El 23 de abril de 2021, en medio de los combates entre el ejercito venezolano y las disidencias de las FARC en Apure, el SM3 Dany José Vásquez Hernández desapareció tras una emboscada. Desde entonces, su madre y su pareja denuncian años de silencio oficial, versiones contradictorias y la espera por la respuesta de la institución militar.
Sebastiana Barráez/ domingo 7 de junio 2026
Tomado de Infobae
El 23 de abril de 2021, dos helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) trasladaron a 36 efectivos hacia una zona de combate en Apure, donde se desarrollaban enfrentamientos con el Décimo Frente de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. La operación terminó bajo fuego. Murieron militares, y entre los sobrevivientes que habrían alcanzado el punto de control La Charca, estaría el sargento mayor de tercera de la Armada Danny José Vásquez Hernández. Su familia no volvió a saber de él.
“En la FANB dicen que debemos esperar siete años para declararlo fallecido”, le dice a Infobae Yanneris Flores, pareja del militar desaparecido. La frase resume el limbo en el que quedó la familia de Vásquez, que denuncia más de cinco años sin una explicación oficial sobre lo ocurrido durante aquella operación en el sector La Capilla, en el estado Apure.
Petra Hernández, madre del sargento mayor de tercera de la Armada Bolivariana, habló con Infobae y reclama a la Fuerza Armada una respuesta que nunca llegó. “Tuve tres hijos, dos varones y una hembra. Danny nació el 26 de junio de 1986. Necesito saber de Danny. ¿Cómo es que, si mi hijo salió en esa comisión para Apure, no me den una respuesta a mí como madre sobre qué pasó con él?”, dice entre lágrimas.
Luego agrega, con reproche: “Para nosotros nunca ha habido una información ni siquiera una palabra de aliento”.
Según el testimonio que recibió la familia, otro militar herido en aquel enfrentamiento aseguró haber visto a Danny con vida. Dijo que estaba ileso, aunque desconcertado, y que quienes habían resultado heridos le pidieron que huyera del lugar.
Danny Vásquez estaba adscrito a la Octava Brigada de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina “Generalísimo Francisco de Miranda” (Bropem8), con base en el Apostadero Naval “Teniente de Navío Tomás Vega”, en la bahía de Turiamo, estado Aragua. Su madre recuerda que el comandante de la unidad fue relevado tiempo después y sustituido por el contralmirante Daniel Román Arias Gutiérrez.
“Cuando llamé por primera vez no me dieron respuesta porque había muchos muertos. A Danny lo colocaron en condición de desaparecido”, cuenta Petra Hernández. Su hijo no figuró tampoco entre los nombres de los militares secuestrados que más tarde se conocieron públicamente.
Petra también recuerda que Javier Tarazona, coordinador de la ONG Fundaredes, le transmitió una información según la cual Danny Vásquez Hernández seguía con vida, aunque en un estado severo de deshidratación.
Con el paso de los meses circuló además una versión no oficial: que Vásquez habría discutido con sus superiores y les reclamó por haber dejado a los militares abandonados en una zona fronteriza controlada por grupos irregulares. La familia asegura que jamás recibió confirmación de esa información.
La única respuesta formal que, según Petra Hernández, ha entregado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que no existe información sobre Danny Vásquez ni sobre Abraham Belisario, otro militar que también continúa desaparecido.
La madre del militar acudió a la comandancia de la Armada en Caracas, insistió ante distintos mandos y volvió a preguntar tras cada relevo en la cadena de mando. Nada cambió. Incluso después de salir temporalmente del país por un problema de salud de su hija, regresó y encontró el mismo silencio. “Pienso ir a la embajada, porque no puedo seguir en esta espera. Estoy solicitando audiencia con el comandante general de la Armada”, dice.
El 31 de mayo de 2021, en un video difundido por Fundaredes, Petra Hernández pidió públicamente información sobre el paradero de su hijo, que ya llevaba más de un mes desaparecido. Hoy, más de cinco años después, la familia, incluida la hija pequeña que Danny dejó atrás, sigue esperando una respuesta de la institución castrense.
“Teníamos miedo de denunciar”
Petra Hernández admite que durante las primeras semanas el temor la paralizó. “Tenía miedo de hacer denuncias y que le hicieran algo a mi hijo, incluso que le pasara algo a mi otro hijo. Solo acudí a la Cruz Roja Internacional y fui a la comandancia general a solicitar información”, relata.
Vásquez ingresó al servicio militar en 2006 y se graduó el 3 de marzo de 2008. Desde entonces fue destinado a Turiamo, donde desarrolló su carrera dentro de la Armada.
Yanneris Rebeca Flores, pareja del militar, recuerda que la brigada estaba bajo el mando del comandante Rivero y que la unidad 81, en la que servía Danny, estaba a cargo del capitán de fragata Ronald Oropeza Rodríguez.
En 2021, según su pareja, Danny Vásquez fue enviado a un curso sobre explosivos. Pasó dos semanas en Caracas y el 15 de abril de ese año fue trasladado en comisión a Apure, en medio del conflicto que se libraba en el municipio Páez.
La última comunicación entre ambos ocurrió el 20 de abril de 2021, a las 9 de la mañana. “Danny me escribió que les iban a quitar los teléfonos y que cuando se los regresaran volvería a comunicarse. No alcancé a responder en ese momento”, cuenta Flores. Al día siguiente, todavía sin noticias de él, la esposa de otro oficial le advirtió que varios militares estaban desaparecidos.
Después de ese mensaje no volvió a recibir nada. “Insistí muchas veces en llamar a su teléfono, pero no volvió a conectarse. Llamé al comandante Adati y me dijo que estaban buscando a Danny, que no creyera en noticias ni en versiones de otras personas”, relata.
Tiempo después, militares acudieron a la vivienda de la familia y entregaron las pertenencias que Vásquez había dejado en Apure: su bolso y su teléfono. Flores afirma que el comandante Oropeza Rodríguez le transmitió la versión de que los efectivos fueron emboscados mientras descendían del helicóptero.
“Unos cayeron, otros resultaron heridos”, resume la reconstrucción que hicieron sus compañeros sobre los primeros segundos del ataque.
Con el paso de los días, la familia escuchó todo tipo de versiones: que había aparecido, que estaba herido, que lo tenía la guerrilla. Pero cuando las disidencias de las FARC difundieron los nombres de los militares secuestrados, Danny Vásquez no figuraba en la lista. “Nos entrevistamos con Arias Gutiérrez, que estaba en la comisión de Apure, pero solo confirmó la versión del helicóptero”, sostiene Flores.
En el caso de Abraham Belisario, el otro militar desaparecido, la familia asegura que en 2022 fue localizado parte de su equipo ligero. De Danny, en cambio, no se ha hallado ningún rastro.
La respuesta que reciben de la Fuerza Armada, una y otra vez, es la misma: la búsqueda continúa y, si se cumplen siete años sin noticias, Vásquez será declarado muerto.
En el caso de Abraham Belisario, el otro militar desaparecido, la familia asegura que en 2022 fue localizado parte de su equipo ligero. De Danny, en cambio, no se ha hallado ningún rastro.
La respuesta que reciben de la Fuerza Armada, una y otra vez, es la misma: la búsqueda continúa y, si se cumplen siete años sin noticias, Vásquez será declarado muerto.
El conflicto en Apure
El conflicto armado en Apure, que tuvo antecedentes en 2020, estalló con fuerza el 21 de marzo de 2021. Los combates provocaron el desplazamiento de más de cinco mil personas desde territorio venezolano hacia Arauquita, en Colombia, entre ellas familias con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. El gobierno colombiano habilitó campamentos de asistencia junto a organizaciones internacionales.
A mediados de mayo de 2021, las disidencias de las FARC difundieron un video en el que aseguraban tener cautivos a ocho militares venezolanos: los tenientes de fragata José Emilio Torres Pérez, Luis José Cova Barrios y Junior Flores Berroterán; los SM3 Paúl Hernández, Dany Vásquez y José Antonio Ramos Dávila; y el sargento primero de Fuerzas Especiales Abraham D’ Jesús Belisario Bastidas.
El 15 de mayo, tras la difusión de dos videos con cinco de esos militares, el Ministerio de la Defensa, encabezado por Vladimir Padrino López, admitió oficialmente el secuestro de los ocho efectivos.
Mientras en la frontera morían soldados venezolanos y decenas de familias huían de los combates, los voceros del régimen de Nicolás Maduro insistían en que tenían controlada la situación en el estado Apure. La violencia golpeó especialmente a las poblaciones de La Victoria, El Ripial, Guafitas, Arenales y Sector El 8.
La versión oficial
La insólita justificación de Maduro y el entonces ministro Padrino, fue que el conflicto había sido orquestado por el presidente de Colombia para la época, Iván Duque, y el Comando Sur de los Estados Unidos de orquestar. “Quieren escalar a un conflicto militar entre fuerzas militares de Colombia y Venezuela”, dijo Maduro el 28 de marzo 2021.
Un día antes, el 27 de marzo 2021, Padrino López leía un comunicado sobre el balance de lo que ocurría en la frontera “Seis terroristas neutralizados, 27 sospechosos puestos a orden del tribunal militar 14 de control”, se refirió a 12 detenidos más y el decomiso de armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos.
En la misma línea discursiva de Maduro dijo que el “grupo muy violento vinculado con el narcotráfico”, tiene el patrocinio del gobierno de Colombia y de la CIA (Agencia Central de inteligencia de EEUU), “creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de EEUU”.
El Ministerio de la Defensa jamás identificó al grupo con el que se enfrentaron, ocultaron que se trataba del Décimo Frente de las FARC. El general Padrino López solo los llamaba “grupos delincuenciales y terroristas”.
Tampoco la Fuerza Armada investigó a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que estaban en El Ripial, parroquia Urdaneta del estado Apure, y serían los responsables, en marzo 2021, de las ejecuciones de la familia de Luz Dey Remolina, Jeferson Uriel Ramírez, Emilio Ramírez y Ehiner Yafran Anzola Villamizar.
El entonces fiscal general Tarek William Saab, se limitó a decir que había designado a dos fiscales, quienes de manera coordinada con el entonces Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) almirante Remigio Ceballos Ichaso, investigaban las denuncias de las ejecuciones extrajudiciales. Nunca se presentaron las resultas de la supuesta investigación.
Después de lo ocurrido en Apure en el 2021, se activó la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Temporal Especial “GD José Cornelio Muñoz”, al mando del GD Alejandro Javier Benítez Marcano, con un Estado Mayor de Coordinación, y la 94 Brigada Especial Integral Negro Primero en la ZODI Apure comandada por el General Brigada Wilfredo Alexander Medrano Machado.
En las extensas sabanas de Apure quedó la sangre derramada de los militares venezolanos, de los guerrilleros colombianos, casas e instalaciones militares destruidas. Jamás se emitió informe alguno oficial de lo ocurrido en ese 2021. Y aún hay dos militares desaparecidos.
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