31/01/2017
ElEstimulo.com
La Tere, como la llaman sus amigos, oyó un ruido extraño, algo así como un murmullo, un silencio ronco en la espesa oscuridad de la madrugada. Alcanzó a visualizar que el reloj indicaba las 5 de la madrugada, de este lunes 30 de enero. Luego se oyeron gritos sordos que se colaron a lo largo del pequeño pueblo de Orope, una población andina del Táchira que hace frontera con Colombia, y está ubicada en la carretera Panamericana, en la zona norte del estado, que lleva a Mérida y Zulia.
Un grupo de militares venezolanos intentó ejecutar una operación contra el contrabando, en una vivienda cuyos habitantes no estaban en ella, pero de repente todo se salió de control. Los uniformados se percataron que si no corrían, alejándose de aquel lugar, se disponían a morir. Ellos salieron corriendo por un lado y los vecinos por otro, ante el temor de una explosión de grandes proporciones.
Los militares ubicaron en el patio de una casa, donde había un camión, varias pimpinas de gasolina. Es una de la gran cantidad de viviendas donde se almacena el combustible del contrabando. Los uniformados le prendieron fuego a los recipientes sin considerar algunas medidas de seguridad. Aquello se extendió, las llamas se elevaron y cuando el fuego se volvió incontrolable, los funcionarios corrieron.
Para la Tere allí casi ocurre una desgracia, cuando uno de los militares, que se encontraba sobre la tolva del camión, apenas alcanzó a lanzarse para salir corriendo y olvidó su arma de reglamento. Los vecinos se acercaron al lugar, la multitud enardecida empezó a gritarles y a lanzarles lo que encontraban a su paso. Se hizo presente el cuerpo de bomberos de Puerto Santander.
Poco después la circulación por la carretera nacional estaba interrumpida, vehículos atravesados y la población manifestando. La Tere alcanzó a oír amenazas hasta de muerte, advertencias y la disposición de no ceder y no permitir “más atropellos” contra el pueblo. Una sociedad de contrabandistas logró acorralar a la Fuerza Armada, que los enfrentó con bombas lacrimógenas.
Los vecinos no solo interrumpieron el paso, sino que el dueño de la vivienda quemada encontró el fusil olvidado y lo enseñó para que la gente del pueblo lo fotografiara, como un fantástico objeto que los vecinos miraban sin fingido asombro. “¿A quién se le ocurre dejar su arma?”.
Otro grupo de funcionarios fue enviado al pueblo. Un capitán de la Guardia Nacional con algunos hombres de grupos armados de la zona, trataron de convencer al dueño de la vivienda para que entregara el fusil. Ahí la población tomó ventaja y secuestró al teniente Gutiérrez del Ejército. Eso les permitió exigir que se presentara el jefe de la 25 Brigada.
Había una tensa calma. Por fin el general Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey se presentó al lugar. El alto oficial, en compañía de otros oficiales, hizo todos los esfuerzos para convencer a la población de que aquello fue un error. Hizo gala de diplomacia. Algunas veces su silencio fue más elocuente que las palabras que pretendió decir.
Se acordó levantar un acta. El alto oficial aceptó lo que el pueblo decía, aunque algunos reconocieron que el contrabando era el modo de vida en el lugar, argumentando que el problema era que no había fuentes de empleos legales, que lo inadmisible es que les quemaran los carros y las casas.
Los militares exigieron que en el informe se dejara sentado que fueron los bomberos quienes hallaron el fusil. Insistieron que no se hicieran eco de lo ocurrido con el arma. Nadie lo comentó pero todos sabían que el hecho era demasiado bochornoso y aceptaron que no había necesidad de dejarlo escrito, así que le endosaron la responsabilidad a los bomberos. El fusil regresó a la institución militar.
Ya no había necesidad de que el teniente siguiera retenido. La presencia del general obligaba a cumplir el acuerdo tácito de liberar al oficial, como sucedió.
El acuerdo
La actuación final de la Fuerza Armada en este caso evitó que la situación llegara a un hecho mayor, como el sucedido en el 2013 en esa misma población. Eso es plausible.
Orope es territorio de grupos irregulares y de contrabandistas. La mayoría de los habitantes del pueblo se dedican a esa tarea. Casi todas las viviendas tienen depósitos de combustible; son verdaderas bombas de tiempo. La única ley que se cumple al pie de la letra en esa población, como casi todas las situadas a la orilla del límite que divide a Venezuela de Colombia, es la Ley del Miedo y el Silencio.
Los vecinos sólo hablan de aquello que los afecta, pero el contrabando es un tema tabú, aunque casi todo el pueblo está dedicado a él. Allí no hay visitantes o turistas ocasionales, con quienes el pueblo fraternice. Todos están bajo sospecha. Ante un policía o un periodista, priva la frialdad y el silencio. Son pocos quienes se atreven a hablar y solo lo hacen en espacios íntimos y familiares.
Más allá de la crónica de lo ocurrido en Orope, lo más significativo es lo que ocurre, en esa porción de frontera, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene como función, esencial y constitucional, garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, la defensa del territorio y la soberanía.
A casi cuatro años de lo sucedido en Orope cuando murió un joven señalado de contrabandista y hubo fuertes disturbios, la FANB no tiene control de esa zona; son los grupos irregulares y los contrabandistas quienes imponen su voluntad.
De nada sirve que la Fuerza Armada invierta millonarias sumas de dinero en ejercicios militares, en propaganda que imponga la importancia de la unión cívico – militar, si debe ceder ante un pueblo minado de contrabandistas.
Hace mucho rato que los militares, distraídos en actividades que no le son propias, y que no por ello dejan de ser significativas e importantes para el país, quizás descuidan su función esencial. La guerrilla y los paramilitares imponen su ley, controlan los grandes negocios de combustible, alimentos, medicamentos, materiales de construcción, que salen hacia territorio colombiano por la frontera venezolana.
Una orden reciente, del Comando Estratégico Operacional, ordena que los militares se ocupen de vigilar y notificar lo que se transmita por radio y televisión, que a su juicio sean mensajes que inciten al odio, a la violencia o que no reconozcan a autoridad legal o a las políticas del Estado.
La Fuerza Armada estará ocupada de oír la radio y la televisión, mientras la guerrilla y los paramilitares avanzan en la ocupación ilegal del territorio, imponiendo su ley de miedo, coacción y extorsión.
La experiencia de Orope indica, nuevamente, que quienes tienen el control no son los militares, son aquellos que manejan la gran industria del contrabando en la zona. No hay sanciones ni para quienes tienen combustible almacenado, ni para quienes retuvieron un armamento militar, tampoco para quienes secuestraron a un oficial de la Fuerza Armada. Lo que sí hubo fue un acuerdo, que casi seguro no se cumplirá pero que enseñorea a quienes tienen el contrabando como un trabajo más, un oficio de sobrevivencia, para quienes no hay ley más allá de sus intereses personales.
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