Fueron detenidos el 15 de octubre de 2016, en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo. Hoy, los familiares de los asesinados aún esperan justicia y aunque hay detenidos, ninguno de los comandantes fue investigado
Sebastiana Barráez/ 18 de septiembre 2020
@SebastianaSin
Nada justifica lo que ha ocurrido con militares
activos y retirados, de diverso rango o componente militar, cuando sin
detenidos, algunos torturados y violentados el debido proceso. La inaudita
actuación de la Corte Marcial, de los tribunales militares, de los defensores
públicos militares y de los fiscales militares, que han configurado una estructura
que violenta los derechos humanos de los detenidos. En la justicia militar
venezolana hay responsabilidad del Ministro de la Defensa.
Quince veces aparece mencionado el nombre del GJ (EJ) Vladimir Padrino
López en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos
sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la
resolución 42/25, del 27 de septiembre 2019, cuya intención fue investigar las
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones
arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
cometidos desde 2014, “a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los
autores y la justicia para las víctimas”.
Un caso atroz evidenciado en la Misión de la Organización
de las Naciones Unidas, es el ocurrido en la población de Barlovento, estado
Miranda, del que el Informe de la Misión de la ONU dice “si bien se
comparten algunos elementos similares con las OLPs/OLHPs, la responsabilidad en
el caso Barlovento es distinta”. Recordemos que OLP es la Operación
de Liberación del Pueblo, después conocida como Operación de Liberación y
Protección del Pueblo y Operación de Liberación Humanista del Pueblo, derivó en
una serie de ajusticiamientos y acciones que conllevaron a masacres y
asesinatos selectivos, con la excusa de la lucha contra la delincuencia.
La Misión de la
ONU destaca “conclusiones sobre las responsabilidades
en los diversos niveles de la cadena de mando por las violaciones y los crímenes
cometidos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas,
las detenciones arbitrarias y la tortura y los tratos crueles, inhumanos y
degradantes, incluidos los actos de violencia sexual”.
Aseguran tener “motivos
razonables para creer que la responsabilidad se extiende más allá del nivel de
mando de las personas identificadas como responsables y acusadas por el Ministerio
Público”.
Masacre y encubrimiento
Ocurrió en el estado Miranda, en octubre del 2016 la llamada Masacre de Barlovento, específicamente en el sector La Maturetera, municipio Brión y en el sector Araguita, municipio Acevedo. Veinte jóvenes fueron detenidos el 15 de octubre, en el marco de la OLP; unos días después ocho de ellos son liberados y no se sabía qué sucedió con los 12 restantes.
Un mes después funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicaron en dos sitios de Barlovento fosas comunes. La investigación los lleva al arresto de 12 militares, del Batallón 323 Caribe, como los supuestos implicados.
Los doce jóvenes que aparecieron enterrados en fosas comunes, fueron: Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena.
La Fiscalía inicialmente imputó a 11 funcionarios del Ejército, del Batallón 323 Caribe de Maturín y destacados en Caucagua, específicamente en El Café. Ellos son: el Tcnel José Ángel Rojas y los S1 Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón, el SM3 Miguel Francisco Rodríguez, el My Luis Eduardo Romero y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel.
La Misión de la ONU destaca en relación con la masacre de Barlovento que “el caso seguía en curso en el momento de redactar el presente informe, y las responsabilidades penales aún no se habían determinado”.
Agrega el informe que poco después
de que se presentaran los cargos, la FANB describió el incidente como “un
evento aislado”. El Ministro de Defensa anuncio que ‘se había abierto una
investigación penal militar y, sobre la base de los conocimientos técnicos
reunidos por los órganos competentes, se había determinado la responsabilidad
de un oficial superior y de algunas tropas profesionales que habían admitido su
culpabilidad’.
La Misión hace notar que “la
operación de Barlovento se llevó a cabo de acuerdo con un plan militar, el Plan
Rondón, firmado por el General de división José Adelino Ornelas Ferreira,
entonces jefe de la REDI Capital. según el plan, se decía que la REDI Capital
era la responsable de la operación, con el apoyo de ZODI Miranda. La REDI debía
dirigir las operaciones de inteligencia, las investigaciones penales y el
control del orden público, así como las tareas operativas”.
“En la práctica, dos
brigadas de la FANB, el 323 Batallón Caribe y el 321 Batallón Caribe, fueron traídas
por la REDI Capital desde otros estados para implementar la operación. La jerarquía
de la FANB, a la que se hace referencia en el Plan Rondón, describe la cadena
de mando”.
según la investigación de la
Misión, “el Batallon Caribe 323 tenía dos cadenas de mando, una administrativa
y otra operativa. Ambas líneas reportaron al Ministro de Defensa y luego al
Presidente como Comandante en Jefe de las FANB. En el lado
operativo, el 323 Batallón
Caribe forma parte de la Zona de Defensa Integral de Miranda (ZODI), que depende
de la REDI Capital, que abarca el Distrito Capital, Miranda y Vargas. Por
encima de todos ellos está el CEOFANB, que depende del Ministro de Defensa”.
En el análisis de los
elementos de la responsabilidad del mando militar, “la Mision
observa lo siguiente: Con
base en la información disponible, la jerarquía militar tenía un mando y
control efectivo sobre las tropas. REDI Capital emitió el Plan Rondón.
Hasta lo condecoraron
“Un alto comandante del
Batallón 323 dijo a la Misión que, cinco días antes del inicio de la operación,
el Comandante de la 323 Brigada del Caribe, (Julio) Barrios Torres, le ordenó
asistir a una reunión en Caracas. Durante esa reunión, el GD Ornelas Ferreira (comandante
REDI Capital) y Álvarez Bellorín (comandante ZODI Capital) dieron ordenes de
participar en la Operación Rondón. Tras la implementación del plan, el
comandante alto mando del batallón 323 fue galardonado con la Barra de Insignia
de Honor al Mérito del CEOFANB y fue nominado para una condecoración del
Ministerio de Defensa”.
A juicio de la Misión de la
ONU “las estructuras de Mando sabían o debían saber que las unidades
subordinadas encargadas de las operaciones cometían violaciones y crímenes.
Estos se cometieron en el curso de un amplio periodo de hasta dos semanas,
desde el 13 de octubre hasta alrededor del 27 de octubre de 2016. Al final de
ese plazo, se había presentado una denuncia ante el Ministerio Publico”.
“Según las investigaciones,
los detenidos fueron trasladados de la base militar de El Café al destacamento
de Alfarería Bell, y a los lugares de ejecución en Caucagua y Araguita (vía a Guatopo).
Esto sugiere coordinación y conocimiento de su detención y su trato y condición
física, entre otras porque fueron trasladados entre varios puntos y a través de
puestos de control”.
“Hay motivos razonables para
creer que los comandantes operacionales no adoptaron las medidas necesarias y
razonables para prevenir o sancionar las violaciones y los crímenes. En cambio,
la información sugiere que los comandantes intentaron encubrirlas, por ejemplo,
trasladando a los detenidos de la base militar de El Café (en la carretera nacional
Ocumare-Cúa).
Las violaciones y los crímenes se produjeron progresivamente a lo largo de
varios días o semanas. La gravedad de los crímenes aumento, desde la detención
ilegal hasta la desaparición forzada, la tortura y el asesinato. Hay motivos
razonables para creer que una intervención temprana de las autoridades de mando
podría haber evitado que se produjeran”.
La Misión no encontró información
que indique que se haya investigado la responsabilidad de los comandantes de la
cadena de mando, sino que hay información de que el comandante del Batallón 323
fue condecorado. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las
siguientes personas sabían o debían saber que se habían cometido violaciones y crímenes
en la operación de Barlovento y no adoptaron medidas para prevenir o sancionar
a los autores directos: el Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López;
el jefe de la REDI Capital, General de división José Adelino Ornelas Ferreira;
el representante del CEOFANB en Miranda, General de Brigada Oswaldo José Aquino
Laon; y el jefe de la ZODI Miranda, General de Brigada Pedro Luis Álvarez Bellorín”.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/18/masacre-de-barlovento-la-ejecucion-de-12-jovenes-que-describio-la-mision-de-la-onu-y-cuyo-responsable-fue-condecorado-por-el-regimen-de-maduro/
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