viernes, 19 de diciembre de 2025

El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlas protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay.


Sebastiana Barráez/ viernes 19 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae



                  Los Comanditos son organizaciones de la sociedad civil 
                                  preparadas para las elecciones del 28J


Antes de las elecciones del 28 de julio, funcionarios militares recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la GNB y el Ejército en las protestas de Maracay, como lo documenta la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en su reciente informe. “De acuerdo con un miembro del CICPC citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”.
El saldo de las protestas fue trágico, no solo por el militar herido, sino por las cinco personas fallecidas. “Todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Según señaló un miembro del CICPC a una de las fuentes entrevistadas por la Misión indicaría que los perpetradores no actuaban con el objetivo de causar heridas, sino de matar”.


    El fiscal Tarek William Saab solo presentó investigación por el militar
    fallecido y responsabilizó a los comanditos de la violencia

El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño, cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El sargento de la (GNB) José Torrents a Reiner José Márquez Velásquez resultó herido en el estacionamiento con un disparo en el cuello y murió ese mismo día.

Las otras cinco víctimas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos, cuando estaban frente al ingreso principal de la Brigada de Paracaidistas.

    Entre los fallecidos está Andrés Ramírez, Jesús Tovar Perdono, 
    Gabriel Ramos y Anthony Moya Mantía


En rechazo a los resultados, de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dio en Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche del 28 de julio de 2024, al día siguiente hubo una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, capital del municipio Girardot, estado de Aragua. 

Las protestas abarcaron el estacionamiento del periódico El Aragüeño y la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “G.J. Félix Antonio Velásquez” del Ejército, conocida como la 42º Brigada de Infantería Paracaidista. 

“Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, revela un oficial en conversación con Infobae.

     El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, 
    se encontraba cerca del periódico El Aragüeño

Así ocurrió

Desde la tarde del 29 de julio, entre la 1:00 y las 2:00 pm, se inicia la protesta que se extendió hasta horas de la noche. Hacia las 5:00 pm, dos Grupos de Reacción Inmediata (GRI) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llegaron a la zona, equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas y gases lacrimógenos, así como un vehículo blindado VN4.

Un grupo de militares se ubicó frente al periódico El Aragüeño, mientras otro formó un cordón de seguridad cerca de la entrada principal de la Brigada de paracaidistas, colocando rejillas a modo de muro de contención para impedir el avance de los manifestantes. 

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para el caso Venezuela, logra documentar lo que ocurrió ese día cuando “dentro de la Brigada, efectivos de la GNB y del Ejército, armados con escopetas y fusiles AK-103333, se apostaron tras la verja y sobre el dintel de entrada”. 

“En el exterior, junto a la GNB, también se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según testimonios recabados, tras aproximadamente 30 minutos, la GNB comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, sin emitir advertencia previa”. 

La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes respondió lanzando piedras, palos, botellas y bombas incendiarias de fabricación casera contra los funcionarios. La reacción de la GNB y el Ejército fue contundente. 

“Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos de escopeta y gases lacrimógenos contra las personas que se manifestaban, generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones que se escuchaban”, destaca el Informe.

         Los generales de la GNB Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante General 
         de la GNB; y Néstor Luis Reverol Torres entonces Ministro del Interior y Justicia

La Cadena de Mando

La investigación de la Misión de Determinación de los Hechos revela la cadena de mando claramente definida, encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El ministro del Interior y Justicia, MG (GNB) Néstor Luis Reverol Torres

El general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, aunque sin ejercer control operativo directo sobre el orden público.

Durante este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba bajo el mando del MG (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue en el Estado de Bolívar y la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.

En el contexto de la represión en Maracay, la estructura de mando de la GNB se articuló a través de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Áreas de Defensa Integral (ADI) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).


                Las actas electorales demostraban que el ganador por amplio 
margen fue Edmundo González Urrutia


La Misión determinó que el comandante de la zona 42 de la GNB recibía órdenes tanto de la REDI Central como de la ZODI Aragua No. 44, manteniéndose bajo la cadena de mando interna de la GNB, pero sin recibir instrucciones directas sobre intervenciones de orden público.

El Informe de la Misión identificó a los funcionarios en la cadena de mando durante la intervención del 29 y 30 de julio de 2024: Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la REDI Central hasta el 16 de octubre de 2024, con jurisdicción sobre Aragua, Carabobo y Yaracuy.

También, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, general de división de Ejército, comandante de la ZODI Aragua No. 44, igualmente sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. Rufo Daniel Parra Hernández, general de brigada de la GNB, comandante de Zona GNB-42 Aragua.

    MG (Ej) Orlando José Romero Bolívar fue ascendido 
    a Mayor General y Jefe de la Milicia

Aunque no ha sido identificado al responsable de la intervención en Maracay, la Misión señala al comandante del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), cuyas unidades motorizadas de respuesta rápida, constituyen el último eslabón de la cadena de mando bajo la ZODI. 

Tras los eventos fatales en Maracay, Nicolás Maduro Moros ascendió al entonces general de división (Ej) Orlando Ramón Romero Bolívar a Mayor General y comandante general de la Milicia Bolivariana, el 14 de octubre de 2024. 

El 27 de noviembre, Romero Bolívar fue sancionado, junto a otros 20 oficiales, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, por su participación en la represión contra la sociedad civil durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

    Ángel Daniel Balestrini Jaramillo y Rufo Daniel Parra Hernández, 
    generales del Ejército y la Guardia respectivamente

La inercia fiscal

En el marco de las protestas ocurridas en la redoma del obelisco de San Jacinto, el Ministerio Público centró su investigación únicamente en el caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas, Torrents es el único para quien se abrió un expediente individual (MP-135787-2024), distinto al expediente colectivo asignado al resto de los fallecidos (135789-2024). La versión oficial atribuye la muerte del sargento a “ataques de grupos violentos”.

Durante una reunión con el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, el 12 de agosto de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab Halabi, responsabilizó de las muertes en las protestas electorales a “grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos”, dijo en alusión a los grupos organizados por María Corina Machado para las elecciones del 28J. 

Saab Halabi señaló directamente a Reiner José Márquez Velásquez como responsable de la muerte de Torrents, quien dijo que ya se encuentra detenido y enfrenta la “máxima pena”.

Posteriormente, en un encuentro con el cuerpo diplomático, el 21 de agosto de 2024, el titular del Ministerio Público aseguró que “el 70 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por los grupos delincuenciales” y descartó cualquier responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los hechos de la Redoma de San Jacinto. Esta postura se tradujo en la ausencia de investigaciones sobre la posible implicación de funcionarios de seguridad, entre ellos la GNB.

Respecto a las muertes de los seis manifestantes restantes, el fiscal solo presentó, el 11 de noviembre de 2024, las carátulas de los expedientes, indicando la causa de los fallecimientos. La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela, dijo que, hasta el cierre del informe, no se reportan avances en esas investigaciones.


https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/19/el-informe-que-documenta-como-los-militares-salieron-a-matar-a-quienes-protestaban-contra-el-fraude-electoral-en-venezuela/

miércoles, 17 de diciembre de 2025

“Cada casa, un cuartel”: la estrategia chavista que usará niños para la defensa de su revolución bolivariana

El documento está dirigido a "consejos campesinos, comunales y milicias populares de Carabobo y otras regiones del país".


Sebastiana Barráez/ miércoles 17 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae


En la Milicia, integran y arman a civiles

En el marco de la estrategia oficial para la defensa de la revolución bolivariana, se ha difundido el “Manual de Defensa Popular” que contempla brigadas, una de ellas incluye el uso de niños y jóvenes en las actividades de la Milicia Popular Bolivariana, bajo el lema “Cada casa es un cuartel. Cada familia, una unidad de resistencia”.

El documento elaborado por Yhony Ríos, Vocero Principal de la Comisión de Defensa Territorial del Consejo Campesino la Juanera, Naguanagua, estado Carabobo, está dirigido a “consejos campesinos, comunales y milicias populares de Carabobo y otras regiones del país”.

Se destaca que el objetivo de esas brigadas de la Milicia Popular Bolivariana de Defensa Integral Barrial o Rural, es organizar a la población para proteger el territorio, la vida y los recursos locales frente a cualquier amenaza, no solo desde el ámbito militar, sino también en áreas como la alimentación, la comunicación y la salud.

Diosdado Cabello con funcionarios de la gobernación de La Guaira 
durante un campamento de preparación para la defensa de la revolución

El Manual De Defensa Popular establece que la defensa popular no se limita al ámbito militar, sino que abarca la protección alimentaria, comunicacional, sanitaria, cultural y logística. Bajo el lema “Cada casa es un cuartel. Cada familia, una unidad de resistencia”, el texto promueve la creación de la Milicia Popular Bolivariana de Defensa Integral Barrial o Rural.

Se establece que cada Milicia Popular cuente con brigadas especializadas en vigilancia, alimentos, salud, comunicación y logística infantil y juvenil. El coordinador general lidera la comunicación entre zonas, mientras que las brigadas de vigilancia se encargan de la observación y el uso de códigos de alerta.

Para defender la revolución, con el uso de civiles, el manual destaca que las verdaderas armas del pueblo incluyen semillas criollas, radios, ollas comunitarias, libros, machetes y murales informativos. 

Con esas herramientas le dicen a la comunidad que se garantiza la autosuficiencia y la comunicación en situaciones de crisis, como bloqueos o desastres naturales. La soberanía alimentaria se presenta como un pilar fundamental, fomentando la siembra en patios y parcelas comunales, la creación de bancos de semillas y la organización de ferias de trueque para el intercambio de alimentos y medicinas.

La gobernadora de Aragua Joana Sánchez en entrenamiento 
con armas que reciben civiles

Niños también

En la organización se incluyen las diferentes brigadas, cada una con funciones concretas, donde el coordinador general será el encargado de liderar y mantener la comunicación entre distintas zonas y sectores, asegurando la cohesión y el flujo de información.

La Brigada de vigilancia será la responsable de la observación del entorno, la realización de turnos y el uso de códigos de alerta, como silbatos y señales manuales, para detectar y comunicar posibles riesgos.

Le corresponde la brigada de alimentosadministrar huertos comunitarios, bancos de semillas y cocinas populares, garantizando la autosuficiencia alimentaria y la organización de ferias de trueque.

De los primeros auxilios, se encarga la brigada de salud, que elaborará botiquines populares y la evacuación de heridos, promoviendo el uso de plantas medicinales y el entrenamiento básico en atención sanitaria.

A la brigada de comunicación le corresponde gestionar radios, redes comunitarias y murales informativos, asegurando que la población esté informada y pueda reaccionar ante emergencias.

También los niños y jóvenes son parte del Manual para defender la revolución, a través de la brigada infantil y juvenil, que involucra a niños y jóvenes en tareas logísticas, que catalogan de “no riesgosas”, como el dibujo de mapas comunitarios y la transmisión de mensajes, fomentando su participación y el sentido de pertenencia.

El Manual de Defensa Popular elaborado por Yhony Rios

Emergencia y comunicación

El manual aconseja la elaboración de mapas comunitarios que incluyan casas seguras, fuentes de agua, depósitos de alimentos y rutas de escape. “Lo que no se le dice a la comunidad es que mientras ellos deben defender ‘como puedan’, los funcionarios y dirigentes de la revolución tienen depósitos de armas, incluso en las casas de alcaldes, diputados, gobernadores y todo el enchufado con la revolución”, dice un dirigente del Partido Socialista (PSUV) de Carabobo, en conversación con Infobae.

Ante la posible caída de internet y telefonía móvil, el documento recomienda el uso de radios de onda corta, códigos de sonido como silbatos y campanadas, para alertar a la comunidad, así como mensajeros a pie o en bicicleta. Agrega que los murales informativos y las carteleras se convierten en medios alternativos para mantener a la población informada y cohesionada.

En materia de salud, se propone la elaboración de botiquines populares con recursos básicos y plantas medicinales, así como el entrenamiento en primeros auxilios y evacuación de heridos. 

Además, subraya la importancia de mantener una red de contactos clave, como milicias territoriales, defensa civil, consejos campesinos y comunidades indígenas, así como transportistas de confianza.

El documento subraya la importancia de la memoria histórica y la cultura como elementos de resistencia. Libros, relatos orales y murales pintados por la comunidad ayudan a preservar la identidad y fortalecer la moral en tiempos difíciles. Herramientas como machetes y palas, lejos de ser únicamente instrumentos agrícolas, se convierten en recursos para abrir caminos, construir trincheras y garantizar la seguridad física del territorio.

El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; y el Comandante Estratégico Operacional, GJ Domingo Hernández Lárez, aupan la entrega de armas a civiles

Resistencia

En la segunda parte del Manual se plasman “Ideas para preservar la vida de los ciudadanos y construir resistencia desde el territorio”, proponiendo articular la defensa integral que no sea solo militar, “sino social, productiva, comunicacional y comunitaria”.

Para la resistencia territorial articula propuestas que aseguren preservar la vida y construir resistencia desde el territorio. Entre ellas, destaca la creación de redes de defensa barrial y rural, el entrenamiento básico en primeros auxilios y defensa civil, la articulación con milicias bolivarianas y la implementación de sistemas de alerta temprana comunitaria. 

Insiste el Manual en que la soberanía alimentaria se refuerza mediante corredores agroecológicos, bancos de semillas y cocinas populares. 

La alimentación colectiva se refuerza mediante la organización de ollas y cocinas comunitarias, que permiten alimentar a la población en momentos de emergencia. El trueque de alimentos y medicinas en ferias locales es otra de las propuestas para sortear bloqueos y escasez.

En cuanto a infraestructura, se promueve la construcción de refugios comunitarios y la protección de fuentes de energía alternativa. 

Asimismo, propone alianzas con pueblos indígenas, universidades y fuerzas armadas, orientadas a la coordinación y no a la subordinación. 

Recomienda la elaboración de un Plan de Contingencia Territorial que incluya mapas de recursos, protocolos de emergencia y rutas de escape seguras.



 





domingo, 14 de diciembre de 2025

“Operación Tun Tun”: un símbolo navideño utilizado por el régimen venezolano para reprimir a disidentes y opositores

 

El informe de la Misión de la ONU detalla como el chavismo ha resignificado una expresión cultural para justificar detenciones arbitrarias, violencia y control social tras las elecciones de 2024


Sebastiana Barráez/ domingo 14 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El componente GNB ha actuado como órgano represor del régimen venezolano

La “operación Tun Tun”, originalmente una expresión asociada a la paz y la bienvenida en la cultura venezolana ha sido resignificada por el régimen, como símbolo de la represión política y la impunidad en Venezuela, con el uso sistemático de la fuerza estatal, entre ellas la GNB, para silenciar voces críticas con un patrón de detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas de “terrorismo” y “odio” contra opositores y críticos del régimen. Los testimonios recogidos por la Misión de la ONU revelan graves actos de violencia sexual y de género. Durante las protestas de 2017, el entonces diputado y actual ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón introdujo por primera vez el término “operación Tun Tun” para referirse a las acciones represivas ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.


La expresión “Tun Tun” adquiere especial relevancia en el contexto venezolano, ya que su origen se vincula a una conocida canción navideña que evoca el sonido de un golpe en la puerta, símbolo de una invitación para que personas de paz entren al hogar durante las festividades. 


Sin embargo, el régimen venezolano, ha utilizado el término reaccionándole un significado distinto al utilizarlo para nombrar operativos de seguridad que contrastan con el mensaje original, de paz y bienvenida, que transmite de la canción. 

El ministro del Interior Diosdado Cabello junto a los jefes del SEBIN y la policía científica Cicpc

La Misión de la ONU destaca que, en el 2024, Nicolás Maduro retomó públicamente la expresión, advirtiendo: “la justicia les va a llegar… operación Tun Tun a todos los terroristas, violentos, conspiradores y complotados… cuando te toquen tun tun no te pongas a llorar en las redes sociales”. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se registró una nueva ola de detenciones postelectorales. Mensajes en redes sociales como Instagram y TikTok evidenciaron la reactivación de la operación Tun Tun, según testimonios recogidos en el informe de la Misión


Los relatos describen cómo agentes de seguridad, incluyendo la GNB, irrumpían en domicilios, golpeaban puertas y, si no recibían respuesta, las derribaban para llevarse a las personas sin explicación. En otros casos, los funcionarios recorrían casa por casa, golpeando con armas para forzar la apertura.  


Entre lo ocurrido y documentado en el informe, varias personas fueron detenidas “únicamente por expresar su rechazo a los resultados electorales mediante videos, publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería”. Las autoridades las acusaron de “terrorismo” y “odio”, en una estrategia que evidencia el uso de la operación Tun Tun como mecanismo de represión política y control social.


GNB, la protagonista 


En el informe elaborado por la Misión, se detalla el papel desempeñado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la operación Tun Tun, un despliegue que, según declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, involucró a diez organismos de seguridad, entre ellos la propia GNB, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La participación de la Guardia Nacional se registró tanto en comisiones mixtas como de manera individual, siendo esta última especialmente relevante en zonas apartadas de los principales centros urbanos y en áreas fronterizas con Colombia.


El documento señala que la mayoría de las detenciones se efectuaron en domicilios de personas previamente identificadas como objetivo de los operativos, aunque también se reportaron arrestos en espacios públicos. Se destaca la declaración pública del Mayor General (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, quien afirmó: “Hemos logrado llegar a la casa de estos traidores una vez que han cometido hechos vandálicos”.

La GNB ejecutó numerosas violaciones de DDHH según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela

El informe recoge múltiples testimonios que apuntan a labores de inteligencia previas a las detenciones, en las que los organismos analizaban vídeos, fotografías y mensajes en redes sociales o WhatsApp para identificar a los sospechosos. Posteriormente, los funcionarios elaboraban imputaciones que, en ocasiones, contenían elementos falsos o manipulados. Varias personas entrevistadas, para el informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, indicaron que algunas detenciones se originaron por simples denuncias realizadas a través de la aplicación VenApp, por individuos afines al régimen venezolano.


Violencia sexual

En el marco de los planes de represión política selectiva implementados en 2024 y 2025, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado activamente en la detención de personas extranjeras. Según la Misión de Naciones Unidas, estos procedimientos se han concentrado principalmente en localidades fronterizas con Colombia y en el Distrito Capital.


La Misión ha documentado, en el contexto de la Operación Tun Tun de 2024, graves actos de violencia sexual y de género contra personas detenidas, especialmente mujeres. Testimonios recabados por el organismo internacional revelan que, en algunos destacamentos de la GNB, mujeres detenidas fueron obligadas por sargentos a mantener relaciones sexuales a cambio de poder comunicarse telefónicamente con sus familiares. Además, se reportó que una detenida fue testigo de violencia sexual contra otra mujer en la misma celda.


El informe subraya que estos actos de violencia sexual, en general, fueron cometidos por funcionarios estatales en entornos coercitivos, destacando la implicación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la GNB y custodios penitenciarios. Por su parte, el SEBIN y la DGCIM habrían perpetrado formas específicas de violencia sexual y de género contra personas entregadas a su custodia por la GNB u otras fuerzas armadas, en el contexto de la represión selectiva.


No obstante, la Misión aclara que, en los casos investigados dentro de este contexto específico, no recibió información que vincule directamente a funcionarios de la GNB con la perpetración de violencia sexual durante la detención. La participación militar se habría limitado a la detención selectiva de personas opositoras o percibidas como tales, generalmente en coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado. 


Sin embargo, el informe no descarta que, en otros contextos operacionales, se haya documentado la participación de la GNB en distintas formas de violencia sexual o basada en género.


Muertes en custodia

La Misión menciona el caso de una persona detenida después de las elecciones que “moriría tres meses y medio después bajo custodia del Estado al no haber sido atendida su salud oportuna y efectivamente”, afirmando que la Misión confirmó que la alcaldesa Cruz Torrealba “fue quien ordenó a funcionarios de la GNB su detención”.


Ese caso es el del testigo electoral de la organización Vente Venezuela, Jesús Manuel Martínez Medina, quien fue detenido el 29 de julio y falleció, el 14 de noviembre 2024, en el hospital Luis Razetti del estado Anzoátegui.

Jesús Manuel Martínez Medina fue testigo electoral el 28J, detenido el 29J y murió bajo custodia en el hospital Razetti de Anzoátegui

La Guardia Nacional lo detiene por orden de la alcaldesa Municipio Aragua, estado Anzoátegui, Cruz de los Ángeles Torrealba Milano alias Nany, quien pertenece al Movimiento Tupamaro, y fue postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La Misión de la ONU documenta que la detención de Martínez “fue instruida en represalia porque había conservado el acta de sufragio de su mesa de votación y, supuestamente, también había expresado vía WhatsApp críticas contra el Gobierno a raíz de los resultados electorales”. 

Cruz de los Ángeles Torrealba Milano alias Nany, del Movimiento Tupamaro, alcaldesa del municipio Aragua, estado Anzoátegui

Otro hecho relevante fue el de una pareja detenida la madrugada del 2 de agosto 2024 en el estado Bolívar “por una comisión integrada por funcionarios armados y encapuchados de la GNB y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)”. 


“El esposo fue inmovilizado por un funcionario de la GNB que lo amarró, encapuchó y sacó de la vivienda por la fuerza. Luego de ser subido a un vehículo, fue golpeado en el trayecto hacia el Destacamento de Comandos Rurales 628 de la GNB en El Callao”, relata el Informe.


Luego de la audiencia de presentación, lo trasladaron al Destacamento de la GNB en Puerto Ordaz donde permaneció hasta el 30 de agosto, cuando fue transferido al centro penitenciario de Tocuyito, en el estado de Carabobo. “Estuvo detenido en la prisión de Tocuyito hasta el 13 de diciembre, cuando apareció ahorcado en su celda”.


https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/14/operacion-tun-tun-un-simbolo-navideno-utilizado-por-el-regimen-venezolano-para-reprimir-a-disidentes-y-opositores/


viernes, 12 de diciembre de 2025

El caso Carrasco y la cadena de impunidad en la Guardia Nacional Bolivariana develada por la Misión de la ONU sobre Venezuela

 

El informe describe el caso del estudiante de origen español de 21 años. Su escalofriante historia de abusos y denegación de justicia empezó la noche del 13 de febrero de 2014


Sebastiana Barráez/ viernes 12 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El estudiante Juan Manuel Carrasco González denunció brutales torturas a manos de la GNB

La teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz fue acusada, en febrero de 2014, junto con otros militares, por el Tribunal Sexto de Control de Carabobo por los violentos hechos contra manifestantes. Es la misma oficial que investigó el caso del periodista Ramón de Jesús Centeno Navas, detenido desde febrero de 2022. Pirona aparece en el más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela, que puntualiza responsabilidades de la GNB en crímenes de lesa humanidad.


El primer caso que describen es el de Juan Manuel Carrasco González, estudiante de origen español, de 21 años, cuya escalofriante historia de abusos y denegación de justicia empezó la noche de la noche del 13 de febrero 2014, en Valencia, estado Carabobo.


Esa noche, funcionarios de la GNB, que perseguían manifestantes, dispararon gases lacrimógenos y perdigones. Juan Manuel Carrasco González y otras tres personas, incluida una mujer, se introdujeron en un vehículo para resguardarse; ocho funcionarios les dispararon perdigones rompiendo las ventanas del carro. 

Nicolás Maduro Moros a la cabeza de la Cadena de Mando como Comandante en Jefe de la FANB

Luego sacaron al conductor del vehículo y lo golpearon con una patada en la cara, y también golpearon a la mujer, quien logró huir con la ayuda de Carrasco, “mientras los funcionarios de la GNB continuaron golpeando y pateando a los tres hombres, utilizando las culatas de sus armas”. 


“Los funcionarios los arrastraron y se alejaron del carro diciendo ‘¿Ves cómo quemas tu propio auto?’ antes de que los propios funcionarios le prendieran fuego”. 


Los funcionarios llevaron a los tres hombres a las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, donde estaban otras personas detenidas, tiradas en el suelo en posición fetal. “Un funcionario de la GNB, identificado como el sargento Blanco se acercó por detrás a Carrasco y usó su rifle para bajarle el pantalón y la ropa interior y penetrarlo por el ano con la punta del arma. También pasó la punta del rifle por encima de las nalgas de otro detenido”.

MG Justo Noguera Pietri era el entonces Comandante General de la GNB

Cerca de la medianoche, a Carrasco y los otros detenidos, los trasladan al Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) de la GNB en Carabobo, donde fueron obligados a dormir sentados; “los funcionarios los pateaban ocasionalmente al pasar y les arrojaban agua”.


En el informe “Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana”, del 11 de diciembre 2025, la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, profundiza en la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en dichas violaciones, puntualizando hechos y responsabilidades atribuibles en los distintos niveles de la cadena de mando.

Luisa Marvelia Ortega Díaz, la entonces Fiscal General de la República

La farsa de la Fiscalía

El Ministerio Público inicia la investigación penal al día siguiente, 14 de febrero 2014, que “recae en la Fiscalía Sexta del estado de Carabobo, a cargo del fiscal superior Hankel Escalona, la fiscal Nidia González y la fiscal auxiliar segunda Anahí Vargas”, destaca el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.


Es importante destacar que el nombre correcto del fiscal es Hahkell Yamil Escalona Abonkheir, quien había ocupado varios cargos en fiscalías de los estados Portuguesa y Carabobo, un año después, el 19 de noviembre 2015 fue nombrado coordinador de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en Acarigua, Portuguesa. 


La fiscal auxiliar segunda, Anahí Vargas, ya era esposa del Mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) en Carabobo y es uno de los actualmente imputados por el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, por presuntos crímenes de lesa humanidad, junto a otros 13 militares venezolanos, en el marco de la jurisdicción universal.

La Tte. Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz era jefa de servicios Desur y también investigadora en el caso del periodista Ramón Centeno

Ignorando las denuncias

Entre las diligencias practicadas, en el expediente de Juan Manuel Carrasco y otras 11 personas, la Fiscalía “consigna seis informes médico-forenses”, los cuales documentan que el joven estudiante de 21 años “presentaba contusiones y traumatismos en la cabeza y el cuerpo, así como abrasiones anales compatibles con penetración por un objeto no identificado”. 


Funcionarios de la GNB que participaron en el operativo rindieron declaraciones, detallando la actuación de los distintos destacamentos durante la represión en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal y los hechos posteriores en el DESUR Carabobo”.


El 15 de febrero 2014, en la audiencia de presentación, “Carrasco y las demás personas imputadas relataron las violencias sufridas y mostraron sus lesiones. Carrasco informó a la jueza y a la fiscal que había sido violado, que tenía dificultades para sentarse y que continuaba sangrando”. 


También, otras víctimas describieron lesiones en distintas partes del cuerpo,ncluyendo heridas en la cabeza, y denunciaron el robo de objetos personales. Aun con esos testimonios y las observaciones médicas previas, “la jueza no adoptó medida alguna para ordenar una investigación inmediata sobre los malos tratos y la violación denunciada”.

El mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles y el General Douglas González Casamayor

Acusados

La Misión de la ONU destaca que el 23 de febrero 2014 el Ministerio Público acusó ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal al sargento primero Luis Alejandro Blanco Cedeño, al primer teniente Luis Neil Mejías Aponte y a la teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz, quienes eran enfermero y jefa de servicios del DESUR, respectivamente.


A Blanco Cedeño lo acusaron como autor material del delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico y verbal y encubrimiento.


Mejías Aponte y Pirona Ruiz fueron imputados únicamente por encubrimiento.


A pesar de la gravedad de los delitos que superan los 10 años, la Fiscalía solicitó para los tres acusados medidas cautelares sustitutivas de libertad. “A pesar del testimonio de Carrasco y de los informes médico-forenses, la violación sexual no fue investigada”


El 24 de febrero, la entonces fiscal general Luisa Marvelia Ortega Díaz, negó públicamente la existencia de violación.

Los entonces ministro del Interior y de Defensa, MG Miguel Rodríguez Torres y la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas

Cuatro meses después, el 11 de junio 2014, siete de las víctimas, entre ellos el estudiante Juan Manuel Carrasco González, presentaron acusación particular propia contra los tres funcionarios por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y encubrimiento. 


El 7 de julio de 2014, también denunciaron ante la Fiscalía 28 con competencia en Derechos Fundamentales del estado de Carabobo a ocho funcionarios adicionales de la GNB, por coautoría en tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.


El juicio oral ante el Tribunal Sexto fue suspendido en cuatro oportunidades por diversos motivos. Luego, el caso pasó al juez Jesús Yépez, del Tribunal Sexto de Carabobo, pero por el fallecimiento del juez de la causa, el proceso debía reiniciarse con un nuevo juez. 


Así, el nuevo juicio oral y público fue fijado para el 27 de noviembre 2025, pero el fiscal nacional no se presentó ese día y el juicio fue pospuesto para el 25 de enero de 2026. 


Pese a las denuncias públicas de Carrasco y su abogado, y a los informes médicos que acreditan lesiones anales compatibles con penetración por objeto, la violación sexual no fue incorporada en la acusación contra Blanco Cedeño. 


“Las autoridades alegaron que Carrasco solo había reportado golpes durante el reconocimiento médico y que no mencionó la violación durante su audiencia de presentación, y sostuvieron que las pruebas médicas no respaldaban su versión”.


Hasta noviembre 2025, dice la Misión de Determinación de los Hechos que los tres funcionarios de la GNB “continúan bajo medidas cautelares sustitutivas a la detención, y no se ha iniciado ninguna investigación respecto de los otros ocho militares denunciados.

Generales Carlos Leal Tellería y Antonio Benavides Torres, actual ministro y diputado, respectivamente

La cadena de mando

De acuerdo con la investigación de la Misión, la estructura de mando bajo la cual actuaron los funcionarios involucrados se organizaba del siguiente modo. 


Político estratégico: máxima autoridad Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 


Orden público: la conducción operativa correspondía al Ministerio de Defensa en cabeza de la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas. quien coordinaba con el ministro de Interiores, Justicia y Paz, encabezado por el MG (Ej.) Miguel Rodríguez Torres, “quienes daban las instrucciones operativas dirigidas a los cuerpos de seguridad”. 


La Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estaba a cargo del mayor general (GNB) Justo José Noguera Pietri.


La Misión de la ONU dice que recibió testimonios recibidos por la Misión indican que, a pesar de ser función del Ministerio de Defensa, las instrucciones operativas en materia de orden público “eran transmitidas por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, que coordinaba directamente con los mandos de la GNB desplegados en los Estados”.


Según la investigación de la Misión, en febrero de 2014, el entonces comandante general de la GNB, MG Justo José Noguera Pietri, “ordenó el despliegue de unidades especiales desde Caracas para reforzar a los Comandos Regionales de la GNB en distintas localidades del territorio venezolano ante la escalada de protestas”.

Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán y el general Arquímedes Herrera Russo

Agrega el informe de la Misión que “con información obtenida de fuentes con conocimiento directo de los hechos, el Comando Regional N°2 de la GNB en Carabobo estaba a cargo del general de Brigada Arquímedes Herrera Russo; actuando como segundo comandante el coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán”.


En el caso de Carabobo, destaca el Informe de la Misión, al teniente coronel Frank Osuna Díaz, comandante del Destacamento N°24, responsable directo del operativo. “En el DESUR Carabobo, la unidad donde fueron recluidas y recibieron malos tratos las personas detenidas, el coronel Douglas González Casamayor era el comandante, y su segundo al mando el mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles”.


Menciona el informe de la Misión de Naciones Unidas que, en el nivel superior de coordinación regional, la REDI (Región Estratégica de Defensa Integral) Central, estaba bajo el mando de quien es hoy en día diputado del Partido Socialista (PSUV),  MG (GNB) Antonio José Benavides Torres.


En la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) del estado Carabobo se encontraba para el año 2014 el entonces General de División Carlos Augusto Leal Tellería, quien actualmente es el ministro de Alimentación.


Finalmente, en la cadena de mando señalada por la Misión están “funcionarios del DESUR Carabobo y del Destacamento N°24 de la GNB que participaron en la represión de manifestaciones, detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y violencia sexual ocurridas en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, en Valencia”.


https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/12/el-caso-carrasco-y-la-cadena-de-impunidad-en-la-guardia-nacional-bolivariana-develada-por-la-mision-de-la-onu-sobre-venezuela/


El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlas protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional...