Sebastiana Barráez/30 de Julio de 2020
@SebastianaSin
El
suministro de gas doméstico se ha convertido en una noticia, que los
gobernadores del partido de Gobierno de Nicolás Maduro, anuncian como
propaganda, publican videos, en las redes sociales, con mensajes para destacar
la eficiencia de sus gobiernos. Quizá sea el único país del continente donde
surtir un cilindro de gas, sea motivo de foto, video y discurso.
Registrar
un día de lo que ocurre en Venezuela, da la idea de la desgarradora crisis que
vive el país. Hay problemas que se han hecho permanentes, por ejemplo, el
suministro de combustible, que mantiene a miles de personas en horas y días de
cola en las estaciones de servicio, esperando surtirse en algún momento. Los
servicios básicos son caóticos: agua y gas doméstico, que en algunos sitios
pasan meses sin recibir. Pretender tener electricidad regular o acceso a buen
internet o comunicaciones telefónicas, es un lujo. Hablamos de la vida
cotidiana sin posibilidades de que la población en general aspire a recibir
atención en centros hospitalarios bien dotados o contar con ingresos dignos
para adquirir alimentos.
Tomamos el registro
que hizo la organización FundaRedes, a través de su Red de Activistas en el
país y su Observatorio de DDHH en cuatro estados fronterizos de Venezuela, del monitoreo
el martes 28 de julio, en el marco de la contingencia, identificando,
registrando y documentando el contexto de derechos humanos y sus vulneraciones
derivadas de la pandemia ocasionada por COVID -19.
El primer
elemento para destacar son las Restricciones para acceder a los alimentos y
servicios básicos, en tres estados con características similares en cuanto a
clima de temperaturas muy altas: Zulia, Falcón y Bolívar.
En el
fronterizo estado Zulia, habitantes del barrio Milagro Sur en el municipio San
Francisco, denunciaron la crisis por la deficiencia de los servicios básicos.
“Manifiestan vivir con escasez de agua y gas, con constantes cortes eléctricos
y ausencia de aseo urbano”.
Uno de los
elementos que explica el drama venezolano, específicamente en el Zulia, estado
cuyas temperaturas pueden llegar a los 40 grados, “detallaron que tienen más de
tres años sin recibir el recurso hídrico por tubería, teniendo que salir a
buscar en pipas a barrios vecinos o adquirir camiones cisterna a precios
exagerados”.
“Durante
los meses de confinamiento han vivido momentos de angustia por no tener como
cumplir las medidas de higiene para evitar el contagio y propagación del
COVID-19”, destaca Fundaredes, quien hace énfasis en la necesidad de contar con
agua potable, necesaria para el aseo y particularmente el lavado constante de
las manos ante la pandemia que azota al mundo.
Falcón es
otro estado con temperaturas muy altas en la mayor parte de su territorio,
aunque sus playas son de las más hermosas del país, las fallas de agua potable
son realmente graves. Hay comunidades que durante meses no reciben el vital
líquido.
Pero
Fundaredes detalla, para ese 28 de julio, otro problema que prioritario para la
comunidad, como es la ausencia de gas doméstico. “Madres elaboradoras que
trabajan en diferentes instituciones educativas del municipio Zamora, cuya
capital es Puerto Cumarebo, denuncian que están cocinando los alimentos
provenientes del Programa Alimentario Escolar (PAE), en fogones improvisados
por la falta de gas doméstico”.
“Expresaron
que el humo producido por la leña les está causando serios problemas
respiratorios y les da temor acercarse a los centros de salud en busca de
atención médica, primero por las deplorables condiciones en que están y segundo
por el creciente aumento de casos de COVID-19 en la región”.
No es menos
dramático lo que sucede en el estado Bolívar,
al oriente de Venezuela. Habitantes de la parroquia Dalla Costa de San Félix, municipio Caroní del estado Bolívar,
que junto a Puerto Ordaz conforma Ciudad Guayana, “rompieron el confinamiento y se concentraron en la
calle principal para exigir a PDVSA GAS el despacho del servicio de gas
doméstico”.
“Los manifestantes indignados denunciaron que tienen 6 meses a la espera del llenado de los cilindros de 18, 27 y
43 kilos, expresaron que cientos de familias en medio de la crisis por el
COVID-19, están cocinando con leña y sufriendo afecciones respiratorias”,
refleja Fundaredes.
La ONG
citada tomó casos de los estados fronterizos Táchira y Zulia, donde ese día
habrían ocurrido casos de discriminación o de violación de los derechos
humanos.
En Táchira,
“comerciantes que desarrollan su actividad económica dentro del mercado de los
Pequeños Comerciantes en el municipio San Cristóbal, denuncian que, con las
medidas de confinamiento, les están limitando severamente su derecho a
trabajar, indican que no les han permitido abrir sus negocios, los cuales están
acondicionados con las medidas de bioseguridad”, pero aseguran que sí permiten
trabajar a vendedores informales sin ninguna protección.
Por otra parte, la Asociación Zuliana de Ciegos (AZC), en el estado
Zulia, “clama por asistencia humanitaria, ya que requieren la asignación de
medicamentos de alto costo para atender diversas patologías”.
“Indican que varias personas con limitación visual, que forman parte de
los pacientes crónicos de la región, han suspendido sus tratamientos por falta
de medicamentos prioritarios, situación que les está desmejorando la calidad de
vida y dejándolos vulnerables ante el COVID-19”.
En otro aspecto, “trabajadores jubilados del sector petrolero, se
concentraron en diversos puntos de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, para
protestar y exigir a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) el pago de los
gananciales del fondo de pensiones, el cual no cancelan desde el año 2015”.
“Además, solicitaron la restitución del seguro de asistencia médica,
dotación de medicamentos, reintegro de gastos médicos y el pago de intereses
del pagare vencido, los manifestantes manifestaron estar cansados de sufrir
discriminación y no ser escuchados en sus reclamos”.
Ese día 28, en Táchira, “el Gremio del transporte público de la región,
denuncia que la paralización del servicio de transporte ordenado por la Zona
Operativa de defensa Integral (ZODI), les está afectando notablemente en su
calidad de vida, ya que al no poder salir a trabajar, no tienen ingresos para
llevar el sustento a sus hogares”.
Los afectados “solicitan a las autoridades tener un poco de flexibilidad
y permitirles cumplir algunas rutas, aplicando las medidas de bioseguridad
pertinentes para evitar el COVID-19, ya que según expresa, si no mueren por
coronavirus, morirán aguantando hambre”.
Negligencia
Un caso del estado Bolívar ocurrido ese día, es importante para el tema
“negligencia de autoridades en materia sanitaria”, según refleja Fundaredes,
quien destaca la denuncian sobre el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de
Puerto Ordaz, el cual “se encuentra completamente colapsado con pacientes
sospechosos de COVID-19”.
“Ellos indican que no cuentan con las pruebas rápidas para realizar el
respectivo descarte y menos aún con los insumos médicos y tratamientos para dar
atención a quienes resulten positivos con el coronavirus”.
“Habitantes afectados manifestaron que en el centro asistencial no
cuentan con los recursos para atender al público en general y además resaltaron
que no poseen camillas, tampoco con los medios para nebulizar a pacientes y
aires acondicionados que garantice una mejor ventilación. Los afectados hacen
un llamado a las autoridades competentes para que les garantice el derecho a la
salud”.
Aunque
Fundaredes no hace especial énfasis, en ese día de informe, al problema
eléctrico, es necesario resaltar que es uno de los principales dramas que está
afectando al país. En el interior del país, hay comunidades que deben soportar
cortes eléctricos, incluso dos veces al día de seis horas cada uno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario