Los militares ascendidos por Delcy Rodríguez pese a las denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos

Las resoluciones dejan al descubierto una nómina de ascensos en la Guardia Nacional Bolivariana atravesada por expedientes internos, señalamientos por narcotráfico, denuncias de tratos crueles y controversias. 

Sebastiana Barráez/ sábado 29 de agosto 2026
Tomado de Infobae

El control del orden interno es una de las funciones esenciales de la GNB.

Las órdenes de ascenso emitidas por Delcy Eloína Rodríguez Gómez, desde que asumió el poder el 3 de enero 2026, no están envueltas únicamente en formalidades castrenses. Mediante la resolución 1019 del 22 de julio, catorce oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana fueron promovidos al grado de teniente coronel de comando. El primer lugar de esa lista lo ocupa Diego Armando Perche Párraga, un nombre que ya figuraba en los archivos internos de la institución por una investigación abierta en 2023 por la Inspectoría General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según el expediente GNB-CG-IG-SI:011-23, a Perche Párraga se le abrió una averiguación luego de que surgiera una presunta conversación extorsiva con César Augusto Camacaro Hoyos, productor señalado por coordinar envíos de drogas desde las costas del estado Falcón. Para entonces, el oficial formaba parte de una comisión que investigaba a Camacaro por presunta legitimación de capitales. La versión fue difundida en la fecha por el diario oficialista Últimas Noticias, a partir de una grabación obtenida por el Comando Nacional Antidrogas, sin que nunca quedara establecido si fue real o un montaje para sacar al oficial del tablero militar. 

El ascenso resulta especialmente llamativo por el perfil operativo del funcionario: Perche Párraga fue comandante de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas del estado Lara y jefe del Destacamento de Comandos Rurales de la GNB, cargos sensibles dentro de una estructura militar encargada precisamente de combatir redes criminales y operaciones ilícitas. No se ha dado una explicación pública de lo ocurrido con los militares involucrados en el oscuro caso de narcotráfico.

Los tenientes coroneles (GNB) Eduardo Ramón Padrón Oquendo y Mickel Enrique Amézquita Pión.

En el juicio conocido como el Caso Camacaro figuran, dentro de la misma causa, César Augusto Camacaro Hoyos y su pareja, Daniela Alejandra Villavicencio Monasterios, junto con Edgar Alexander Bermúdez, Max Thompson Pérez, Pedro Javier Villegas González, Jhanor Josué Suárez Matheus, Alexis José Rojas Molina, Pedro Rafael Vincent Gómez y Ronmer Orlando Gómez Gómez.

Los señalados enfrentan acusaciones por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación, legitimación de capitales, obstrucción a la administración de justicia, usurpación de identidad y tráfico ilícito de armas de guerra y municiones. El expediente, por la gravedad de los delitos mencionados, contrasta con la decisión de colocar en el primer puesto de los ascensos a un oficial que estuvo bajo investigación interna vinculada al caso.

Las funciones de los tenientes coroneles son claves porque les permite estar en contacto directo con las Tropas Profesionales y Alistadas, otorgándole una alta influencia en la disciplina interna y el control real del territorio nacional.

Delcy Rodríguez ha dispuesto de todos los ascensos militares que son suscritos por el Ministro de la Defensa, GJ Gustavo González López.

Por violaciones a derechos humanos

La lista también incluye otro nombre controversial: Eduardo Ramón Padrón Oquendo, alias Babo. El 11 de enero de 2026, familiares de presos lo denunciaron por presuntamente someter a privados de libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando se desempeñaba como jefe del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMAS) en el centro penitenciario Yare II.

A esos nombramientos se suma la resolución 1021, que ascendió a tres tenientes coroneles asimilados: Mickel Enrique Amézquita Pión, Gregoria Del Carmen Carpio Meléndez y Pedro José Valero Ruíz. Entre ellos destaca Amézquita Pión, promovido como número uno de su grupo pese a estar asociado a asuntos de alta sensibilidad pública en materia de derechos humanos y justicia militar.

Amézquita Pión ha sido señalado por su actuación como juez militar, particularmente por ordenar la privación de libertad del capitán de corbeta retirado Rafael Acosta Arévalo en 2019, en el marco de la llamada Operación Constitución. 

Acosta Arévalo fue brutalmente torturado y, de acuerdo con el acta de defunción, que reveló Amnistía Internacional, murió frente al juez Amézquita Pión. 

En octubre 2020, Katherine Dayana Guerrero Martínez, esposa del Primer Teniente (Ej) Luis Alejandro Mogollón Velázquez, denunció en octubre de 2020 que después de la audiencia con el juez Amezquita Pión, el 15 de diciembre 2017, hubo contra su esposo tratos crueles e inhumanos por parte del entonces director de Ramo Verde, Capitán de Navío José Ramón Boston Silva, y personal de custodios como el Capitán de Corbeta Pinto Verde. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/09/escandalo-en-la-justicia-militar-de.html).

El ahora teniente coronel asimilado, Amézquita Pión, quien posee un doctorado en Ciencias de la Educación y una maestría en Derecho Penal, ejerció como juez en el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas y en el Noveno de Control en Falcón. Su ascenso, como el de otros oficiales mencionados, vuelve a colocar bajo escrutinio los criterios de promoción dentro de la estructura militar venezolana.

Diego Armando Perche Párraga ascendió de Nr. 1 al grado de teniente coronel de comando de la GNB.

De comandos y técnicos

Los otros ascendidos a tenientes coroneles de comando, en la resolución 1019, son: Argeni Franco Prieto Morales, quien al inicio de su carrera militar comandó la Primera Compañía adscrita al Destacamento de Comandos Rurales N° 619 en el estado Delta Amacuro; Jorge Luis Uranga Herrera, Franklin Oswaldo Merchan, Jesús Miguel Coronado Borjas, Rubén Alberto Alarcón Urbina.

Completan la lista de comandantes de la GNB: Santos José César Rivero, Enrique Rafael Espinoza Jiménez, Adan Andre Abad Zambrano, Miguel Enrique Buitrago Moreno, José Leonardo Enrique Mata Pineda, Martín Eduardo Puerta Reyes y Alvaro Javier Alarcon Camacho, quien como 2do Comandante del D-133 en Tucacas, estado Falcon se ha encargado de la capacitación y adiestramiento de los Pelotones de Restablecimiento del Orden Público (PROP) y los Grupos de Respuesta Inmediata (GRI) del eje oriental falconiano.

Hubo 20 oficiales ascendidos al grado de teniente coronel en la categoría efectivo técnico, sostiene la resolución 1020 del 22 de julio 2026, suscrita por el ministro de la defensa Gustavo González López. Ellos son: Sara Vanessa Sánchez Villarroel, Carlos Alberto Zerpa, Leonardo Artube Cabrales Caicedo, Yoel Alfredo Godoy Briceño, Cindy Andreina González Huerfano, Yessica Carolina Giacchetta Aponte, Rosana Rosales Ramírez, Jackson Alonso Díaz Díaz, Josmir Yaneth Tovar Hernández, Nixon Enrique Sánchez Ortega, Jhoan Leonel Hurtado Moreno, Krisbel Lucia Aucaquizhpi Ordoñez.

Cierran el cuadro Yolimar Carolina Núñez Luque, Carolina del Rosario Torres Contreras, Robert José Medina Rosales, Jhoan José Mata Zerpa, Jesús Enrique Ochoa Pérez, Rómulo Antonio Gélvez Briceño, Jackson Miguel Soto Bustamante y Reny Jesús Pérez Ventura.  

Son cuatro los ascendidos a tenientes coroneles asimilados técnicos, según resolución 1022 del 22 de julio 2026: Jhosley Eduardo Marcano Hurtado, Gerardo Ernesto Hurtado Crespo, Bellaluz Josefina Jaimes Gil y José Antonio Luna Maldonado.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/08/29/los-militares-ascendidos-por-delcy-rodriguez-pese-a-las-denuncias-en-su-contra-por-violaciones-a-los-derechos-humanos/

Reacomodo militar: oficiales de las ZODI pasan a segundos comandos de las Regiones Estratégicas

 

El movimiento golpea a oficiales con poder regional, varios de ellos promovidos en la etapa posterior a las elecciones de 2024, marcada por represión política y cierre de filas del aparato militar. 

Sebastiana Barráez/ miércoles 26 de agosto 2026
Tomado de Infobae

Los cuatro generales Tito Gómez Ávila, Francisco Álvarez Martínez, Yolhmer Vivas Torrealba y Johnnie Arévalo Vargas.

Delcy Rodríguez hizo cambios en los cargos de coordinación operativa del brazo militar en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), desplazando a oficiales con control regional, moviendo mandos sensibles y dejando en evidencia una reconfiguración interna del poder militar. Fueron desplazados de las ZODI oficiales que juraron lealtad a Nicolás Maduro y los trasladaron como segundos comandantes y Jefes del Estado Mayor de las REDI, como principal engranaje articulador del Estado Mayor Conjunto de las REDI.

La orden quedó plasmada en la Resolución 1279, del 11 de agosto 2026 y suscrita por el ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej.) Gustavo Enrique González López. Detrás del lenguaje administrativo aparece un movimiento de fondo: los segundos comandantes y jefes de Estado Mayor removidos acumulaban más de un año en sus cargos; algunos, casi dos.

La orden quedó plasmada en la Resolución 1279, del 11 de agosto 2026 y suscrita por el ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej.) Gustavo Enrique González López. Detrás del lenguaje administrativo aparece un movimiento de fondo: los segundos comandantes y jefes de Estado Mayor removidos acumulaban más de un año en sus cargos; algunos, casi dos. 

Seis de esos oficiales habían sido designados por Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando el país entró en una etapa de detenciones, persecución contra dirigentes políticos, activistas y testigos electorales, y endurecimiento del control militar.

Relevos en zonas sensibles

Generales Ángel Rivero García, Armando Carrillo Peñaloza, Lionel Sojo Rada y Javier Roa Moncada.

En la REDI Capital, una de las plazas políticamente más sensibles, el general de división Jesús Antonio Jiménez Delgado fue nombrado segundo comandante y jefe de Estado Mayor en sustitución del general de división Miguel Óscar Cuadros. Jiménez Delgado venía de comandar la ZODI Portuguesa desde octubre 2024 y antes dirigió la Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano (ATMEB).

En la REDI Central, el vicealmirante Lenín José García Borra sustituye al vicealmirante Ángel Humberto Sisco Mota. García Borra no llega sin credenciales políticas: estuvo al frente del Comando de Guardacostas desde noviembre de 2024 y en agosto de 2025 proclamó su “lealtad absoluta e inquebrantable” a Nicolás Maduro durante un discurso contra la fiscal general de Estados Unidos, en medio del despliegue estadounidense en el Caribe conocido como Operación Lanza del Sur.

El general de división Hibrahim Ricardo Sirgo Herrera fue enviado al segundo comando y la jefatura de Estado Mayor de la REDI Occidental, en reemplazo del general de división Atilio José Peña Ruiz. Sirgo Herrera venía de dirigir la ZODI Lara desde agosto de 2024 y exhibe un perfil alineado con la retórica más dura del chavismo militar: el 27 de octubre de 2025 defendió a Maduro ante la posibilidad de una intervención militar y llamó a sectores opositores “ultraderecha fascista”, “apátridas” y “traidores”.

En la REDI Los Llanos, el general de división Eduardo José Alayón Rodríguez asumirá como segundo comandante y jefe de Estado Mayor en sustitución del general de división Robert Frederich Rondón Cordero. Alayón Rodríguez llega desde la estructura de la milicia: desde diciembre de 2023 era director regional de Medios de Milicia de la REDI Occidente, un dato que refuerza el peso de los componentes de control territorial en esta nueva fase de ajustes.

Salidas rápidas y continuidad selectiva

Nicolás Maduro durante un acto militar por los 87 años de la Guardia Nacional.

En la REDI Oriental, el vicealmirante Ángel Francisco Rivero García fue nombrado segundo comandante y jefe de Estado Mayor en sustitución del general de división Carlos Alexander Gómez Lárez, cuya permanencia duró apenas cuatro meses. La salida exprés marca uno de los movimientos más bruscos de la resolución. Rivero García había encabezado la ZODI Sucre desde octubre de 2024 hasta mediados de 2026.

La REDI Los Andes fue la excepción parcial dentro del reacomodo: allí fue ratificado el general de división Armando José Carrillo Peñaloza, quien ocupa el cargo desde mediados de 2025. La continuidad sugiere una selección calculada entre mandos removidos y oficiales preservados.

En Guayana, otra región estratégica por su peso territorial y económico, el general de división Lionel Raúl Sojo Rada asumió la jefatura del segundo comando y del Estado Mayor en reemplazo del vicealmirante Ángel David Coronel Ramírez. Sojo Rada venía de comandar la ZODI Amazonas desde octubre de 2024 y antes había sido segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la ZODI Zulia.

La REDI Marítima e Insular fue la única que escapó al relevo. El vicealmirante Javier Isnardo Roa Moncada seguirá como segundo comandante y jefe de Estado Mayor, cargo que ocupa desde abril de 2026. Antes comandó la Escuadra Bicentenaria Bolivariana desde noviembre de 2024. Su permanencia contrasta con el sacudón aplicado al resto del mapa militar.

En el Comando Estratégico

Los altos oficiales Jesús Jiménez Delgado, Lenín García Borra, Hibrahim Sirgo Herrera y Eduardo Alayón Rodríguez.

Con varias resoluciones hubo relevos en varios cargos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb). Según la resolución 1276, asume el Comando Logístico Operacional el GD Tito Armando Gómez Ávila, en reemplazo del GD Carlos Eduardo Iguaro Bastardo. Gómez fue director de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército General en Jefe José Félix Ribas.

Para la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue ratificado como director conjunto el GD Francisco Arturo Álvarez Martínez.

Y en la Dirección General de Cartografía de la FANB fue ratificado como director conjunto el GD Yolhmer Elewis Vivas Torrealba.

Según establece la Resolución 1277 del 11 agosto 2026, asume como jefe de la Ayudantía del Ceofanb el GD Johnnie Javier Arévalo Vargas, en reemplazo del GB retirado Richard José Torres Granadillo. Cuando Arévalo comandaba la 13 Brigada de Infantería Motorizada, ubicada en el municipio Guajira estado Zulia, fue detenido, en marzo 2022, por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Policía Nacional Bolivariana en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, cuando transportaba en un vehículo de alta gama un cargamento de cigarrillos que se presume era contrabando.

El Ministro de la Defensa Gustavo González López y Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

En el Segundo Comando y Jefatura del Estado Mayor Conjunto del Ceofanb se dieron los siguientes nombramientos y/o ratificaciones: En el Puesto General de Comando fue ratificado el GD Gustavo Gregorio Bermúdez Pernalette. 

En las direcciones conjuntas: en la de Operaciones el GD Orlando José Vásquez Moya sustituyó al GD retirado José Ramón Maita González. En la de Artillería asume el GD Marlon Alexandr Ramírez Chacón, en reemplazo del GD (Ra) Marcos José Rondón Vera. 

El de Inteligencia es el GD Jesús Enrique Urdaneta Espina, quien reemplazó al GD (RA) Lenín Guillermo Herrera Hernández. Urdaneta ha ejercido como Consultor Jurídico del Ejército y era Director de Medios de Milicia de la Región Los Andes. En la de Fuerzas Especiales asume el Vicealmirante Daniel Román Arias Gutiérrez, en reemplazo del GD (Ra) Julmer Rafael Ochoa Romero.

En Ciberdefensa es nombrado el GD Eduardo José Sellone David, en reemplazo del GD (Ra) Richard Manuel Riera Montilla. En Orden Interno asume el GD Adolfo Ramón Urribarri Monagas, en sustitución del GD Richard José Rondón Liendo. El de Régimen Especial de Seguridad es el GD Atilio José Peña Ruiz, en sustitución del Almirante Carlos David Luque Solórzano.

La vacante en Reserva y Movilización la asume el GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez. El Coronel Luis Rafael Corona Gómez asume la de Administración sustituyendo al Cnel. Luis Arbenys Mendoza Pacheco. En Planificación Estratégica fue destinado el  GD Carlos Nicolás Caloir Barcazal. En la Dirección Conjunta de Personal fue ratificado el GB Xavier Alexander Pérez Godoy.

Para Investigación, Desarrollo e Innovación fue asignado el GD Carlos Eduardo Iguaro Bastardo, en reemplazo del GD Gustavo Alejandro León Niño. En la de Ingeniería fue ratificado el MG Johnny Alberto Núñez Rincón. En la de Doctrina fue nombrado el GD David Gerónimo Mendoza Villamizar en sustitución del GD Michell Leonardo Valladares Molina.

Fueron ratificados en la Fuerza de Choque, el GD Omar Teodoro Herrera Fernández; el de Contra El Terrorismo, Mayor General Félix Manuel Arnos Rodríguez; y en Adiestramiento continúa el GD Pedro Enrique Pérez Moreno.

Como director general de la Oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio de a Defensa designaron al GD Bencir Eloy Guerrero Ochea, quien reemplaza al GD Adolfo Enrique Rodríguez Cepeda, según la Resolución 1273. Guerrero Ochea comandaba la ZODI Mérida desde octubre 2024. Hace una década, en mayo 2016, el Ministerio para la Comunicación e Información (MincI) lo designó Director General (E) de Comunicaciones Presidenciales.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/08/26/reacomodo-militar-oficiales-de-las-zodi-pasan-a-segundos-comandos-de-las-regiones-estrategicas/

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La Fuerza Armada venezolana ante una encrucijada: despolitizarse o seguir perdiendo capacidad institucional

El ingeniero e investigador David Alberto Morán Bohórquez plantea que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atraviesa una crisis estructural causada por la politización, la pérdida de meritocracia y el deterioro operativo. 

Sebastiana Barráez/ domingo 23 de agosto 2026
Tomado de Infobae

La misión fundamental de una Fuerza Armada en una república democrática no es sostener gobiernos, dice el análisis.

El ingeniero e investigador David Alberto Morán Bohórquez sostiene que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo ha asumido en la última década espacios estratégicos de la economía venezolana, incluida una porción de la industria petrolera, sino que también enfrenta un proceso sostenido de deterioro institucional. Su diagnóstico apunta a una erosión multifactorial marcada por la politización, la pérdida de capacidades técnicas y la dispersión operativa.

En su trabajo “De una Fuerza Armada politizada a una institución profesional”, Morán traza una radiografía crítica de la institución castrense venezolana y plantea como prioridad su despolitización, modernización y retorno a una lógica profesional y meritocrática.

“La misión fundamental de una Fuerza Armada en una república democrática no es sostener gobiernos, tutelar la voluntad popular ni actuar como el brazo armado de una parcialidad ideológica; su única misión es proteger la Constitución, garantizar la integridad territorial y defender a todos los ciudadanos sin distinción”, afirma Morán.

A su juicio, el estado actual de la Fuerza Armada es consecuencia de un “proceso continuo de fatiga institucional”, en el que el mérito, la doctrina y el mantenimiento fueron desplazados por la lealtad política y la dispersión de funciones.

Portada del análisis de David Morán sobre la Fuerza Armada venezolana.

Morán es ingeniero industrial, ha sido profesor en la Maestría en Administración de la Universidad Metropolitana de Caracas y se ha especializado como investigador en planificación estratégica, energía, economía y desarrollo. También ha publicado artículos en distintos portales de comunicación.

Analiza aquel modelo que el Estado venezolano inició en 1958 dirigido a la profesionalización y la especialización técnica de la institución armada, “subordinada al poder civil democrático”, preparaba al militar para la gestión de la violencia legítima del Estado para la defensa de la soberanía y el territorio.

Su propuesta se basa en un “modelo civil-ingeniero de la defensa”: un sistema en el que las armas estén estrictamente subordinadas a la ley y al poder civil legítimamente electo. Para el investigador, la no beligerancia política de los cuarteles constituye una garantía esencial de estabilidad interna.

Despolitizar la institución y devolverla a su rol profesional, sostiene, permitiría blindar la democracia frente al pretorianismo y dignificar la carrera de las armas. En ese escenario, el soldado del futuro recuperaría el respeto y la confianza de la sociedad civil.

Según Morán, la defensa de Venezuela no dependerá únicamente del número de soldados, tanques o aviones, sino de la calidad de sus líderes, la preparación de su personal, la incorporación tecnológica, la fortaleza institucional y la confianza ciudadana. “Reconstruir la Fuerza Armada será, en última instancia, reconstruir la República”, resume.

David Alberto Morán Bohórquez es ingeniero industrial, profesor de posgrado e investigador.

El soldado del futuro

Uno de los ejes de la propuesta de Morán es la transformación del perfil humano de la Fuerza Armada. El investigador plantea una mutación tecnológica y organizativa para que el soldado venezolano del siglo XXI deje de ser concebido solo como combatiente tradicional y pase a ser un “operador de conocimiento de alto rendimiento”.

En ese nuevo paradigma, la disciplina y la aptitud física seguirían siendo necesarias, pero insuficientes. La defensa moderna exigiría competencias técnicas avanzadas y perfiles especializados.

Entre esas capacidades, Morán menciona ingenieros y programadores de combate, operadores de drones y pilotos remotos, analistas de datos e inteligencia de fuentes abiertas, especialistas en guerra electrónica y ciberdefensa, científicos de datos, lingüistas estratégicos y analistas geoespaciales.

“El soldado del futuro no servirá por coerción ideológica, sino por un profundo sentido de vocación republicana, respaldado por un entorno profesional que estimule su crecimiento científico e intelectual”, dice Morán.

El soldado del futuro debe ser preparado en competencias fundamentales propone el ingeniero Morán.

No costosa, sino más inteligente

Morán insiste en que una Fuerza Armada moderna no tiene que ser necesariamente la más costosa, sino la más inteligente. Eso implica una gestión técnica, ética y transparente de la defensa, con una visión de la seguridad nacional como un problema de optimización bajo severas restricciones presupuestarias.

Cuando Venezuela supere su crisis económica, advierte, cada inversión en defensa deberá estar plenamente justificada por su retorno estratégico y su eficiencia operativa.

Su propuesta de “financiamiento inteligente de la defensa nacional” se apoya en criterios de ingeniería financiera, gerencia pública y control logístico anticorrupción. Entre las medidas plantea auditorías de activos, reducción de la carga burocrática y erradicación de la corrupción cuartelaria.

No se trata de solicitar mayor presupuesto sino de “eliminar la redundancia y la discrecionalidad”. Bajo ese esquema, las unidades de combate y de servicio no manejarían recursos financieros directos, sino que administrarían recursos logísticos conforme a planes operativos certificados por los niveles superiores de comando.

Morán también propone erradicar la improvisación, institucionalizar la figura del oficial intendente para la administración integral de fuertes y bases militares, y reducir macroestructuras mediante almacenes y cadenas de suministro unificadas.

El Alto Mando Militar dando inicio a la Operación Relámpago del Catatumbo.

Crisis en la Fuerza Armada

En el diagnóstico de Morán, la FANB se desnaturalizó al diluir la identidad operacional de sus componentes, es decir Ejército, Armada y Aviación Militar, dentro de una denominación homogénea que, según afirma, debilitó liderazgos, competitividad y especialización institucional.

Ese cambio impactó la estructura de mando y se profundizó con reformas legislativas que, a su juicio, alteraron la naturaleza de la institución. Morán sostiene que convertir a la FANB en militante de la revolución bolivariana violentó el principio constitucional de no beligerancia política.

Ese impacto en los mandos de la estructura piramidal fracturó el eje de la pirámide organizacional: el mérito profesional. Ascensos, designaciones y comandos pasaron a depender de la lealtad política, lo que habría provocado fuga de talento calificado y desestímulo de la excelencia técnica en academias y unidades de combate.

La ideologización “fracturó el eje de la pirámide organizacional: el mérito profesional”. Así, los ascensos, designaciones y comandos pasaron a depender de la lealtad y provocó “una fuga de talento calificado y desestimuló la excelencia técnica dentro de las academias y unidades de combate”.

Morán agrega que la politización asignó a los militares roles ajenos a la misión constitucional de defensa. Entre ellos menciona la presencia de oficiales en áreas de la administración pública, especialmente en empresas de alimentos y minería, lo que expuso a la institución a dinámicas de corrupción estructural.

Es entonces cuando se produce lo que Morán llama “la desnaturalización del soldado y la erosión de la confianza ciudadana”, un factor que considera crítico para cualquier estrategia de seguridad nacional.

Unidades de Reacción Rápida de vigilancia en el Delta del Orinoco durante la Operación Escudo Bolivariano.

No era el enemigo interno

Morán cuestiona que el régimen venezolano haya concentrado su enfoque en el enemigo interno y estructurado una organización territorial militar, fragmentada en REDI, ZODI y ADI, orientada, según su lectura, al control social y la gestión empresarial, en detrimento de amenazas históricas como la presencia de grupos irregulares en zonas fronterizas.

En ese contexto, describe a la Fuerza Armada como una estructura “hipertrofiada e hidrocefálica”, con un número desproporcionado de generales y almirantes, déficit de liderazgo crítico y pérdida de doctrina para el conflicto militar clásico. La alteración de la pirámide militar, sostiene, terminó subordinando la autoridad profesional a la alineación ideológica.

Morán, quien es ingeniero industrial, interpreta el colapso de la Fuerza Armada como parte de un patrón sistémico similar al observado en otras corporaciones estratégicas del Estado, como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

En esos casos, afirma, la sustitución de la meritocracia, la rigurosidad técnica y la planificación de largo plazo por la lealtad partidista y el control ideológico derivó en el colapso de la productividad.

La Fuerza Armada, según su análisis, siguió una trayectoria semejante: al reemplazar el mérito profesional por la militancia, perdió capacidad operativa y se convirtió en una estructura pesada, burocrática y técnicamente debilitada.

Morán concluye que la adquisición histórica de sistemas de armas pesadas se hizo sin un análisis integral de ciclo de vida, sin líneas sostenibles de suministro logístico ni transferencia tecnológica real. A ello se sumaron sanciones internacionales, restricciones presupuestarias y gestión ineficiente, factores que impactaron el inventario convencional y lo dejaron en estado de inmovilidad u obsolescencia por falta de mantenimiento mayor.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/08/23/la-fuerza-armada-venezolana-ante-una-encrucijada-despolitizarse-o-seguir-perdiendo-capacidad-institucional/