Sebastiana Barráez/ viernes 24 de junio 2022
@SebastianaB
El 17 de diciembre 2020 se efectuó el juicio del caso de los comandantes, como se le llamó a los oficiales que el régimen venezolano señaló de ser parte del Movimiento de la Dignidad del Pueblo, entre los cuales está el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro. El juicio fue anulado por las múltiples violaciones al estado de derecho. El caso se complica cuando el que fuera su fiscal acusador fue nombrado presidente de la Corte Marcial, estando adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que es el organismo que tiene al joven comandante en sus sótanos desde que fue detenido el 4 de marzo 2018.
El
comandante activo del Ejército, Marín Chaparro fue declarado culpable en la
comisión del delito de Instigación a la Rebelión, sin que se haya presentado ninguna
prueba contra él. Todos los testigos hablaron en su favor. La decisión de ese
juicio fue apelada teniendo como resultado la anulación del juicio, pues hubo
una serie de violaciones al debido proceso y a las normas de Ley.
En septiembre del 2021, es destituido, en medio de un escándalo, el presidente de la (sebastianasinsecretos.com./2021/09//escandalo-en-la-justicia-militar-de.html) Corte Marcial, Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges, sustituyéndolo el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien hasta ese momento era el Fiscal General Militar, a su vez adscrito a la DGCIM, el organismo que mantiene bajo custodia a Marín Chaparro desde el momento de su detención, el 4 de marzo 2018, y que lo ha mantenido en una celda de los sótanos. Aunque en el papel dicen que la cárcel pasó a manos del Ministerio Penitenciario, Marín sigue en el mismo sitio y con sus carceleros de la Dgcim.
Circunstancialmente la defensa de Marín y los otros comandantes de la causa, decidieron iniciar nuevamente la apelación en este año 2022. La nueva decisión reitera iniciar el juicio, eliminando la apelación ya ganada a favor de los acusados, a pesar de que, en sus alegatos, la defensa del Tcnel Igbert Marín Chaparro instó al Magistrado Vásquez Quintero a inhibirse, dado que el mismo acusador se convirtió en Juez. Marín denunció nuevamente las violaciones a sus derechos humanos, con más de cuatro años de prisión y vulneración a su legítima defensa.
Amigos
y familiares del comandante Igbert Marín Chaparro aseguran que antes de la
audiencia varios mensajeros del MG Vásquez Quintero y de otros funcionarios,
incluso el Director del Centro Penitenciario, Mauro Alexis Bracho Suárez, lo instaron
para que se declarara culpable en un nuevo juicio, con la promesa de darle una medida
cautelar. Su respuesta fue: "Mi dignidad y la justicia no se
negocian".
Insistieron,
usando como argumentos razones familiares. Otra vez Marín se negó: “No podría
ver los ojos de mis hijos declarándome culpable por cobardía". Marín
repite, en el tribunal, ante el juicio, ante sus carceleros, el artículo del Reglamento
de Castgigos Disciplinarios Nro 6: "no puede ser militar el
cobarde...".

Marín
es el único oficial activo juzgado por un Tribunal Militar, secuestrado en un
Centro de Reclusión Civil, la llamada Casa de los Sueños, de máxima seguridad,
donde aún se violan sus derechos humanos.
Los otros comandantes fueron trasladados a cárceles militares, entre ellos: Deibis Esteban Mota Marrero, jefe del Batallón “GD Pedro León Torres”; Erick Fernando Peña Romero, quien estaba adscrito al Hospital Militar de Caracas; Víctor Eduardo Soto Méndez, de la Caballería Blindada “GJ José Laurencio Silva”; y Juan Carlos Peña Palmentieri, quien cursaba Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. 20.
Cuando
inició la huelga de hambre, pidió, a través de una carta pública, que
representantes de la Oficina de Bachelet, del Comité Internacional de la Cruz
Roja, el encargado de negocios de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la
Santa Sede constataran la existencia y condiciones de la llamada Casa de los Sueños, donde
permanece desde la creación de esa celda de castigo.
Aunque
los delegados de Bachelet dijeron que actuarían en consecuencia para que a
Marín se le respetaran sus derechos humanos y al debido proceso, nada de eso ha
sucedido. La Fiscalía se ha negado a tomar la declaración de su denuncia y la
Defensoría del Pueblo ignora su petición. La violación de sus DDHH es del
conocimiento de la oficina ACDHONU que preside Bachelet Jeria; de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que ha impuesto dos medidas
cautelares a su favor; y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Sin
embargo, las instancias nacionales no han actuado con diligencia ante sus denuncias.
Cada vez que Marín es llevado al Tribunal ha denunciado abiertamente la
violación a sus derechos humanos y al debido proceso, por lo que recibe más
retaliaciones en su contra.
El
joven comandante no se doblega y ante cada acción para someterlo siempre ha
respondido: "no podrán quebrar nunca a un espíritu dominado por la Fe, el
Honor, la Justicia y la Verdad”.
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