Durante años algunos miembros de estos grupos de choque paramilitares han sido asesinados y otros desaparecidos
Sebastiana Barráez/ domingo 18 de febrero 2024
@SebastianaB
Tomado de Infobae
El régimen venezolano usa la administración de justicia como instrumento de judicialización política o acoso judicial, con apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar repudio popular contra opositores de cualquier tendencia, lo que se conoce como guerra legal (en inglés lawfare). Esa acción contra opositores políticos la ha extendido a grupos de la revolución bolivariana, que no se han plegado a determinadas políticas del gobierno o han asumido alguna posición crítica en materia social, política o judicial. Algunos han sido asesinados, otros desaparecidos, en medio de la opacidad informativa.
Varias
acciones violentas o de ataque impulsadas, desde el Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), a través de grupos de choque o bandas armadas, se han
ejecutado a través de campañas o eslóganes como “furia roja”, “tun tun”, “furia
bolivariana”, otros.
Las
amenazas no son recientes. Hugo Chávez le dio fuerza a los Círculos
Bolivarianos, algunos derivados en grupos violentos que atacaron a dirigentes
de oposición. Se le suma el respaldo de grupos colectivos, principalmente de la
parroquia caraqueña 23 de Enero, la mayoría formados en la década del 90, mucho
antes de la llegada de Chávez al poder.
A
medida que avanza la revolución bolivariana en Venezuela, los colectivos, los
círculos bolivarianos y los grupos de choque en general, también sufrieron
transformaciones. Lina Ninette Ron Pereira, furibunda defensora de la
revolución chavista, con un verbo fuerte y agresivo, logró mantener ascendencia
sobre los más importantes colectivos del 23 de Enero y otros sectores de
Caracas, pero su muerte en marzo 2011 desató las acciones de los grupos, que recibieron
protección de algunos dirigentes del chavismo.
En
el año 2017 un grupo de colectivos se aglutina para coincidir en planteamientos
comunes; ubican como sitio de reunión la plaza de Santa Capilla, a la que
llamaron plaza Lina Ron, en el centro de Caracas, frente al Banco Central de
Venezuela y a unos metros del palacio de Miraflores. El interés principal fue
dar respuesta a la cantidad de hechos de corrupción que desbordaban al Gobierno
en sus diversas instancias.
Creyeron que la revolución les permitiría expresar críticas con énfasis en la corrupción y el bachaqueo, como se llama a la reventa de productos básicos, y así proponer políticas públicas. Los más encumbrados de la revolución lo vieron como afrenta, lo que al final lleva a que la mayoría de los colectivos salieron del control de Miraflores, quedando plegados los grupos La Piedrita y Tres Raíces.
Extraña
muerte
Valentín
Santana es el jefe de La Piedrita, uno de los colectivos más importantes del 23
de Enero, por la zona que controla, el poder del calibre de las armas que
poseen y por el liderazgo de su líder sobre parte importante de la población de
la parroquia, además de sus relaciones con determinados políticos del chavismo.
En
el caso del colectivo Tres Raíces, tuvo como líder a Heyker Leobaldo Vásquez
Ferrera, quien fuera asesinado en un extraño suceso, en el marco de la llamada
Masacre de El Junquito, donde el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), piloto Oscar Pérez fue asesinado
junto a su grupo por fuerzas estatales policiales y de inteligencia, el 15 de
enero 2018.
La
información, dada entonces a conocer por Freddy Alirio Bernal Rosales, para el
momento jefe de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), fue que “un
grupo de patriotas como Heiker han caído en combate como caen los
revolucionarios de todos los días, los revolucionarios de siempre, los que son
capaces -más allá del discurso-, de arriesgar la vida por las ideas”, aunque en
realidad el único fallecido del lado gubernamental fue el jefe de Tres Raíces.
Allegados
a Vásquez han considerado que, en el marco de la operación para liquidar a
Oscar Pérez, se pudo aprovechar para asesinar al jefe de Tres Raíces, que estaba
resultando incómodo por determinadas órdenes. “Ese colectivo fue organizado y
financiado con el dinero del bachaqueo y el contrabando, por parte de Freddy
Bernal. Después de la muerte de Heiker, Tres Raíces se convierte en punta de
lanza para controlar a grupos radicales de izquierda del 23 de Enero”, le dice
a Infobae un exmiembro de la organización.
“No
es casual que los mismos líderes de los colectivos que participaron en la
muerte de Oscar Pérez, hayan sido anulados silenciosamente a través de diversas
maniobras”. Menciona como el caso más emblemático el del sociólogo Carlos
Rafael Lanz Rodríguez, quien perteneció a grupos guerrilleros venezolanos ya
desaparecidos como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional (FALN), estuvo detenido por asalto a bancos y
sospechoso del secuestro del estadounidense William Niehous. Hugo Chávez lo
nombró, en el 2005, presidente de una empresa estatal de aluminio.
Lanz
mantenía acceso a instancias militares, donde se relacionó con numerosos
oficiales, hasta que, el 8 de agosto 2020, desapareció de la zona de seguridad militar
donde están las residencia Base Sucre, lugar donde vive personal militar y
policial, así como trabajadores de confianza de la administración pública.
Su
esposa, Maye Cumare, lo calificó de “desaparición forzosa” por causas
políticas. La primera persona detenida por el caso fue el General de la
Aviación César Mejía Camacaro, quien estuvo dos años preso en la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Más
de dos años después de la desaparición de Lanz, Tarek W. Saab anunció la detención
de su esposa, la de sus dos hijas y 12 personas más, a la vez que publicó un
video de ella auto inculpándose; las hijas quedaron en libertad. La versión del
Fiscal es que a Sanz Rodríguez se lo comieron unos cochinos de engorde, luego
de que su esposa planificó su asesinato por razones económicas.
Ana
Viloria, hermana de uno de los detenidos, Tito Viloria, publicó en un artículo
a través del portal Aporrea “fuimos testigos de la destrucción de las vidas de
la mayoría de las personas señaladas, criminalizadas ante el país. Nada prueba
lo afirmado por la fiscalía en las circunstancias de Tito Viloria, Zaida Suarez
y Elis Becerra”.
Asegura
Viloria, “todos pueden demostrar suficientemente su inocencia: a través de
testigos plenamente identificados que nunca fueron convocados por la fiscalía;
por la revisión de sus líneas telefónicas que nunca fueron investigadas, con el
análisis de sus cuentas bancarias que tampoco fueron investigadas, con la
ausencia de huellas u otra señal que descartan sus casas y la finca en Cojedes
como el sitio donde presuntamente asesinaron a Carlos Lanz”.
El excolectivo que habló con Infobae dijo, en relación con ese caso, “claro, el fiscal Tarek Williams nunca va a decir que Carlos Lanz era, para el momento en que desaparece, Jefe de Contrainteligencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) y era el líder de varios colectivos que hacían críticas contra las políticas del gobierno”.
Uno
expulsado, otro asesinado
Otro
de los casos resaltantes es el del Comandante 13 del Colectivo José Leonardo
Chirinos de la Zona F, a quien le decían Niño Cohete, y fue el explosivista del
grupo de Hugo Chávez en el intento de Golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. También
era el encargado de la pirotecnia en los actos de campaña del líder de la
revolución.
El
colectivo Tres Raíces expulsó de la parroquia 23 de Enero, al llamado
Comandante 13 Hugo; lo hizo a punta de plomo, le quitó el local dónde él tenía
su centro de operaciones en la Zona F y se apropiaron de las armas de la
organización, incluido un lote que para el momento había comprado para la
guerrilla disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia). Luego, cuando el Comandante 13 se encontraba en su casa, en
Valencia, donde tenía cuatro años viviendo, fue detenido por un caso de hampa
común en Petare, populosa zona de Caracas.
Peor
suerte corrió alias Ayita, Comandante del colectivo Tupac Katari de Sarría,
quien trabajaba en Inteligencia Militar cuando en el año 2023, un grupo de
funcionarios del Cicpc, llegó a su casa. La familia contó que los policías
tocaron la puerta y cuando la esposa de Ayita abrió, la agarraron por el cabello;
el líder colectivo, que estaba detrás de su esposa, ni siquiera alcanzó a
protestar. “Le descargaron las armas, lo acribillaron ahí mismo, sin mediar
palabra. Es una cacería contra los colectivos”.
Como
el Cronos Saturno de la mitología griega, la revolución bolivariana se traga a
sus hijos.
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