Sebastiana Barráez/ domingo 14 de abril de 2019
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Cuando al primer teniente del Ejército venezolano Eliézer Daniel Vásquez Guillen lo llamaron aquel 30 de marzo, hace dos años, para "una entrevista" en la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Caracas no tuvo ni la más remota idea de que ahí empezaría la más escalofriante travesía de torturas, humillaciones, denegación de justicia y violación de sus derechos humanos. Así se lo confesó a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que envió la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michel Bachelet.
Vásquez se encuentra detenido en el Centro de Procesados militares Ramo Verde (Cenapromil). "Yo trabajaba como jefe de la división de ingeniería en el Centro de Mantenimiento del Fuerte Tiuna en Caracas", comenzó su relato.
La DGCIM
lo detuvo cuando acudió a la entrevista. "En ese
lugar fui víctima de tratos crueles, infrahumanos y degradantes, no me
informaron mi situación ni a qué se debía la citación". Estuvo
incomunicado durante nueve días, "sin poder usar los
servicios básicos".
Cuando asistió a la
sede de la DGCIM "la entrevista fue iniciada en ese momento por el Cap. (Néstor
Neptalí) Blanco Hurtado (alias Ezequiel) en compañía del 1Tte Deiver Salas y el
T/F Angola". El primer teniente aseguró que no había ni una
sola prueba para detenerlo.
Al teniente Eliézer
Vásquez Guillen lo presentaron ante el Tribunal Militar Primero
de Control, junto con el General de Brigada Ángel Vivas Perdomo, como supuesto
líder del movimiento y los siguiente once oficiales Subalternos: el
capitán del Ejército Víctor Asdrúbal Pereira Labrador; y los primeros tenientes
José Ángel Rodríguez Araña, Ronald Leandro Ojeda Moreno, Marcos Antonio Briceño
Camacho, Josué Abrahán Hidalgo Azuaje; José Ignacio Medina Marmolejo, Luis
Eduardo Berbesí Torres, Francisco Pablo Rodríguez Ojeda, José Daniel González
Bolaño, Luis Alejandro Mogollón Velásquez y Rafael Eduardo Arreaza Soto.
Narró que el 7 de
marzo 2017, después de las 8 de la noche, la juez May (Ej) Claudia
Carolina Perez de Mogollón ordenó privativa de libertad por 45 días, "que
se prolongaron por tres meses para presentarnos en el tribunal para cumplir con
la formalidad del proceso judicial".
Desde el comienzo
notaron la Violación del Debido Proceso. "Le negaron a los
abogados los actos conclusivos en el cual nos acusaban de los delitos de
Traición a la Patria, previsto y sancionado en el artículo 464 numeral 25 y 26,
Instigación a la Rebelión previsto y sancionado en el artículo 481 y Rebelión
Militar previsto y sancionado en el artículo 476 numeral 1 todos del Código
Orgánico de Justicia Militar.
La juez Pérez de
Mogollón no daba despacho, de manera que era imposible solicitar
copias del expediente del caso y establecer la defensa de la causa.
En siete
oportunidades fue diferida la audiencia preliminar. "Durante
ese tiempo fui víctima de aislamiento en celdas
alejadas de la población penal sin poder gozar de actividades recreativas, de
las actividades que otorgan redención a las condenas, de una hora de sol diaria
y de la obstrucción de la entrada de los abogados en el día de visita que
correspondía".
El director preso
Destacó las requisas constantes por parte del entonces director del penal C/N José Ramón Boston Silva (quien en enero 2018 fue detenido por la fuga de nueve oficiales). "Cada celda donde convivíamos la causa TM-2017-029, conocida ante la opinión pública como "La Espada de Dios", tenía cámaras de circuito cerrado, que hasta la fecha aún se mantienen grabando el día a día de nuestras actividades, violando la privacidad del detenido".
Dice Vásquez
Guillén que personal de investigación de DGCIM, "vinieron
constantemente a golpear, electrocutar, abusar, robar con el fin de, según mi
criterio, someternos más al miedo de ser víctimas de los maltratados.
En junio del 2017, luego que salieran unos videos de Leopoldo
López, fue la requisa más fuerte que nos tocó vivir".
Otro episodio fue
el ocurrido, el 14 de enero 2018, bajo la Dirección del
C/F Jorge Russa Brett, "cuando ingresaron funcionarios del DGCIM tomando
el control del penal, puestos de seguridad, desarmaron a los custodios, robaron
teléfonos a los funcionarios militares del penal y con una lista
buscaron a un grupo de privados, entre ellos a mi persona, me
golpearon en la zona intercostal izquierda resultando con una fractura de
costilla, fractura de peroné por golpes recibidos con un bastón
metálico, no fui atendido medicamente. Este momento fue aprovechado por los
custodios S/M3ra Saans y S/2do Wilker Dautantt, quienes me golpearon
indiscriminadamente".
El Capitán Victor
Asdrúbal Pereira Labrador, quien pertenece a la causa, salió en
libertad con medida cautelar, el 30 de noviembre 2017. "Fuimos
diferidos por octava vez, destruyendo la esperanza de los 10 oficiales que
quedábamos privados; el 28 de octubre 2017 el 1Tte José Ángel Rodríguez Araña
se fugo de la cárcel militar de La Pica, y es la novena audiencia que nos
difieren y nos dan como excusa que no sabían la situación del 1Tte Rodríguez
Araña, teniendo en cuenta que el director de la Cárcel Militar de La Pica, se
encontraba privado de libertad bajo investigación por esta fuga, conmigo y en
la misma celda".
La fuga
El 30 de noviembre 2017, luego de otra decepción por el décimo diferimiento, los suben al penal, con la novedad de que en el vehículo Toyota Land Cruiser, chasis largo, venían tres custodios y ocho privados de libertad. "El jefe de la comisión T/F Ojeda no sube con nosotros, pero sí lo hace el A/N Jesús Garay Gómez; modificando la orden de comisión, nos quitaron las esposas saliendo del tribunal, cuando ya nos habían esposado antes de salir, violando las medidas de seguridad en el traslado de privados de libertad".
En la vía al penal un grupo de sus compañeros militares "aprovecharon la situación, el resentimiento de las injusticias y no querer ser juzgados por un tribunal corrupto, por ello los entiendo, los apoyo y no los critico. Tomaron el control del vehículo, del armamento y personal, yo medié para que nos entregáramos, no hicieran daño a los custodios y ser equilibrio para un desenlace sin violencia. El custodio S/M3ra Saans, quien era el conductor, se pudo soltar y dio parte a la policía, con lo que se inicia una persecución con disparos al vehículo, resultando herido el S/2do Vielma en el brazo izquierdo; se inició un enfrentamiento con el S/M3ra Saans, un policía motorizado y mis compañeros".
"El funcionario policial
cayó herido de bala en la cara; en la huida en el vehículo, las
puertas traseras se abrieron por una maniobra peligrosa cayendo del vehículos
el custodio S/1ro Jhonathan Leal Palacio y el 1Tte Luis Alejandro Mogollón
Velásquez, quien no recibió atención médica oportuna y ahora padece mareos,
dolores de cabeza, vómitos y convulsiones, sin que le haya sido
chequeada la doble fractura de cráneo que se observa claramente
en las dos cicatrices en ambos parietales de su cabeza, no tiene hueso y el
cerebro se observa pegado al cuero cabelludo".
Otro que se cayó
del vehículo en marcha "fue el S/2do Vielma y el S/2do Oliveira, quienes
pertenecen a otra causa penal y no eran parte de la acción de fuga; en vista
que estaban cercados por la policía, el tráfico y otros motivos que generaban
presión, decidieron correr y yo me escondí y esperé para entregarme; tres
de los primeros tenientes lograron fugarse (1Hidalgo Azuaje, Marcos Briceño
Camacho y Ojeda Moreno). El 1Tte Rafael Eduardo Arreaza Soto fue
ajusticiado por los funcionarios policiales con un disparo en el
pecho y un disparo en la cabeza, hecho que aún no se ha
esclarecido".
Según Vásquez
Guillén, "cuando me entregué fui llevado a una área boscosa,
donde por la gracia de Dios y mi comunicación con un funcionario policial, le
indiqué que era un preso político, que tenía siete meses privado de libertad
por los delitos de conspiración y un supuesto golpe de estado; en medio de fuertes
golpes y amenazas de muerte me pedían que me arrodillara, logré que no
me mataran narrando explícitamente lo ocurrido en la fuga y que no participé,
solo corrí para cuidar mi vida".
Regreso a la DGCIM
Después de todo lo acontecido con la fuga, al primer teniente Vásquez Guillén fue llevado a la Dirección de Contrainteligencia Militar el 01 de diciembre 2017. "El C/N Boston Silva, el Cap. Blanco Hurtado y dos agentes de DGCIM, me golpearon, me asfixiaron, me torturaron para saber dónde estaban los fugados, sin olvidar que el C/F Russa Brett y un grupo de tropa profesional de la Armada que trabajaban como custodios, me golpearon hasta partirme la cabeza de tantos golpes. Todo eso fue antes de pasar a la Dirección del penal a una improvisada sala de tortura".
Presentaron al
joven oficial con una causa nueva ante los tribunales militares. Estaba golpeado,
con marcas evidentes de tortura, pero aún así "el
Juez 3ro de control Cap. Amezquita, no le dio mayor importancia y fui privado
nuevamente de libertad, y otra vez de regreso a Ramo Verde, donde fui encerrado
en la celda de aislamiento conocido como "el tigrito"
pese a las lesiones que presentaba, durante casi un mes y sin visita de mis
familiares para que no me vieran las lesiones".
No hubo nuevas audiencias preliminares hasta después de 33 diferimientos, una fuga, cuatro Primeros Tenientes evadidos, un Primer Teniente herido de gravedad y un Primer Teniente asesinado. "Por fin se dio la audiencia el 12 de febrero 2019, finalizando el 15 de febrero; eso fue por la presión de entregar el cargo a otro juez sin casos pendientes, que tenía la juez 1ro de control, May. Claudia Carolina Pérez de Mogollón, quien salía de reposo prenatal".
"Todo eso con violación
al debido proceso y la obstrucción de la legítima defensa, cuando en noviembre
2018 se pautó, sin los actos conclusivos de la segunda causa y sin las
copias de lo que se me acusaba: intento de fuga, uso indebido de arma de fuego,
ataque al centinela, sustracción de efectos de la Fuerza Armada y motín; fue
diferida por la defensa privada Abg. Beverly Alfonzo y Abg. Dom Crespo, quienes
solicitaron prorroga a la audiencia para tener acceso a los expedientes que en
tanto tiempo no fue dada oportunamente, se pasó por escrito cada solicitud de
documento, salidas al médico y diferentes papeles que dieran algo de
información de mi caso, lo que nunca fue respondido".
Fue así como
el primer teniente Vásquez Guillén fue enviado a juicio por ocho cargos: traición a la
patria, instigación a la rebelión, rebelión, intento de fuga de preso, uso
indebido de arma de fuego, sustracción de efectos de la Fuerza Armada, ataque
al centinela y motín. "Sin pruebas, sin una acusación firme y
contundente dando paso a la violación a mis derechos humanos".
Visita de la ONU
El pasado 13 de marzo llegó a la cárcel militar de Ramo Verde una comisión de la Organización de la Naciones Unidas ONU, con el fin de chequear la situación de los presos. Para poder hablar con los inspectores de la ONU, se recurrió a gritos y golpes a las rejas para poder ser atendidos. No todos pudieron hablar sobre su caso. Los presos fueron mantenidos encerrados en sus celdas.
Los detenidos en
Ramo Verde aseguran que los Generales M/G Josué Hidalgo Berroteran, Inspector
General de Las Fuerza Armada; G/D Carlos Yánez Figueredo, Director
Penitenciario Militar (Dispemil); G/D Edgar Rojas Borges, Presidente Corte
Marcial; Cnel. Atilio José Peña Ruiz, Director de la cárcel de Ramo Verde no
permitieron la comunicación con la comisión de la ONU.
Vásquez Guillen
dice que "el G/D Rojas Borges, pretendió mal ponerme, acusándome de estar
involucrado en la fuga y de dispárale en la cara a un policía; producto
de esto fue tomado en cuenta mi caso y tomaron nota del ajusticiamiento del
1TTe Rafael Eduardo Arreaza Soto".
El G/D Yánez
Figueredo, pidió una lista para que la comisión los atendiera, pero fue nunca
lo permitieron. "Posterior a la visita de la comisión de la
ONU, hubo represalias por parte de los custodios. Se les prohibió
la entrada al penal a los familiares de los privados que habían mencionado o
denunciado la violación a los derechos humanos; la excusa es que
había una falla en la data de registro de visitas".
La familia de
Vásquez logró pasar, cuando de sorpresa llegó una comisión de la Inspectoría
General de la Fuerza Armada, "quienes observaron muchas novedades y violación
de los derechos humanos que ellos mismos trataron de ocultar durante la
presencia de los inspectores de la ONU".
El joven catalogó
el caso "como prueba irrefutable, publica, notoria y
comunicacional de la violación a los derechos humanos y
al debido proceso, los Decretos 3.298 y 3.299, donde se degradó y
expulsó de la institución armada a 24 militares oficiales incluyéndome, sin ni
siquiera haber tenido una audiencia preliminar".
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