastiana Barráez/ domingo 14 de junio 2026
Tomado de Infobae
@SebastianaB
Los seis hombres condenados a 30 años de prisión.
Siete personas llegaron a dos colegios de Caracas con una historia que encendió las alarmas de seguridad. Uno de ellos, el único adolescente del grupo se presentó falsamente como hijo del procurador general de la República; los demás como sus escoltas armados. La directora de una de las instituciones, donde estudian hijos de altos funcionarios del gobierno, alertó a la Policía Nacional Bolivariana sobre lo ocurrido.
Aunque no se presentó evidencia directa de que el grupo pretendiera secuestrar a una nieta de Nicolás Maduro, los funcionarios policiales construyeron el caso con base en la versión de dos supuestos testigos presos. Según esos testimonios, los acusados habrían hablado de trasladar a la niña a Colombia.
La investigación sobre el presunto intento de secuestro contra las nietas de Nicolás Maduro Moros fue identificada por el Ministerio Público con el número MP-119480-2022. En tribunales, el caso quedó registrado bajo el expediente 03ºCT-083-2022.
El Ministerio Público estuvo representado por Elín Teodoro León Aguilar y Yaneth Espinoza, fiscal titular y auxiliar interina de la Fiscalía 74 contra la Legitimación de Capitales y Delitos Financieros y Económicos, comisionados por la dirección contra la Legitimación de capitales, delitos financieros y económicos adscrita al entonces fiscal general Tarek William Saab Halabi.
Los acusados fueron Jesús Yoarky Reverón Fagúndez, comisario de Inteligencia Naval; Franklin Alexis González López, subcomisario general; Jesús Alberto Oropeza Velázquez, agente de Inteligencia Naval; Jonathan Alfredo Tisoy Subero, funcionario de Inteligencia Naval; Cristian Alfredo Tisoy Subero, funcionario de la Policía de Caracas; el chofer Edward Manuel Arrieta Benítez; y un adolescente.
La Policía Nacional Bolivariana durante una parada
para iniciar un operativo en Caracas.
A todos les imputaron seis delitos: terrorismo, asociación, posesión ilícita de arma de fuego, porte ilícito de arma de fuego, uso de adolescente para delinquir y secuestro con fines políticos en grado de frustración.
Reverón Fagúndez, propietario de un local nocturno en el Círculo Militar de Mamo, en La Guaira, ya había sido detenido en junio de 2021 por porte ilícito de arma de fuego, tras presuntamente accionar un arma en varias oportunidades a las afueras de una residencia en Tanaguarena, parroquia Caraballeda.
Daivith Lárez, esposa de Jonathan Tisoy, recluido en la cárcel de Rodeo III y condenado a 30 años de prisión, sostiene que el caso contra su esposo fue una simulación. Afirma que la directora del Colegio Humboldt negó en dos juicios que hubiese ocurrido un intento de secuestro contra la hija de Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Durante una movilización de familiares de presos de distintas cárceles hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas, Lárez exhibió un cartel con la fotografía de su esposo y recordó que lleva cuatro años detenido por un hecho en el que, según dijo, “no hay secuestro y tampoco víctimas”. “Detenidos por algo que nunca sucedió”, reclamó, al pedir justicia a Maduro Guerra.
Katherine González, hija de Franklin González, aseguró que su padre tenía una empresa de seguridad con más de 12 años de funcionamiento y que nunca había tenido problemas hasta el 1 de junio 2022. Según su versión, el adolescente, haciéndose pasar por hijo de un alto funcionario, solicitó un servicio de escolta y traslado. Ante su conducta sospechosa, los guardaespaldas lo presentaron ante el CICPC de La Guaira. Horas después, funcionarios de la PNB los detuvieron sin explicación, afirmó.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sonríe junto a su hijo Nicolás Ernesto
Maduro Guerra durante un acto político en Venezuela.
La tía de Jonathan y Cristian Tisoy también denunció públicamente que el expediente carece de pruebas suficientes. Durante una manifestación mundial convocada por María Corina Machado por la libertad de los presos políticos, sostuvo entre lágrimas que la condena contra sus sobrinos era injusta.
Los familiares denuncian, además, que los detenidos permanecieron incomunicados y en desaparición forzada. También señalan que fueron sometidos a dos juicios: el primero quedó interrumpido tras la remoción del juez, y el segundo recayó en la jueza Alejandra Verónica Romero, quien los condenó a 31 años de prisión.
Declaró el personal del colegio
En su declaración formal, la directora del colegio relató que escuchó al adolescente presentarse como hijo del procurador general de la República. Según dijo, el joven afirmó que su padre lo había enviado, pero que “no podía decirlo en público”, y aseguró que los cinco hombres que lo acompañaban eran sus escoltas.
Ya en su oficina, el adolescente le ofreció dotar a la institución de los recursos que necesitara. Dijo que esos fondos provenían de una fundación cuyo nombre la directora no logró entender. Ella le respondió que el colegio era una institución internacional y que cualquier ofrecimiento debía presentarse con documentación formal de la fundación y una comunicación escrita.
La jueza Alejandra Romero los condenó a 31 años de prisión aunque legalmente la pena máxima en Venezuela es de 30 años.
La directora le suministró un correo electrónico y le pidió el suyo. El adolescente respondió que era una cuenta de Gmail que comenzaba por “Miguel”, pero que no recordaba el resto. Luego solicitó recorrer el colegio, petición que fue rechazada. Al cerrar la conversación, la directora aseguró haberlo escuchado decir que irían a La Guaira “a seguir lo acordado”.
Tras el episodio, la directora notificó a la directora administrativa para que llamara a la gerente de seguridad. Su pregunta fue directa: cómo habían ingresado cinco personas armadas, sin identificación y acompañadas por un adolescente cuya identidad no había sido verificada.
Otros testimonios internos corroboraron la presencia del adolescente y sus acompañantes. La coordinadora de traducciones confirmó la versión de la directora. La gerente integral agregó que a una supervisora identificada como Rosa le solicitaron la renuncia por presuntamente haber permitido el acceso de los vehículos. También precisó que la seguridad interna estaba conformada por nueve oficiales, dos supervisores y un supervisor de monitores, mientras que la seguridad externa estaba a cargo de la empresa Evelseg.
Un hecho similar fue reportado el 2 de junio de 2022 en el Colegio San Agustín, ubicado en la avenida E de la urbanización El Pinar del Paraíso, en Caracas. Allí, según el expediente, un adolescente que se presentó como “familiar del procurador” llegó acompañado por un adulto en una camioneta Toyota Fortuner dorada. Ambos habrían intentado indagar con una versión semejante a la expuesta en el Colegio Humboldt.
Los testigos presos
Uno de ellos OJVD dice que él y su amigo Aguana fueron detenidos y recluidos en el calabozo de la DIP; dos días después trajeron a seis hombres, también a un adolescente que dejaron fuera de la celda. “Me hice el dormido atento para escuchar qué hablaban”, asegura que al principio lo hacían en clave, pero que después “el hombre canoso se paró en la reja del calabozo diciéndole al menor ‘por tu culpa estamos presos” y el chamo les dijo ‘yo no los mandé a ustedes a cagarla”, no hablando más con el chamo”, relata el testigo.
Agrega que después los hombres hablan entre ellos “y allí escuché que iban a secuestrar a la nieta del presidente de la República Nicolás Maduro y ellos seguían comentando que iban a sacar la nieta del presidente para Colombia, que ya tenían todo listo en San Antonio del Táchira y que la iban a entregar a gente en Colombia” y que todo se les habla caído por culpa del menor.
Katherine González, reclama por la libertad y justicia para su padre
Franklín Alexis González López, dueño de una empresa de vigilancia.
Aseveró el testigo OJVD que los hombres que estaban en el calabozo con él “dijeron haber ingresado a varios colegios de Caracas”, a fin de ubicar y secuestrar a la nieta de Maduro, pero que según el canoso decía “la vuelta se cayó porque el carajito no supo hacer su papel de hijo de un alto funcionario del gobierno, ya que su papel era convencer a la gente de los colegios que él podía ayudar con dinero y materiales”.
El otro testigo, AOJR, detenido en la DIP de Boleíta en Caracas, dijo que cuando trajeron a los seis hombres “empezaron a habla bajito y a comentar que por culpa del menor se cayó el trabajo, entendí de lo que hablaban que iban a secuestrar a la nieta del presidente de la república Nicolás Maduro y que a llevarían a Colombia que ya tenían todo cuadrado en Táchira”.
La versión policial
La investigación se inicia el 2 de junio 2022, cuando el funcionario Yoan Giménez de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibe llamada del Mayor (GNB) Pedro Tarazona para que se presente al Colegio Humboldt porque hay un problema con varios escoltas del hijo del Procurador General de la República, que le solicitaron a la directora del plantel un recorrido ofreciendo mejoras para el colegio.
La comisión policial enviada, la conforman oficiales de la PNB: Crismari Rendón, Jhonny Chávez, Dainerson Ojeda, Jorge Ovalles, Jennifer Rojas, Maia Leison, Anyelys Medina, Luis Velásco, Enyelber Babaresco, Enrique Silva y Ademar Pérez, quienes fueron atendidos por la directora del colegio Humboldt.
Familiares de presos en diversas cárceles se movilizaron hasta la Nunciatura
Apostólica el 27 de mayo 2026.
Esos funcionarios suscriben el acta policial del 3 de junio 2022, junto a la supervisora Elicar Escorche Corredor, Comisionado Yoan Giménez y los oficiales Esaac Bustos, Pedro Bellorín y Jesús Díaz. Todos adscritos a la Brigada de Violencia de la Dirección de Investigación Penal, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
La supervisora de la PBN Elicar Escorche Corredor relata que el 2 de junio el Mayor (GNB) Pedro Tarazona, Director de Investigaciones Penales, recibió la llamada telefónica de la Lic. Ana, directora del Colegio Humboldt, informándole de la situación irregular en el colegio ubicado en la urbanización la Florida, calle el Estanque, Parroquia el Recreo. municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas.
La directora habría narrado que seis personas, entre ellas un adolescente, que dijo ser hijo del Procurador General, entraron en una camioneta Toyota Fortuner color beige y una moto KLR, pidiendo información sobre alumnos, por lo que mostró preocupación considerando que “algunos alumnos son familiares de altas personalidades tanto del mundo económico, político y de la farándula”, por lo que la actitud de los hombres y el adolescente le pareció extraña.
El colegio Humboldt tiene más de 130 años siendo una institución bilingüe reconocida,
contando entre sus estudiantes con hijos de altos funcionarios.
En la sede del área de monitoreo de las cámaras, a la que tienen acceso por autorización del colegio, los policías vieron en los registros de las grabaciones, “el arribo de los ciudadanos al plantel y las características fisonómicas de las personas, así como las características de los vehículos en que se desplazaban siendo el primero una camioneta marca Toyota, modelo Fortuner, color: beige, placa: AA798PS, y un vehículo dos (02) rueda marca KLR, tipo Moto”.
La directora del Colegio le dijo a los funcionarios que los sospechosos se iban a trasladar a La Guaira para otras visitas institucionales.
La detención
Posteriormente, en una alcabala móvil, en la Avenida Soublette de La Guaira, fue retenida una camioneta con similares características a la que entró al colegio.
A bordo iban tres ciudadanos: Franklin Alexis González López, Jonathan Alfredo Tisoy Subero y un adolescente. De un vehículo Toyota corolla rojo que se encontraba detrás de la camioneta desciende el funcionario de la Policía del municipio Libertador, Cristian Alfredo Tisoy Subero, quien pide agilizar la verificación de los dos vehículos y de una camioneta Chevrolet Grand Blazer azul. El copiloto de corolla rojo era Jesús Alberto Oropeza Velázquez.
"No hay pruebas contra ellos", dijo la tía de Jonathan y Cristian Tisoy.
En el vehículo azul iba Edward Manuel Arrieta Benítez y el comisario general de Inteligencia Naval, Jesús Yoarjy Reverón Fagúndez. El acta de la policía asegura que Cristian Tesoy habría dicho que realizaban un trabajo de escoltas.
Supuestamente el comisionado Jiménez y la supervisora Escorche se percataron que un vehículo tipo camioneta Grand Blazer azul, marca Chevrolet, pretendió eludir el dispositivo por lo que la interceptaron. Del lado copiloto se bajó dos hombres, uno “de tez morena clara, cabello canoso, quien de manera violenta manifestó ser comisario general y a su vez el conductor de tez morena, contextura gruesa, cabello color negro”, que resultaron ser los agentes de inteligencia naval Jonathan Alfredo Tisoy Subero y Jesús Alberto Oropeza Velásquez.
Los otros detenidos fueron el oficial jefe de Policaracas, Cristian Alfredo Tisoy Subero; Franklin Alexis González López, subcomisario de Inteligencia Naval, quien aparecía con registro en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL); el chofer Edward Manuel Arrieta Benítez; comisario general de Inteligencia Naval Jesús Yoark Reverón Fagúndez; y MAEG un estudiante de 17 años, quien tenía cuatro pases del Consejo Nacional Electoral.
Luego que todos son detenidos, el informe policial sostiene que dos testigos, a quienes identifican solo como Oswaldo y José, manifestaron que estando en el mismo calabozo de la PNB en Boleíta, los siete detenidos del caso incluyendo el menor de edad hablaron entre ellos diciendo que “iban a secuestrar a la nieta de Nicolás Maduro”.
Según el informe policial “uno de los detenidos de pelo canoso le decía al adolescente que se encontraba en otra celda, que por su culpa habían quedado detenidos”.
Refieren que el 7 de julio 2022 los supuestos testigos fueron abordados, en horas de visita, por una mujer robusta, morena, de cabello largo crespo, les pidió acercarse, les dijo que era abogada y les dijo que debían informar al tribunal que fueron obligados por los funcionarios policiales a declarar contra los acusados, que si no lo hacían atentaría contra ellos y sus familias.
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