Funcionarios policiales sostienen que una organizacion identificada como ETM reclutaba funcionarios con acceso a información estratégica para ejecutar actos de sabotaje y planes de desestabilización. Familiares de dos militares detenidos denuncian torturas, desapariciones forzadas, confiscación de bienes y violaciones al debido proceso. El sistema policial represivo sigue funcionando igual bajo tutela de Estados Unidos.
Sebastiana Barráez/ martes 15 de septiembre 2026
Tomado de Infobae
Según los testimonios, luego de que los detenidos rechazaran ser representados por defensores públicos, en julio se autorizó el ingreso de abogados privados al penal de El Rodeo I. Esto permitió que Hernández Rojas y Oria Arteaga formalizaran su representación legal. Sin embargo, pese a la aceptación de los nombramientos, los abogados aún no han sido juramentados y continúan sin acceso al expediente.
En un proceso totalmente irregular, el juez 2° de Control contra la Corrupción y el Terrorismo, Carlos Enrique Liendo Acosta les dijo a los detenidos que los enviaría a juicio porque tiene 14 pruebas en su contra. Por lo que el juez dijo, los militares se dan cuenta que les han imputado otros delitos: “orquestar contra el Alto Mando Militar, un ataque financiado por Simonovis y fuga de información para el ejército de los EEUU”.
Entre la serie de irregularidades ocurridas se suma que fueron cambiadas las fechas de la audiencia de presentación que fue el 9 de febrero. “El jueves 10 de septiembre pretendieron hacerles una nueva preliminar a escondidas de los abogados privados y cambiaron la fecha de la presentación colocándola como si fue en marzo y con otro argumento, un bombardeo contra el Alto Mando Militar”.
Mantienen a los abogados privados engañados con la juramentación ya que en junio les aceptaron el nombramiento pero no los juramentan, así tampoco les permiten tener acceso al expediente y modificaro incluso cambiando fechas y delitos”.
A estas acusaciones se suma la confiscación de bienes de algunos de los detenidos. En el caso del coronel Hernández, sus familiares denuncian que funcionarios de la DGCIM ocuparon el apartamento donde residían tanto él como su madre y su hermana. También aseguran que la audiencia preliminar ha sido suspendida en 19 oportunidades.
La detención de Oria
Yuri Burgos relató que su esposo, el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, fue detenido el 21 de enero de 2026 por una comisión integrada por 30 funcionarios armados y encapuchados.
De acuerdo con su testimonio, los agentes informaron que el militar debía acudir a una entrevista, sin exhibir una orden de aprehensión. Aunque inicialmente le indicaron que sería trasladado a una sede de la Policía Nacional Bolivariana, terminó siendo llevado a instalaciones utilizadas por la DGCIM dentro de la Base Aérea La Carlota, donde presuntamente fue sometido a torturas.
Luego de meses en que los familiares y los otros detenidos del caso han tenido trato, saben por narración de ellos que David Figueredo, Héctor Martínez y Leonardo Gómez Brito tenían nueve años fuera del CICPC, se habían ido del país y regresaron a principios de diciembre 2025.
Ese día en que los detienen solo estaba David y Héctor comiendo en un restaurante. Los funcionarios les dijeron que le enviaran un mensaje a Leonardo Gómez para que fuera a reunirse y cuando va saliendo de la estación del metro lo detienen”.
El caso del coronel Hernández
Del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, detenido el 24 de enero 2026, su hermana Alida Hernández dice que “siempre fue el número uno en los ascensos, estuvo tres años destacado en Rusia, habla inglés y en agosto del 2025 pasa a retiro por tiempo cumplido en la fuerza”.
Aseguró que su hermano, fue detenido el 24 de enero de 2026 en las inmediaciones de su residencia por una comisión de la DGCIM que no presentó orden judicial ni identificación visible.
La versión familiar señala que la acusación surgió a partir de la declaración de un supuesto testigo anónimo que lo vinculó con un eventual gobierno de transición encabezado por Edmundo González y con la denominada operación Azul Celeste.
Relata que ese 24 de enero, a las 7 de la noche, su hermano fue interceptado en el estacionamiento de su vivienda por una comisión de la DGCIM que no llevaban orden de aprehensión, ni identificación visible y se trasladaban en vehículo particular. “Le quitaron el carro a mi hermano y lo trasladaron a la DGCIM boleíta”, donde estuvo en desaparición forzada y luego recluido en la cárcel del Rodeo I.
Tras su captura, Hernández habría permanecido desaparecido durante varios días antes de ser recluido en la cárcel de El Rodeo I. Su hermana sostiene además que el militar ha recibido amenazas contra sus familiares para evitar que el caso sea denunciado públicamente.
Los allegados cuestionan igualmente los allanamientos y la confiscación de propiedades atribuidas al oficial retirado, argumentando que las medidas se ejecutaron cuando la investigación aún se encuentra en fase preliminar y sin una decisión judicial definitiva.
Aunque reconocen que Hernández mantenía conversaciones con el general en el exilio Rodolfo Camacho Rincones, sostienen que ese hecho ha sido utilizado como elemento incriminatorio sin que existan pruebas que sustenten los delitos imputados.
La versión policial
La investigación MP-17139-2026 comenzó el 20 de enero de 2026 a partir de una denuncia presentada por una fuente identificada únicamente como “DGCIM-DEIPC-PVT-009-1-26”. Según los documentos del caso, el informante alertó ante la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sobre la existencia de una supuesta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM).
De acuerdo con la versión expuesta por los organismos de seguridad, la estructura estaría bajo la influencia de servicios extranjeros considerados enemigos por el Estado venezolano y tendría financiamiento estadounidense. La investigación señala al excomisario Iván Antonio Simonovis Aranguren como supuesto articulador de la red.
Las actas de la DGCIM describen a la ETM como una organización dedicada a captar y reclutar personal militar activo, retirado y desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como funcionarios policiales en condiciones similares. El objetivo, según la hipótesis oficial, sería obtener acceso a información sensible relacionada con altos funcionarios del Estado y con áreas estratégicas de la seguridad nacional.
Entre los datos que presuntamente buscaba recopilar la organización figuran información táctica sobre aeronaves, sistemas de armas, planes de vuelo, programas de mantenimiento, pilotos asignados, sistemas de defensa antiaérea, radares, ubicación de unidades militares, planes de defensa, organismos de inteligencia y estructuras comunales.
El acta policial dice que una vez reclutados, los integrantes de la red recibirían tareas vinculadas con sabotaje, sustracción de piezas, inutilización de equipos y posibles atentados contra altos funcionarios civiles y militares. El propósito atribuido a estas acciones sería reducir las capacidades operativas de la FANB y generar condiciones de desestabilización en el país.
Reuniones, pagos y planes
La DGCIM afirma que buena parte de los presuntos integrantes de la ETM son exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y sostienen que durante diciembre 2025 y enero 2026 se habrían realizado reuniones en Caracas para captar colaboradores y ofrecer pagos en dólares a cambio de información confidencial destinada a organismos de inteligencia estadounidenses. ¿El objetivo? planificación de supuestos actos destinados a provocar conmoción social y afectar la estabilidad interna del país.
El expediente señala que funcionarios de la DGCIM realizaron labores de patrullaje en el sector El Paraíso, en Caracas, en cumplimiento de una orden de búsqueda emanada por sus superiores. Durante una inspección en las cercanías de una tienda comercial ubicada en la avenida Las Fuentes, los agentes observaron a tres hombres reunidos, quienes, según el reporte oficial, habrían mostrado una actitud considerada sospechosa al notar la presencia de la comisión.
La investigación identifica a David Figueredo Sandoval como presunto responsable de captar y reclutar funcionarios. Asimismo, Héctor José Martínez Yánez como pieza clave en la captación de efectivos militares y receptor de información suministrada por el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga.
El tercer señalado fue Jesús Leonardo Gómez Brito, a quien la DGCIM atribuye contactos directos con Simonovis y la responsabilidad de procesar la información recopilada, además de distribuir fondos destinados a actividades operativas.
Posteriormente, los investigadores aseguraron haber hallado en poder de Figueredo Sandoval una carpeta amarilla con documentos contentivos de información sensible relacionada con puntos estratégicos de Caracas. Según el acta, el material incluiría informes de inteligencia, documentos operativos y registros administrativos vinculados a una supuesta operación denominada “Día D”.
Aunque el expediente no detalla el método utilizado para obtener la información, la DGCIM asegura haber reconstruido parte de la estructura organizativa y de mando atribuida a la ETM, en la que figura el coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, a quien se le atribuye el suministro de cartografía e información técnica. También, funcionarios activos y retirados, supuestamente coordinados por excomisarios y exfuncionarios policiales identificados por la DGCIM.
Las actas sostienen además que una denominada “ficha de captación” contenía información personal y profesional del teniente coronel Oria Arteaga y del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas.
El testigo estrella
Uno de los elementos centrales del expediente es la declaración del denunciante, convertido en testigo clave para la investigación, argumentan que mantenía contacto laboral con Oria Arteaga debido a que ambos trabajaban en telecomunicaciones.
El testigo relató que el oficial acudió a revisar un servidor que prestaba servicios de voz IP y que se encontraba fuera de funcionamiento tras la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero 2026. De acuerdo con la declaración, al inspeccionar el equipo observó que no contaba con sistema operativo instalado y concluyó que el disco había sido borrado.
Oria Arteaga habría atribuido la situación a un ataque informático ejecutado por estadounidenses. Sin embargo, el denunciante manifestó a los investigadores que, desde su percepción, el problema podía corresponder más a un formateo realizado con acceso autorizado que a una acción externa.
El mismo testigo aseguró haber detectado días antes un ataque al servidor y afirmó que, al consultar al militar sobre si había compartido las claves de acceso, este respondió que se las había entregado a una persona identificada únicamente como “el viejo”.
Diez acusados
Tras varios meses de pesquisas, caracterizadas por el hermetismo oficial, la DGCIM incorporó a otros presuntos integrantes del Equipo de Trabajo Multidisciplinario. Entre los nombres mencionados en el expediente, además de los dos oficiales, figuran José Gregorio Rivas Sifontes, Joharlin Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava, Serbio Alexander Hernández Contreras, Juan Luis Rivero Nelo y Carlos Ulises Hernández Rojas.
La lista se completa con Héctor José Martínez Yánez, David Figueredo Sandoval, Jesús Leonardo Gómez Brito y Manuel Alejandro Oria Arteaga.
Respecto a Hernández Rojas, los investigadores sostienen que mantenía comunicaciones con el general de división retirado Rodolfo Camacho Rincones, quien se encuentra fuera del país.
Los diez señalados fueron finalmente presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en materia de terrorismo, instancia que les atribuyó los delitos de traición a la patria y conspiración.
