Sebastiana
Barráez
@SebastianaB
Especial para FronteraViva
En la administración de Justicia en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, confluyen varios grupos que operan dentro del circuito judicial penal, donde tiene particular influencia la Juez de juicio del circuito judicial penal de Guasdualito, Xiomara Liseth Peña Rodríguez, quien está al frente del tribunal de juicio. Testimonios dan cuenta de su actuación cuando por el auge del tráfico de combustible, era detenida cualquier persona común que llevara un bidón de 10 litros o más de gasolina, presentada y llevada a juicio; “siempre aparecía alguna persona de su entorno exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba la libertad prometida a los sub judices”, le dice a FronteraViva un funcionario de la administración de justicia en Apure que pide reserva de su nombre.
“Ella
decidía sin problema alguno. El pago por esa libertad se la hacían en una
cuenta en la entidad bancaria Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de
medicinas veterinarias de un amigo de la juez”.
Pero
con el tiempo, a medida que Peña Rodríguez se sintió más segura, “se hizo más
poderosa y su entorno fue creciendo aceleradamente, y se convirtió en una tribu
judicial, que dispone cómo se arregla económicamente cada caso, que determina
si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto sería el monto para
otorgarle la libertad al procesado”.
Una de las personas que terminó pagando para beneficiarse de la decisión de la juez relata a FronteraViva que “el grupo de la juez es grande. Un elemento importante de esa red lo constituye una trabajadora del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), así como algunas personas de Guasdualito y una señora que vive en El Amparo, que es el enlace de Xiomara con los casos de los detenidos llamados TANCOL; esa mujer que reside en El Amparo es la única autorizada para recibir las divisas para la juez, coordina qué abogados asistirán, por ejemplo al caso de los TANCOL, y cualquier imprevisto que se presente”.
“Si
ella tiene interés especial en casos como eso de los Tancol, donde hay una
serie de irregularidades, que ella está dispuesta a omitir, el detenido debe
revocar al defensor privado; la primera revocada de los casos Tancol fue la
doctora Yolimar Flores y todos en el tribunal se enteraron lo que sucedió,
porque la juez mandaba a decir a los detenidos que revocaran a sus abogados y
así ella podía beneficiarlos”.
“Una
vez que eso ocurre, la juez Peña hace lo suyo para acomodar la decisión, y que
se vea que el detenido no posee recursos económicos para pagar un abogado.
Cuando los casos son importantes para ella y va a generar muy buenos
dividendos, contacta a un abogado de nombre Carlos Delgado, quien reside en San
Fernando de Apure, amigo sentimental de Peña y es quien concreta los negocios”.
El
23 de febrero está pautada una audiencia para varios de los imputados por
supuesta implicación o relación con los Tancol (terroristas, asesinos,
narcotraficantes colombianos), figura inventada por el Comandante Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), General en Jefe
(Ej) Domingo Hernández Lárez, para encubrir que son guerrillas colombianas,
especialmente el Décimo Frente Martín Villa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). El caso de esos Tancol, los decide la tribu judicial de
Peña Rodríguez.
El
caso Tancol ha significado una gran oportunidad para que esa tribu judicial de
Apure resulte beneficiada ofreciendo dejar en libertad a detenidos que tienen
tanto miedo de las violaciones al debido proceso que creen que les están
ofreciendo una oportunidad para salir en libertad.
El
9 de febrero 2022 se estableció la continuación de juicio de los 24 detenidos,
que se llevará a cabo mañana; ya fueron revocados abogados en varios de esos casos
porque la juez, según los acuerdos de su tribu, establecerá libertad a unos y
cárcel para otros.
Mientras
eso ocurre en los tribunales de Apure, en las redes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), tanto el jefe del Ceofanb como el Ministro de la
Defensa, pregonan éxitos de las actividades contra los Tancol, que en realidad
muchos son inocentes o han estado relacionados con la guerrilla, pero no son ni
combatientes ni militantes de esas organizaciones.
Hasta ahora las publicaciones son de campamentos vacíos, estallido controlado de explosivos y propaganda con fotos y videos de los componentes de la Fuerza Armada, muchos de ellos en ejercicios militares.
- Se niega a aceptar defensores privados en los casos relevantes.
- El detenido, si ya tiene defensor privado, debe revocarlo.
- A partir de ahí se arregla la decisión, de manera que el detenido se presente como una persona sin recursos económicos para pagar abogado privado.
- Ahí aparece el abogado Carlos Delgado, quien está estrechamente relacionada con la juez Peña, quien es pieza clave para que se selle el arreglo entre el detenido, sea a través de sus familiares o representantes, y la decisión que la juez está dispuesta a tomar para beneficiarlo.
- En el departamento de archivo del Circuito Judicial Penal de Guasdualito reposan los expedientes, al cual deben tener acceso los abogados para las defensas de sus defendidos. “La juez Peña sacó todos los expedientes y los metió en su despacho, lo cual le permite así presionar para negociar los casos, de manera que ella tiene un archivo paralelo que maneja a su antojo”.
No son solo los
casos Tancol. Hay víctimas que llevan años detenidas y han confirmado que la
juez se fue fortaleciendo y ya actúa abiertamente con el cobro. Tiene emisarios,
intermediarios y una red de poder y dinero.
Por otra parte,
Karina Teresa Duque Durán, quien es juez titular del Tribunal de Control de la
Circunscripción Judicial de Guasdualito, hace no más de cinco meses, aprendió
el modus operandi de la juez provisoria Xiomara Peña Rodríguez. “Cobra entre 7
y 8 mil dólares por los casos fuertes para que los imputados no pasen a juicio
y concederles libertad”.
En el caso de
Duque Durán, “hay un emisario que habla con familiares de los detenidos y les
solicitan que primero revoquen a los defensores privados y que así no se notará
cuando le den libertad a la persona detenida”.
Un caso como
referencia es la causa 1C-17.592-21 contra Julián Cristóbal Moreno Mendoza,
Davinson Arley Gutiérrez Pabón, Juan Gregorio Burgos Baldomero y Juan Onofre Carrero
Tellez, imputados por Traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de
efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “La juez
solicitó revocar al abogado defensor, pidió ocho mil dólares y un aire
acondicionado de 18000 BTU. Ellos revocaron al abogado, pregunte para que vea
que eso se hizo con la boleta Nr. 661-21 del 27 de diciembre 2021. En enero
2022 la juez liberó a los detenidos. Y la Fiscalía 12 no hizo nada”.
Eso ya se hizo costumbre en todo el país por donde se mire
ResponderBorrarLo que verdaderamente causa estupor es saber de esos venezolanos prestándose para ser vagabundos.lastima por nosotros
ResponderBorrarAsí es como se administra justicia en revolución socialista del siglo XXI
ResponderBorrarDe eso tengo un rollo y bien grande estando el Abogado Angel Rafael Vilches Cuervo cuadraba con la ex Fiscal María Andreina Parra Rueda y 1mandaban a revocar al Defensor Privado y luego la misma fiscal pedía una audiencia especial para cambiar la calificación por un delito menos grave y por cambiar un homicidio Intencional a Culposo ella y el Ángel dé Vilches Cuervo se metian de 15mil a 2mil Dólares...y al Ángel Vilches lo premiaron ahora es Juez de Control en San Fernando que tal así son las cosas diría mi estimado colega y amigo...el hombre del bigote...
ResponderBorrarEn el Tribunal de Control de Guasdualito exigen Formalidades pará el nombramiento de Defensor Privado y dé paso para Juramentar al Defensor Privado le exigen que debe llevar a su cliente al acto de juramentacion cuando el artículo 141 del Copp es claro administrador es de justicia por favor léanlo es tan claro y son 24 horas para tomar juramento
ResponderBorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrarNo solo son los jueces, estos operan a la mano con los defensores públicos y los Fiscales del Ministerio público, una corrupción total en la administración de justicia.
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