El gobierno chavista trata de bioterroristas a quienes regresan desde el país vecino y restringe su ingreso, mientras productores trasladan las mercancías colombianas mediante el pago de USD 1.000 a los guerrilleros en las carreteras
Sebastiana
Barráez/
@SebastianaB
Mientras el gobierno nacional ha
desplegado una campaña para señalar, a quienes se ven obligados a pasar la
frontera, de ser agentes bioterroristas, la mercancía colombiana ha ido
inundando los estados fronterizos, incluso más allá de Táchira y Zulia, también
Mérida, Trujillo incluso hasta Barquisimeto.
El Ministro del Interior y Justicia,
general Néstor Reverol sentenció, hace una semana, que quienes intenten
ingresar a Venezuela por las trochas serán procesados bajo los cargos de
terrorismo y delincuencia organizada, de manera que podrían enfrentar entre 8 y
12 años de cárcel. Agregó que a los trocheros los enviarán a la cárcel de El
Dorado, en el estado Bolívar.
Lo que no mencionó el alto oficial y
ministro es si esa decisión también es para quienes pasan la mercancía en camiones
y le pagan a la guerrilla que ocupa los municipios Pedro María Ureña y Bolívar
del Táchira.
Todos los días pasa gran cantidad de
camiones por la frontera. La autorización la está dando la oficina del llamado
Protectorado del Táchira, a través de la diputada Vilma Vivas, quien es miembro
de la dirección regional del Partido Socialista de Venezuela (PSUV).
Es así como les dan un permiso a
determinadas personas. “Por ejemplo, a un productor le sellan una especie de
guía para que transporte un producto en particular. Ese productor va a Colombia
y compra ahí la mercancía, que trae a territorio venezolano”, explica a Infobae
uno de los que transitan esa zona fronteriza.
“Ese productor lo primero que debe pagar,
al pasar el producto, es la vacuna de la guerrilla, que está instalada a todo
lo largo del territorio fronterizo; ese monto es de aproximadamente mil dólares
por el camión de mercancía. Esa es la primera alcabala”.
“De allí se dirige al Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), donde debe cancelar, como persona
natural, y no jurídica, 30 millones de bolívares (120 dólares aproximadamente),
esa es la segunda alcabala; y finalmente, la tercera alcabala, es el 5% del
valor total de la factura que debe pagárselo al Protectorado del Táchira”.
Es así como “si ese productor tiene un
camión blanco de placas XYZ, al pasar y pagar a la guerrilla, le toman una foto
por la parte de adelante y otra por la de atrás, donde se vea la placa del
vehículo. Esas fotos las envían a la Región Estratégica de Defensa Integral
(REDI) que a su vez las envía a la red. Ya ese camión va seguro y no va a ser
detenido ni revisado en ningún punto de control que atraviese esa REDI Los
Andes: Táchira, Trujillo y Mérida, por ejemplo”.
Todo pasa desde Colombia para territorio
venezolano, incluso golosinas, productos de limpieza, alimentos, de todo.
“Cuando la persona sale de Barinas, por la carretera del llano, o de Trujillo
por la Panamericana, entra en la red que tienen las otras REDI que abarcan los
estados; de acuerdo con cada guarnición que pasan deben pagar mil dólares”.
Con la publicación de la Gaceta Nr. 026
del 24 de julio 2020, la gaceta del municipio José Antonio Páez del estado
Apure, publica el decreto Nr. 008-2020 que regula la circulación de personas en
las parroquias del municipio, destacando que son para “proteger y preservar la
salud de la población, con el fin de mitigar y erradicar los riesgos de la
epidemia relacionados con el Covid 19”.
Es así como decreta que la circulación
entre las parroquias Urdaneta, San Camilo, El Amparo y Guasdualito queda sujeta
a terminales de número de cédula de identidad; cada día, de lunes a viernes, le
corresponde a dos números. “Los sábados y domingos no se permitirá la
circulación entre parroquias”, esa orden no abarca a la parroquia Aramendi
(Palmarito).
“Los días domingo no se permitirá la
circulación entre las parroquias, ni internamente dentro de las mismas; este
día será utilizado por las autoridades competentes para la desinfección de las
áreas de utilidad pública y privada”.
Las normas sanitarias han servido para
que mientras la población está encerrada y las calles y carreteras lucen
solitarias, se mueva sin restricción alguna la mercancía por toda la frontera.
El 26 de julio, José María Romero González
alias Chema, alcalde de Guasdualito, capital del municipio Páez del estado
Apure decidió llevarse el combustible de la parroquia San Camilo, cuya capital
es El Nula. En una gandola verde, placas A46BM0S, sacaron el combustible para
llevárselo hacia Guasdualito que está a más de 80 kilómetros de ahí, en una
carretera nada envidiable para transitar.
La indignación de los pobladores,
especialmente de los productores, no se hizo esperar, porque el combustible es
el que corresponde a la estación de servicio San Camilo, pero nada pudieron
hacer. Esa es una zona controlada desde hace muchos años por la guerrilla
colombiana, especialmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha
manejado todo lo relacionado al contrabando de alimentos, medicinas, del
comercio de jóvenes y mujeres, además del narcotráfico, antes del papel moneda
(el bolívar). Ese territorio nunca lo han cedido; en las décadas que está bajo
su control han sido hegemónicos.
Mientras la población fronteriza está
encerrada y los migrantes que llegan a la línea fronteriza son tratados como
bioterroristas, los comerciantes y los contrabandistas pagan para seguir en el
gran negocio de la frontera. Es por ello que los productos colombianos han
inundado los estados fronterizos y se van desplegando hacia los estados del
centro del país.
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