Las organizaciones han tendido redes que manejan la provisión de gasolina con protección de las fuerzas de seguridad. Una mujer identificada con las ideas socialistas vivió en carne propia los abusos del régimen de Maduro
Sebastiana Barráez/ viernes 9 de julio 2021
@SebastianaB
En lugar de una acción por parte de los cuerpos de seguridad e inteligencia sobre las mafias del combustible, un grupo de funcionarios militares la secuestraron en la E/S donde ella estaba denunciando, al lado de un concurrido centro comercial de Barquisimeto. Hubo testigos que identificaron el vehículo en el cual se la llevaron como un “Arauca azul sin placas”.
Numerosas cuentas en redes sociales alertaron del
hecho, algunos denunciaron que la acción correspondía a funcionarios del
régimen venezolano, hubo desplazamiento de familiares y amigos del colectivo y
de partidos de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que se le han
rebelado al PSUV.
Horas después, supieron que Soto estaba en el comando
121 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de La Montañita, municipio
Palavecino, Lara. También que quienes la raptaron en la gasolinera amenazaron a
un hijo de Lisbeth Soto, menor de edad, quien se encontraba con su mamá y quedó
solo en el lugar.
Cuando la familia de Soto llegó al Comando de la GNB,
los militares les dijeron que ella estaba arrestada porque tenían una denuncia
y testigos contra ella porque presuntamente vendía cupos para el suministro de
gasolina.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Lara,
se pronunció de inmediato denunciando que el tráfico de combustible en la E/S
del Sambil, se hace en complicidad con la dueña de la gasolinera, donde “además
está involucrado un general del Ejército, esposo de la mencionada dueña,
quienes inventaron una cola VIP pasando por encima de cientos de carros que
tenían varios días en una cola”.
“Nos solidarizamos con la compañera pues le violaron
sus Derechos Humanos; por la detención arbitraria y también violación del
debido proceso y el derecho a la defensa, garantías constitucionales que no
respetaron los agentes represivos del Estado para proteger a la corrupción y el
tráfico de gasolina”, dijo Elam Pacheco, Secretario Político Comité Regional del
PCV Lara.
A Soto Andrade le aplicaron la misma receta, que se ha
hecho recurrente, contra cientos de personas detenidas por los cuerpos de
Inteligencia, militares o policiales: secuestro, desaparición forzosa,
incautación y revisión de teléfonos particulares, prohibición de comunicarse
con su familia o abogados, denuncia por parte de personas anónimas por diversos
delitos; si hay mucha presión pública, la presentan ante un tribunal, que en
algunos casos dejan a las personas detenidas o en otros, como ocurrió con
Lisbeth les dan libertad bajo presentación u otras medidas, además de
imponerles la prohibición de declarar y de publicar en redes sociales.
La historia
Lo que para los habitantes de la frontera ha sido un
drama, desde hace 10 años por lo menos, para el centro del país se ha agudizado
en los últimos meses. Las redes que negocian el combustible, con apoyo de
funcionarios militares y policiales, se ha extendido a todo el país. En algunos
casos es una política velada para que los funcionarios compensen el mísero
salario que devengan.
Lo que inicialmente eran horas en cola para poder
surtirse del combustible, pasó a ser días, semanas y hasta meses. Hay pueblos
del interior del país donde los vehículos particulares no pueden surtir desde
hace tiempo, situación que se agrava cuando se trata de vehículos que transportan
verduras, hortalizas, frutas o cualquier otro alimento perecedero. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/06/21/la-escasez-de-combustible-en-la-frontera-entre-venezuela-y-colombia-se-agrava-por-el-contrabando-y-la-extorsion-militar-es-exasperante/)
Las denuncias por los cobros en las estaciones de
combustible para saltarse las colas, han sido virales. Miles de personas
reportan, los privilegios en las colas VIP, a cambio de cobros en divisas por
parte de funcionarios armados.
Mientras varias organizaciones invitaban a
movilizaciones en defensa de Soto, ella fue presentada ante un Tribunal de
Lara, cuyo juez le dio libertad, pero no plena, sino con régimen de
presentación y prohibición de acercarse a cualquier gasolinera del grupo San
Luis, como se llama a las varias gasolineras cuya propietaria es Luisa.
La denuncia salvó su vida
La Red de
Resistencia Revolucionaria de Barquisimeto, en un artículo publicado en
Aporrea, destaca que las colas VIP “no es otra cosa que la cola de las personas
que pagan una mordida (de hasta 40$) para pasar por encima de los
"pendejos" que tienen hasta tres semanas en las "colas
Premium", porque en el estado Lara, lo que llega de gasolina, es para
venderla dolarizada, porque la subsidiada apenas es para los organismos de
seguridad, empleados públicos y para que algunos alcaldes toñecos y concejales
avispaos hagan también su negocio”.
Agrega
que inicialmente se denunció el secuestro de Soto, porque quienes se la llevan
fueron hombres de civil, en pantalón corto deportivo. “Tal acción generó preocupación
de amigos y familiares de Lisbeth, así como de las personas que vienen
soportando la burla de ver cómo de la cola que tiene días y más de 1000 carros,
solo pasaron 100, mientras que de la VIP pasaron 300”.
Dicen que la denuncia por redes le salvo la vida a
Lisbeth. “La preocupación se convirtió en denuncia de "secuestro" por
las redes sociales, que imaginamos fue lo que le salvó la vida a la compañera,
porque a todas luces eso no fue una detención ajustada al ordenamiento jurídico
venezolano, ni fue en flagrancia, porqué estar en una bomba gasolinera, no está
tipificado como delito en Venezuela”.
Tengo miedo
Por otra parte, el medio de comunicación Noticiero
Digital da fe de haber recibido un video donde Lisbeth Soto relata lo que vivió
en los días en que estuvo detenida. Cuenta que fue secuestrada por personas
vestidas de civil, que se la llevaron en un vehículo sin identificación, luego
le hicieron un trasbordo a otro vehículo. “Le dijeron que llamara a su familia
para informarles que ella se comunicaría dentro de varios días”.
“Vi cosas que de verdad, son totalmente sorprendentes.
Vi una gran mafia con respecto a la gasolina, ya que, sin importarle el
sufrimiento, el hambre y todo lo que se pasa allí en esa cola, necesidades,
lluvia, sol hay funcionarios que no les importa el dolor humano”, relata Soto.
“Contó que la llevaron al Comando GNB 123, ubicado en
La Montañita, municipio Palavecino. Denunció ser víctima de torturas y malos
tratos, incluyendo su reclusión en un contenedor cerrado, lleno de excrementos,
orina, ratas y sin ventilación; hasta que la sacaron hasta un CDI por una
crisis nerviosa”, destaca ND.
Ella manifestó que “Fui víctima del vulgar maltrato
que dan a cualquier ciudadano que se atreve a denunciar o reprochar los niveles
de corrupción que se presentan en las estaciones de servicio. No es ninguna
sorpresa para ninguno. Sabemos que como estas mafias de la gasolina, también se
encuentran mafias en el TSJ, en la Fiscalía. Lo viví en carne propia. Siento
también mucho temor por lo que puedan hacer ellos en contra mía, de mi familia
y de mis hijos”.
Soto confesó que no encontraba palabras para describir
lo que siente, destacando que “”es fácil cuando se está del otro lado, pero
cuando eres tú la víctima es difícil hasta expresar porque sientes temor de
decir una palabra mal dicha y puedan atentar contra tu propia vida o con la
vida de tus hijos. El sistema de justicia está podrido, y han dolarizado los
derechos y garantías constitucionales de los venezolanos. Desde un funcionario
policial, hasta un Fiscal del Ministerio Público o Juez, se puede denotar el
vicio y la corrupción desmedida, que afecta a la integridad de la persona que
se encuentra inmersa en un proceso penal”, dijo Soto, según publicó Noticiero
Digital.
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