La Dirección General de Contrainteligencia Militar se creó la historia de un atentado contra el presidente, por el que están presos un mesonero y una azafata del Palacio de Miraflores, así como un capitán que prestaba servicio en un batallón del Ejército en la frontera
Sebastiana Barráez/ martes 2 de agosto 2022
@SebastianaB
Con el residuo de un explosivo y 17 mil 800 dólares ($17.800), que iba a ser dividido entre 4 personas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se creó la historia de un atentado contra Nicolás Maduro, por el que están presos un mesonero y una azafata del Palacio de Miraflores, así como un capitán que prestaba servicio en un batallón del Ejército en la frontera. El Tribunal los juzgó por delitos de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Explosivos y Asociación. Lo grave es que el “residuo de explosivo” que lo usan en las minas de oro, fue catalogado como “explosivo” y el fiscal argumentó que querían crear conmoción en Caracas asesinando a Nicolás Maduro.
Después que el capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz
reconoció en el Tribunal al teniente Leando Castillo, como uno de los
funcionarios de Dgcim que lo torturó, y así se lo hizo saber al Tribunal, no se
presentaron otros funcionarios a declarar y de manera insólita la juez Grendy Alejandra
Duque Carvajal (37 años) permitió que supuestos testigos declararan a través de
llamadas telefónicas defectuosas, a quienes solo se oía una voz que no se sabía
si era o no la persona que se identificaba como tal.
Así ocurrió cuando la juez
pidió llamar al testigo que supuestamente era Gregorio Espinoza, agente de la
Dgcim, a quien nadie le vio el rostro, solo se escuchó una voz, a través de una
llamada telefónica y cuya corneta de sonido estaba defectuosa. Hay coincidencia
entre quienes estuvieron en el Tribunal que el supuesto Espinoza no respondía con
seguridad, pero lo único que sí dejó claro es que la detención fue ilegal
porque no hubo testigos, porque los testigos fueron los mismos funcionarios de
Dgcim.
Había otro testigo que
también iba a presentarse por llamada telefónica, pero que supuestamente se
encontraba fuera del país y que finalmente ni por nombre ni por llamada se supo
quién era.
En todo el proceso hubo tortura física y psicológica, también violaciones al debido proceso, denegación de justicia. Si bien es cierto que el capitán Peña Díaz estaba adscrito a una unidad militar en Táchira, también lo es que en ninguno de los sitios en los que prestó servicio se perdió, extravió o robaron explosivo alguno. El material en discusión fue un residuo de explosivo y aun así el Tribunal mantuvo que era un explosivo. Y así lo condenaron a 16 años y nueve meses de prisión.
El otro delito, el de
Terrorismo, resulta más ridículo aún, porque no existe el grupo de personas, ni
el objetivo al cual apuntaban, mucho menos la utilización de la violencia ni el
lugar. La explicación es simple, el objetivo no era Nicolás Maduro, mucho menos
el Palacio de Miraflores y a nadie se le ocurriría utilizar un explosivo usado
para cometer tal acto.
Y en el caso de la
Asociación para Delinquir al final solo dejaron detenidos al cocinero y a la
azafata del Palacio de Miraflores, así como a la expareja de ella el capitán
Díaz Peña, adscrito a una unidad militar en Táchira. Si Dani José Castillo
García y Jennifer Carolina Osuna Márquez, como mesonero y azafata de Nicolás
Maduro tuvieran intenciones de atentar contra el mandatario, ¿para qué irse a
buscar un residuo de explosivo, cuando tenían acceso directo a él en el Palacio
de Miraflores?
La pregunta es ¿entonces para qué el cocinero, la azafata y el capitán usarían ese residuo de explosivo? Está muy claro desde el principio que el residuo de ese tipo de explosivo usado sí sirve en la minería. Dos personas que no aparecen en el expediente de los tres condenados, y que eran quienes iban a comprar ese explosivo residual, se dedican a la explotación del oro en las minas del estado Bolívar. Esa es la explicación de por qué esos dos individuos ofrecían comprar el producto y se lo comentan al mesonero, que a su vez se lo comenta a la azafata por tener relación con militares y ella le propone a su expareja vender el residuo del explosivo.
Ese 19 de diciembre es
detenido Dani José Castillo García en la avenida Urdaneta de Caracas, cerca del
Palacio de Miraflores, cuando iba caminando, según la DGCIM con un kilo y 20
gramos de explosivo C4 (dividido en 9 trozos), 11 detonadores no eléctricos,
dos detonadores engargolados y una mecha de seguridad de un metro 62.
El 21 de octubre 2021, día
del juicio, en el tribunal de la juez Grendy Alejandra Duque Carvajal, empezó
con irregularidades e interrupciones, anunciando el primer nubarrón para las
familias, cuando no les permitieron pasar, aunque el juicio “era público”, lo
peor es que así siguió sucediendo los siguientes meses hasta enero, hubo
interrupción y se reinició en febrero 2022, pero en las mismas condiciones.
Posponían las audiencias
para dentro de 15 días, las diferían o las boletas de traslado no llegaban, los
testigos de la acusación no se presentaban y en varias ocasiones no llegó el
traslado. Y como si no fuera bastante,
la Juez solicitó reposo médico de tres semanas, por una lesión en el pie, y a
finales de marzo otra vez continuaron las citas; en abril unas fueron diferidas,
en otras no llegó la boleta de traslado y en mayo y junio muchas no se
realizaron.
Y así llegó el miércoles 20
de julio 2022; era la penúltima cita del juicio. Ese día se esperaba por la
declaración de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) que fungían como testigos y a quienes llamarían vía telefónica,
porque no podían asistir al tribunal.
En la sala se encontraba el aguacil, el secretario Keiner Nieto, el Fiscal Jorge Rojas, también Sonia Gómez quien es defensora pública del capitán Alfredo Peña; Milka Becerra defensor del mesonero Dani José Castillo García y Roger Rosas Espinoza abogado privado de la azafata Jennifer Carolina Osuna Márquez.
“El fiscal Rojas hizo un
show de mentiras, soberbia, descaro, verdaderamente cada palabra de ese Fiscal causaba
sorpresa. Imagínese que finalizó diciendo que mi hijo quería poner el explosivo
cerca del Palacio de Miraflores para crear conmoción y matar al Presidente. Ese
Fiscal debe creer que uno es tonto, porque a mi hijo lo detuvieron en el
Táchira (a mil kilómetros de Miraflores); ¿será que mi hijo tenía un misil para
lanzarlo del Táchira a Miraflores?”.
Destaca que al capitán lo
detienen sin orden de aprehensión, “solo una capucha negra en la cabeza, sin
ninguna consideración por parte del General de su Batallón José Gregorio Martínez
Campos, quien debió dar la cara por uno de sus oficiales. ¿Cómo es posible que
abandone a sus oficiales así?”.
“En la audiencia preliminar se
dice que el material no era explosivo sino un componente viejo y oxidado que no
servía. Trajeron a una persona al juicio y dijo que era 100% operativo y lo
peor es que dice que el Sebin había desaparecido ese material porque no tenían
donde guardarlo”.
“No se imagina cómo me
siento. En mi país, la República Bolivariana de Venezuela, se condena a 16 años
y 9 meses a mi hijo, como si fuera peor que un asesino”.
“Mi hijo presenta problemas
de salud por todas las clases de tortura que recibió del teniente Leandro
Castillo. No me han dado repuesta para trasladar a mi hijo a hacerse los
exámenes de laboratorio y el chequeo con el cardiólogo”.
El capitán Peña Díaz identificó
a Leandro Castillo como uno de sus torturadores: ese día tuvo tanta indignación
que en la noche sufrió lo que sería un pre-infarto. “La Juez debió abrir una
averiguación de ese funcionario y no lo hizo. Dios mío que está pasando en mi país”.
Un hecho insólito es que hay pruebas, como la constancia de las novedades de ese día, de que el capitán Peña se encontraba en su trabajo en el batallón en San Cristóbal, Táchira, cuando fue detenido. “El funcionario de la DGCIM que se lo llevó, no es el mismo que aparece en el acta policial”, finaliza diciendo la señora Díaz.
Con testigos que se presentaron a través de llamadas telefónicas, condenaron a tres personas acusándolas de planificar un atentado contra Maduro - Infobae
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