Publicó un documento a propósito de la reunión entre el dictador chavista y el presidente de Guyana, realizada el 14 de diciembre en Argyle
Sebastiana Barráez/ martes 19 de diciembre 2023
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Rechazamos “en forma contundente la inmadurez y hostilidad hacia varias generaciones de venezolanos que han estado involucrados en la reclamación de la Guayana Esequiba y hacia el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, exhibida por Mohamed Irfaan Alí al presentarse con una pulsera irrespetuosa y provocadora con una versión espuria del mapa de Guyana. Asimismo, lamentamos profundamente que Nicolás Maduro haya aceptado retratarse con este elemento irrespetuoso, lo que supone haber permitido una humillación a Venezuela Toda, denotando la triste situación de debilidad estratégica a la que ha llevado al país”.
Así
lo destacó el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), en un
documento, a propósito del Encuentro entre Venezuela y Guyana, realizado el 14
de diciembre 2023, en Argyle, que auspició el Primer Ministro de San Vicente y
Las Granadinas y Presidente Pro-Témpore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Ralph Gonsalves, y que contó como la
asistencia de los mandatarios Nicolás Maduro y Mohamed Irfaan Alí, así como el
Primer Ministro de Dominica y Presidente Pro-Témpore de la Comunidad de El
Caribe (Caricom), Roosevelt Skerrit; y por la Presidencia de Brasil, el
Consejero Especial Celso Amorim. Como observadores, el Canciller de Colombia,
Antonio Leyva Durán; el Vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, y sendos
enviados del Secretario General de la ONU, António Guterres.
La
organización Covri, que tiene como objetivo principal promover el estudio y la
investigación aplicada en Relaciones Internacionales, especialmente en lo
tocante a Venezuela, y está presidido por el doctor en Relaciones
Internacionales y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Kenneth
Roddgers Ramírez Domínguez, enfatiza “en diplomacia las formas son importantes”.
Según
explica el documento “el protocolo diplomático implica fórmulas, reglas y
modalidades de actuación para llevar a cabo actos oficiales que requiere
preparación, precisión y habilidad, estando orientadas a salvaguardar la
igualdad jurídica de los Estados y la dignidad de sus representantes; y al ser
mal empleado o ignorado, se transmiten mensajes equívocos y generan
percepciones adversas, debilitando la acción estratégica de un Estado a nivel
internacional”.
“Por otra parte, este faux pas diplomático ha dejado claro el mal estado en que se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y los problemas que genera tener a un titular que carece de una formación adecuada para tan importante cargo”.
Brasil
gana, Venezuela recula
Agrega
Covri que recibieron con beneplácito que todos los Estados asistentes hayan
reiterado su compromiso de que América Latina y el Caribe siga siendo Zona de
Paz, y la labor de moderación constructiva que hizo la Celac, Caricom y el
Gobierno de Brasil.
Consideraron
“que Brasil ha sido el gran ganador del Encuentro de Argyle, el cual le
permitirá mostrar a otros actores el éxito de su política de diálogo y
normalización de relaciones con Venezuela, aumentar su influencia en la región
del Caribe, así como exhibirse a nivel global como una “potencia emergente
responsable” que ha logrado mantener la paz y estabilidad regional”.
“No
obstante, hacemos notar, que la profunda preocupación y gran cantidad de
especulaciones que se han producido a nivel regional y global sobre las
supuestas intenciones agresivas del Poder Ejecutivo obedecen al imprudente
Referéndum Consultivo del 3 de diciembre de 2023, así como a las medidas
posteriores tomadas, las cuales han sido más efectistas que eficaces en hacer
avanzar nuestra reclamación de la Guayana Esequiba, sirviendo en cambio al
Gobierno de Guyana para sembrar insidias, fortalecer sus alianzas e intentar
ensombrecer la legítima actuación que Venezuela ha mantenido desde la firma del
Acuerdo de Ginebra de 1966”.
“Entendemos
que esta suerte de brinkmanship mal concebido por el Poder Ejecutivo ha
fracasado estrepitosamente. El numeral 1 de la Declaración de Argyle implica
garantías a Guyana sobre un refreno de Venezuela respecto al uso de amenazas y
un hipotético uso de la fuerza ´en ninguna circunstancia´, lo cual nunca ha
estado realmente planteado. El numeral 6 señala además que ambos Estados se
abstendrán, ‘ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto
o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos’; y ‘cooperarán
para evitar incidentes’ que disparen las tensiones”.
“El
numeral 4 apenas toma nota del desacuerdo persistente entre Guyana y Venezuela
sobre el proceso judicial seguido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
De hecho, afirma que Guyana ‘está comprometida con los procesos y
procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la
controversia fronteriza’. Es decir, el Poder Ejecutivo ha aceptado formalmente
recular en su intento de presionar al Gobierno de Guyana para que acepte volver
a las negociaciones directas como mecanismo para resolver la controversia de la
Guayana Esequiba, mientras que la posición de Guyana no se ha movido ni un
ápice”.
“Además, en esencia, el Poder Ejecutivo ha aceptado con la Declaración de Argyle, cumplir con la orden sobre medidas provisionales emitida por la CIJ el 1 de diciembre de 2023 como buscaba Caricom y Brasil que, aunque no se ha mencionado expresamente, ha seguido a pies juntillas”.
Desescalamiento
de tensiones
El
Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) destaca que debe
recordarse que “la CIJ ordenó como medida provisional que Venezuela debe
abstenerse ‘de tomar cualquier medida que modifique la situación que
actualmente prevalece en el territorio en disputa’, tal como ahora lo hace con
otro lenguaje el numeral 1 de la Declaración de Argyle”.
Por
otra parte, la Corte “pidió a ambas Partes abstenerse ‘de tomar cualquier
acción que pueda agravar o ampliar la controversia (…) o hacerla más difícil de
resolver’, tal como ahora señala el numeral 6 de la Declaración de Argyle”.
Ante
ello, Covri ratifica ante la opinión pública que “no estamos ante una vuelta de
las negociaciones directas respecto a la controversia de la Guayana Esequiba,
sino ante el establecimiento de un mecanismo peculiar de diplomacia preventiva
que combina los buenos oficios y el diálogo político directo con el propósito
de lograr un desescalamiento de las tensiones y una paulatina normalización de
las relaciones bilaterales, que son dos cuestiones muy diferentes”.
Piden
fijarse en el numeral 7 de la Declaración de Argyle, en el cual “se establece
una Comisión Conjunta de Cancilleres y técnicos de Guyana y Venezuela ‘para
tratar temas mutuamente acordados’, vale decir: Distensión y evitación de
incidentes que conduzcan a tensiones; diferencias sobre la resolución de las
controversias pendientes (la terrestre y la marítima, conexas pero distintas)
de conformidad con el Derecho Internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra; diálogo
sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua. El propósito es que
Guyana y Venezuela de manera independiente, puedan lograr encontrar a través
del diálogo, una disminución de la conflictividad actual y una normalización de
las relaciones bilaterales”. “En paralelo, se ha establecido un mecanismo de
buenos oficios que se mantendrá en manos de la troika integrada por San Vicente
y Las Granadinas, Dominica y Brasil, independientemente de que en el futuro
estos países dejen de encabezar la Celac y Caricom, y seguirá contando con la
observación del Secretario General de la ONU, António Guterres (numeral 8)”.
“Dicha troika regional debe fomentar la aproximación entre las Partes, servir de interlocutores a las mismas y fungir como mecanismo de prevención en el caso de que se lleguen a producir incidentes que conduzcan a tensiones entre las Partes, ayudando a “contenerlo, revertirlo y evitar que se repita” (numeral 6), asegurando así la coexistencia pacífica. Cabe destacar, que estos tres países tienen intereses geopolíticos contrarios a Venezuela respecto a la reclamación de la Guayana Esequiba y han expresado en el pasado su apoyo al proceso judicial seguido en la CIJ”.
Sentencias
inapelables
En
el documento, el Covri resalta “el valor simbólico del reconocimiento regional
de la Guayana Esequiba como ‘territorio en disputa’ en el numeral 9 de la
Declaración de Argyle en una fase tan delicada de la controversia, sobre todo
ante las declaraciones más extremistas de Mohamed Irfaan Alí”. “Sin embargo, la
próxima reunión convocada en Brasil en un plazo de 3 meses ‘para considerar
cualquier asunto con implicaciones’ para la Guayana Esequiba, incluido la
presentación de un informe de la Comisión Conjunta (numeral 9), no debería
generar expectativas desproporcionadas y suponer una distracción respecto al
vencimiento del plazo fijado a Venezuela por la CIJ para depositar la
Contra Memoria en apenas 4 meses”.
“Tomando
en cuenta que se trata de un tiempo muy corto, la situación del proceso
judicial seguido en la CIJ, la debilidad estratégica de Venezuela y los
intereses geopolíticos de la troika que maneja los buenos oficios, resulta
improbable que el Gobierno de Guyana cambie de posición y acepte un retorno a
las negociaciones directas sobre la controversia de la Guayana Esequiba, como
ha sido el deseo expresado por el Poder Ejecutivo”.
Además,
“debería tenerse claro, que más allá de todas las declaraciones del Gobierno de
Guyana en sentido contrario, se frota las manos deseando una nueva ‘no
comparecencia’ (non-appearance) del Poder Ejecutivo en fase de fondo o méritos
para aumentar las probabilidades de ganar el caso en ausencia de Venezuela”.
Insiste
el documento de Covri en recordar que “las sentencias de la CIJ son inapelables
y vinculantes para las Partes, como lo establecen los Art. 59 y Art. 60 del
Estatuto. En este sentido, la CIJ ya advirtió claramente a Venezuela que la no
participación de una Parte en el procedimiento en cualquier etapa del caso no
puede, en ninguna circunstancia, afectar la validez de su sentencia”.
“Exhortamos nuevamente al Poder Ejecutivo a hacer un lado el efectismo y la instrumentalización de la reclamación de la Guayana Esequiba para propósitos subalternos de política doméstica. Además, le hacemos un nuevo llamado a desplegar una estrategia integral que defienda los intereses de Venezuela en todos los tableros, incluyendo la CIJ”.
El
peligro de la contumacia
Enfatiza
la organización que “se requiere una posición seria y responsable hacia la
reclamación de la Guayana Esequiba, lo cual implica fortalecer la unidad
nacional para desplegar la mejor defensa posible de los derechos de Venezuela
en la CIJ y para mantener la controversia sobre la Guayana Esequiba en términos
políticos más allá de lo que ocurra en este tribunal internacional, para
garantizar así en todos los escenarios, la consecución de un resarcimiento
moral y material del despojo sufrido por Venezuela en el siglo XIX”.
“Incurrir
en contumacia jurídica, en el caso de que el Poder Ejecutivo no comparezca
definitivamente a la CIJ en la fase de fondo o méritos del caso para presentar
todas las pruebas contra el nulo e írrito Laudo de 1899 y nuestros títulos
históricos de soberanía sobre la Guayana Esequiba, supondrá un daño tan grave
para nuestra reclamación, que el Tribunal de la Historia juzgará severamente a
sus responsables, por más que luego se quiera negar con retórica vacua y
justificar con propaganda fatua. Se cometería un grave error histórico, del
cual alertamos una vez más”.
“Venezuela
quedaría sin defensa en este tribunal internacional, y aumentaría la
probabilidad de una sentencia adversa para nuestros intereses nacionales, la
cual puede terminar reconociendo la ‘validez’ del llamado Laudo de 1899, que
como sabemos, tiene suficientes vicios como para que el Poder Ejecutivo
solicite con contundencia, en nombre de Venezuela, su nulidad ante la CIJ”. “En
este tribunal internacional, nos guste o no, ya se encuentra el caso debido a
una cadena de errores cometidos por la diplomacia venezolana en las últimas dos
décadas. Si quedaba alguna duda al respecto, las declaraciones de los abogados
enviados por el Poder Ejecutivo a la CIJ en las audiencias orales de noviembre
de 2022 fueron categóricas”.
“Volver a insistir, como ha quedado recogido en el numeral 4 de la Declaración de Argyle,
en ‘la afirmación de Venezuela de su falta de consentimiento y falta de
reconocimiento de la CIJ y su jurisdicción en la controversia fronteriza’
constituye un atentado contra la ética de la responsabilidad que debe ser guía
en la conducción de las relaciones exteriores de la República”. “Además, como
ha quedado en evidencia en el Encuentro de Argyle, el Poder Ejecutivo carece de
alternativas realmente viables en medio de la debilidad estratégica a la que ha
sumido a Venezuela”.
“Instamos
al Poder Ejecutivo a concentrar en adelante sus recursos y energías en preparar
y entregar en la CIJ, la Contra-Memoria de fondo o méritos del caso el 8 de
abril de 2024; para lo cual recomendamos la convocatoria de los mejores
expertos del país sin distinción ideológica, así como el fortalecimiento del
equipo jurídico que ha llevado hasta ahora el caso en la CIJ con escaso acierto”.
Finaliza
Covri recomendando que “en paralelo, el Poder Ejecutivo puede intentar dar
efectividad a la Comisión Conjunta prevista en el numeral 7 de la Declaración
de Argyle y explorar en ese espacio una negociación extrajudicial con Guyana,
pero a sabiendas de que las probabilidades de éxito a estas alturas son
francamente bajas”.
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