domingo, 17 de mayo de 2026

Salida negociada: internacionalista propone explotar conjuntamente el Esequibo para evitar una escalada entre Venezuela y Guyana

 

El conflicto por la zona en reclamación no solo se libra en el terreno diplomático y jurídico, sino también sobre una vasta riqueza petrolera y gasífera. El doctor y profesor Jesús Troconis propone un "arreglo provisional" entre ambos países y abrir una vía de entendimiento con respaldo del Derecho Internacional


Sebastiana Barráez/ domingo 17 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

La Corte Internacional de Justicia el 11 de mayo en audiencia sobre el tema del Esequibo

La falta de definición en los límites marítimos alimenta la confusión actual sobre el Esequibo, la zona en reclamación entre Venezuela y Guayana, le asegura a Infobae el doctor Jesús Troconis, quien propone un “arreglo provisional” que permita la participación equitativa entre Guyana y Venezuela en la explotación de los recursos de la Zona Económica Exclusiva. “Son dos países vecinos que podrían perderlo casi todo, si optaran por la guerra”, sostiene.


A su juicio el arreglo provisional ofrece ventajas evidentes, porque “favorece la paz; luego impulsa la creación de sociedades mixtas o joint ventures para la explotación conjunta de recursos, especialmente petróleo y gas, mientras se espera una decisión definitiva de la Corte Internacional de Justicia”.


El internacionalista sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría abrir una vía de entendimiento en la controversia por el Territorio Esequibo mediante una comisión conciliadora entre Venezuela y Guyana, presidida por el secretario de Estado, Marco Rubio, con base en la figura jurídica del Amicus Curiae.


Según Troconis, una instancia de este tipo permitiría generar espacios de entendimiento y consenso sobre los 160.000 kilómetros del territorio en controversia. A su juicio, una aplicación estricta del Derecho Internacional abriría la puerta a fórmulas de concesión para empresas petroleras de cualquier origen, aunque subraya que la alternativa más conveniente sería un esquema de explotación conjunta, a través de joint ventures o compañías integradas por ambos países.


El jurista advierte que la confrontación y, en particular, una eventual guerra, “no representa una vía viable hacia la paz ni favorece el aprovechamiento de los abundantes recursos de petróleo y gas presentes en la zona”. Ante ello plantea que una salida negociada que contribuiría al desarrollo económico, político y social tanto de venezolanos como de guyaneses, además de aportar estabilidad a un diferendo que supera el siglo de historia.


En la conversación con Infobae, Troconis añade que Estados Unidos, como actor central en la historia de la industria petrolera, tiene capacidad de incidencia en esta coyuntura. Recuerda que Venezuela fue durante décadas un proveedor estratégico de crudo para Washington, tanto en tiempos de guerra como de paz, y destaca que en el litigio que hoy se ventila ante la Corte Internacional de Justicia los primeros asesores jurídicos del país fueron estadounidenses. 

La presidente interina de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez llega a la CIJ que el 11 de mayo recibe los alegatos venezolanos de los derechos sobre el Esequibo

Para el académico, Trump tiene la oportunidad de traducir en hechos sus llamados a la paz, en sintonía con la tradición de juristas como Hans Kelsen, referente del Derecho Internacional y defensor de la resolución pacífica de los conflictos.


Es el petróleo

Jesús Eduardo Troconis Heredia, abogado venezolano, es especialista en Derecho Internacional Público. Ha sido profesor de las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar, en Venezuela, y en la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo un máster en Derecho Público, tras doctorarse en la Universidad de Sorbona de París. Fue durante 15 años diputado al Congreso de Venezuela y ocupó cargos en la administración pública vinculados al área económica internacional. 


Sostiene que el petróleo constituye una causa de graves desavenencias en el mundo de las relaciones internacionales, por lo que la disputa Venezuela-Guyana es, en el fondo, un conflicto geopolítico por recursos energéticos le dice a Infobae el abogado y exparlamentario venezolano Jesús Eduardo Troconis Heredia

El especialista en Derecho Internacional Público, Jesús Eduardo Troconis Heredia, es venezolano y profesor de varias universidades en Venezuela y la Carlos III en Madrid

Sostiene que el motivo real de la controversia es que el Esequibo posee "numerosos yacimientos de petróleo y gas", de manera que el Estado consumidor busca seguridad de suministro y el productor quiere el mayor beneficio para su desarrollo.


El jurista define el concepto de geopolítica según Zbigniew Brzezinski, antiguo Asesor de Seguridad del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter: “es la lucha entre países consumidores y productores por el dominio de los hidrocarburos".


Al referirse a los paralelos históricos, compara el Esequibo con otros conflictos por petróleo: Guerra del Yom Kipur 1973, Guerra del Golfo por Kuwait, y la guerra Israel-Hamás por el yacimiento Leviatán en Gaza.


Unilateral no vale el Laudo

Enfatiza Troconis que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que entró en vigor durante el Gobierno del presidente Raúl Leoni; Gonzalo Barrios, ministro de Relaciones Interiores; e Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores. 


“Ese Acuerdo de 1966 echa por tierra la validez jurídica tanto del Tribunal Arbitral de 1897 como del Laudo Arbitral dictado en 1899, todo en virtud que no fue solicitado el Consentimiento de la República de Venezuela, condición indispensable para el funcionamiento de la Jurisdicción Internacional”, asevera el doctor el profesor y doctor en Derecho Internacional.

En diciembre 2024 funcionarios de la Fuerza Armada sobre un vehículo militar en parte de la zona que Guyana reclama

Explica que no existe la Instancia Arbitral sin el consentimiento de los Estados Parte, por lo que las acciones unilaterales quedan excluidas del marco regulador.


La validez del ⁠Acuerdo de Ginebra es que fue suscrito entre Reino Unido, Guyana y Venezuela, “estableciendo los términos de fiel cumplimiento al arreglo amigable para resolver el despojo fraudulento de que fuimos objeto mediante el laudo arbitral de 1899, de 159.542 kilómetros cuadrados, por lo que el Laudo se estima nulo ab initio, es decir, su nulidad es absoluta”.


Los intereses y las guerras 

En ese marco de los aspectos geopolíticos de la controversia sobre el Territorio Esequibo, el doctor Troconis parafrasea Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional del entonces presidente Carter, quien definía la geopolítica como la gestión estratégica de los intereses geopolíticos de los Estados.


"Brzezinski reducía el concepto, a la lucha entre los países consumidores y los países productores por el dominio de los hidrocarburos, lo que lleva a Trononis a decir que “esa definición es correcta y nos lleva directo al motivo principal del conflicto entre Venezuela y Guyana”.


Recuerda que el Territorio Esequibo posee numerosos yacimientos de petróleo y gas. “Como es conocido, el Estado consumidor pretende la seguridad del suministro de los hidrocarburos para garantizar su progreso en los diferentes estadios, político, económico y social, en tanto que, el Estado productor aspira el mayor beneficio de la explotación a fin de aplicarlo a sus programas de desarrollo nacional”.


No hay que profundizar para demostrar que “el petróleo constituye una causa de graves desavenencias en el mundo de las relaciones internacionales”, como queda en evidencia con la Guerra del Yom Kipur en 1973, dice Troconis, sobre el conflicto bélico llamado también guerra árabe-israelí, que enfrentó a una coalición de países árabes encabezada por Egipto y Siria contra Israel y que sucedió entre el 6 al 25 de octubre de 1973.

Nicolás Maduro incluyó el tema del Esequibo en la escalada política de Venezuela desde el 2023

También es un referente “la Guerra del Golfo por la invasión de Irak a Kuwait” como pruebas irrebatibles, así como el actual enfrentamiento bélico “entre Israel y Palestina, detonado por el cruento ataque terrorista de Hamás determina que Israel ejerce el derecho de la legítima defensa, al mismo tiempo que la defensa del rico Yacimiento de Leviatán y los yacimientos de gas natural, reservas probadas, en la costa mediterránea de Gaza”, dice Troconis. 


Agrega lo que sostiene el profesor de Harvard, Sergey Plokhy, al respecto que Gaza es el segundo frente de la guerra de Ucrania. “Actualmente, la agresión de Rusia a Ucrania, solamente un país de paso para el transporte de los productos del gas ruso a Europa occidental se convierte en una tragedia cruel que desde la perspectiva jurídica merece la más impetuosa condena, dado que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), cuya responsabilidad es salvaguardar la seguridad y la paz del Mundo.


Las concesiones petroleras

Para el doctor Jesús Eduardo Troconis Heredia, debe colocarse bajo objeto de estudio el otorgamiento de las concesiones petroleras que Guyana le ha otorgado a la empresa Chevron Corporation, en la Zona Económica Exclusiva. 


Lo considera “un punto neurálgico o un Punctum Dolens”, porque Guyana no tiene legalidad ni legitimidad para realizar actos de administración o disposición “sobre los recursos existentes en las áreas marina o submarina comprendidas en la Zona”.


A su juicio ese complejo entramado jurídico, integrado por el Tratado de Arbitraje de 1897, el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de delimitación de 1905, dejó una discrepancia entre el límite terrestre y el marítimo de la antigua colonia británica y la República de Venezuela.


A ello se suma que “Venezuela no suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, por lo que no está obligada por sus disposiciones específicas”, dice en referencia al artículo 2.1, según el cual “la soberanía del Estado se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores”.

Nicolás Maduro y el presidente de Guayana Irfaan Alí se saludan en marzo 2024 en la VII Cumbre de la CELAC en San Vicente y las Granadinas

Considera que lo más conveniente del “arreglo provisional” con participación equitativa entre Guyana y Venezuela en la explotación de los recursos de la Zona Económica Exclusiva, es que parafraseando al exprimer ministro de Francia Dominique de Villepin, “La guerre n’est pas le plus court chemin vers la paix”, es decir, la guerra no es el camino más corto hacia la paz.


En el tablero geopolítico

Troconis dice que las observaciones del catedrático Antonio Cabanillas y del joven jurista Tomás Daniel Heredia, centradas en los asuntos energéticos, permiten subrayar que la disputa en torno a Venezuela y sus vastos recursos energéticos “ya forma parte del tablero geopolítico global”. 


Además, Rusia, China e Irán mantienen fuertes inversiones en el país, mientras que la influencia política de la Cuba castrista sigue siendo determinante en la toma de decisiones, en una línea que fue consolidada por el fallecido presidente Hugo Chávez al trasladar parte del centro de gravedad político de Caracas a La Habana.


El segundo elemento apunta a los esfuerzos de la Federación Rusa por alcanzar una entente con China para reforzar su influencia sobre el mar Caspio, una región estratégica cuyos Estados ribereños concentran enormes reservas gasíferas. En este punto, se cuestiona lo que se califica como una “mentira de Estado”: la afirmación de Rusia de poseer las mayores reservas de gas del mundo.


Desde esta perspectiva, el diferendo no debería interpretarse como una confrontación deliberada contra Guyana. Venezuela, de hecho, reconoció la independencia de Guyana por vía diplomática tras la firma del Tratado de Ginebra de 1966


Más aún, dice Troconis para finalizar, “creemos en la necesidad histórica de la independencia guyanesa, no somos colonialistas, estamos conscientes que el Derecho Internacional Público contemporáneo lo considera un crimen internacional”.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/17/salida-negociada-internacionalista-propone-explotar-conjuntamente-el-esequibo-para-evitar-una-escalada-entre-venezuela-y-guyana/






jueves, 14 de mayo de 2026

Militares retirados alertan sobre el colapso de Venezuela y exigen el retorno al orden constitucional

 

Reclaman la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral "limpia y transparente" que restituya la vigencia de la Constitución 


Sebastiana Barráez/ jueves 14 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Militares venezolanos durante un desfile

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 250 oficiales en situación de retiro, sostiene que el país atraviesa una etapa de descomposición institucional, deterioro social y pérdida de soberanía. La organización reclama la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral “limpia y transparente” que restituya la vigencia de la Constitución.


La organización está presidida por el general de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt; en la Vicepresidencia el GB (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; como Secretario de Organización, GB Rafael Vera Ruiz; los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.


El FIM emitió el pronunciamiento en el que llama a un “urgente despertar de conciencia” frente a la crisis que, a su juicio, atraviesa Venezuela. El comunicado, difundido tras una salutación recibida desde un medio en México, con participación de figuras de la política nacional, reivindica el deber de los militares retirados de alzar la voz en defensa de la libertad y de la nación.

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar

La organización enfatiza que sus integrantes, como conocedores del territorio y defensores de la soberanía, rechazan la idea de que el país se encuentre en una fase de recuperación. Por el contrario, afirma que Venezuela vive un proceso de profunda desarticulación social y ética. 


“Rechazamos categóricamente la narrativa interesada que pretende vender al mundo una ‘felicidad’ inexistente y un ‘florecimiento económico’ que solo beneficia a pequeñas élites”, dicen agregando que lo que se encubre es una realidad marcada por el deterioro estructural.


Entre los elementos que citan como evidencia figuran el colapso de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida. La falta de agua, gas y electricidad, junto con salarios y pensiones insuficientes, conforma, sostiene el Frente Institucional Militar, un escenario de supervivencia cotidiana. 


El grupo de militares en retiro, que integra, desde generales a tenientes, suma a esa situación del venezolano la persistente inseguridad física y jurídica que erosiona la dignidad humana y profundiza la vulnerabilidad de amplios sectores del país.


La soberanía en riesgo

El pronunciamiento también pone el foco en la seguridad y en la pérdida de soberanía. Los militares retirados denuncian que parte del control territorial habría sido cedido a grupos armados irregulares, tanto nacionales como extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder en Caracas y otras regiones. 

Manifestantes en Caracas solicitaron a la embajada de EEUU intervenir por la liberación de los presos políticos y elecciones libres

Aseveran que estas estructuras ejercen un dominio criminal sobre sectores populares y terminan desplazando la autoridad legítima del Estado, con las consecuencias que tiene para la composición de un país. 


​Como soldados de la República, no podemos callar ante la persecución sistemática por razones ideológicas”, dice la asociación que rechaza la persecución sistemática que existe en Venezuela contra el derecho a disentir que ha sido criminalizado. 


En ese contexto, reclama la libertad de más de 500 ciudadanos, entre ellos civiles y casi 200 militares que, según denuncia, permanecen detenidos y sometidos a torturas, así como el retorno de miles de exiliados que abandonaron el país por defender la democracia.


Paz y elecciones

Como sustento jurídico de su postura, el documento invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela. La organización interpreta estas disposiciones como un mandato ciudadano de desconocer cualquier régimen que vulnere los derechos humanos o menoscabe las instituciones democráticas, y presenta su pronunciamiento como parte de esa obligación cívica y constitucional.


La Asociación Civil de militares agrupados en el FIM exhorta, tanto a los ciudadanos venezolanos, como a la comunidad internacional, a no dejarse “seducir por la propaganda”. Advierte que ni el hambre ni la represión pueden ser encubiertos con imágenes de prosperidad aparente, y plantea que la crisis de fondo no admite maquillajes discursivos ni relatos oficiales desvinculados de la realidad social.

Docentes exigiendo mejoras salariales durante una protesta del 9 de abril 2026 en Venezuela

Para la organización, la vigencia de la Constitución constituye “el único camino hacia la paz”. En esa línea, afirma que el silencio frente a la injusticia compromete tanto el honor militar como el ciudadano, y ratifica su lealtad al pueblo venezolano. 


La propuesta del Frente Institucional Militar (FIM) es que “la verdadera paz” pasa por el cese de la persecución, la liberación de los presos políticos, el regreso sin condiciones de los exiliados y la restitución plena de la legalidad constitucional. 


Según subraya, finalmente, ese objetivo solo sería posible mediante un proceso electoral “limpio y transparente” que reafirme la soberanía y voluntad popular ya expresada el 28 de julio de 2024.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/14/militares-retirados-alertan-sobre-el-colapso-de-venezuela-y-exigen-el-retorno-al-orden-constitucional/







martes, 12 de mayo de 2026

La frontera venezolana, territorio bajo sombra: “El narcotráfico define rutas, silencios y alianzas”

 

El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Francisco García Escalona, alerta que la frontera venezolana, advierte que lo que está en juego no es solo la seguridad regional, sino la integridad del país y la capacidad del Estado para ejercer soberanía real.


Sebastiana Barráez/ domingo 12 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

La guerrilla destruyó un puesto de control militar en Apure en 2021

La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Francisco García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.


Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.


El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.

Juan Francisco García Escalona, abogado, ex diputado y defensor de Derechos Humanos

Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.


Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.

Militares venezolanos junto al féretro del SM3 Ándriel Istúriz Sojo caído en el enfrentamiento con el Décimo Frente de las FARC en Apure en el 2021

Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.


El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.

Indígenas apureños en un informe de Provea 2025

Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.


Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?

Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.


Especialmente en las zonas fronterizas, ¿cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?

No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.

Funcionarios de Comando Antidrogas inspeccionan una aeronave del narcotráfico que cayó en Apure en diciembre 2025

¿Alguna vez ha tenido respuesta al porqué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?

Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.


¿Qué los acercó?

Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.

El profesor Javier Tarazona, director de Fundaredes fue detenido en julio 2021 y excarcelado en febrero 2026

¿Qué consecuencias ha tenido ese hecho perturbador?

Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.


¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?

Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.


¿Puede compartir algunos casos?

Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.

El Ministerio Público hace investigaciones parciales de los hechos que ocurre en la frontera

¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?

El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.


¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?

No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.


En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla? 

El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.

El Alto Mando Militar sustituido en marzo 2026 y que estuvo más de una década, levanta la mano en un pronunciamiento de lealtad

¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?

Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.  


Siendo abogado, ¿cómo entiende usted lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?

En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.


¿Cómo ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros, o con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?  

Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.


En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN. 

Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/12/la-frontera-venezolana-territorio-bajo-sombra-el-narcotrafico-define-rutas-silencios-y-alianzas/



Salida negociada: internacionalista propone explotar conjuntamente el Esequibo para evitar una escalada entre Venezuela y Guyana

  El conflicto por la zona en reclamación no solo se libra en el terreno diplomático y jurídico, sino también sobre una vasta riqueza petrol...