viernes, 3 de abril de 2026

Venezuela y la “octava nacionalidad”: la tesis de un militar sobre la transición y la tutela de Estados Unidos


Un coronel retirado comparó el escenario posterior al 3 de enero de 2026 con el de Japón tras 1945 y sostuvo que el pías entro en una fase de reconstrucción institucional bajo revisión externa


Sebastiana Barráez/ viernes 3 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Un hombre con barba blanca y gorra verde se sienta cómodamente en un sillón de cuero, con las manos entrelazadas y mirando a la cámara

El coronel retirado del Ejército venezolano Antonio María Guevara Fernández sostiene que la Operación Resolución Absoluta, ejecutada hace tres meses, el 3 de enero de 2026, “más que un relevo de mando simboliza el reconocimiento de que el Estado-nación venezolano había perdido su capacidad de autocorrección y abre una etapa de “transición tutelada”, comparable a la de Japón tras 1945.


Guevara lo expuso en una reciente conferencia en la École Centrale Lyon, en el campus universitario de Écully (Francia). En su presentación, calificó la intervención como una operación “de precisión” ejecutada por fuerzas estadounidenses y precedida por un cerco aeronaval, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa para enfrentar cargos de narcoterrorismo, marcando el inicio de lo que llamó la “octava nacionalidad”.


Según su análisis, Venezuela entraría en un proceso de reconstrucción institucional bajo supervisión de una potencia externa, con una “dualidad operativa”: mientras la vicepresidenta, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asumiría funciones ejecutivas para sostener la operatividad mínima del Estado, la dirección estratégica recaería en un protectorado estadounidense, personificado en el presidente Donald Trump.


El militar en retiro señaló que, aunque “algunos sectores de la sociedad están suspirando por la conversión en el estado de la unión número 51”, desde una perspectiva estratégica esta “octava nacionalidad” sería “la admisión de un fracaso sistémico”. Asegura que no se trata simplemente de una pérdida de soberanía, “sino de la intervención quirúrgica sobre un ‘Estado fallido’ para restaurar el imperio de la ley”, dijo.


A su juicio, el protectorado estadounidense, “ante la incapacidad del sector opositor de convertirse en opción”, se presentaría como garantía de que el territorio no volvería a convertirse en un vacío institucional explotado por grupos criminales, y como vía para encauzar un proceso electoral considerado legítimo, orientado al cambio político y a la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

Familiares y activistas se manifiestan en Caracas exigiendo la liberación de presos políticos, como el coronel Juan Guevara, y justicia en Venezuela, portando pancartas y velas

Estado forajido

El coronel Guevara Fernández dice que “el siglo XIX comenzó con un colapso institucional en la metrópoli que forzó un cambio de identidad impuesto. La Abdicación de Bayona, en 1808, marcó un punto de quiebre: al ceder los derechos de la corona a Napoleón Bonaparte, la provincia de Venezuela habría quedado, de hecho y de derecho, bajo una “quinta nacionalidad”, definida como francesa”.


Recuerda cómo las élites locales, utilizaron la defensa de los derechos de Fernando VII para iniciar el proceso insurgente el 19 de abril de 1810, que desembocó en la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811.


La batalla de Carabobo es el fin de una década de guerra, que culminó en 1821 y así el país, sostiene Guevara, transitó por una “sexta nacionalidad”, la grancolombiana, 1819. Da paso a una “séptima nacionalidad”, la Venezuela independiente, 1830. “Pese a la victoria militar, el reconocimiento diplomático de España no llegó sino hasta 1845, evidenciando la fragilidad de la nueva soberanía”


Durante buena parte del siglo XIX, Venezuela se mantuvo como una sociedad rural “dominada por el caudillismo y gobiernos militares”. La ausencia de instituciones sólidas alimentó un ciclo de guerras civiles e inestabilidad que solo empezaría a romperse con la aparición de un nuevo motor económico en 1914, cuando el modelo agrario comenzó a transformarse en un “Estado petrolero”.


Considera el coronel Guevara Fernández que el hallazgo de hidrocarburos en 1914, “alteró el ADN sociológico” del país. Y así, la renta petrolera permitió construir un Estado moderno, pero también habría facilitado una autocracia rentista. 

La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a la multitud con un micrófono en un acto público, luciendo una camisa con el logo de PDVSA

“Tras el periodo de estabilidad democrática de 1958 a 1998, la llegada de la Revolución Bolivariana, bajo el mando del teniente coronel Hugo Chávez y posteriormente a la muerte de este, de Nicolás Maduro radicalizó el uso del recurso, convirtiendo el petróleo en un arma geopolítica de desestabilización hemisférica para exportar globalmente el socialismo del siglo XXI”. 


Afirma el oficial retirado que además es Especialista en Operaciones e Inteligencia (OPSIC) que, con la revolución bolivariana en el poder, “Venezuela sufrió una degradación institucional hasta convertirse en un ‘Estado forajido’ o conglomerado criminal, donde las funciones estatales fueron suplantadas por nexos con el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo internacional y graves violaciones a los derechos humanos”.


El santuario

Sostiene Antonio Guevara que el régimen bolivariano se alejó de los valores geopolíticos occidentales, la democracia liberal y el Estado de derecho, a través de alianzas con un eje autocrático (Cuba, Nicaragua, Irán, China, Rusia y Corea del Norte), además de vínculos con el ELN y las FARC en la frontera con Colombia. 


“Los expedientes por crímenes de lesa humanidad y represión a la oposición democrática considerada como el enemigo interno, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos convirtieron a Venezuela en un foco de inestabilidad regional que provoca una diáspora de 8 millones de venezolanos alrededor del mundo y generando graves problemas de migración a los países vecinos”.


No deja de estar en el análisis el impacto del desconocimiento del mandato popular, el 28 de julio 2024, “que dieron como ganador en las elecciones presidenciales al señor Edmundo González Urrutia” lo que precipitaron al país a un aislamiento total. 

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sostienen una pancarta con el lema "Venezuela Libre" durante un evento, siendo captados por un equipo de televisión

Aunado a eso “el uso del territorio, como santuario para actores del terrorismo internacional”, el país pasó a ser visto como “amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, lo que habría justificado las operaciones de exclusión y cerco iniciadas en agosto 2025 y culminadas con la incursión militar y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores para enfrentar cargos por narcoterrorismo en una cárcel federal en Nueva York.


Riqueza y destino político

A lo largo de 528 años, sostiene el coronel, la trayectoria de Venezuela mostraría que su soberanía ha estado condicionada por quién busca controlar sus recursos naturales. Especias, oro y petróleo, los tres grandes motores económicos, habrían dictado los términos de la relación del país con el mundo.


Por ello afirma que “la recurrencia de la intervención externa, desde la cesión a los Welser en el siglo XVI hasta el protectorado norteamericano que se inicia el 3 de enero de 2026, subraya una vulnerabilidad histórica vinculada a la renta de la tierra”. Los Welser fue una familia de banqueros alemanes, que encabezó Bartolomé Welser “El Viejo”, y que entre 1525 y 1546 patrocinaron grandes expediciones en Venezuela.


El oficial en retiro insiste en una vulnerabilidad histórica asociada a la renta de la tierra. “El desafío sociológico para la Venezuela post-2026 es romper esta inercia de cinco siglos. Construir una identidad que no dependa del tutelaje extranjero ni de la explotación primaria requiere una reforma estructural del pacto social”, asevera. 

Vehículos dañados y escombros cubren el terreno en Fort Tiuna, Caracas, tras un incidente reciente que dejó varios SUV afectados por el fuego

Solo con una evaluación y un reconocimiento de las “ocho nacionalidades”, argumenta Guevara, y con cambios orientados a superar el modelo rentista, Venezuela podría aspirar a una soberanía sustentada en instituciones sólidas y no exclusivamente en la riqueza del subsuelo. “Mientras eso no ocurra, todas las órdenes proceden desde Washington”.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/03/venezuela-y-la-octava-nacionalidad-la-tesis-de-un-militar-sobre-la-transicion-y-la-tutela-de-estados-unidos/


martes, 31 de marzo de 2026

El gran ojo del régimen: un informe revela cómo opera el sistema que espía a millones de venezolanos

 

Lejos de ser una herramienta de seguridad pública, el despliegue de 7.000 cámaras, drones y el cruce de datos con el Sistema Patria, funcionan como un dispositivo de persecución


Sebastiana Barráez/ martes 31 de marzo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Un grupo de policías en un centro de monitoreo en Venezuela

Según el informe de VE Sin Filtro y DFRLab, “Los vigilantes en la mira: Tecnologías de Vigilancia para el control político en Venezuela”, documenta cómo el aparato de vigilancia del régimen, que ha costado más de mil millones de dólares, permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unos 27 millones de personas y está totalmente en funcionamiento. No es una herramienta para la seguridad pública, “sino en un arma para el control político”.


En la extensa infraestructura de vigilancia el régimen cuenta con sistemas de monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques.


Entre los alarmantes hallazgos están: infraestructura de videovigilancia, vigilancia con drones y monitoreo de movimiento, aplicaciones impulsadas por el Estado como el Sistema Patria, intercepción de telecomunicaciones a gran escala, ciberataques e infiltraciones auspiciados por el Estado y registros e incautaciones de dispositivos sin orden judicial.

 

Un elemento clave es que esta infraestructura de vigilancia permanece plenamente operativa e intacta pese a la destitución de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Este hecho pone en evidencia que las capacidades tecnológicas y los marcos institucionales que sostienen el control autoritario no dependen exclusivamente de un liderazgo específico, sino que trascienden los cambios políticos y continúan funcionando como un engranaje estructural del poder.


El informe, suscrito por Andrés Azpúrua e Iria Puyosa, que tiene como colaboradores a Daniela Alvarado Mejías, Carlos Guerra, Marco Antonio Ruiz y Valentina Aguana, destaca que la intercepción de telecomunicaciones es el engranaje “más intrusivo del sistema de vigilancia en Venezuela”. La evidencia disponible da cuenta de prácticas sistemáticas que desbordan ampliamente cualquier marco legítimo de aplicación de la ley


Recuerdan que el Informe de Transparencia 2021 de Telefónica España documentó 1.523.363 líneas de telefonía móvil intervenidas y la emisión de 205.800 órdenes de intercepción, cifras que reflejan un esquema de vigilancia de escala industrial, difícilmente compatible con investigaciones penales específicas o focalizadas.


“Los datos de vigilancia recopilados a través de las cámaras VEN911 pueden cruzarse con el registro Patria, las bases de datos del SEBIN y los registros de intercepción de telecomunicaciones de otras agencias del régimen” revela el informe.


Control social

Policías del régimen en un centro de monitoreo en Venezuela

El llamado Sistema Patria se ha convertido en uno de los ejemplos más elocuentes del uso de plataformas digitales como instrumentos de control ciudadano en Venezuela. En el informe explican que lo que en su origen fue presentado como una herramienta de asistencia social derivó en un mecanismo para la recolección masiva de datos personales y la manipulación política. 


Su base de datos permite la identificación integral de millones de personas y la extracción sistemática de información a gran escala. Un dato revelador es que el dominio del sistema figura registrado a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y no de una entidad estatal, lo que expone la estrecha y operativa fusión entre el aparato del Estado y la estructura partidaria.


En paralelo, la aplicación VenApp ha sido empleada de manera explícita como un canal para promover la delación organizada de actividades consideradas críticas o contrarias al gobierno, ampliando así el ecosistema digital de vigilancia y control político.

En esta foto. de VESinFiltro se observa una Unidad de mando móvil con sistema multicámara CEIEC sobre mástil desplegable

En cuanto al monitoreo sistemático de redes sociales y aplicaciones de mensajería por parte del Estado venezolano, el informe evidencia que dejó de ser una práctica aislada para consolidarse como un engranaje clave de la persecución digital. 


Lo más perturbador es que el monitoreo lo coordinan los servicios de inteligencia política y militar: Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Realizan un ciberpatrullaje que opera como dispositivo integral que criminaliza la expresión en línea y amplía el alcance del control estatal sobre el ciudadano. 


La denominada “Operación Tun Tun”, desplegada en 2024, evidenció el grado de articulación alcanzado por estas estrategias, a través de un sistema coordinado de represión que enlazó el espacio digital con acciones directas sobre el territorio.


La ofensiva combinó distintos mecanismos de vigilancia y hostigamiento: desde funciones de denuncia habilitadas en VenApp y redes de doxeo organizadas en Telegram, hasta campañas de intimidación en Instagram y operativos de detención puerta a puerta. 


Revisar celulares

Cámaras en una calle en Venezuela

Se refleja en la investigación de VE Sin Filtro y DFRTLab que los ciberataques impulsados desde el propio Estado se han convertido en una acción sistemática que combina un alto nivel de sofisticación técnica con la coordinación de múltiples organismos gubernamentales. 


Esas operaciones incluyen campañas masivas de phishing dirigidas a sabotear iniciativas vinculadas a la oposición, como Voluntarios por Venezuela y Héroes de la Salud, así como a estructuras de organización electoral de base como los Comanditos. El patrón observado revela un uso deliberado del entorno digital como campo de hostigamiento político y neutralización de la disidencia.


Se le agregan las inspecciones y confiscaciones de dispositivos electrónicos sin orden judicial, como una herramienta de control y represión. La revisión arbitraria de teléfonos móviles se emplea no solo como mecanismo de vigilancia, sino también como forma de intimidación, castigo y extorsión, en abierta contradicción con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. 


Los casos documentados muestran una cooperación forzada por parte de las víctimas, obtenida mediante coerción, amenazas de detención o advertencias de procesos penales.


Sistema de censura

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello

El informe destaca que más allá de las recientes excarcelaciones, los indicios de una liberalización política sustantiva siguen siendo limitados. El sistema de censura continúa plenamente operativo. Actualmente, al menos 206 sitios web permanecen bloqueados, entre ellos 65 medios de comunicación, así como plataformas de redes sociales como X y aplicaciones de mensajería cifrada como Signal.


Las restricciones alcanzan también a las herramientas utilizadas para evadir la censura. Diversas redes privadas virtuales (VPN), entre ellas NordVPN, Psiphon, Mullvad, TorGuard, Tor Project y Proton, así como servidores DNS públicos como Google Public DNS y Cloudflare, se encuentran igualmente bloqueados.


En el plano normativo, el andamiaje legal que permite la criminalización de la disidencia política permanece intacto. Legislaciones como la Ley Contra el Odio y la Ley Orgánica Contra el Bloqueo Imperialista continúan vigentes, proporcionando cobertura jurídica a la persecución de voces críticas y limitando de forma significativa las garantías fundamentales.


La inteligencia cubana (G2) y los servicios de inteligencia iraníes mantuvieron vínculos operativos con el aparato de seguridad venezolano a través del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), organismo creado en octubre 2013 como la instancia central de coordinación de inteligencia del país, con facultades legales para concentrar la información producida por todos los cuerpos de seguridad del Estado.


El 9 de febrero 2026, Delcy Rodríguez ordenó la supresión y disolución formal del CESPPA mediante el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.985. 


El gran hermano

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas se ven al fondo en esta ilustración tomada en Caracas, Venezuela, el 27 de enero de 2019 REUTERS/Andrés Martinez Casares/ Foto de archivo

Entre los aspectos más relevantes de la investigación se encuentra la consolidación del extenso sistema de videovigilancia instalado en Venezuela como un instrumento de control interno más que como una política de seguridad ciudadana.  Su funcionamiento se desarrolla en un vacío legal que ofrece escasas o nulas garantías para la protección de la privacidad y el debido proceso de la población.


Aunque la incorporación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) a las políticas de seguridad pública comenzó en 2007, su expansión decisiva se produjo a partir de 2013, cuando el entonces ministro de Interior y Justicia, general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para la instalación de 30.000 cámaras en 16 ciudades del país, en el marco de un acuerdo con la Corporación de Importación y Exportación de Electrónica de China (CEIEC).

Funcionarios policiales y militares revisan los dispositivos móviles sin orden judicial

De ese proyecto surgió el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), estrechamente vinculado al servicio de emergencias VEN911. En 2019, la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz redefinió la estrategia de seguridad al dividir el territorio en pequeños sectores con patrullajes fijos, aunque el control y la supervisión de las operaciones continuaron centralizados a través del sistema VEN911.


El despliegue de cámaras se aceleró de forma significativa durante 2025, bajo la dirección del actual ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón. En junio de ese año, el comandante del VEN911, Neptalí Rodríguez, informó que 3.920 cámaras se encontraban operativas y eran monitoreadas desde 26 Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones, que incluían la sede nacional, 19 centros estadales y seis municipales. Para diciembre, Cabello anunció que el número había ascendido a cerca de 7.000 dispositivos, lo que supone un incremento del 78,6 % en apenas seis meses.


Esta nueva ola de expansión extendió el alcance de la vigilancia más allá de los espacios públicos tradicionales, incorporando hospitales, zonas residenciales y áreas identificadas como bastiones de la oposición, reforzando así el carácter omnipresente del sistema de monitoreo estatal.


Reconocimiento facial 

AME7462. CARACAS (VENEZUELA), 25/03/2026.- Integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) patrullan durante una manifestación de trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir mejoras salariales este miércoles, en Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

VE sin Filtro es un programa dedicado al monitoreo y documentación de amenazas al ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital en Venezuela, creado por la organización de derechos humanos digitales Conexión Segura y Libre, y el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) del Atlantic Council, es una organización pionera con experiencia técnica y en políticas sobre desinformación, tecnologías conectivas, democracia y el futuro de los derechos digitales. 


Ambas coinciden en el informe que la extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano “no se ha traducido en la desmantelación de la infraestructura autoritaria que se construyó durante las últimas dos décadas”.


La investigación señala que la infraestructura de CCTV (circuito cerrado de televisión) en Venezuela ha sido utilizada de manera sistemática no como un instrumento de seguridad pública, sino como un mecanismo de control político. La cadena de suministro está dominada por empresas chinas, en particular CEIEC, Hikvision y Dahua, que mantienen una presencia predominante pese a las sanciones internacionales vigentes.

Los familiares de presos políticos en protesta han denunciado que son vigilados con cámaras, drones o funcionarioss

El documento advierte además que las avanzadas capacidades de reconocimiento facial y lectura de matrículas, potenciadas por inteligencia artificial, operan sin salvaguardias de privacidad, sin supervisión judicial y sin mecanismos de consentimiento por parte de la ciudadanía.


Por otra parte, el informe agrega que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso de drones como parte de un esquema de vigilancia cada vez más sofisticado, que combina tecnología avanzada con tácticas propias de la guerra psicológica. Estos dispositivos no solo amplían la capacidad de observación del Estado, sino que también cumplen una función intimidatoria dirigida a sectores considerados críticos.


A este despliegue aéreo se suma el uso de dispositivos de rastreo GPS instalados de forma encubierta en vehículos pertenecientes a familiares de presos políticos. Algunos de estos equipos, además de registrar la ubicación en tiempo real, incorporaban funciones de escucha, lo que evidencia la existencia de capas de vigilancia clandestina orientadas a la recolección continua de datos sobre desplazamientos y conversaciones ambientales.


Las operaciones con drones, lejos de mantenerse en la discreción, suelen ser deliberadamente visibles. Los vuelos nocturnos son frecuentes en zonas de protesta y en áreas residenciales donde habitan dirigentes y activistas de la oposición. Esta estrategia persigue un doble objetivo: obtener información detallada sobre los patrones de movimiento y, al mismo tiempo, generar un efecto disuasorio mediante la intimidación, con el fin de desalentar reuniones y actividades de carácter político.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/31/el-gran-ojo-del-regimen-un-informe-revela-como-opera-el-sistema-que-espia-a-millones-de-venezolanos/


domingo, 29 de marzo de 2026

Un oficial venezolano sancionado por EEUU fue designado como director de Inteligencia de la Guardia Nacional


El General de División Bladimir Humberto Lugo Armas también fue imputado por el Ministerio Público en 2017 por violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal


Sebastiana Barráez/ domingo 29 de marzo 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El GD Bladimir Humberto Lugo Armas, recién designado como Director de Inteligencia de la GNB, fue condecorado por Nicolás Maduro con la orden Cruz de la Guardia Presidencial

Entre los más recientes cambios en la Fuerza Armada, ingresa al Estado Mayor General de la GNB el General de División Bladimir Humberto Lugo Armas, a quien el Ministerio Público imputó en el 2017, por violación a Derechos Humanos cuando era coronel y el jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal. La permisividad del oficial permitió el ingreso de un grupo de choque que arremetió agrediendo a diputados y dirigentes de Oposición


El 5 de julio 2017, un grupo de choque de la revolución bolivariana ingresó a la fuerza, al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, agrediendo a unas decenas de personas, entre ellas a siete diputados de la Oposición. Días después, lo imputó el fiscal 49 nacional Oliver Uribe Pinto, cuya investigación quedó engavetada.


“El único “mérito” de Lugo Armas para llegar a general fue su radicalismo a favor del régimen en aquel episodio en la Asamblea Nacional”, recuerda un oficial de la Guardia en alusión al momento en que el entonces coronel Lugo, cuando en el 2016, abusando de su autoridad, sacó del recinto, y a empujones, al diputado del partido Primero Justicia, Julio Andrés Borges Junyent, a quien le dijo “Yo manejo mi conflicto como me da la gana”.


También, fue denunciado por agredir al periodista Rafael Hernández, del canal NTN24. Le manoteó en la cara a Antonieta Mendoza Coburn de López, la mujer mientras le grita: “cállese la boca vieja ridícula”, ante la sorpresa  de quienes observaban la escena contra la madre de Leopoldo Eduardo López Mendoza, dirigente del partido Voluntad Popular

El entonces coronel Lugo expulsó a empujones a Julio Borges del recinto de la Guardia Nacional Bolivariana en la Asamblea Nacional

En el 2018 prohibió, durante semanas, el ingreso de periodistas al Palacio Federal y le arrebató la cámara a José Rivas del canal Venevisión.


Nicolás Maduro Moros lo condecoró con la orden Cruz de la Guardia Presidencial y con la medalla de honor de mérito al estandarte del destacamento de la Guardia. 


El 9 de agosto 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a ocho funcionarios del régimen venezolano, entre ellos al entonces coronel Bladimir Lugo y también a Adán Coromoto Chávez FríasFrancisco AmeliachÉrika FaríasHermánn EscarráDarío VivasCarmen Meléndez y Tania D’ Amelio.


Ahora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, con la Resolución 000036, del 26 de marzo 2026, suscrita por el ministro de la Defensa GJ (Ej.) Gustavo Enrique González López, materializa cambios o ratificaciones en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre ellos el ascenso de Bladimir Lugo y la sustitución de seis de los once integrantes del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

GD Delfín Alfredo Espinoza Torres es el nuevo director de Personal de la GNB

Continúan en sus cargos los generales Roberto Alfredo Acosta Garrido, Ramón Alexander Castro Pereira, Atilio José Peña Ruiz, Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez y Hernán Dionisio Rincón Paz.


Pocos ratificados

En la Dirección de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno hay dos cambios: En los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo, asume como jefe el GD Hernán Dionisio Rincón Paz, quien sustituye al GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez. Rincón había sido Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la GNB.


Mientras que en los Servicios de Policía de Investigación Penal de Delitos Financieros, recibe el General de Brigada (GB) Ramón Alexander Castro Pereira, en reemplazo del GB Antonio José Delgado Márquez. Castro ocupó anteriormente la Dirección de Participación Activa para el Desarrollo de la GNB.


Es ratificado en la presidencia de la Junta Permanente de Evaluación el General de División (GD) Roberto Alfredo Acosta Garrido. El nuevo director de Personal es el GD Delfín Alfredo Espinoza Torres, quien reemplaza al GD Alejandro José León Vera quien ocupaba el cargo desde hace tiempo y ahora sale del Estado Mayor General.

Los altos oficiales que se mantienen en el Estado Mayor General de la GNB son Roberto Alfredo Acosta Garrido, Ramón Alexander Castro Pereira, Atilio José Peña Ruiz, Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez y Hernán Dionisio Rincón Paz.

En la Dirección de Logística también hubo cambio; asume el GD Víctor Oswaldo Catamo Lisboa, sustituyendo al GD Alberto Alexander Matheus Meléndez otro que sale del Estado Mayor General de la GNB. Para el Servicio de Armamento fue designado el GB Alfredo José Morales Guerra, quien reemplaza al GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez, quien venía de ocupar los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo.


En la Dirección de Educación fue ratificado el GD Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez. Hubo reemplazo en la Dirección de Apresto Operacional, saliendo del Estado Mayor General de la GNB el GD Atilio José Peña Ruiz y asume el GD Pedro Celestino Magallanes Torres.


En la Dirección de Inteligencia Militar de la GNB fue designado el GD Bladimir Humberto Lugo Armas, en sustitución del GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez. 


En la Dirección de Régimen Especial de Seguridad ha sido nombrado el GD José Luis Hernández Urbina, sustituyendo al GD Adolfo Ramón Urribarri Monagas.

GD Carlos Alexander Gómez Lárez pasa a la Dirección General de Medios de Orden Interno Oriente

Al GD José Ismael Torrealba Silva lo nombraron director de Participación Activa en el Desarrollo Nacional, en reemplazo del GD Hernán Dionisio Rincón Paz. Al Cuartel General lo comanda ahora el GB Antonio José Delgado Márquez, quien sustituyó al GB Mario Farnetano Alapón.


En todas las direcciones Generales de Medios de Orden Interno hay nuevos rostros; en la de Occidente, ingresa el GD Jesús Álvaro Casanova Salinas, sustituyendo al GD Carlos Alexander Gómez Lárez, quien a su vez pasa a dirigir la de Oriente, de donde fue sustituido el GD Watson Rodney Figueroa Mejías.

Para la de Los Llanos enviaron al GD Atilio José Peña Ruiz, quien sustituyó al GD Ramón Eduardo Astudillo Domínguez. Y para la Capital fue designado el GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez, ocupando el cargo del que salió el GD Bladímir Humberto Lugo Armas, quien a su vez pasó a la Dirección de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/29/un-oficial-venezolano-sancionado-por-eeuu-fue-designado-como-director-de-inteligencia-de-la-guardia-nacional/



Venezuela y la “octava nacionalidad”: la tesis de un militar sobre la transición y la tutela de Estados Unidos

Un coronel retirado comparó el escenario posterior al 3 de enero de 2026 con el de Japón tras 1945 y sostuvo que el pías entro en una fase d...