Denuncian que un comandante venezolano detenido hace 17 meses es sometido a tratos “inhumanos” en prisión

 La familia de Darwin Rigoberto Sanabria León afirma que las autoridades no han informado sobre su paradero ni resuelto peticiones legales presentadas desde hace más de un año

Sebastiana Barráez/ domingo 12 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

El teniente coronel (GNB) Darwin Rigoberto Sanabria León, era el Comandante de Apoyo Aéreo en Amazonas cuando fue detenido en noviembre de 2024

El 24 de noviembre de 2024, el teniente coronel (GNB) Darwin Rigoberto Sanabria León y diez oficiales más, fueron detenidos en Amazonas, por orden de un Tribunal Militar, acusados de presuntamente permitir el ingreso de aeronaves procedentes de Brasil a la Base de Protección Fronteriza Cerro Carlos Delgado Chalbaud. Familiares de Sanabria le dijeron a Infobae que el oficial ha sido trasladado de los centros de reclusión, sin que se conozca su paradero exacto. “Darwin ha recibido maltrato físico y psicológico, al punto de atentar contra su propia vida”.

La familia también denunció que el oficial fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde en febrero de 2025 y posteriormente trasladado al centro penitenciario de El Rodeo, sin que se les haya informado oficialmente si continúa allí o si fue nuevamente movido. Afirman que, en reiteradas ocasiones, no dispone de alimentos, cama ni agua para su aseo personal. “Se trata de un proceso inhumano al que ha sido sometido”, señalaron. 

Adicionalmente, los allegados indicaron haber recibido información según la cual Darwin Sanabria habría permanecido varios días en una celda de castigo. Denuncian la paralización del proceso judicial, al afirmar que los militares no han sido juzgados ni sentenciados y que el caso permanece estancado. 

La Base de Protección Fronteriza Cerro Carlos Delgado Chalbaud

La familia ha reiterado la solicitud de avocamiento para que se revise el expediente y se individualicen las responsabilidades, pero dicha petición permanece engavetada desde hace más de un año, sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.

Fueron en total once militares los arrestados en noviembre 2024 en Amazonas en el marco de este caso. Entre los detenidos figuran el general de brigada Rafael Simón García Fernández, comandante de la Zona Nº 63; el coronel Euclides Rafael Gómez Salazar, segundo comandante y jefe del Estado Mayor; el teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León, comandante de Apoyo Aéreo; y el mayor José Gregorio Santana Olivo, jefe de la División de Mantenimiento y Orden Interno.  

Asimismo, fueron privados de libertad los primeros tenientes Luis Gerardo Pérez Mendoza, jefe de Comandos Rurales; Jhon Kenner Buitrago Jaimes, jefe del Destacamento de Comandos Rurales 63-2 y comandante del Destacamento de Seguridad Urbana; así como los sargentos Ángel Alexis Barreto Pérez, Keibi Adrián Verenzuela Sandoval, Elvis Josué Pérez Salas y Antonio José Gutiérrez. 

De acuerdo con los familiares de Sanabria León, la mayoría de los detenidos “permanece en la cárcel y en el olvido”. Sostienen que la Fiscalía Militar instruye un único expediente para todos los implicados, imputándoles los mismos cargos, independientemente de su grado de responsabilidad o inocencia.

La detención

El 24 de noviembre de 2024, el teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León, entonces comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo N.º 63 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acudió a una reunión convocada por el general de brigada José Ruiz Muñoz, comandante de la Zona GNB N.º 63. Durante el encuentro, Sanabria León fue informado de una orden de aprehensión en su contra, emitida por el capitán Jorge Daniel Cedeño, juez militar octavo de control.

De esta instalación militar, Comando de Zona de la GNB en Amazonas, se llevaron detenidos a los oficiales imputados por supuestamente permitir que una aeronave br

La investigación que derivó en su detención se originó a partir de la nota informativa N.º 0285-24, emitida el 20 de noviembre de 2024, por el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) N.º 63 Amazonas, y suscrita por el teniente coronel José Ángel Romero Cuamo. El documento indica que, el 15 de noviembre, mediante entrevistas y análisis de registros telefónicos, se habría detectado que personal militar destacado en la Base de Protección Fronteriza Cerro Delgado Chalbaud presuntamente brindó seguridad a mineros ilegales a cambio de material aurífero.

El puesto fronterizo Delgado Chalboud

De acuerdo con la investigación, a uno de los efectivos que participó en un relevo fronterizo se le habría hallado un video en el que se observa una aeronave negra de ala rotatoria, sin matrícula visible y presuntamente procedente de Brasil, aterrizando y despegando de dicha base. En las imágenes también se aprecia la presencia de dos hombres armados con indumentaria alusiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El Tcnel. Darwin Rigoberto Sanabria León fue trasladado, el 26 de noviembre 2024, al Tribunal de Primera Instancia Militar Octavo de Control del Circuito Judicial Penal Militar de Puerto Ayacucho; el fiscal militar, Cap. Martín Grimón Guipe, lo imputó por presunta Traición a la Patria, Ultraje a la FANB, Contra la Seguridad de la Fuerza Armada, Desobediencia Agravada y Abuso de Autoridad. 

En este lugar está la instalación militar en la que habría aterrizado y despegado la aeronave

El 11 de enero de 2025, la Fiscalía presentó formalmente el escrito acusatorio. Posteriormente, en la audiencia preliminar celebrada el 5 de febrero 2025, el juez Jorge Daniel Cedeño admitió la acusación y ordenó el inicio del juicio.

La carrera

El teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León egreso de la EFOFAC en el 2005 de la II Promoción Toma de Puerto Cabello, y un par de años después del XXV Curso de Piloto Aviador. Su carrera la ha desarrollado en los estados fronterizos.

Desde el 2007 estuvo en zona fronteriza en los estados Bolívar y Amazonas, como tripulante en las misiones de Vuelo para relevos de las Bases de Protección Fronteriza y Bases de Seguridad Territorial: San Juan de Manapiare, San Fernando de Atabapo, La Esmeralda, Santa Bárbara del Amazonas, Parima B, San Carlos de Río Negro, Buena Vista del Meta, San Carlos del Meta, Cararabo del Meta. 

Fue piloto al mando de las misiones de Vuelo como Aeroambulancia en los fronterizos estados Apure y Zulia. Entre el 2010 al 2018 tripulante de las Misiones de Vuelo a órdenes de los comandantes Generales Freddy Alonzo Carrión, Luis Alfredo Motta Domínguez, Richard Jesús López Vargas y Néstor Luis Reverol Torres. También de los ministros de Defensa Carlos Mata Figueroa, Carmen Teresa Meléndez Rivas y Vladimir Padrino López. Y del entonces Comandante Estratégico Operacional, Almirante Remigio Ceballos Ichazo.

Desde el 2020 al 2023 fue comandante de Apoyo Aéreo Paramillo en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira. De ahí pasa a ser, hasta su detención, comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 63, Puerto Ayacucho, del fronterizo estado Amazonas.

Autorizan desde Caracas

El Tcnel. Darwin Rigoberto Sanabria León fue designado, desde el 9 de septiembre 2023, según Resolución Nro 052532 del Ministerio de la Defensa, comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 63 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la Base Aérea “GJ. José Antonio Páez”, municipio Atures, estado Amazonas.

La GNB fue puesta bajo escrutinio en el fronterizo estado Amazonas, uno de los estados de explotación del oro

Jenny Franchesca Ruiz de Sanabria, esposa del oficial dice, en un documento enviado a la Guardia Nacional, que el Tcnel. Darwin Sanabria León no tenía autonomía para planificar ni ejecutar vuelos militares por iniciativa propia. Explicó que cualquier traslado debía ser notificado a los superiores en Caracas y que solo tras la debida autorización se procedía a la asignación de la aeronave y la tripulación correspondientes.

Destacó además que, dentro de la estructura organizativa de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Sanabria León, en su condición de jefe del Destacamento de Apoyo Aéreo N.º 63, no dependía del Comando de Zona para impartir órdenes al personal. En ese sentido, sostuvo que no tenía facultades para designar efectivos en los relevos fronterizos, ni estaba autorizado a abordar las aeronaves durante esas operaciones o a trasladarse a las bases, mucho menos a ausentarse de su comando dejando de supervisar las operaciones aéreas.

Ruiz de Sanabria también subrayó que la Base de Protección Fronteriza Cerro Delgado Chalbaud carece de control radar por parte del Estado venezolano y no dispone de señal telefónica, contando únicamente con conexión mediante wifi portátil.

Aseguró que el Tcnel. Sanabria León no participó en actividades de minería ilegal y que no existe ningún elemento que permita presumir su vinculación con los hechos.

Los delitos imputados

En el caso que involucra al teniente coronel Darwin Sanabria, el proceso judicial alcanza a un total de diez imputados, a quienes la Fiscalía atribuye los mismos cinco delitos. Sin embargo, estas acusaciones son rechazadas por su esposa, Jenny de Sanabria, quien cuestiona la solidez de los señalamientos.

El General de Brigada Rafael Simón García Fernández fue el oficial de más alto rango detenido en el grupo de los once militares

Respecto al presunto delito de traición a la patria, Ruiz de Sanabria sostiene que la acusación no especifica cuál habría sido la conducta concreta atribuida a su esposo. Según explica, el Ministerio Público se limita a señalar que el oficial supuestamente participaba en actividades de minería ilegal en el cerro Delgado Chalbaud, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, sin aportar testigos ni pruebas que demuestren su traslado al sitio o su vinculación directa con dichas actividades. Además, afirma que el expediente fiscal tampoco detalla cuál habría sido el supuesto beneficio obtenido.

Sobre el delito de ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Fiscalía asegura que Sanabria recibía presuntamente, durante cinco días de cada mes, un 20 %, sin precisar de qué concepto, en un sector adyacente a la Base de Protección Fronteriza del cerro Delgado Chalbaud. No obstante, según su esposa, durante las actuaciones no se le encontró grama alguno, dinero ni otros elementos que respalden esa versión.

En cuanto al delito contra la seguridad de la Fuerza Armada, afirma que no existe constancia de que el oficial haya revelado órdenes, consignas, documentos o información clasificada o reservada de la institución militar.

El Ministerio Público argumenta que Sanabria conocía los riesgos a los que se expone el personal militar desplegado en el relevo fronterizo y que habría permitido el ingreso de aeronaves ajenas a la Fuerza Armada. Frente a ello, su esposa aclara que el teniente coronel no desempeñaba funciones en esa zona de seguridad ni ordenó el traslado de funcionarios al lugar.

Finalmente, no comprende cómo su esposo es imputado por desobediencia agravada y abuso de autoridad, sin prueba alguna de que haya ordenado a personal militar trasladarse a la Base de Protección Fronteriza. Añade que en el material audiovisual al que se refiere la Fiscalía no van a encontrar participación alguna del oficial, ya que “nunca estuvo en dicha zona”.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/12/denuncian-que-un-comandante-venezolano-detenido-hace-17-meses-es-sometido-a-tratos-inhumanos-en-prision/

Detención y torturas: el perturbador relato de un padre sobre su hijo detenido por el “Caso Cadetes”

Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I

Sebastiana Barráez/ viernes 10 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Los Mejías Sierra fueron secuestrados y torturados por funcionarios del DGCIM fuertemente armados

Tras casi un año de encierro, torturas y tratos degradantes en manos de la DGCIM, en el denominado “Caso Cadetes”, Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I, tras ser excluido del proceso de amnistía otorgado al resto de los implicados en la causa. Relata a Infobae la aterradora experiencia que vivió tras los muros del penal y la lucha por la libertad de su hijo. El Rodeo I está desde anoche en una situación de alta tensión, por la protesta de reclusos extranjeros.

La madrugada del 3 de enero 2026, los reclusos del Rodeo I escucharon, durante dos horas, explosiones a lo lejos. Después llegó un silencio tenso, interrumpido por conversaciones nerviosas entre los custodios. El penal entró en alerta máxima; se reforzó la seguridad con tropas adicionales, se instalaron armas calibre .50 en los techos y la bandera fue izada a media asta. 

Las visitas y el servicio médico fueron suspendidos; se restringió la comida, se silenciaron los altavoces y comenzaron amenazas directas contra los internos. Funcionarios advertían que los usarían como rehenes políticos y ejecutados si “los gringos” intervenían.

Las visitas se reactivaron el sábado 9 de enero. Los familiares, sin miedo, les informaron lo ocurrido en la Operación Resolución Absoluta y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano. 

“Exigimos la libertad inmediata y protestamos. El 15 de enero nos amenazaron por lo que las protestas cesaron, pero siguió un periodo de profunda ansiedad y desesperación”, narra Diego González Mejías.

Padre e hijo Diego José González, estuvieron juntos durante un año hasta que Diego Mejías González salió luego de la Operación Resolución Absoluta

El 27 de enero, un custodio irrumpió con premura en la celda para colocarle las esposas y le cubrió el rostro con una capucha. Un jefe de régimen pronunció su nombre en voz alta y anunció su libertad. “Abracé a mi hijo como nunca. Lloramos inconsolablemente. Nos despedimos. Fue desgarrador dejarlo allí”, recuerda.

Los excarcelados de ese día fueron conducidos a un área donde les ordenaron desnudarse y elegir, entre montones de ropa acumulada, algunas prendas para vestirse. Les raparon el cabello y los trasladaron a un estacionamiento para fotografiarlos. Antes de la salida, el director del penal, conocido como Paterel, se despidió y los entregó a funcionarios de la DGCIM, quienes los trasladaron a la sede de Boleíta, en Caracas.

El grupo estaba integrado por 22 personas: 17 venezolanos, dos peruanos y tres hondureños. En la DGCIM, fueron sometidos a nuevos procedimientos de identificación. “Nos entrevistaron, nos volvieron a desnudar y nos tomaron fotos”, explica. Les entregaron la boleta de excarcelación y el documento del régimen de presentación cada 15 días ante tribunales de terrorismo en Caracas.

Fueron obligados a firmar un documento que debían leer en voz alta mientras eran grabados en video, declarando que no habían sido maltratados ni actuarían contra el Gobierno ni contra los funcionarios de seguridad, que no ofrecerían entrevistas ni declaraciones públicas y que no podían salir del país.

A las seis de la tarde fueron liberados, sin documentos personales, dinero ni teléfonos móviles. “Salimos con miedo, caminando rápido. Cuando logramos salir del perímetro, unas personas que la divinidad puso en nuestro camino nos prestaron sus teléfonos. Lloraron con nosotros”, recuerda.

El 23 de febrero, mientras los cadetes detenidos recuperaban su libertad, el joven Diego José quedó recluido en el Rodeo I. Fue entonces cuando su padre inició una campaña pública para exigir su liberación. Su madre, Mireya Sierra, al igual que otros familiares de presos políticos, se apostó frente a la cárcel en señal de protesta. “A mi hijo y a mí nos negaron la Amnistía”, denuncia Mejías González.

La madre, madre de Diego, se aposto desde hace meses al frente al Rodeo pidiendo libertad para su hijo

El inicio de la pesadilla

Hace una década, el deterioro político y social del país, marcado por la ideologización, el control estatal, la represión y la destrucción de sectores clave como el educativo, impacta de forma directa en la vida de Diego Mejías Sierra (23 años). 

Así lo relata, en la conversación con Infobae, su padre, Diego José Mejías González (54), aseverando que su hijo fue testigo de la emigración de primos y amigos, el colapso del sistema educativo, persecución de compañeros cercanos, encarcelamientos e incluso muertes.

Esos sentimientos de frustración y descontento llevaron al joven a expresarse en redes sociales, donde entró en contacto con Jesús Pulgar, un cadete de 20 años. A partir de ese intercambio, junto a otros jóvenes, comenzaron a crear escenarios imaginarios en los que fantaseaban con un eventual derrocamiento del gobierno.

Según Mejías González, Pulgar logró sumar a varios cadetes más a ese grupo. Entre 2023 y 2024, mantenían conversaciones a través de Telegram y videojuegos en línea. Sin embargo, el hijo de Mejías se distanció del grupo al iniciar una relación sentimental. “Dejó atrás todo lo que estaba haciendo con los cadetes. Jesús Pulgar sí continuó”, afirma.

El caso dio un giro decisivo el 4 de febrero de 2025, cuando uno de los estudiantes de la Academia Militar denunció al grupo después de que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hallara información comprometedora en su teléfono móvil. A partir de ese hallazgo, las autoridades lograron identificar y detener a dos cadetes.

Los jóvenes fueron trasladados inicialmente a una casa de seguridad, que son centro de torturas, adscrita a la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, bajo la responsabilidad del coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga. La vivienda, ubicada en Chuao, había sido incautada previamente a José Ignacio Moreno Suárez, abogado de la empresa Gold Reserve, detenido el 4 de junio de 2023 y recluido en la cárcel Rodeo I, acusado de “conspiración con gobierno extranjero”.

El coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la DAE, DGCIM

De acuerdo con el testimonio del padre, los primeros detenidos fueron diez cadetes y un menor de edad. “Al adolescente se lo llevan solo por mirar, por pura maldad”, sostiene. Asegura que todos fueron sometidos a torturas hasta que el 7 de febrero de 2025 fueron trasladados a la sede central de la DGCIM en Boleíta, Caracas.

Hasta ese momento, ni Diego Mejías González ni su hijo sabían que la operación estaba en marcha. El 9 de febrero, un domingo, la familia realizaba su rutina habitual cuando se dirigieron a visitar a una tía en Maracay, estado Aragua, sin saber que desde hacía dos días eran seguidos por una camioneta con cinco funcionarios del DAE, quienes los interceptaron.

“Había una confusión porque mi hijo y yo nos llamamos igual y la línea telefónica está a mi nombre, igual que la de otros familiares”, explica. Cuatro agentes descendieron del vehículo portando armas largas. El jefe de la comisión informó que debían llevarse al joven Diego, alegando que su teléfono estaba vinculado a un caso de extorsión contra un alto funcionario del gobierno. A petición del padre, permitieron que los acompañara.

Tras dirigirse al apartamento familiar, un funcionario indicó a la esposa de Mejías González que preparara un bolso. “Dijeron que al día siguiente iríamos a la fiscalía y que el martes seguro nos soltaban”, recuerda.

No fue así. Al abordar la camioneta de la DGCIM, Mejías González asegura que los agentes golpeaban a su hijo. “Ahí empezó el infierno”, dice, porque ambos fueron esposados con amarres de plástico, encapuchados y trasladados desde el estado Carabobo hasta la casa de seguridad en Chuao, Caracas.

Durante casi cuatro días, permanecieron recluidos en un sótano frío e iluminado, con las manos atadas y la cabeza cubierta. “A veces me dejaban sentarme en una silla; a mi hijo no”, denuncia. Solo les permitieron un día quitarse las capuchas y los amarres durante diez minutos para bañarse. Recibían restos de comida y poca agua, y no les permitían dormir.

Diego José Mejías Sierra

Según el testimonio, el joven era sacado cada hora para ser interrogado bajo tortura. “Era espantoso lo que yo sentía cada vez que se lo llevaban”, relata el padre, quien asegura que obligaron a su hijo a firmar documentos bajo amenaza de mutilar a Mejías González; el joven fue obligado a grabar un video afirmando que planeaba un atentado contra Jorge Rodríguez.

El Rodeo I

La tarde del 12 de febrero, padre e hijo fueron trasladados a la sede principal de la DGCIM, para reunirlos con los cadetes detenidos; una hora después lo enviaron a orden del Servicio Especial de Máxima Seguridad (SESMAS) y trasladados a la cárcel Rodeo I, un penal que Diego Mejías González describe como un “campo de concentración”.

El Rodeo forma parte de un complejo penitenciario integrado por tres edificios, marcado por un historial de violencia. En 2006, una masacre dejó 86 presos fallecidos y cerca de 200 heridos. Un año después se registraron otros 51 muertos y 101 heridos. En 2011, nuevos motines provocaron la muerte de al menos 30 reclusos.

Bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, Rodeo I fue remodelado y reconvertido en una prisión de máxima seguridad, inaugurada el 18 de febrero de 2024 y adscrita al Ministerio del Servicio Penitenciario, entonces encabezado por la vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros. El centro ha albergado desde entonces a presos militares y civiles, venezolanos y extranjeros.

Mejías González relata que, a su llegada, fueron recibidos por el director del penal, conocido como “Tiburón”, en referencia al teniente coronel (GNB) Carlos Enrique Rincones Serven. “Todos los funcionarios vestidos de negro y con pasamontañas. Nos desnudaron y nos obligaron a ponernos un uniforme azul claro, sucio”, recuerda. Durante la revisión médica, asegura que por primera vez en su vida presentó niveles elevados de tensión arterial.

La remodelación de la cárcel del Rodeo I implicó ser convertida en una prisión de máxima seguridad

Tras el registro digital, fueron conducidos esposados, encapuchados y sentados en el suelo, rodeados de custodios armados con bastones, para una reunión con el director y el subdirector del penal. Allí les advirtieron que, al tratarse de una cárcel de máxima seguridad, las normas y los castigos eran “estrictos”. También les informaron que las celdas eran para dos personas y que serían identificados como PDL (personas privadas de libertad).

Insólitas condiciones

Padre e hijo fueron autorizados a compartir una celda de 3,80 metros por 1,80 metros, de color gris, con piso, paredes y techo rústicos. El espacio contaba con una pequeña ventana enrejada al frente y una puerta metálica blindada. En el centro de la puerta había una abertura de unos 25 por 15 centímetros, por donde les entregaban la comida en recipientes plásticos.

Parte de los cadetes liberados se abrazan emocionados fuera de la cárcel Rodeo I

El interior lo describe como un cajón con estructura de litera. Entre la cama y la pared, había un espacio de aproximadamente un metro cuadrado donde se encontraba la letrina. Sobre ella, un tubo con una llave de cierre rápido servía como único punto de agua: allí debían asearse, bañarse, orinar, lavar los utensilios y la ropa. “Los malos olores eran permanentes, las 24 horas del día”, asegura.

Las celdas no tenían luz eléctrica. La única iluminación provenía del pasillo, que permanecía encendida de día y de noche. Relata la presencia constante de mosquitos, temperaturas extremas, humo procedente de la quema de desechos cercanos y colchonetas usadas, rotas, sucias y malolientes, sin sábanas, cobijas ni almohadas.

La cárcel del Rodeo I fue remodelada bajo el redimen de Nicolás Maduro y el ministerio de la VA Celsa Sirley Bautista Ontiveros

El régimen de dotación era mínimo: un uniforme durante seis meses, dos bóxers, un par de chanclas, un cepillo de dientes y un vaso plástico que se renovaba cada cuatro meses para beber agua, jugo o café. “La cucharilla plástica para comer nunca la cambiaron”, afirma. Cada uno disponía de un botellón de agua de cinco litros, recargado a diario y reemplazado tras ocho meses.

Recibieron además una toalla, un jabón y pequeños sobres de crema dental y desodorante. El afeitado solo fue permitido después de tres meses. “Me tomó nueve meses aprender a afeitarme sin espejo y sin cortarme”, cuenta. El corte de cabello, al ras, se realizaba cada quince días.

El suministro de agua se limitaba a 15 minutos por celda. Cada piso albergaba 24 celdas, todas vigiladas por cámaras con micrófonos. De lunes a jueves, durante hora y media, se transmitía música cristiana evangélica, y el culto religioso era obligatorio todos los días. Además, a alto volumen, se difundían las cadenas presidenciales de Nicolás Maduro, el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello y música alusiva al socialismo y al comunismo.

Una inyección para todo

La primera comida que recibieron en la cárcel de El Rodeo I les provocó un cuadro severo de diarrea y vómitos que se prolongó durante tres días. Ante la emergencia, fueron trasladados al área denominada “servicio médico”, cuya atención estuvo a cargo de custodios encapuchados y sin identificación visible. “No llevan registros ni historias médicas. Los medicamentos son traídos de la India y aplican siempre la misma inyección para cualquier dolor, sin explicar qué es”.

Teniente Coronel Carlos Enrique Rincones Serven, alias Tiburón, quien era el Director del Rodeo I

Durante la detención, padre e hijo fueron despojados de todas sus pertenencias personales, entre ellas los lentes bifocales de Diego Mejías González. “Mi hijo me leía y me cortaba las uñas, igual que yo hice cuando él era niño”, cuenta. Ese tiempo forzado de convivencia, asegura, también abrió un espacio de diálogo inédito entre ambos. “Hablé mucho con él. Al final me escuchó de verdad. Es muy inteligente y valioso”, afirma.

Tras 80 días de encierro, el entonces director del penal le entregó unos lentes cosméticos para lectura. Diez días después, comenzaron a permitirles salir dos veces por semana a un patio reducido, de apenas 18 por 12 metros. Allí pudieron interactuar brevemente con otros reclusos, venezolanos y extranjeros, que compartían relatos sobre cómo habían llegado a esa prisión de máxima seguridad.

Activistas de derechos humanos y familiares siguen reclamando la libertad de los presos políticos

A mediados de marzo de 2025 se realizó la presentación judicial de todos los implicados en el denominado “caso de los cadetes”: once estudiantes de la Academia Militar y los civiles Diego Mejías González y su hijo. El expediente quedó en manos de Carlos Enrique Liendo Acosta, juez segundo de Control contra la Corrupción y el Terrorismo. El fiscal Farik Karin Mora Salcedo “montó un caso de película”, elaborado por un capitán de la DGCIM, en el que se afirmó que todos los acusados tenían orden de detención desde el 4 de febrero. Les imputaron seis delitos.

El juez Carlos Enrique Liendo Acosta y el fiscal Farik Karin Mora Salcedo

En mayo y junio, la situación sanitaria dentro del penal se deterioró gravemente. Se registraron brotes masivos de gripe, casos de dengue hemorrágico y diagnósticos de tuberculosis. “Todas las semanas había intentos de suicidio”, relata Mejías González, quien también denuncia castigos especialmente severos en el piso 4 del bloque B: 22 celdas casi completamente selladas, con una única rendija por donde entraba la luz solar.

En ese nivel, asegura, los internos permanecían sin colchonetas, casi desnudos, solo con un bóxer, esposados y sin utensilios para comer. El acceso al agua, tanto para el aseo personal como para beber, estaba restringido. “Si protestaban, los castigaban con golpes de bastón, descargas eléctricas y gas lacrimógeno directamente en el rostro”.

La crisis sanitaria derivó en la destitución del director del penal, el teniente coronel (GNB) Carlos Enrique Rincones Serven “Tiburón”. Antes de abandonar el cargo, relata, ordenó sacar a todos los presos encapuchados y rodeados por custodios armados. “Nos amenazó. A los del piso 2 los golpearon y a los del piso 4 los castigaron porque, a través de grabaciones de las visitas, descubrieron que habían filtrado información sobre los enfermos”.

Tras su salida, Rincones Serven fue sustituido por un funcionario conocido como “Paterel”, quien autorizó las visitas por orden de la DGCIM. El 30 de julio la familia González recibió por primera vez la notificación oficial de visita para el 2 de agosto, confirmando que padre e hijo seguían con vida.

Las visitas se realizan los sábados, durante un máximo de 20 minutos, a través de un acrílico, una malla de acero y un teléfono, bajo la vigilancia permanente de cámaras y custodios posicionados a ambos lados. El cumplimiento de normas estrictas es obligatorio. Cualquier falta implica la suspensión inmediata del contacto.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/10/detencion-y-torturas-el-perturbador-relato-de-un-padre-sobre-su-hijo-detenido-por-el-caso-cadetes/

191 militares presos políticos esperan el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía: denuncian fraude y abandono

 

"Se habla de reconciliación y de paz, pero los colegas siguen secuestrados en las ergástulas de una estructura criminal", afirmó un oficial consultado por Infobae bajo condición de anonimato

Sebastiana Barráez/ miércoles 8 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Desde Rubio, Táchira, familiares del S2 (GNB)José Antonio Moreno Peñaloza reclaman por su libertad y la de los otros presos políticos militares y civiles

La Ley de Amnistía no ha tenido impacto en la situación de los militares considerados presos s presos políticos. De acuerdo con datos disponibles, 191 efectivos permanecen detenidos: 20 pertenecen a la Aviación, 79 al Ejército, 11 a la Armada y 81 a la Guardia Nacional. A este grupo no solo se le han negado los beneficios contemplados en la normativa, sino también la aplicación de la propia amnistía.

Familiares y allegados denuncian además restricciones al derecho a la defensa. En numerosos casos, a los militares detenidos no se les ha permitido contar con abogados privados, mientras que los defensores públicos asignados no tramitan las solicitudes correspondientes. Las cifras oficiales, por su parte, solo reconocen la excarcelación de 17 militares, todos liberados por cumplimiento de condena o por medidas humanitarias.

Un oficial consultado por Infobae calificó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como “un fraude” para los militares detenidos. “Se habla de reconciliación y de paz, pero los colegas siguen secuestrados en las ergástulas de una estructura criminal”, afirmó bajo condición de anonimato.

En paralelo, familiares que durante años mantuvieron silencio han comenzado a hacer públicas las condiciones de detención de algunos militares arrestados por causas políticas. A este grupo se han sumado también efectivos encarcelados por delitos no políticos, pero que, según las denuncias, han sido víctimas de violaciones al debido proceso, torturas y denegación de justicia.

El único detenido por el caso del estadounidense Kenemore es el Capitán de fragata Carlos Luis Piña

En la siguiente lista solo están los 191 presos políticos militares.

20 de la Aviación 

Dos generales de Brigada, cinco coroneles, un teniente coronel, un mayor, cuatro capitanes, cuatro primeros tenientes y tres sargentos, componen los militares presos políticos.

Los dos generales de brigada que permanecen detenidos: Miguel Carmelo Sisco Mora y Jackson José Gutiérrez Strubinger, este último era el Director de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico de la Aviación Militar cuando fue llamado a la Comandancia General de la Aviación el 29 de julio 2024, siendo detenido y sin juicio. 

Los coroneles Miguel Castillo Cedeño, Eddy Jordán Azabache, José Alberto Trejo Castillo, José Lozano Mogollón y Jesús Reinaldo Landaeta Díaz. Se suma el teniente coronel Félix Enrique Jiménez y el Mayor Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa.

El SM3 Luis Alexander Bandres Figueroa comandó el alzamiento militar de la GNB en Cotiza, Caracas

Los capitanes: Marcos Daniel Bello Corona, Ronald Marrero, Nicolás Rodríguez y Yonathan de Jesús Colina.

Los primeros tenientes Carlos Eduardo León Núñez, Anyi Azuaje Fernández, Juan Carlos Franco Moreno y Rafael Colmenares Carrillo.

Los sargentos primero Juan Carlos Venturi Escobar y Ángel Orlando Perdomo Hurtado, así como el S2 Gabriel Alejandro Jordán Padrón. 

El coronel Diego Bautista Espín Trini detenido por proteger las actas electorales del 28 de julio 2024

79 del Ejército 

Un general, cuatro coroneles, once tenientes coroneles, cuatro mayores, ocho capitanes, once primeros tenientes, ocho tenientes y 32 sargentos.  

El único general tras las rejas es el Divisionario en retiro Tomás Enrique Martínez Macías; su hijo fue excarcelado hace unos meses.

El coronel (Cnel.) Carlos Jesús Sánchez Vásquez, oficial activo, junto con su esposa están detenidos por la Operación Brazalete Blanco.

El Cnel. Jhony Rafael Mejías Laya fue uno de los oficiales que sufrió mayores torturas físicas y sigue padeciendo las psicológicas desde hace siete años.

El coronel Diego Bautista Espín Trini fue uno de los detenidos post elecciones del 28 de julio 2024, era director del Liceo Militar Jáuregui, en La Grita del fronterizo estado Táchira, y proteger las actas electorales del 28J. Completa el cuadro de coroneles Carlos Ulises Hernández Rojas.

El capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, jefe de la Operación David, está recluido en la Carcel Rodeo I

Entre los tenientes coroneles está Igbert José Marín Chaparro, quien se encuentra detenido desde el 2018, cuando el GJ Jesús Suárez Chourio lo denunció de una supuesta conspiración, junto a un grupo de comandantes por requerir mejores condiciones para sus subalternos.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/07/no-pudimos-ni-abrazarlo-el-reclamo-de.html)

Completando así el grupo de tenientes coroneles: Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri. También, Freddy Alberto Mogollón Rojas, Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, Durvis Enrique Melián Vargas, Manuel Alejandro Oria Arteaga, Jholmar Josué Cárdenas Camacho.

El caso del Tcnel. Juan Antonio Hurtado Campos merece mención especial porque está desaparecido desde el 4 de septiembre 2018, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se lo llevaron del Palacio de Miraflores, donde estaba encargado del parque de armas de la Guardia de Honor Presidencial. Nadie de su familia lo ha vuelto a ver o a recibir llamada alguna o fe de vida del oficial.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2026/02/la-lucha-de-una-familia-venezolana-por.html)

El Tcnel. Guillermo Enrique César Siero y su hermano el Mayor Guillermo Henry César Siero, junto a una cuñada, la Mayor Diana Desireé Victoria Justo, todos oficiales activos, son parte de la causa Brazalete Blanco.

Están también detenidos como mayores del Ejército Niuma Rafael Sequera Gómez y César Alejandro Girón.

Las promesas de Delcy Eloína Rodríguez de la Amnistía no llega a los militares presos políticos

Entre los capitanes, está Ányelo Julio Heredia Gervasio, un oficial retirado y que vivía en Estados Unidos; fue detenido en diciembre 2023, en una trocha o paso irregular en la frontera entre Colombia y Venezuela y presentado como máximo jefe de la Operación Brazalete Blanco.

Los otros de la lista de capitanes del Ejército presos por causas políticas: Carlos Arturo Rosario Pimentel, Javier Moreno, Alfredo Saba Peña Díaz, Willians Andrés Rivas Jiménez, César Eliant Felipe Caraballo, Juan Luis Gutiérrez Aranguren y Carlos Anthony Peña Medina.

Primer Teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, es una joven madre, oficial activa, detenida por indagar sobre la entonces desaparición forzada de su esposo el coronel Sánchez Vásquez.

Los otros primeros tenientes son: Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez, Marcos David  Insignare García, José Gregorio Montiel García, Johan José González, Carlos Eduardo Lozada Saavedra, Alberto José Salazar Cabañas, Oswaldo José Gutiérrez Guevara, Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Pedro Jiménez Luis y Raúl Eduardo Manzanilla Almao.

Los tenientes: Hugo Rainier Aparicio Cabeza, Yancelis Antón Farías, Eduardo José Pérez Amaya, Junior de Jesús Silva Herrera, José Ángel Barreno Cordones, Luis Manuel Paiva Soto, Víctor Parra y Johana del Carmen Bermúdez Lugo.

Los sargentos mayores: Jairo Elí Villegas Moreno, Noel Ricardo Romero Lugo, Álvaro Martín Mestra Valecillos, Jesús Alberto Colmenares Gallardo, Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez y Charly Eleazar Castillo Álvarez.

Los sargentos primero (S1) detenidos son: Abraham Josué Molina Valera, Víctor Alfonzo Perozo Durán, Francisco Javier Pacheco Pérez, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Yusimar Elisneth Montilla Ortega, José Rafael Blanco Volcán, Cristian Gregorio Estrada Estrada, Yurimar del Valle Rengel González, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo, Juan Francisco Díaz Castillo, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero, Alexander Chávez Mogollón, Anthony José Reyes, Jecson Enrique Losada Matute, Carlos Enrique Conde Hurtado, Damián Mora, José Rafael Blanco Volcán y Juan Carlos Bolívar Rodríguez.

Los Sargentos segundos (S2): Iriannis Valentina Mujica de Montesinos, Darwin Antonio Solís Benítez, Anderson José Pinto Tovar, Tony Adonis Guevara Bravo, Estewins Andrés Rojas Tapia, José Moreno Peñaloza y José Ruíz Delgado.

General de Brigada (Av.) Jackson José Gutiérrez Strubinger, este último era el Director de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico de la Aviación Militar detenido desde julio 2024

Once de la Armada 

Un capitán de fragata, cinco tenientes de Navío, dos tenientes de fragata, un alférez de navío y dos sargentos, es el total de militares de la Armada Nacional que permanecen detenidos.

El único capitán de fragata que está preso y fue condenado es Carlos Alí Piña Bastidas, oficial activo de la Armada, quien ocasionalmente prestaba servicios de transporte a la frontera y que en marzo del 2022 pasa desde territorio colombiano al estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore quien pretendía reunirse con su pareja la Ing. Yasmina Guillarte Alarcón. Kenemore fue canjeado y el resto de los civiles salió en libertad.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/03/la-historia-de-amor-que-los-servicios.html)

Los tenientes de navío presos son: Rigoberto Pinzón Palencia, Elías José Noriega Manrique, Héctor Jesús Coronel, Jefferson Jhosue Díaz Mendoza y Yendri David Arguello Rodríguez. 

Los tenientes de fragata Nelson Zabaleta Fernández y Ángel Barrios Fuenmayor. El Alférez de Navío Hebert Alfonso Cambero Sequea. El SM3 Eddie José Valladares Cáceres y el S2 Roberto Andrés Rondón Restrepo.

El capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta y su esposa Yolimar Alemán Castellano

81 presos de la GNB

Por el componente Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hay dos generales, nueve coroneles, dos tenientes coroneles, cuatro mayores, diez capitanes, tres primeros tenientes, un teniente y cincuenta sargentos.

Cuando el GB Ramón Lozada Saavedra fue detenido la última vez, estaba retirado, había sufrido una serie de persecuciones, detenciones y desapariciones, acompañadas de torturas; hoy permanece encarcelado con graves problemas de salud en el Hospital Militar de Caracas.

El caso del GB Héctor Armando Hernández Da Costa difiere porque era un oficial activo, que ejercía funciones en el Fuerte Tiuna, cuando en el 2018 es detenido y acusado del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros, en el llamado Caso de los Drones ocurrido el 4 de agosto de ese año. 

Los coroneles Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, Pedro Javier Zambrano Hernández, José Romel Acevedo Montañez, Oswaldo Valentín García Palomo, José de Jesús Gámez Bustamante, Pedro Milano Rincones, Ramón Alí Peñalver Vásquez, Jesús Enrique Jordán Arias y Eduardo Elías Mata Villarroel.

Los dos comandantes Pedro Luis Garrido Guillén y José Torrealba Carrasco. Los mayores: Juan Carlos Marrufo Capozzi, Francisco José Luna Martínez, Carlos Rosario y Anthony José Lugo.

Los capitanes Juan Carlos Caguaripano Scott, jefe de la Operación David, el asalto al Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada en Valencia, Carabobo; está detenido en la cárcel el Rodeo I.

El General de Brigada de la Guardia Nacional Héctor Armando Hernández Da Costa fue condenado sin prueba alguna por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro

También permanecen tras las rejas los capitanes: Dimas Omar Murillo Rubio, Leonard Eligio Briceño Vivas, Renny Adelso Olivares Moreno, Erickson Alexander Chaya Barrueta, Franklin Antonio Leal Mendoza, Eliant Felipe César Caraballo, Mitchell Martín Verde Ordoñez, Jesús Manuel Ramos López y Antonio José Sequea Torres. 

Los primeros Tenientes: Richard Rafael Alemán Castellano; en su caso tiene a tres familiares más detenidos, dos hermanas, Andreina José y Yolimar Alemán Castellano, cuyo esposo el capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta también están detenidos.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/12/el-impactante-caso-de-las-hermanas.html)

Los 1TTs: Rubén Darío Fernández Figuera y Jairo Rafael Bethermyt Carrillo. El teniente Rafael Antonio Villafranca López.

Los sargentos supervisores: Jesús Villafañe Montilla y Leonardo Antonio Carrillo Primera.

En el caso de los Sargento Mayor de Primera (SM1), están detenidos José Alexander Sanguino Escalante, Juan Carlos Monasterios Venegas, Alberto José Piñango Salas.

Sargento Mayor de Segunda (SM2): Oneiver José Paredes y Adelis Pastor Rosales Perosa.

Sargento Mayor de Tercera (SM3): Luis Alexander Bandres Figueroa comandó el alzamiento militar de la Guardia Nacional en Cotiza, el 21 de enero 2019, junto a un alto número de tropa de su componente.

También están detenidos los SM3: Edixon Morillo Mujica, Geomar Martínez Natera, Daniel Zambrano Arias, Evan Antonio Rincón Piñero y Yofre Javier Castro Alviarez.

Sargento Primero (S1): Rawuy José Rosales Faría, José Enrique Rico Arrieta, Juan Nahir Zambrano Arias, Luis Alfredo Milanés Chirinos, Yordanis Camacaro González, Carlos Enrique Rivero Martínez, Víctor Ignacio Rodríguez Romero, Junior José Ojeda Alvarado, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Jackson Leiner Taquiva Becerra, José Manuel Mendoza González, Juan Fredd Jesús Acosta Isea, Miguel Ángel Plaza Méndez y Rafael Enrique Castro Sandoval.

Sargento Segundo (S2): Samaira del Valle Romero Armario, Gustavo Enrique Álvaro Granadillo, Ricardo David Fonseca Mosquera, Wolfang González Carrasco, Ronaldo Romero Aguinagalde, Roberto Catalino Romero, Andrés Alfonso Paredes Soler, Jhite Thubal Hernández Palma, Yeicer Moisés Montero Mujica, Luis Alfredo Lobo Medina, Luis Heraldo Oviedo Piña, Asdrúbal Gabriel Chirinos López.

También los S2 Nomar Salcedo Méndez, Heber Glok Vásquez, Kevin Manuel Charly Ramírez, Luis Alberto Peña Arteaga, Edgar Jesús Díaz Vivenes, Hugo Alexander Carrillo Santana, José Daniel González Ospedales,

Miguel Salazar Polanco, Anderson Daniel Farnetano Yamboos, Jonathan Franco Quiñones y Leandro Leomar Omar Chirinos Parra.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/08/191-militares-presos-politicos-esperan-el-acceso-a-los-beneficios-de-la-ley-de-amnistia-denuncian-fraude-y-abandono/