La votación regional de este domingo mostró que cada vez más los miembros de la Fuerza Armada pasan por alto el hecho de estar subordinados al poder civil
Sebastiana Barráez/ lunes 22 de noviembre 2021
@SebastianaB
Hoy parecen más vigentes aquellas palabras del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en julio 2020, advirtiéndole a la Oposición que jamás será poder político “mientras exista una Fuerza Armada como la que tenemos”. Cada vez es más la injerencia de los militares en los procesos electorales en Venezuela, más aún cuando son elecciones cargadas de dudosa legalidad y legitimidad como las ocurridos en los últimos años, especialmente desde la Asamblea Constituyente en 2017 hasta ahora. Los comicios de ayer para elecciones regionales y municipales no fueron la excepción. La FANB obvia que las elecciones son eventos civiles y que los militares están subordinados al poder civil. Cada vez más, con armas en mano, convierten los centros de votación en cuarteles bajo su mando.
Las denuncias, por los abusos e injerencia de los
militares, no se hicieron esperar. Los uniformados asignados a los distintos
centros de votación recibieron órdenes precisas de transmitir cada dos horas el
número de electores que habían votado, incluso por el posible candidato de
acuerdo con las encuestas a puerta de centro o mesa que llevan a cabo las
tendencias políticas. Es así como el uniformado, irrespetando el recinto de la
mesa electoral, ingresaba cada dos horas para preguntar a los Miembros de Mesa
cómo iba la votación y anotar los números en un papel.
Unas elecciones que son para escoger poder civil y que
legalmente corresponden a los civiles, son intervenidas por la presencia de los
militares desde antes que los electores ingresen a la escuela o recinto de votación.
Los alrededores de los centros son tomados por la Fuerza Armada, lo que es
explicable porque la función principalísima del Plan República es controlar el
orden, preservar los centros y trasladar y garantizar la protección del
material electoral.
Lo que no es competencia del Plan República es
obstaculizar la actividad de los periodistas, quitarle el material de
grabación, hostigar, amenazar e impedir el trabajo de los comunicadores de los
medios privados y prensa libre. Lamentablemente la politización de la
institución castrense conduce a que los militares consideren su deber proteger y
garantizar el trabajo de los medios de propaganda del Gobierno, a la vez que
dan acceso, toleran y hasta colaboran con fuerzas de choque o grupos armados
del oficialismo en los alrededores o interior de los centros de votación.
Cuando la institución castrense era percibida por todo
el país como un ente imparcial, la función del Plan República estaba claramente
delimitada y nadie se atrevía a cuestionar la actuación de los funcionarios
militares y mucho menos osaban enfrentarlos. Desde que Hugo Chávez llega al
poder su intención fue resaltar la institución a la que había pertenecido y con
la que mantenía lazos afectivos. Eso cambió después del golpe del 11 de Abril
cuando la casi totalidad del Alto Mando Militar y los oficiales más destacados
de todos los componentes decidieron sacarlo del poder. Chávez politizó y así
planificó la destrucción de la Fuerza Armada, que tiene un alto índice de
rechazo en el común del pueblo venezolano.
Muchos militares ya no asumen respeto por la nación, tampoco por los símbolos o costumbre de los pueblos en Venezuela; se creen por encima de normas establecidas. Es así como la Guardia Nacional Bolivariana decide ingresar sus vehículos y personal uniformado a la plaza Bolívar de Rubio, estado Táchira, instalándose al pie de las escalinatas de la Iglesia católica, una majestuosa y bella estructura neogótica, construida con ladrillos que fueron fabricados con arcilla por artesanos rubienses y en cuyo interior se despliegan valiosos vitrales.
Ayer hubo hechos más graves aún como lo ocurrido con
los militares que tomaron la decisión de ser ellos quienes les dieran, en
algunos centros electorales, el visto bueno a las credenciales de los miembros
de mesa es así como se negaban a aceptar unas, pero aceptaban a quienes ni
siquiera estaban acreditados.
En La Cañada, estado Zulia, hubo fuertes reclamos
cuando en horas de la madrugada llegaron testigos del oficialismo e ingresaron
por la puerta trasera al centro de votación, pretendiendo ser ellos los
miembros de mesa e iniciar el proceso. Mucha gente protestó exigiendo al Plan
República que cumpliera con su función, pero los militares, que reciben órdenes
discrecionales, no saben cómo hacer cumplir la Ley.
En centros de votación del Zulia hubo fuertes
enfrentamientos e incluso grupos armados hirieron, golpearon o asesinaron a
varias personas, como ocurrió en el centro de votación “Eduardo Emiro Ferrer”,
cuando motorizados llegaron a la fila de votantes para obligarlos a no votar.
En el CV Madre Laura del municipio San Francisco hubo disparos, también en otro
asesinaron a un hombre. El Zulia fue uno de los estados donde hubo mayores
incidentes con grupos armados.
Y así como el Plan República fue clave para que se
iniciara o se retardara el proceso de votación, también lo fue a la hora del
cierre de los centros. En muchos casos el funcionario militar se limitaba a
decir que no había recibido la orden como si eso dependiera de su superior en la
Fuerza Armada.
Para que se ejecute el abuso contra las normas y el
reglamento que debe regir el proceso electoral participan los militares y los
operadores de la máquina de votación que siguen órdenes del Consejo Nacional
Electoral. Aunque parezca inaudito una cosa es lo que está escrito en el
reglamento y la Ley y otra es la que dispone el CNE a través de mensajes y
llamadas con los operadores de la máquina, quienes a su vez se apoyan en los
hombres uniformados y con armas. Ninguno de los dos, ni el operador de máquina
ni el militar, forman parte de las únicas autoridades de las mesas electorales,
que son los Miembros de Mesa, cuya cabeza principal es el presidente de esta.
Es importante resaltar que es la primera vez que en
unas elecciones ingresan funcionarios de la DGCIM a los institutos de
educación, porque no solo ocurrió en Michelena, también fue en otros centros,
como en el Grupo Sucre y Escuela La Victoria de Rubio, atemorizando a los
electores. Siempre ha sido costumbre que en el antiguo cine La Victoria, a unos
pasos de la escuela del mismo nombre, se concentren pequeños grupos de curiosos
a conversar después de sufragar; esta vez llegaron los funcionarios de la DGCIM
y los obligaron a dispersarse.
Por todo el pueblo se veían unidades de los cuerpos de
inteligencia y militares; más que elecciones parecía un escenario de guerra.
Ante el asombro y el rechazo que causaba la presencia de la DGCIM algunos
testigos de mesa o seguidores de algunos candidatos reclamaban del por qué
ingresaban a los centros de votación, que no tenían credenciales ni
autorización para eso; la respuesta que dieron es que ellos eran los custodios
del CNE donde quiera que estuvieran funcionarios del mismo.
La DGCIM como SEBIN y FAES son cuerpos y, represivos y de inteligencia que han
torturado, asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de personas
considerados adversarios políticos.
Cuando Andrade reclama la inapropiada conducta asumida
por los funcionarios de inteligencia, el oficial lo insta, de manera
irrespetuosa, a abandonar el recinto como si hubiera cometido un delito, cuando
en realidad eran los funcionarios policiales y militares quienes estaban
abusando de sus credenciales, espiando un proceso civil, que corresponde a los
civiles.
Los militares han sido factor determinante para que
grupos armados de choque actúen de manera impune contra adversarios opositores
del régimen venezolano. Es imposible que un civil desarmado esté en igualdad de
condiciones con un militar entrenado y armado que pretende imponer de manera
arbitraria una decisión, aunque esté violando la Constitución y las leyes.
Fernando Andrade, quien aspiró a ser el gobernador del
controversial estado fronterizo Táchira, fue alcalde del municipio Michelena,
lugar donde aun ejerce su derecho al voto, denunció, mientras detrás suyo se
observa una larga fila de militares uniformados, que “esto ha sido la constante
durante los procesos electorales en Michelena; inscriben a los alumnos de la
escuela de la Guardia Nacional para ejercer el derecho al voto en nuestro
municipio, utilizan los vehículos militares, y los llevan uniformados en fila
india a votar. Alertamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la comunidad
internacional del fraude perpetrado con los alumnos de la escuela de guardias
de Michelena”.
Los militares son enviados o llevados a votar con la instrucción
expresa de su superior para que vote por aquellos candidatos que ya el Alto
Mando Militar ordenó elegir.
No hay peor cuña que la del mismo palo. Los gobiernos de AD y Copei fueron respetuoso de la institucionalidad de la FF.AA. La corrupción y la arbitrariedad entre militares empezó justamente con Hugo Chávez
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