Las imágenes captadas por Miguel Alexander Bracho Domínguez ofendieron al Alto Mando Militar de Venezuela y la magistrada Yulimar Borges Guitián hizo una extraña multiplicación de la condena original
Sebastiana Barráez/ domingo 01 de noviembre 2020
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Esta es la historia de un
militar venezolano a quien el juez militar capitán Carlos Rafael Rodríguez
Vargas lo sentenció a tres años y nueves meses, por haber grabado las deplorables
condiciones de un comando de la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Lo
inaudito es que la juez del Tribunal Séptimo de Ejecución, Mayor Yulimar Borges
Guitián, asimilada en el año 2009 y sobrina del presidente de la Corte Marcial,
MG (Ej) Edgar José Rojas
Borges, le impone ocho años y seis meses, porque ella hizo una
extraña multiplicación de la pena original.
Tenía 25 años en la
institución castrense, cuando el Sargento Ayudante (GNB) Miguel
Alexander Bracho Domínguez creyó que era buena idea hacer un video, en el
alejado puesto fronterizo en Buena Vista del Meta, para demostrar las
condiciones en las que estaba su comando, anegado en medio de la sabana apureña
y mencionar que tenían dos meses comiendo solo arroz.
No imaginó el militar que, en Caracas, eso iba a ser visto por el Alto Mando Militar
como traición a la patria, porque el video descubre las paupérrimas condiciones
de ese comando, lo que contrasta con los discursos edulcorados de los jerarcas
militares hablando del apresto operacional.
En la justicia militar venezolana hay una vulgar
injerencia del poder Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó
el 18 de agosto 2004 la Resolución N° 2004-0009, creando el Circuito Judicial
Penal, que depende “funcionalmente” de la Comisión Judicial del TSJ y
administrativamente del Ministerio de la Defensa, en lo relacionado al
presupuesto, según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aun
así, el Ministro de la Defensa, según Resolución N° 17.082 del 12 de enero de
2011, dictó el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar, sin
tener competencias para ello.
El sargento primero Navarro Galvis,
oriundo del Táchira, luego de colocar el video en redes, el 21 de septiembre
2018, huyó del comando y salió del país, pero alguien se lo hizo llegar al
Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López con unas palabras
insultantes. Se ofendió el titular castrense.
Aun el video no se había
hecho público cuando los 15 militares regresan del relevo fronterizo les
dijeron que les darían 10 días de permiso. Ellos protestan porque las
condiciones en las que estaban eran precarias. Los guardias le muestran el
video al coronel Roberto Alexánder Gil Ugas y al general Francisco Alejandro Corona
Preciado, para que consideraran la situación en las que estaban en el comando
de Buena Vista del Meta.
El 23 de septiembre 2018 al
SA Bracho Domínguez y a los 15 militares los llaman desde el comando 351 de la
ZODI de San Fernando, capital del estado Apure, para que se presenten de
inmediato porque habrá una visita del entonces comandante general de la GNB, MG
Richard López Vargas quien les va a imponer condecoraciones y les dará línea
blanca y créditos del Banco de la Fuerza Armada (Banfanb).
Los 15 guardias nacionales
que llegan al Comando son trasladados a una oficina con el general (GNB) Corona
Preciado, entonces jefe del Comando de Zona 35 de la GNB, quien le prometió al
SA Bracho Domínguez que por su sol (ahora tiene dos) lo expulsaría del
componente y lo metería preso.
Un militar presente contó a
Infobae que el comandante general, el MG López Vargas, entró poco después, sin
mostrar preocupación por ahondar en las precarias condiciones que tenía el
comando de Buena Vista del Meta, sino insultando a los quince militares por el
video. “les dijo que eran indignos, antirrevolucionarios y que quería todo el
peso de la ley contra ellos por haber revelado cómo estaba el comando de la GNB
en El Meta”. Ordenaron a los oficiales del comando 351 que en ese instante los
detuvieran.
Insultados y detenidos
El 23 de septiembre 2018 el Sargento
Ayudante (GNB) Miguel Alexander Bracho Domínguez fue detenido y con él 14
guardias nacionales: José Vladimir Luna Moncada, Miguel Ángel Berroterán
Belisario, César Arturo Ruiz Segovia, Jhonny José Blanco Ynojosa, Cristian
Asdrúbal Farfán Barrios, Carlos Ernesto Guaranato Osto, Anyelo Fabián Ortega
Calderón, José Manuel Tovar Corona, Junior Alberto Olivares Lugo, Álvaro José
Romero Gualdrón, Carlos Argenis Naranjo Pérez, José Gregorio Arrechider
Colmenarez, Ismael Piñuela Acosta y Alfonso Martínez Alvarado.
El 26 de septiembre 2018 lo presentaron
en el Tribunal Militar Vigésimo de Control de San Juan de Los Morros a cargo
del capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas. El fiscal, Primer Teniente Ángel David
Infante Rodríguez, lo imputa de Traición
a la Patria. El 13 de diciembre 2018 les realizan la audiencia preliminar. El fiscal
solo acusa al S/A Bracho Domínguez por Traición a la Patria. A los restantes 14
imputados les sobreseen la causa y salen en libertad; en la Fuerza Armada a nueve
les dan de baja y cinco regresaron a la Guardia Nacional.
Al terminar la audiencia el
juez capitán Rodríguez Vargas lo manda a buscar para que sea llevado a su
oficina; en presencia del fiscal 1TTT Infante Rodríguez, el defensor militar sargento
Gerardo Medina Escorche, el secretario 1TT Cedeño y Marcos Goitía el abogado defensor,
el fiscal le dice que los delitos son muy graves y que, en esa etapa del
proceso, y de acuerdo con la ley, hay un procedimiento de admisión de los
hechos que lo puede beneficiar.
El abogado Marcos Goitía le
dice a Infobae que “yo como abogado pregunto en qué lo beneficia y la respuesta
es que si él admite que subió el video se le daría prerrogativa para ser
condenado a menor tiempo”. Les dijeron que de admitir los hechos le darían tres
años y nueve meses. “Le dije a mi cliente que si aceptaba tendría que pagar las
dos terceras partes, que es lo que exige la justicia militar”.
Bracho admite los hechos.
Destaca Goitía que “la audiencia termina a las 6 de la tarde y lo que sí fue
extraño fue la tardanza para firmar las actas, que ocurrió a las 10 de la
noche”.
“Yo acepté -le dijo Bracho
Domínguez a su familia- porque les creí, porque quién puede imaginarse que un
juez y un fiscal, siendo además oficiales de mi Fuerza Armada, no me dirían la
verdad”.
El sargento ayudante tenía un
año preso en la cárcel militar de Ramo Verde, cuando del tribunal llama a su
familia. Le solicitan que debe presentar unos requisitos: constancia de
residencia, oferta de trabajo y copia de cédula, que le son entregados al 1TTE
Sanoti, secretario del tribunal Militar. Pasan tres meses y no hay respuesta de
nada.
La esposa de Bracho se presenta
al tribunal para preguntar por los cómputos de la pena. La respuesta del
secretario es que no están listos porque la condena aumentó a 4 años y 6 meses,
y que para que los beneficios salieran más rápido debía revocar al abogado
privado Marco Goitía y nombrar un defensor militar para que le pudieran dar un
beneficio procesal.
Así lo hacen. Cuando la
esposa de Bracho, el 10 de diciembre 2019, lleva el escrito al Tribunal Séptimo
de Ejecución de San Juan de Los Morros e insiste en lo del cómputo de la pena,
el secretario la lleva a hablar con la defensora militar Teniente Melo quien le
confiesa: “yo le voy a decir la verdad, a su esposo lo engañaron. Él no debió
asumir ese delito y la condena que le van a meter en Ejecución es de 8 años y 6
meses, porque al ordenar presidio la condena es doble”.
La esposa del sargento se
declaró desconsolada, creyendo que en ese tribunal además de justicia también
había compasión. Les dijo que su esposo estaba en tratamiento continuo con un
siquiatra porque desarrolló ansiedad generalizada. Les enseñó una copia del
informe médico. La respuesta de Melo y Sanoti fue: “la salud es lo primero”.
Cuando meses después la juez
de ese Tribunal Séptimo de Ejecución, Mayor Yulimar Borges Guitián va a Ramo
Verde, el sargento Bracho precisa con ella su condena de 3 años, 9 meses y 15 días
de prisión. La asombrosa respuesta de la juez Borges fue: “no, su condena es de
4 años y 3 meses, pero como es presidio se paga doble, debe pagar 8 años y 6 meses”.
Hay que recordar que, en ese
puesto militar, el del video, de Buena Vista del Meta, en septiembre de 1993 el
subteniente Francisco Javier León
Paulini, en colaboración con guerrilleros colombianos permitió el asalto al
parque de armas de esa instalación militar, de donde en tres aeronaves se
llevaron dos morteros de sesenta milímetros, cien granadas, veinte fusiles, dos
pistolas, abundante munición de diferentes calibres y radios de comunicaciones.
Hoy, 27 años después de ese
asalto, las condiciones, del comando de Buena Vista
del Meta, no han mejorado ni siquiera después de que el video de septiembre
2019 se hizo viral. Lo único es que metieron preso a quien grabó el video.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/11/01/le-triplicaron-la-pena-a-un-sargento-por-haber-grabado-las-deplorables-condiciones-de-su-comando/
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