La misión internacional presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas considera que "una reforma legal por sí sola es insuficiente si no see implementa de modo adecuado"
Sebastiana Barráez/ domingo 20 de marzo 2022
@SebastianaB
La actualización del Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, doctora Michelle Verónica Bachelet Jeria, tuvo poco de nuevo y mucho de lugares comunes y repetición de frases elaboradas, resaltando la de manifestar “preocupación”. Lo más resaltante fueron las omisiones, la débil argumentación ante la brutal tortura y represión en Venezuela, desde que ella visitó al país; el mismo día que se marchó detuvieron a varios militares activos y retirados, quienes fueron torturados y uno de ellos asesinado. Bachelet reconoce que su representación en Venezuela ha crecido, y ya tiene nueve personas.
Hay
que destacar que hubo menciones recurrentes por la Misión de Determinación de
los Hechos, cuyo informe presentó Marta Valiñas, y por varios representantes de
países sobre la necesidad de investigar y profundizar sobre las causas de la
muerte del general Raúl Isaís Baduel.
También
ellos se refirieron, se sumó Bachelet, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), al caso del
director de Fundaredes, profesor José Javier Tarazona Sánchez, quien fue
detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la sede del
Ministerio Público en Coro, lugar al que acudió a denunciar la persecución que
le tenían los funcionarios policiales en el estado Falcón.
Países
aliados del régimen venezolano coincidieron en resaltar la importancia de la
comisión que Bachelet tiene en Venezuela mientras descalificaban a la Misión de
Determinación de los Hechos. El representante de Venezuela incluso manifestó
molestia porque, según dijo, a la Misión se le asignaron muchos recursos
económicos en lugar de habérselos dado a la Oficina de Bachelet en Caracas,
insistiendo que en Venezuela se disfrutan plenamente todos los derechos humanos
y cualquier violación es sancionada sin distinción alguna.
La Misión mencionó la situación de Emilendris Carolina
Benítez Rosales, “una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los
drones y sometida a tortura en las instalaciones de la Dgcim y quien no ha
tenido acceso a un tratamiento médico eficaz, por lo que como resultado su
salud se ha deteriorado significativamente dejándola postrada en una silla de
ruedas”.
Hay
que resaltar, que aunque la doctora Bachelet no se dio por enterada del caso
Baduel, representantes de varios países como el de Paraguay exhortaron al
Estado venezolano a abrir una exhaustiva investigación sobre la causa de la
muerte del general Baduel.
La
Misión de Determinación de los Hechos dijo al respecto que “en la segunda mitad de 2021 se han producido dos
muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno, percibidas como tal,
ambas seleccionadas con la falta de atención médica; una de ellas es la muerte
del general Raúl Baduel, caso documentado previamente por la Misión, de su hijo
Josnars quien permanece detenido en El Helicoide”, quien requiere atención
médica inmediata. “Es preocupante que personas identificadas en nuestros
informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada a pesar de
las reiteradas peticiones”.
La Alta Comisionada, Bachelet Jeria, arranca su
informe diciendo que “algunas iniciativas de reforma abren oportunidades para
la implementación de importantes recomendaciones de Derechos Humanos. La
reforma del sistema de Justicia y la reestructuración de la Policía Nacional,
son pasos prometedores en particular la prohibición del enjuiciamiento de
civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al
hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas
de Acción Especial (FAES) las cuales están en consonancia con las
recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional
significativa”.
Es necesario desglosar esos tres puntos mencionados
por la ACDH: 1) La reestructuración de la Policía es un comodín, usado
nuevamente. En el 2011 la revolución bolivariana concluyó la eliminación de la
Policía Metropolitana de Caracas, que había sido creada en 1969; en la
estrategia de monopolizar a las diversas policías municipales y estadales; dos
años antes había sido creada la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y se hizo
estruendosa propaganda anunciando que solo entrarían los mejores hombres, los
más probos y preparados; 13 años después numerosos funcionarios de la PNB son
denunciados por extorsión, atraco e incluso secuestro y asesinato.
2) Parece exagerado que la doctora Bachelet considere “paso prometedor”
la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, porque
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999,
establece en el marco del debido proceso, artículo 49, aparte 4: ‘Toda persona tiene
derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones
ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y
en la ley...’. En tal caso la Alta Comisionada debería instar a que las
autoridades civiles, militares y policiales cumplieran la Constitución.
3) En cuanto a disolver las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES), ya le crearon un nuevo nombre, al que han ido migrando, como
ya lo hicieron antes con las OLP (llamada Operación Liberación del Pueblo,
después Operación de Liberación y Protección del Pueblo y, finalmente Operación
de Liberación Humanista del Pueblo). Los abusos de poder, desapariciones y
asesinatos fueron denunciados por varias organizaciones como Human Rights Watch
y Provea, durante los años 2015 y 2016. Los señalamientos contra las OLP de la
entonces Fiscal General de la República, Luisa Marvelia Ortega Díaz, fueron
determinantes para que desaparecieran las siglas, después de la Masacre de
Barlovento: desde entonces OLP pasó a ser FAES y ahora una parte se llama Dirección
Contra Delincuencia Organizada (DCDO), mientras es las regiones es Dirección de
Inteligencia y Estrategia (DIE).
Por el contrario, la conclusión de la Misión de
Determinación de los Hechos considera que “una reforma legal por sí sola es
insuficiente si no se implementa de modo adecuado. Como parte de este paquete
el legislador modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en
septiembre de 2021 reduciendo varios plazos aplicables a los procesos penales,
incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230.
De conformidad con las reformas hemos registrado algunos avances positivos en
los casos investigados por la misión sin embargo todavía hay decenas de
personas que llevan más de 3 años detenida sin juicio muy por encima de los
límites impuestos tanto por la Ley anterior como por la reformada”.
Bachelet saludó “la extensión del plazo para las
candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha permitido un mayor
número de candidatos este proceso es una oportunidad para fortalecer la
independencia del Poder Judicial de Venezuela y hago un llamado a las
autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y
la conducta profesional de las y los candidatos en el proceso de selección”.
La apreciación que hizo la Misión de Determinación fue otra. “En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022 la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente algunas de estas no sólo no reducen, sino que aumentan la influencia política sobre Poder Judicial por ejemplo el equilibrio en la composición del comité de postulaciones judiciales se ve perturbado ya que 2 miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil”, dijo Valiñas.
También participó María Corina Machado, quien resaltó
que “hemos estado luchando por la libertad y por nuestras vidas; este Consejo
sabe muy bien esta realidad, han escuchado historias de crímenes de lesa
humanidad de parte de víctimas con enorme valor y defensores de Derechos
Humanos, han leído los relatos de los propios equipos de tareas de Naciones
Unidas y de su Misión de Determinación de Hechos pero ya saben también la
magnitud de la operación que se ha desplegado en el país para bloquear la
justicia internacionalmente, los grandes intereses financieros y geopolíticos que
pretenden dar un lavado de cara a Maduro y a su tiranía para retirar las
sanciones internacionales”.
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