Sebastiana
Barráez
@SebastianaB
Los habitantes de la frontera
saben que la guerrilla y los paramilitares avanzan, territorio adentro, cuando
en una finca de la aldea El Salado, sector Alto Grande, a pocos kilómetros del
pueblo de Rubio, capital del fronterizo municipio Junín del Táchira, y de un
puesto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asesinan el domingo, en plena
celebración del día del padre, a Yelizmar Shymara Giménez Parra. La excusa es
que la joven era lugarteniente del jefe de la guerrilla en la zona y que
quienes la asesinan son paramilitares, quienes vestían de negro y tendrían
brazaletes con el nombre “Los Rastrojos”.
Ese es apenas un hecho ocurrido, aun cuando hay
medidas de seguridad y fuertes restricciones por las medidas sanitarias por el COVID-19.
El profesor Javier Tarazona y su equipo de Fundaredes, lo alertaron en su más
reciente informe “Restricciones por covid-19 no frenan acción de grupos armados
irregulares en la frontera de Venezuela”. Las medidas ante el virus “no ha
impedido a los grupos armados irregulares, que mantienen una pugna por el
control de los territorios fronterizos en Venezuela, seguir actuando y causando
zozobra en los habitantes de las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera
con Colombia”.
El mayor impacto lo está
recibiendo la frontera, especialmente Apure, Táchira, Zulia y Bolívar que, en
caso de los tres primeros, con el cierre de pasos formales con Colombia “se
convirtió en el acelerador inmediato de la violencia en estas zonas limítrofes”,
dice el director general de Fundaredes, profesor Javiert Tarazona, quien
destaca que durante la cuarentena se han registrado 151 hechos: enfrentamientos
armados, desapariciones de personas, asesinatos, con desmembramiento de
cuerpos, heridos y otros delitos como el tráfico de personas, extorsión y
contrabando.
“Durante el
tiempo de cuarentena ha habido más víctimas, por homicidios en las zonas
fronterizas, a manos de grupos armados irregulares de origen colombiano, que
personas muertas a consecuencia del coronavirus en todo el país”.
Destacan que a finales de abril
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares retomaron la
confrontación por el dominio del territorio en el Zulia. “FundaRedes documentó,
mediante testimonios, que esa agrupación mantiene un batallón con más de 100
hombres fuertemente armados en las adyacencias de la hacienda El Catatumbo,
controla el kilómetro 23 vía a Encontrados, El Guayabo, Casigua El Cubo, así
como también los sectores Madre Vieja, La Motilona y Caño 14, donde incluso
tomaron la escuela. Muchos productores abandonaron las tierras ante las
incursiones violentas de esta célula guerrillera”.
En el caso de los
paramilitares, el grupo “Los Rastrojos se instaló en 22 fincas de esa
localidad, las cuales ya venía despojando a sus dueños progresivamente.
Residentes señalan que existe una alcabala en el kilómetro 33 en esa misma
jurisdicción donde se encuentran apostados efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana y el Ejército, quienes tienen conocimiento, incluso con demarcaciones
en un mapa, de dónde están los asentamientos de estos irregulares; sin embargo,
no ha habido acciones contundentes para impedir sus operaciones”.
Mentiras
En Táchira,
voceros oficiales anunciaron el despliegue de 3.500 efectivos militares y
reducción del 99% del paso ilegal a través de la frontera. Pero solo en abril y
mayo, con mayor presencia militar y policial, dos personas fueron asesinadas en
los pasos ilegales y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas, entre ellos
“el joven tachirense Michell Andrés García Flores, que fue, a La Parada
(Colombia), a comprar un pollo para su
familia, pero nunca regresó. Quienes iban con él contaron que eran hombres armados
con aspecto de guerrilleros, según dijeron familiares al diario
colombiano La Opinión”.
Otro hecho relevante fue el
ocurrido el 8 de abril en Libertad, municipio Capacho Viejo, Táchira, cuando
integrantes del ELN se presentaron en instalaciones del colegio Santa Mariana
de Jesús para presionar a que se recibieran migrantes y uno de ellos apuntó con
su fusil a una monja que lo enfrentó. (https://sebastianasinsecretos.blogspot.com/2020/06/venezuela-una-monja-enfrento-un.html/)
El caso lo denunció Fundaredes el 6 de mayo 2020 ante
la Fiscalía General de la República.
“La organización pudo
confirmar, mediante diversos testimonios recabados en abril de 2020 que, en el
sector La Cristalina, que abarca parte de los municipios Capacho Viejo y
Lobatera del estado Táchira, está establecida una célula del ELN bajo las
órdenes de una mujer, Comandante Selva, quien extorsiona a productores
agrícolas y demás habitantes pidiéndoles ganado, siembras y terreno para
resguardarse a cambio de protección”, resalta el informe de Fundaredes.
“En el contexto de la
cuarentena se han movilizado a esta zona cerca de 90 hombres fuertemente
armados que han ocupado espacios en algunas fincas y presionan para pernoctar
en las casas de las unidades de producción cercanas”.
Por otra parte, en la
fronteriza población de Boca de Grita, municipio García de Hevia, Táchira, desde
febrero “se han registrado enfrentamientos por el control de los pasos
ilegales. Según testimonios recogidos por FundaRedes, en la disputa participan,
además de la guerrilla y otros grupos armados irregulares, efectivos del
Ejército venezolano (“los boinas rojas”) y la Guardia Nacional Bolivariana. La
intensidad de los combates desplazó a unas 200 familias hacia la vecina
población de Puerto Santander, en Colombia, el 22 de abril de 2020”.
“El 5 de mayo los habitantes
de los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La Invasión, en San Antonio del
Táchira, municipio Bolívar, fueron afectados durante horas por una intensa
balacera que dejó dos personas heridas. FundaRedes documentó los hechos
mediante relatos y videos de testigos que no quieren ser identificados, pues
temen por sus vidas ante las amenazas y advertencias de los grupos irregulares”.
Guerrilla e indígenas
“En Amazonas, la presencia
del ELN es cada vez más evidente en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando
de Atapabo, poblaciones ubicadas sobre los márgenes del río Orinoco, donde el
índice de criminalidad es mayor al registrado oficialmente”.
“El diputado a la Asamblea
Nacional y presidente del Parlamento Amazónico, Romel Guzamana, alertó el 2 de
junio sobre la incursión de las FARC, ELN y Hezbolá en comunidades indígenas al
sur del país. Denunció que estas organizaciones manejan el contrabando de
combustible, minería ilegal y narcotráfico en la zona, y que tienen el control
de la Amazonía”.
En el caso del estado Apure, “productores
agropecuarios afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que
surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con algunos
miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes, con el uso de arcos y
flechas, se han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para
amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a
propietarios de fincas y productores venezolanos”.
Así ocurrió en abril con el
caso de Claudio Ramón Calzadilla, propietario del fundo “La Fortaleza”, ubicado
a un kilómetro del río Capanaparo, un curso de agua binacional en la frontera
entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). (https://sebastianasinsecretos.blogspot.com/2020/04/la-silenciosa-guerra-muerte-que-libran.html/)
Calzadilla “fue interceptado
por un grupo de entre 10 y 15 indígenas que lo atacaron con flechas. Pese a que
intentó escapar, el hombre de 31 años de edad fue alcanzado, asesinado y
descuartizado. Sus restos fueron lanzados a las aguas del río Capanaparo”.
En el estado Bolívar, “la
pugna por el control de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco mantiene
enfrentados a los denominados “sindicatos”, con los grupos de la guerrilla del
ELN y las fuerzas policiales y militares. San Félix, El Callao, El Dorado y
Tumeremo son algunas de las zonas asociadas a la guerra de bandas, ajustes de
cuentas y presuntas ejecuciones extrajudiciales”, dice Fundaredes quien destaca
que los crímenes registrados ahí evidencian altos niveles de violencia y
crueldad.
FundaRedes solicitó a la
Fiscalía General de la República, el 6 de mayo 2020, que se investigue la
situación en Apure, Bolívar y Amazonas. “No ha habido ninguna acción para
evitar que los grupos armados irregulares de origen colombiano continúen
actuando en los límites con Venezuela, así como no han sido atendidas las
constantes denuncias interpuestas en los últimos años por la organización a fin
de frenar estas incursiones y violaciones de derechos humanos a la población
fronteriza”.
Además, el 29 de mayo de 2020,
Fundaredes presentó “ante la Misión Internacional Independiente de Naciones
Unidas para la Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de
Venezuela un informe en el que se evidencian las violaciones de derechos
humanos cometidas en el país por los grupos armados irregulares que operan con
conocimiento, y algunas veces complicidad, de los cuerpos de seguridad del
Estado, y cómo estos organismos a su vez actúan como fuerzas de exterminio
contra la población vulnerable”.
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