La lucha de una familia venezolana por encontrar a un oficial que desapareció hace más de siete años del Palacio de Miraflores

Los allegados al teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos esperan respuestas después de que su nombre fue incluido en una lista de militares degradados, sin que hasta la fecha existan pruebas sobre su ubicación o condición de vida

Sebastiana Barráez/ domingo 8 de febrero 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El teniente coronel (Ej.) Juan Antonio Hurtado Campos era el encargado del parque de armas de la Guardia de Honor Presidencial

El caso del teniente coronel (Ej) Juan Antonio Hurtado Campos, revela que la desaparición forzada de militares en Venezuela sigue dejando profundas heridas y perturbadoras evidencias de crímenes de lesa humanidad. Su familia lleva ocho años de búsqueda y silencio institucional, y aunque su nombre apareció en una lista, publicada por el ministro de la Defensa, de 33 expulsados y degradados de la FANB en 2024, su familia sigue sin saber dónde está.

Juan Antonio Hurtado se encontraba de vacaciones durante el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante la celebración del Día de la Guardia Nacional, conocido como el Caso Drones del 4 de agosto 2018, según relató su hermana Dora Hurtado a Infobae. Apenas unos meses antes, el oficial había regresado de una comisión que viajó a Rusia.

Al reincorporarse a su puesto en el Palacio de Miraflores el 4 de septiembre 2018, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y desde entonces su familia perdió todo contacto con él.

Su madre, Juana Campos, acudió al lugar de trabajo de Hurtado y solicitó hablar con el jefe directo de su hijo. Fue recibida por un hombre vestido de civil, quien se identificó como el coronel (Ej.) Rubén Coronel quien le informó que no disponía de ninguna información sobre el paradero de Hurtado.

Ante la incertidumbre, la madre preguntó dónde podía obtener respuestas, pero le aconsejaron que no investigara en ninguna institución, pues la información era la misma en todas partes. A pesar de ello, la familia visitó el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Fiscalía General Militar, sin lograr obtener datos sobre el caso.

El intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrió el 4 de agosto 2018

Amigos y familiares recorrieron varios centros penitenciarios, entre ellos El Helicoide, la cárcel militar de Ramo Verde y El Rodeo I, donde les confirmaron que Hurtado no estaba recluido en ninguna de esas instalaciones.

Recientemente, su hermana Dora Hurtado, logra obtener un número de expediente de la Unidad Receptora de Documentos (URD) donde los abogados y partes consignan los escritos que van para los tribunales: “Tribunal 36 de Control Solicitud, 10 de julio 2019, 1111-19 Nr. AP 02O219000063”, y fueron dirigidos al Palacio de Justicia, donde se les aseguró que no existía ningún documento relacionado con el caso.

La desaparición forzada de Hurtado se prolongó durante años, hasta que, en enero de 2024, el ministro de Defensa GJ (Ej) Vladimir Padrino López publicó la lista de 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la cual, para sorpresa de la familia, figuraba en el número 7 el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos.

El ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López junto al Alto Mando estuvieron presentes en la degradación y expulsión de 33 oficiales en cuya lista aparece Hurtado pero su familia no saben nada de él

Lo más insólito es que, a pesar del tiempo transcurrido, la familia sigue sin recibir prueba de vida del oficial, desconociendo su paradero y condiciones. “Desde ese enero tenemos fe que Juan Antonio está vivo y por ello alzamos la voz con la esperanza de la libertad plena de mi hermano y todos los presos políticos”, concluye Dora Hurtado, hermana del desaparecido.

El testimonio de Graterol

En el corazón del Palacio de Miraflores, una operación liderada por el entonces teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, culminó con la detención y desaparición del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos.

En la lista suscrita por el ministro de la Defensa de los que expulsaran y degradarían de la FANB aparece el Tcnel Hurtado

Así lo ha dicho, varias veces, el sargento primero (Ej.) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, quien fue parte de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) durante nueve años, integrando el equipo de seguridad de Nicolás Maduro.

Sostiene que fue testigo del arresto arbitrario del Tcnel. Hurtado Campos en el 2018. Revela que ese día, del 4 de septiembre 2018 se encontraba de servicio en el Palacio cuando irrumpió la comisión encabezada por Granko y se llevó a Hurtado. “Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él”, ha sostenido el sargento.

Su relato revela lazos estrechos que mantenía el especialista en armamento Hurtado Campos con el expolicía rebelde Óscar Alberto Pérez, quien fue asesinado, junto a su grupo más cercano, el 15 de enero 2018, en la llamada Masacre del Junquito, que ejecutaron funcionarios policiales y militares del régimen venezolano.

Según el sargento Graterol, quien egresa en el 2011 de la escuela de Tropas Profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana, el oficial Hurtado tenía bajo su custodia un arsenal de más de 500 armas, entre fusiles, granadas, misiles y sistemas antidrones, y parte de ellas, planeaba suministrarlas al piloto Pérez en un intento por desafiar al régimen de Nicolás Maduro, por lo que Graterol acepta unirse a los planes.

El plan habría contado con la colaboración del primer teniente José David Coronado, de la Guardia de Honor, quien actuaba como enlace entre Hurtado y Pérez. “Coronado era de confianza para ambos, pero una supuesta delación suya habría alertado a las autoridades, precipitando la operación”, revela Graterol.

El Sargento primero (Ej) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, aseguró ser testigo cuando el Cnel Granko Arteaga de la DGCIM se lleva detenido al Tcnel. Hurtado Campos

Tras el incidente, Graterol solicita su traslado fuera de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). Poco tiempo después, el 17 de junio de 2018, abandona discretamente el palacio presidencial para desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y evitar ser vinculado con el desaparecido Hurtado Campo.

La ONU lo sabe

En julio de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dirigida por Volker Türk, hizo público un informe en el que expresa su preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (2018) y de Hugo Henrique Marino Salas (2019). 

Previamente, en el informe de julio de 2021, la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet ya había señalado la situación de Hurtado y Marino, destacando que permanecían en paradero desconocido.En julio de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dirigida por Volker Türk, hizo público un informe en el que expresa su preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (2018) y de Hugo Henrique Marino Salas (2019).

Previamente, en el informe de julio de 2021, la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet ya había señalado la situación de Hurtado y Marino, destacando que permanecían en paradero desconocido.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/02/08/la-lucha-de-una-familia-venezolana-por-encontrar-a-un-oficial-que-desaparecio-hace-mas-de-siete-anos-del-palacio-de-miraflores/

Las operaciones de EEUU contra el narco reavivaron la extorsión del ELN a los ganaderos en la frontera entre Colombia y Venezuela

El golpe a las rutas del narcotráfico ha obligado a la guerrilla a reactivar el cobro de "vacunas"

Sebastiana Barráez/ sábado 7 de febrero 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Una narcoavioneta destruida por la FANB en Venezuela

Las recientes operaciones antinarcóticos lanzadas por Estados Unidos en el Caribe, desde el año pasado, han tenido un impacto directo en las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona Sur del Lago, estado Zulia. Este golpe a las rutas del narcotráfico ha obligado a la guerrilla a reactivar el cobro de “vacunas”, una modalidad de extorsión que recae sobre los productores de la región.

En territorio venezolano, miembros del ELN, uniformados y armados, han incrementado su presencia en las haciendas ganaderas. Según denuncias, los guerrilleros visitan las propiedades sin previo aviso y exigen pagos bajo el eufemismo de “colaboración”, dejando claro que la negativa traería represalias tanto para los productores como para sus familias.

La situación se agravó la semana pasada, cuando los elenos o “botas de caucho” como se identifica a os guerrilleros en la frontera venezolana, comenzaron a contabilizar el ganado en las fincas, advirtiendo que el monto de la extorsión estará ahora vinculado al número de reses que posea cada propietario, estableciendo así una cuota proporcional obligatoria.

Productores afectados relataron a Infobae que, antes del auge del narcotráfico y la proliferación de pistas clandestinas en la frontera, el cobro de la “vacuna” ya era común de la guerrilla. Sin embargo, el fortalecimiento de las rutas de la droga había desplazado esa fuente de ingresos, hasta ahora.

Las pistas de aterrizaje del narcotráfico proliferan en el Sur del Lago

En el estado Zulia, y especialmente en el Sur del Lago, la presencia de grupos armados irregulares es notoria. Si bien existen disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es el ELN quien domina un amplio corredor que se extiende desde el Km 40 hasta el área de El Catatumbo.

El ELN ha logrado una profunda inserción en la vida cotidiana de las comunidades ubicadas en sus zonas de influencia, como el Sur del Lago. Diversas organizaciones y gremios coinciden en que la guerrilla participa activamente en actividades sociales y en el funcionamiento diario de estos poblados. 

 

Esta situación de indefensión se agrava ante la ausencia de protección por parte de la Fuerza Armada, que en ocasiones es señalada por su presunta connivencia con los irregulares.

Las consecuencias han sido trágicas: a lo largo de los años, varios hacendados han perdido la vida, como ocurrió con Gaspar Enrique Rincón Urdaneta, productor agropecuario asesinado el 16 de noviembre de 2015 en San José de Perijá. En esa región, la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas evidencia la compleja convivencia entre la economía rural y el accionar de los grupos armados. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/28/detectaron-7-pistas-de-aterrizaje-para-avionetas-del-narcotrafico-pero-habria-hasta-300-en-la-frontera-venezolana-de-zulia/)

Un escenario transformado

Esta presencia extendida ha favorecido que muchos de sus integrantes provengan precisamente de esas mismas comunidades. Los jóvenes son reclutados directamente de los hogares locales, en un contexto marcado por el deterioro económico que el régimen venezolano ha sostenido durante más de una década y que deja a numerosas familias vulnerables ante estos grupos armados.

Uno de los guerrilleros del ELN armado y uniformado, usando las botas de caucho, se desplaza por una zona del Catatumbo venezolano

Un escenario transformado

Esta presencia extendida ha favorecido que muchos de sus integrantes provengan precisamente de esas mismas comunidades. Los jóvenes son reclutados directamente de los hogares locales, en un contexto marcado por el deterioro económico que el régimen venezolano ha sostenido durante más de una década y que deja a numerosas familias vulnerables ante estos grupos armados.

El fenómeno de la extorsión ejercida por grupos guerrilleros en zonas rurales de Venezuela no solo genera temor e incertidumbre entre los productores agropecuarios, sino que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. El sobreprecio que deben pagar los agricultores a los grupos armados termina trasladándose al costo final de los alimentos. “Ningún productor refleja en sus libros de costos el tributo impuesto por los insurgentes bajo el eufemismo de ‘colaboración’, pero es una realidad palpable”, reconocen fuentes del sector.

Testimonios de vecinos de la frontera revelan que el ELN ejercía funciones de seguridad para el transporte de drogas en varios municipios zulianos, escoltando cargamentos, desde los centros de producción hasta su destino final, en embarcaciones que cruzan distintos puntos del mar Caribe.

“La guerrilla obtenía beneficios considerables, lo que les permitió no solo sostenerse, sino reclutar más combatientes y adquirir armamento y propiedades. Durante años, ese sistema funcionó bajo la sombra de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, relató un productor afectado.

Todo cambió el 14 de agosto de 2025, cuando Estados Unidos inició la Operación Lanza del Sur, desplazándose con fuerzas aeronavales hacia el Caribe. Esta ofensiva logró desarticular parte de la red de narcotráfico que operaba en el Sur del Lago de Maracaibo, así como en La Guajira y las islas del municipio Insular Padilla.

Los carteles sintieron la presión militar tras el primer ataque a una narcolancha, un hecho divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el entonces presidente Donald Trump. Según reportes del Pentágono, hasta la fecha, se han registrado 37 bombardeos y al menos 128 personas entre muertos y desaparecidos como resultado de estas acciones.

Aunque funcionarios de Estados Unidos han señalado a los miembros del llamado Cártel de los Soles, así como a la megabanda Tren de Aragua , también mencionan al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y se ha ejecutado por lo menos un ataque terrestre en la zona fronteriza de La Guajira.

Desde el gobierno de Hugo Chávez se estrechó la relación con el ELN. En la gráfica, una reunión del ex gobernador Ramón Rodríguez Chacín con el alto mando del ELN

La FANB no es suficiente

Como las acciones de EEUU en el Caribe han impactado significativamente el negocio del narcotráfico, provocaron una notable disminución en los ingresos de la guerrilla del ELN. Ante este panorama, la organización ha optado por retomar la extorsión, imponiendo el cobro de la conocida “vacuna” a ganaderos de la región, aunque esta modalidad no resulte tan lucrativa como el tráfico de drogas.

Actualmente, el ELN mantiene una presencia activa en al menos cinco municipios del estado Zulia, desde el kilómetro 40, en Lossada, pasando por La Cañada de Urdaneta, La Villa del Rosario, Machiques y extendiéndose hasta el Catatumbo. 

Los habitantes relatan que los guerrilleros portan uniformes similares a los militares, pero con brazaletes distintivos, botas de caucho y armas largas, lo que genera temor y tensión entre la población.

En los últimos años, la organización ha experimentado un crecimiento significativo, destacándose la incorporación de combatientes venezolanos, quienes representan aproximadamente el 70% de las filas del ELN en el estado Zulia, mientras que el restante 30% corresponde a colombianos. 

El comandante Estratégico, Domingo Hernández Lárez, en un simulacro ante un conflicto

Dentro de sus filas, se observa la presencia de indígenas y habitantes de municipios del Sur del Lago, provenientes tanto de Zulia como de Táchira; muchos de ellos residían en comunidades desatendidas y ahora forman parte de este grupo armado, considerado uno de los más grandes y organizados de la región.

El método de operación incluye la ocupación de áreas estratégicas en fincas, como potreros y vaqueras, donde los ganaderos se ven obligados a ceder ante la presión de hombres armados que exigen pagos bajo la figura de “colaboración”. 

Si bien el tono inicial suele ser menos hostil, la sola presencia de los guerrilleros es suficiente para intimidar y forzar el pago por miedo a represalias. En otros casos, la exigencia de la “vacuna” viene acompañada de amenazas directas, intensificando el clima de inseguridad.

La limitada vigilancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) agrava la situación. Aunque existen puntos de control militar en vías principales como la Troncal 6, Machiques-Colón y la Troncal del Caribe en La Guajira, los efectivos no ingresan a los caseríos y zonas rurales donde los guerrilleros del ELN establecen sus bases y continúan con las actividades de extorsión, dejando a los productores agropecuarios en estado de vulnerabilidad.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/02/07/las-operaciones-de-eeuu-contra-el-narco-reavivaron-la-extorsion-del-eln-a-los-ganaderos-en-la-frontera-entre-colombia-y-venezuela/

El Comando Antiextorsión y Secuestro en Caracas, un nuevo centro clandestino de detención al servicio de Diosdado Cabello

 

La sede del CONAS, ubicada en Quinta Crespo, se ha consolidado como uno de los principales centros utilizados para retener a civiles y militares

Sebastiana Barráez/ jueves 5 de febrero 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

En este lugar, sede del Conas en Caracas, está el sótano que alberga a numerosos detenidos por diversas causas en total hacinamiento

La sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), ubicada en Quinta Crespo, Caracas, se ha consolidado como uno de los principales centros clandestinos utilizados para retener a civiles y militares por órdenes de Diosdado Cabello. Según denuncias, los detenidos son víctimas de amenazas, extorsiones y procesos irregulares. Entre los casos está el de cuatro militares retirados vinculados con dos empresas de vigilancia privada.

El CONAS opera detrás de las antiguas instalaciones de RCTV, canal obligado a cesar transmisiones en 2007; está dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, Comandante de la unidad militar; el Mayor (GNB) José Ángel Ponce, Segundo comandante, y el Mayor (GNB) Torres.

GB Freddy Alberto Suárez Medina, Director de Adquisiciones del Ejército, tiene tomada S3COM Security

La situación se intensificó cuando Cabello asumió el Ministerio del Interior  Justicia y Paz (MIJP), iniciando una investigación exhaustiva contra funcionarios cercanos al almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien lo había precdido en el cargo ministerial. 

Los funcionarios del ministro Cabello han derivado en versiones que vinculan a Patete con la entrada irregular al país de un lote de camionetas sin trámites aduaneros, vehículos que posteriormente habrían sido vendidos a través de dos empresas de seguridad. 

GB Freddy Alberto Suárez Medina, Director de Adquisiciones del Ejército, tiene tomada la sede de S3COM Security

Sin embargo, tras su detención, el capitán de fragata retirado José Ernesto Patete Escalona, quien fue administrador del Ministerio del Interior en la etapa de Ceballos, negó las acusaciones y asegura que ni él ni el entonces ministro participaron en la compra de dichos vehículos. 

Sostiene que la adquisición y entrega de las unidades estuvo a cargo de la vicepresidenta Delcy Eloina Rodríguez Gómez, limitándose él únicamente a su asignación administrativa.

El teniente de Navío retirado Raúl Eduardo Díaz Casado, gerente general de la empresa Rafatt Seguridad

Las fuentes, en conversación con Infobae, destacaron que esa operación, que llevó a la detención de las cabezas de las empresas de vigilancia, fue fabricada por el Ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, y el coronel (GNB) José Francisco Calzadilla Cabriles, presidente de la Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz. “Ellos son quienes ordenan al tribunal y al Conas, mantener detenidos al grupo de los cinco”.

Durante la investigación a las dos empresas, los funcionarios no han encontrado, hasta ahora, nada que los relacione al caso penal, más allá de temas fiscales sin relevancia, pero no habría elementos relacionados transferencias ni legitimación de capitales.

El gerente de tecnología de S3COM Security, CC Daniel Alejandro Necol Buttafuoco

Aun así, a las dos empresas, S3COM Security y Rafatt Seguridad les asignaron una junta directiva, mientras realizaban la investigación administrativa, que el tribunal 16 de juicio lo maneja como un caso emblemático y esperan “instrucciones de arriba”.

Mientras eso ocurre, varios de los familiares de los detenidos, estarían siendo extorsionados por los oficiales a cargo de la instalación militar, incautándoles propiedades y altas sumas de dinero que van a cuentas privadas.

El GB Freddy Alberto Suárez Medina, Director de Adquisiciones del Ejército, tiene tomada S3COM Security, de la que constantemente se ha llevado, junto con funcionarios del Conas, a empleados para interrogarlos incluso hasta por 45 días. Toso los empleados renunciaron y los clientes de la empresa rompieron los contratos. 

El comandante de CONAS Capital es el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo

Los militares y el espiritista

Los cinco detenidos son los hermanos Capitán de Corbeta Daniel Alejandro y Capitán de Fragata Leonardo Nicolás Necol Buttafuoco, ambos oficiales retirados de la Armada; el capitán de fragata José Ernesto Patete Escalona, el teniente de Navío Raúl Eduardo Díaz Casado y Richard Pérez.

A todos les imputan los delitos: omisión intencional de funciones, concierto para celebración de contratos, venta o beneficios económicos de funcionarios públicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El Capitán de de Fragata retirado  Leonardo Nicolás Necol Buttafuoco, uno de los socios de la empresa Specialized Security Services Company (S3COM Security), fue colaborador cercano del Almirante Remigio Ceballos Ichaso y director encargado de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del MIJP. Su esposa es la dueña de la empresa S3COM y es una oficial retirada, madre de tres niños, exayudante del entonces presidente Hugo Chávez y se desempeñó en la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

El capitán de fragata retirado José Ernesto Patete Escalona, expresidente de la Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz (Fundacupaz), fue el administrador de Ceballos durante su gestión ministerial.

Al gerente de tecnología de S3COM Security, Capitán de Corbeta retirado Daniel Alejandro Necol Buttafuoco, lo reseñan como si fuera el dueño de la empresa cuando en realidad el socio es su hermano Leonardo con idénticos apellidos.

El teniente de Navío retirado Raúl Eduardo Díaz Casado, gerente general de la empresa Rafatt Seguridad, había estado detenido en el 2018 como parte de la llamada “Operación Armagedón”, que los cuerpos de seguridad calificaron como intento de impedir las elecciones presidenciales del 20 de mayo 2018. 

El quinto de los detenidos, Richard Perez, le hacía trabajos de espitismo al CF José Ernesto Patete Escalona, y se lo llevaron con todo y sus velones y tabacos; lo insólito es que lo acusan de “hacerle brujería al Cnel Calzadilla”.

El Almirante Remigio Ceballos, ex ministro del Interior, y CF José Ernesto Patete Escalona

El procedimiento

El 24 de marzo 2025 un operativo simultáneo, en dos empresas de vigilancia, llevó a la detención de las cinco personas, ahora bajo custodia de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) en la sede del Comando Nacional (CONAS 43) en Quinta Crespo, Caracas, detrás de RCTV. 

Las comisiones que hicieron presencia en las empresas estaban al mando del MG Elías Moreno Martínez, presidente de la Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad (Corposervica), adscrita al Ministerio del Interior Justicia y Paz.

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) ingresaron a la sede de la empresa S3COM Security buscando a Leonardo Nicolás Necol, pero al no localizarlo en ese momento, procedieron a detener a su hermano, el Capitán de Corbeta Daniel Necol, gerente de Tecnología de la empresa.  

Se los llevaron sin orden judicial, sin derecho a abogados privados y los mantuvieron desaparecidos durante cinco meses, desde la audiencia de presentación. Los familiares han sido advertidos de no declarar en ningún medio de comunicación ni publicaciones en redes sociales, bajo amenazas de retaliación contra los detenidos y sus parientes, así como con la incautación de más bienes.

Coronel (GNB) José Francisco Calzadilla Cabriles

Presos del Helicoide 

En el caso de uno de los detenidos, el CC retirado Daniel Necol, tiene antecedentes psicológicos y psiquiátricos por depresión, motivo por el que se retira de la Armada; su situación se ha agravado por el encierro y la presión del Conas, y eso lo han dicho sus compañeros de cárcel. 

La juez del caso acordó que al CC Daniel Necol le realicen una revisión médica pero el oficio de traslado al Servicio de Medicina Forense (Senamefc) está retenido en el despacho de la presidente del circuito, alegando que “es un 'caso emblemático politico y de seguridad de estado”. 

El consulado de Italia en Venezuela está en conocimiento del caso, porque Daniel y Leonardo Necol Buttafuoco tienen doble nacionalidad. Se prevé que los hermanos están en la lista de negociación que tiene Italia con el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, para rescatar a los 24 conciudadanos italianos, de los cuales han excarcelado a cuatro.

El sábado 31 de enero, uno de los vecinos del sector Quinta Crespo, asegura que llegó al Conas un autobús con presos desde El Helicoide, quienes permanecen hacinados en el Comando. “Los únicos días que los funcionarios permiten a los familiares estar frente a las instalaciones, son los domingos, día de visita”.

CF Leonardo Nicolás Lecol Buttafuoco fue director encargado de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio del Interior

Puertas adentro

La sede del GAES en Quinta Crespo, ubicada en una estrecha calle de Caracas, se distingue por las patrullas estacionadas frente a la instalación militar y una pequeña bandera tricolor que ondea de forma permanente. En ese edificio funciona el Comando dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, cuya infraestructura incluye un semisótano utilizado para recluir detenidos en condiciones de hacinamiento extremo y grave insalubridad.

De acuerdo con testimonios recogidos, las celdas, de tamaño reducido, superan ampliamente su capacidad por metro cuadrado. Allí conviven un número excesivo de personas, expuestas de manera constante a roedores, humedad y otros factores que afectan su salud. A esto se suma que los detenidos permanecen encerrados las 24 horas del día, sin acceso a la luz solar ni a espacios para caminar o realizar actividad física. La falta prolongada de luz natural, advierten, ha provocado pérdida progresiva de visión e incluso episodios de ceguera en varios reclusos.

Las celdas permanecen iluminadas permanentemente con luces incandescentes, empleadas como un mecanismo de tortura que impide el descanso, altera los ciclos de sueño y genera un agotamiento físico y mental extremo.

La situación se agravó recientemente con el ingreso de un nuevo grupo de detenidos trasladados en autobús desde el Helicoide, lo que terminó de colapsar la ya limitada capacidad del recinto. Paralelamente, se repite un patrón de irregularidades en los procesos judiciales: audiencias dilatadas sin justificación, imposición de defensores públicos y restricciones al derecho a la defensa.

Aunque en las audiencias suelen ordenarse evaluaciones médicas, estas no se concretan. Las comunicaciones oficiales no llegan ni a los centros de salud ni a los de reclusión, dejando a los detenidos sin atención médica incluso cuando presentan enfermedades crónicas o condiciones urgentes.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/02/05/el-comando-antiextorsion-y-secuestro-en-caracas-un-nuevo-centro-clandestino-de-detencion-al-servicio-de-diosdado-cabello/