Denuncian irregularidades en la condena contra siete personas por el supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello

 

La sentencia no solo cierra un expediente abierto de 2020: vuelve a colocar en el centro una causa atravesada por el poder político, la narrativa oficial sobre conspiraciones y los cuestionamientos a las pruebas

Sebastiana Barráez/ sábado 30 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Diosdado Cabello Rodón es actualmente el ministro del Interior y Justicia.

No fue una sentencia más. La decisión de la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli, en el Palacio de Justicia de Monagas, devolvió a la escena un expediente que toca una de las fibras más sensibles del poder en Venezuela: la seguridad de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. Seis años después de las detenciones, siete de ocho acusados fueron condenados por la supuesta planificación de su secuestro, en un proceso que combinó acusaciones de terrorismo, referencias a una recompensa ofrecida por Estados Unidos y serias dudas sobre la consistencia de las pruebas.

El juicio duró seis años y concluyó con la condena para siete de los ocho de la causa, por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en la modalidad de comercialización, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados.

Funcionarios de la DGCIM en un patrullaje.

La versión del Ministerio Público sostuvo que nueve personas habrían coordinado el secuestro de Cabello para entregarlo a Estados Unidos y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia por presuntos delitos de narcotráfico. 

La acusación convirtió el caso en algo más que un expediente penal: lo insertó en la narrativa oficial sobre amenazas externas, conspiraciones y ataques dirigidos contra figuras clave del chavismo. Para ese momento, Cabello era diputado constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), además de una de las voces más influyentes del poder oficial.

Luego de conocerse la sentencia, familiares de los detenidos, manifestaron su rechazo. Irianny Lezama, le dijo al medio Maturín News, que de no rectificarse la medida, las madres de los enjuiciados se declararán “en huelga de hambre”.

Familiares de los siete condenados exigen que se corrija la sentencia y advierten que irán a huelga de hambre.

Dudas probatorias 

La Fiscalía situó el origen de la investigación entre el 28 y 29 de marzo de 2020. De acuerdo con esa versión, Luis Eduardo Villarroel Caña, quien finalmente fue absuelto, recibió un mensaje de WhatsApp en el que se leía: “Luis, ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios; solo falta confirmar dónde resguardarlo hasta la entrega…”. 

Ese mensaje fue suficiente para que Ingris Dioselina Bermúdez, fiscal primera provisional de Monagas, considerara válida una investigación y ordenara la detención de Villarroel, un empleado de Petróleos de Venezuela, por un caso que el Ministerio Público calificó como un “ataque terrorista” cuyo fin era capturar “vivo o muerto” al dirigente chavista.

Funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Monagas, donde Cabello tiene mucha influencia, se dirigieron a la calle principal de El Furrial, a la casa de Villarroel Caña, le revisaron el teléfono celular, donde habrían encontrado dos mensajes, con fechas del 28 y 29 de marzo 2020, enviados desde un número con código de Perú.

En el Palacio de Justicia del estado Monagas se llevó a cabo la audiencia que condenó a siete de las ocho personas.

El testigo estrella del caso, menciona que le dio la información a Carmelo Mayz, comisario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Él (Mayz) en vista de que se encontraba en Cumaná me dice que me pusiera en contacto con Luis Villarroel y que le manifestara que de llegar a recibir llamada o mensaje que le siguiera la corriente”.

Ante el mensaje que recobe Villarroel, el testigo afirma que, por instrucciones de la DGCIM, le notificó lo que estaba ocurriendo a varios funcionarios militares, como Esteban Cabello, José David Cabello y al general Rodríguez Sánchez. 

Un día después, el teniente coronel Gómez Acevedo, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) llega a El Furrial donde arresta a Luis Villarroel, según refiere la Fiscalía. 

La investigación supuestamente arranca contra un “Grupo Resistencia”, por lo que la fiscal inicialmente solicitó órdenes de detención contra varias personas, la mayoría se encontraba fuera del país, entre ellos el exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño.

Las otras solicitudes de detención abarcaban a Carlos Alejandro Pérez, César Belfort Rojas, Deivis López, Desirée del Valle González, Jesús Heriberto Rodríguez, José Gregorio Cañas, José Luis Mujica Palencia, José Napoleón Vásquez, Marisol Desenia Agreda y Oswald Méndez Leal. Ahí arrancó el caso del supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello. 

La Fiscalía apoyó buena parte de su caso en experticias telefónicas y peritajes que, según su versión, vinculaban a los procesados con la supuesta operación. Pero el juicio también dejó al descubierto grietas relevantes: expertos citados en el proceso advirtieron que algunas de esas experticias no cumplían con las formalidades legales para ser valoradas, mientras la acusación insistía en que las versiones de los implicados eran contradictorias. En un caso de semejante carga política, la discusión sobre la calidad de la prueba terminó siendo inseparable del debate sobre la credibilidad del proceso.

La Defensa Pública, que representó a los ahora condenados, sostuvo en cambio la presunción de inocencia de los exfuncionarios procesados y objetó la solidez de la acusación en un expediente que se extendió durante seis años.

El Partido Socialista Unido de Venezuela al que pertenece Diosdado Cabello ha gobernado durante 27 años en Venezuela.

Prisión y muerte

Los detenidos entre marzo y abril de 2020, en operativos realizados en Maturín y en la población de El Furrial, fueron Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Enrique Naurix Parada, Francisco José Marcano Benavides, Gabriel Andrés Medina Díaz, José Ramón Cruz Marcano, Luis Eduardo Villarroel Caña y Víctor José Farías Quijada.

 

Al concluir la audiencia preliminar, a cargo de la juez 2° de control del estado Monagas, Luisa Cabezas, todos los imputados fueron enviados al Centro de Formación del Hombre Nuevo Nelson Mandela, un anexo del Internado Judicial de Monagas conocido como cárcel La Pica.

Uno de los casos más graves fue el de Gabriel Andrés Medina Díaz, funcionario de la Policía Nacional que había integrado las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Medina contrajo tuberculosis en La Pica y, según la ONG Foro Penal, permaneció más de un mes en estado crítico sin atención médica oportuna. “Por presión de sus compañeros de celda fue finalmente trasladado al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde pocas horas después sufrió un paro respiratorio” ha denunciado la ONG. 

Las penas menores recayeron sobre José Ramón Cruz Marcano y Carlos Alejandro Pérez Farías, condenados a ocho años, dos meses, siete días y 12 horas de prisión. En cambio, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, César Horacio Belfort Rojas, Enrique Naurix Parada, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides y Gabriel Andrés Medina Díaz recibieron condenas de 26 años, ocho meses, siete días y 12 horas.

El CONAS es el Comando Nacional encargado de Antisecuestro y Extorsión.

El poder político

La acusación sostuvo que los siete condenados planearon el secuestro de Cabello para entregarlo a autoridades estadounidenses y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia. Luis Eduardo Villarroel Caña, por su parte, fue absuelto y recibió orden de libertad. Se trata de un militante del PSUV que en 2020 se desempeñaba como comisionado de la clase obrera del sector El Furrial, lugar de origen de Cabello.

La Fiscalía insistió durante la audiencia en que las experticias telefónicas eran piezas centrales para demostrar la implicación de los acusados. Pero más allá del fallo, la sentencia deja planteada una discusión política de fondo: cómo se procesan los casos de alto perfil en Venezuela, qué papel juega la narrativa oficial en la construcción judicial de las amenazas y hasta qué punto un expediente de esta magnitud puede leerse solo como un caso penal. 

La decisión cierra formalmente una causa abierta hace seis años, pero reaviva preguntas sobre justicia, poder y castigo en el país.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/30/denuncian-irregularidades-en-la-condena-contra-siete-personas-por-el-supuesto-plan-para-secuestrar-a-diosdado-cabello/

Una madre contra el silencio del Estado: la búsqueda interminable del fotógrafo que desapareció en la frontera tras las elecciones

 

Jorgen Yoneyker Guanares Delgado tenia 33 años cuando desapareció de un pueblo en la frontera días después de documentar la visita de María Corina Machado al Táchira

Sebastiana Barráez/ miércoles 27 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Jorgen Yoneyker Guanares Delgado se dedicaba a la fotografía y documentó la visita de María Corina Machado en campaña electoral de 2024.

El fotógrafo de oficio Jorgen Yoneyker Guanares Delgado tenía 33 años cuando desapareció de un pueblo en la frontera, la noche del 2 de agosto 2024, días después de documentar la visita de María Corina Machado al Táchira y participar en el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Su actividad, visible en redes sociales, quedó seguida por amenazas que alcanzó a comentar a su entorno más cercano, aunque sin detallar de dónde provenían. La situación se complica porque Táchira es un estado fronterizo con presencia de grupos irregulares que ejercen presión y amenaza sobre la oposición política al régimen venezolano.

María Émely Delgado Acevedo, madre de Jorgen Guanares, en conversación con Infobae, recuerda que, tras las elecciones, su hijo permaneció varios días resguardado en casa por temor. La noche del 2 de agosto de 2024 recibió un aviso: alguien, cuya identidad se desconoce, le advirtió que corría el riesgo de ser detenido por las publicaciones y el trabajo que había realizado durante la campaña. Jorgen decidió entonces buscar un lugar seguro.

La visita de María Corina Machado al Táchira un mes antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024.

Salió primero a conseguir un vehículo, regresó alterado a la vivienda y le pidió a su pareja, Reidy Yenisa Roa Yánez, que se marcharan de inmediato. Ella declaró después, en un testimonio difundido por el Foro Penal, que optó por no acompañarlo pensando en la seguridad de sus dos hijas. Jorgen salió de la urbanización La Alameda, parcela 30, en Rubio. Desde ese momento, se perdió todo rastro suyo.

Quienes aseguran haberlo visto por última vez lo describen como un hombre de piel trigueña, de 1,75 metros de estatura, vestido aquella noche con mono azul claro, camisa negra ancha y botas deportivas grises con negro. Algunos testimonios lo ubican detrás de la sede del Ipas-Me, en Rubio, mientras vecinos sostienen que fue visto en la avenida Manuel Pulido Méndez, conocida como Las Américas, una zona cercana a su casa, en el momento en que presuntamente se lo llevaron.

Cuando la madre de Jorgen fue a la cárcel del Rodeo I a llevar la paquetería para su hijo la respuesta de los custodios fue que ahí no estaba.

Desde entonces, la familia vive en una espera que ya supera los 22 meses. “La incertidumbre, la angustia y el temor por su vida e integridad personal siguen intactos”, relata su madre. Sin comunicación alguna con Jorgen, los parientes se aferraron a una sospecha: que estuviera detenido en alguna sede policial o de seguridad del Estado, privado ilegítimamente de libertad. 

Con esa hipótesis, María Émely Delgado, le dice a Infobae, que emprendió una búsqueda por distintos centros de reclusión del país, entre ellos Rodeo I, II y III, Yare II, Tocorón, Tocuyito, el Centro Penitenciario de Santa Ana y otras dependencias oficiales, sin lograr confirmar su paradero.

La Operación Resolución Absoluta, con la que fuerzas militares de los Estados Unidos se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Adela Flores de Maduro, permitió la fluidez de información e incluso la excarcelación de miles de presos, pero en el caso de Guanares no hay fe de vida.

Ante los organismos

María Emely Delgado Acevedo, madre de Jorgen Yoneyker Guanares, ha solicitado a los organismos de Venezuela que se investigue la desaparición de su hijo luego de las elecciones del 28 de julio 2024.

La primera denuncia fue presentada el 4 de agosto de 2024 ante la subdelegación del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) en Rubio. Días más tarde, el 22 de agosto, la familia rindió declaración ante la Fiscalía Octava de San Antonio del Táchira. 

El 2 de octubre acudió a la Dirección General para la Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público y, el 23 de ese mismo mes, a la Defensoría del Pueblo. En paralelo, la madre solicitó que se abriera una investigación penal por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, así como por cualquier otro delito que pudiera derivarse de las averiguaciones.

Entre sus exigencias figuran la designación de un fiscal con competencia nacional en derechos humanos, la inspección urgente de centros de detención, comandos policiales, instalaciones militares y organismos de inteligencia, así como el acceso de la familia a información veraz y oportuna sobre la situación del joven. 

Solicita que los organismos competentes investiguen lo que sucedió con su hijo y determinar responsabilidades materiales e intelectuales, incluyendo la cadena de mando de los funcionarios involucrados.

Delgado también ha pedido medidas de protección para garantizar la vida, la integridad personal y los derechos fundamentales de su hijo. “Es necesaria la garantía para que los familiares tengamos acceso a la información veraz y oportuna sobre la situación”.

Sin embargo, denuncia que durante 2024 y 2025 intentó sin éxito interponer recursos de amparo por habeas corpus tanto en Caracas como en Táchira, debido a que las oficinas judiciales se negaban a recibir los escritos. Asegura, además, que no existe registro del caso en bases de datos del Ministerio Público ni de los circuitos judiciales consultados.

Distancia y silencio

Reidy Roa era la pareja de Jorgen Guanares, con quien tiene dos niñas.

La precariedad económica de la familia y la distancia, de casi mil kilómetros, entre Rubio y Caracas han convertido cada gestión en un esfuerzo mayor. En octubre de 2024, durante una visita a la capital para consignar escritos ante distintos organismos, María Émely Delgado recibió en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios una información que parecía abrir una pista: le dijeron que su hijo estaba en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Viajó hasta allí de inmediato, pero en el penal le informaron que Jorgen no se encontraba recluido en ese lugar. Fue una nueva versión sin confirmación oficial y una nueva frustración para la familia.

En casi dos años de búsqueda, solo ha surgido otra pista: el testimonio no verificado de un recluso que aseguró haber visto a Jorgen en Rodeo I. Cuando su madre intentó consignar una paquetería en ese penal, los custodios se negaron a recibirla con el argumento de que Guanares Delgado no aparecía en la lista de internos. 

En enero de 2026, Amnistía Internacional incluyó formalmente el caso en sus investigaciones y campañas de acción urgente, al considerar que forma parte del patrón de desapariciones forzadas denunciado en Venezuela.

 

Más recientemente, tras varios intentos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de amparo interpuesto por Émely Delgado. El 13 de mayo de 2026, la Sala Constitucional resolvió remitir el expediente a tribunales de primera instancia en Táchira para que decidan sobre la acción, una medida que, hasta ahora, no ha despejado la principal pregunta que sostiene la familia desde agosto de 2024: dónde está Jorgen.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/27/una-madre-contra-el-silencio-del-estado-la-busqueda-interminable-del-fotografo-que-desaparecio-en-la-frontera-tras-las-elecciones/

Un experto militar afirmó que el simulacro en Caracas podría ser el preámbulo para futuras bases de EEUU en Venezuela

 

Para el coronel Isidro Echtan Pérez Villalobos, el episodio no solo exhibe capacidad operativa, sino que podría marcar el inicio de una presencia militar estadounidense mas estable en territorio venezolano

Sebastiana Barráez/ domingo 24 de mayo 2026
Tomado de Infobae

El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan en su segunda visita a Caracas con el "simulacro" en la embajada de EEUU. Al fondo el imponente cerro El Ávila.

El sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves militares de Estados Unidos en Caracas evidencia una evolución de la Operación Lanza del Sur hacia un esquema de presencia militar permanente de Washington en Venezuela, según dice a Infobae el coronel Isdro Echatn Pérez Villalobos. A juicio del oficial venezolano, lo ocurrido el 23 de mayo puede interpretarse como un intento de “normalizar” la presencia militar operacional estadounidense en el país y, eventualmente, como el preámbulo para futuras bases militares en suelo venezolano.

En conversación con Infobae, Pérez Villalobos, licenciado en Ciencias y Artes Militares y geógrafo, coronel retirado de la Fuerza Armada venezolana, sostiene que ese escenario tendría una “implicación geopolítica y geoestratégica determinante”, al pasar de una operación militar puntual a una infraestructura de carácter continuo dentro del territorio venezolano. En su lectura, esa diferencia modifica de forma sustancial el alcance estratégico de la presencia estadounidense.

En el modelo doctrinal militar estadounidense actual la embajada no funciona únicamente como un espacio diplomático. “Es también una base de coordinación política, militar, inteligencia y seguridad”, afirma. 

Bajo esa lógica, explica que cuando el general Francis L. Donovan, el comandante Combatiente estadounidense (U.S. Southern Command), aterriza directamente en una embajada durante un “ejercicio de seguridad”, lo que se activa doctrinalmente “es una presencia formal” articulada entre el Departamento de Estado, las Fuerzas Armadas de los EEUU, la CIA y otras agencias gubernamentales en Venezuela.

El jefe del Comando Sur, con el encargado de negocios John Barret y marines en la embajada de EEUU en Caracas.

El analista aclara, en la conversación con Infobae, que esto no implica necesariamente una militarización plena de la política exterior, pero sí revela “una aproximación integrada del poderío de los Estados Unidos”, dice Pérez Villalobos quien además es docente en seguridad y defensa nacional, Doctrina Militar Damasco, geografía, geopolítica y seguridad privada.

En su análisis incorpora el efecto psicológico interno que, a su juicio, busca provocar este tipo de operación. Sostiene que el episodio acarrea “una profunda connotación psicológica” cuidadosamente planificada. 

Explica que, en una ciudad como Caracas, ver aeronaves militares estadounidenses sobrevolando el espacio urbano genera una percepción de alteración del equilibrio de poder, de libertad operacional de EEUU frente a potenciales amenazas de grupos armados vinculados al régimen interino. “Muy importante, la percepción de vulnerabilidad y dependencia del aparato estatal aun controlado por el chavismo en manos de Delcy Rodríguez”. 

Los dos aviones MV-22B Osprey aterrizando en la embajada de EEUU en Caracas el 23 de mayo 2026.

Para Pérez Villalobos, aunque el objetivo declarado por el régimen venezolano, para el sobrevuelo de las aeronaves de EEUU sobre Caracas, haya sido como de “protección diplomática”, la percepción del pueblo venezolano será muy distinta. En la teoría militar, la percepción importa tanto como la capacidad militar real.

En Caracas hubo algunas protestas con pocos manifestantes en rechazo al sobrevuelo de las aeronaves estadounidenses; el coronel Pérez Villalobos no considera que esas manifestaciones sean relevantes.

¿Cuáles son las implicaciones más relevantes del sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano?

En principio, desde el punto de vista doctrinal militar estadounidense, la situación del 23 mayo 2026 está dentro del marco de la Operación Lanza del Sur. En ese contexto, los hechos materializados se enmarcan en un escenario político estratégico y operacional en niveles por parte de los Estados Unidos.

¿Dónde colocar la lupa en el análisis de los ocurrido?

Como hecho observable, que el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, llegó a Caracas a bordo de dos MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines, supervisó un “ejercicio de respuesta militar y evacuación” en la embajada de Caracas y sostuvo reuniones con autoridades. La actividad militar fue deliberadamente presentada al público comunicacionalmente como en coordinación con las autoridades interinas.

¿Podríamos estar ante una operación militar de mayor escala?

Según la doctrina militar estadounidense, la situación planteada, no es un indicio o un preludio inminente de una operación militar a gran escala. Pero, sí es un indicativo claro que el Estado Mayor del Comando Sur, en su Planeamiento Conceptual y Planeamiento detallado (PMTD), si prevén la posibilidad cierta de un peligroso deterioro de la seguridad y de una crisis política violenta en Venezuela. 

El coronel venezolano Isidro Echtan Pérez Villalobos es analista y experto en doctrina militar.

Coronel, usted que conoce la doctrina militar estadounidense, ¿cuál es el escenario que debemos prever?

Bueno, eso presupone dos escenarios secuenciales: uno de ellos es que implicaría necesariamente la necesidad de ejecutar Operaciones de Evacuación de No Combatientes (NEO, por su sigla en inglés). 

Ah por eso el argumento, según dijo el canciller Yván Gil, en el comunicado que leyó ante el país, era “un simulacro de evacuación”. ¿En este caso en qué consisten esas Operaciones NEO? 

Estas operaciones buscan extraer personal diplomático y ciudadanos estadounidenses en situaciones de grave peligro en escenarios de violencia política y de ejecución de operaciones militares de los Estados Unidos a gran escala. 

¿Por eso el tipo de aviones que se vieron sobre caracas?

Precisamente, porque los helicópteros Osprey son plataformas asociadas a este tipo de misiones por tres razones doctrinales: velocidad superior a la de un helicóptero convencional, capacidad de despegue y aterrizaje vertical así como alcance suficiente para operar desde un buque anfibio, como el Iwo Jima que está próximo a las costas de Venezuela; o una base externa sin depender de aeropuertos, que podría ser Puerto Rico, Aruba/Curazao y/o Trinidad.

Habló de dos escenarios secuenciales, el primero las operaciones NEO. ¿Cuál es el otro?

Si, el hecho de usar los MV-22B Osprey y aterrizar directamente en una embajada, lo que confirma la idea de una fase inicial previa de “respuesta rápida y extracción”, como antesala de una fase subsiguiente de una respuesta militar mayor escala.

¿Qué lectura estratégica tiene eso según su conocimiento?

Desde el punto de vista político estratégico, el simbolismo puede ser más importante que el componente táctico en desarrollo, por las implicaciones relevantes que tiene. Se trata de una Operación de Información a nivel estratégico: en la doctrina militar estadounidense, los movimientos militares visibles tienen una audiencia múltiple dirigida a: aliados, adversarios y actores internos. 

Un pequeño grupo de manifestantes quemaron fotos de Marco Rubio y Donald Trump en rechazo al sobrevuelo de aviones de EEUU en Caracas.

¿Se enmarca como uno de esos movimientos que el jefe del Comando Sur se haya presentado en persona en lo que aparentemente no era más que un “simulacro”?

Por supuesto, porque la presencia en Caracas del jefe del Comando Sur, aumenta mucho el valor simbólico estratégico, porque un Comandante Combatiente estadounidense (U.S. Southern Command) no suele desplazarse físicamente a una zona de conflicto para una actividad menor o puramente administrativa. En este contexto, el sobrevuelo de Caracas por aeronaves militares estadounidenses no es un simple “ejercicio de respuesta militar evacuación”, eso no es más que la excusa.

Entonces, coronel Pérez Villalobos, a su juicio, ¿qué mensaje se envió con ese sobrevuelo de aeronaves y la presencia del jefe del Comando Sur?

Transmite varios “mensajes” simultáneos. Por una parte, a los aliados latinoamericanos de EEUU de mantener la capacidad de intervención militar inmediata en el Caribe. También, a las estructuras criminales transnacionales hostiles y grupos armados asociados al régimen interino venezolano les está diciendo que mantendrá la capacidad de proteger personal e intereses estadounidenses.

Por si se les ocurre un ataque, como muchos de esos grupos armados, colectivos o grupos de choque pregonan en voz baja.

Algo así como “no se equivoquen”, pero también hay aun mensaje director a las autoridades interinas del Rodrigato y es demostrarles la capacidad militar de intervención inmediata, en caso de ser necesario. 

Están advertidos, pues.

Sí, por si pretenden ser creativos en el Rodrigato. No podemos olvidar que en esos mensajes también está el de la presencia permanente en Venezuela, porque en la doctrina militar estadounidense, posterior a Irak y Afganistán, los Estados Unidos ha preferido reducir ocupaciones militares masivas y sustituirlas por presencia flexible: despliegues temporales, acciones militares puntuales y capacidad de respuesta rápida.

Y el impacto para los países vecinos, ¿cuál sería?

Hay una reacción regional a nivel latinoamericano, sin duda. Colombia podría interpretarlo como fortalecimiento del intervencionismo estadounidense en la seguridad hemisférica. Brasil podría verlo con más cautela por su histórica preferencia por autonomía estratégica regional. Pero Cuba o Nicaragua probablemente lo leerán como una amenaza inminente y de expansión de la influencia militar estadounidense.

Delcy Rodríguez y el ministro de la Defensa, GJ (Ej.) Gustavo González López, en el Palacio de Miraflores.

En conclusión, coronel, ¿en qué debemos colocar el énfasis?

Por un lado, desde el punto de vista político, el hecho que el Comandante Combatiente estadounidense (U.S. Southern Command), llegue personalmente a Caracas, con medios militares y con visibilidad pública, tiene sin duda un efecto estratégico mucho mayor que su peso táctico real. 

La demostración de poder.

Sí, porque la evaluación doctrinal evidencia una demostración de movilidad operacional y táctica en territorio venezolano con acceso de capacidades militares y de respuesta rápida. 

Pero, como usted explicó, podría estarse creando condiciones para algo mayor.

Exacto, aunque no es la preparación de una ofensiva militar inmediata, sí persigue crear las condiciones necesarias previendo operaciones militares de mayor escala en territorio venezolano Y, desde el punto de vista de las modernas operaciones de información, podría interpretarse como una señal estratégica deliberada que EE.UU. busca convertir su capacidad temporal en Venezuela, en una presencia permanente aceptada y normalizada dentro de una nueva arquitectura estratégica de seguridad.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/24/un-experto-militar-afirmo-que-el-simulacro-en-caracas-podria-ser-el-preambulo-para-futuras-bases-de-eeuu-en-venezuela/

Organización de militares retirados denuncia “infamia de Estado” y exige elecciones libres en Venezuela

 

El Frente Institucional Militar vincula la represión política con la crisis humanitaria, reclama justicia por las victimas y plantea como salida un gobierno de transición, un nuevo CNE y comicios con garantías plenas.

Sebastiana Barráez/ viernes 22 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Los generales del FIM Juan Herrera, Teodoro Díaz, Juan Ferrer Barazarte y Eduardo Caldera Gómez, y el comandante Elías Buchszer Cabriles

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a más de 240 oficiales retirados, difundió un manifiesto en el que acusa al Estado de encubrir graves violaciones de derechos humanos y llama a una “reacción de la conciencia nacional” frente al deterioro político, social y económico del país. “Es imperativo reaccionar ante la crueldad absoluta que hoy desangra a nuestra nación”.

En el documento, la organización se refiere, aunque sin mencionarla expresamente, a Carmen Teresa Navas, la madre que buscó a su hijo Víctor Hugo Quero y falleció unos días después de ser informada dónde se encontraba sepultado, “El drama de una madre desesperada desnudó la perversidad del sistema: tras meses de búsqueda incesante de su hijo, secuestrado por elementos de seguridad del Estado, todas las instancias oficiales le negaron sistemáticamente la verdad”.

A juicio de los oficiales en situación de retiro de la Fuerza Armada, ese silencio oficial buscó ocultar el asesinato del joven, una revelación que habría precipitado también la muerte de la mujer pocos días después, en medio del dolor y las privaciones.

La búsqueda que Carmen Teresa Navas hizo de su hijo conmovió al pais. Ella falleció el pasado domingo 17 de mayo 2026.

El FIM sostiene que este episodio no es aislado, sino parte de un patrón de “negación sistemática de la libertad” que se expresa en secuestros, torturas, asesinatos, presos políticos y exilio. 

A la vez, vincula “la opresión política” con la emergencia humanitaria: hambre, fallas en servicios básicos como agua, electricidad, gas y combustible, salarios y pensiones insuficientes, escasez de medicinas y precariedad en la atención sanitaria y educativa.

“Vivimos bajo el yugo de sueldos y pensiones de miseria, sin medicinas ni servicios médicos, en un entorno de total inseguridad física y jurídica, y condenados a un sistema educativo pésimo”, sostiene el comunicado.

Frente a ese escenario, los firmantes concluyen que la salida pasa por el fin de la “usurpación” en el poder y por la instalación de condiciones que permitan recuperar la confianza, reactivar la inversión y encaminar una reconstrucción institucional, económica y social del país.

Militares durante un ejercicio oficial.

Las exigencias 

El pronunciamiento del Frente Institucional Militar fue divulgado en el marco del vigésimo sexto aniversario de la organización que preside el GB (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt, en cuya directiva se encuentra como vicepresidente el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala y el secretario de organización el GB de la Guardia Nacional Rafael Vera Ruiz. 

Los representantes de los componentes son los generales (Ej) Juan Ferrer Barazarte, (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez y (GN) Simón Figuera Pérez, así como el Contralmirante Elías Buchszer Cabriles.

Los oficiales se refieren, en el documento, al colapso moral y material, alertando que la única vía para la prosperidad y la felicidad pasa necesariamente por la libertad de todos los presos políticos y el cese de la usurpación de quienes ocupan el poder en Venezuela.

El FIM exige el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de un “verdadero gobierno de transición, libre de la presencia de los usurpadores”.

La Fuerza Armada tiene un rol determinante en las elecciones con el Plan República.

Aseveran la necesaria “elaboración inmediata de un cronograma electoral” riguroso por parte de nuevas autoridades investidas de legalidad y legitimidad.

Como alternativa plantean la realización de elecciones libres, claras y transparentes, “con conteo público” de papeletas o boletas de escrutinio en la totalidad de las mesas de votación y en presencia de los electores.

Finalmente sostienen que la justicia para las víctimas y el futuro de la República “demandan nuestra acción y la de todos los venezolanos”, hasta lograr la restitución de la soberanía popular, expresada el 28 de julio 2024, y la libertad para los presos políticos.

ttps://www.infobae.com/venezuela/2026/05/22/organizacion-de-militares-retirados-denuncia-infamia-de-estado-y-exige-transicion-con-elecciones-libres/