Las 49 solicitudes a organismos e instituciones nacionales e internacionales que no fueron suficientes para salvar al General Baduel

 

Algunos no respondieron, otros se limitaron a publicar mensajes en redes sociales y los intentos quedaron atascados entre burocracia y excusas. El militar venezolano murió bajo custodia del SEBIN tras pasar cuatro años preso y sin ser juzgado

Sebastiana Barráez/ martes 6 de junio 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

El general Raúl Baduel fue comandante del Ejército y Ministro de la Defensa. Murió en el SEBIN sin juicio

No fueron suficientes 49 escritos, solicitudes de atención y de apoyo para que se cumpliera la Ley, el debido proceso y le salvaran la vida al General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel. Algunos no respondieron, otros se limitaron a publicar mensaje en redes sociales y entre burocracia y excusas de unos, y de órdenes superiores de otros, así pasó el tiempo, desde el 10 de enero 2017, que detuvieron al general Baduel, y después el general Carlos Martínez Stapulionis dio el paso para que se abriera una averiguación contra el exministro de la Defensa, quien estuvo preso cuatro años hasta que murió sin juicio, bajo custodia del SEBIN, el 12 de octubre 2021 en lo que representa una aparatosa derrota para instituciones nacionales e internacionales. Es un caso emblemático, pero no el único.

Los abogados Adolfo Julio Molina Brizuela, Guillermo José Rojas González, Fredy Montesinos Lucena y Carlos Diez Uzcátegui, lo intentaron, pero no pudieron ante la poderosa estructura de poder establecida en Venezuela para torturar, violar los derechos humanos aunado a la indiferencia de quienes debieron actuar contundentemente para que se restableciera el derecho a la defensa y a la justicia del general Baduel, pero se quedan en estadísticas, reuniones, comisiones e informes.

La actuación de la Defensoría del Pueblo tampoco fue contundente

¿Quiénes recibieron la solicitud o varias de que intervinieran ante el rosario de irregularidades?

23 escritos dirigidos al Tribunal.

A seis instituciones se les envió una comunicación: Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas; Defensoría del Pueblo en Caracas, Dra. Odilia Gómez; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Dr. Marino González; Defensoría Pública Militar; Secretario de Estado de EEUU, Michael Richard “Mike” Pompeo; y Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Alto Representante Josep Borrell Fontelles.

A tres se les hizo llegar dos comunicaciones: Juez Militar Penal Primero en funciones de Control con sede en Caracas, Coronel Humberto Zambrano; TSJ: uno a la Sala Constitucional y uno al entonces presidente Maikel Moreno.

Cuatro comunicaciones fueron dirigidas a diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU): dos escritos al Dr. Carlos De La Torre, sección Américas, uno a Antonio Guterres, Director General ONU y uno a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tres comunicaciones fueron enviadas al Presidente del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas y/o Presidente de la Corte Marcial.

Cinco comunicaciones recibió el Ministerio Público: dos al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público; dos al Fiscal General de la República; y una a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

General (GNB) Oscar Alfredo Gil Arias, Defensor Público Militar en Caracas y la juez (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón

Cuándo y a quiénes

25 agosto 2017: escrito dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control de la Corte Penal Militar, en Caracas, solicitando que se verifique la condición de salud del General Baduel, que se garantice su integridad física y se le participe a la defensa dónde está recluido, por cuanto no se sabe su paradero (posible desaparición forzada).

11 septiembre 2017: escrito dirigido al mismo Tribunal solicitando lo mismo que el mes anterior.

 

3 octubre 2017: escrito dirigió a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, denunciando la vulneración de los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano.

 

5 octubre 2017: escrito dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control de la Corte Penal Militar, solicitando que se verifique la condición de salud del General Raúl Isaías Baduel, en la sede del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Plaza Venezuela, Caracas, por cuanto lo mantienen encerrado y no lo sacan ni siquiera a captar la energía solar.

El entonces Secretario de Estado de EEUU, Michael Richard “Mike” Pompeo; y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles

Noviembre 2017: escrito dirigido a la juez Mayor (EJ) Claudia Carolina de Mogollón por cuanto habían transcurrido incontables diferimientos y la audiencia preliminar no se había celebrado.

 

23 noviembre 2017: escrito dirigido al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, para que se les resguarden los Derechos Fundamentales al detenido General en Jefe Raúl Isaías Baduel.

 

6 diciembre 2017: escrito dirigido al Tribunal ya mencionado donde se pide que se examine y revise la medida Judicial preventiva privativa de libertad, que recae injustamente sobre el detenido General en Jefe Raúl Isaías Baduel.

 

12 diciembre 2017: más escritos al Tribunal, donde se pide al Tribunal Penal Militar, que fije oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

22 enero 2018: escrito al Tribunal, donde se ratifica la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad y se pide al Tribunal Militar Penal que, fije oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, que ha sido diferida más de diez (10) veces.

30 enero 2018: escrito al Tribunal, denunciando retardo procesal y se hace la solicitud de Juramentación e incorporación a la defensa del Dr. Fredy Montesinos Lucena.

 

22 febrero 2018: escrito dirigido al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, para que se les resguarden los Derechos Fundamentales al Baduel; y, en consecuencia no se permita la vulneración de los valores supremos del ordenamiento jurídico venezolano.

12 marzo 2018: escrito al Tribunal, solicitando se le permita al General Baduel, la visita de sus familiares y abogados. Igualmente se delata el retardo procesal, por cuanto el expediente no ha sido remitido al Tribunal Penal de Juicio.

19 marzo 2018: escrito al Tribunal solicitando se le permita al General Baduel, la visita de sus familiares y abogados. Igualmente se delata el retardo procesal.

 

2 abril 2018: escrito al Tribunal solicitando la revisión de privativa de libertad que recae sobre el General en Jefe Baduel.

Abril 2018: escrito dirigido al Tribunal, solicitando una revisión de medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del General Baduel.

19 abril 2018: escrito dirigido al Tribunal, consignando Informe Médico, expedido por el Médico Cardiólogo Hemodinamista Dr. Carlos López y se pide al Tribunal Militar, que ordene su traslado a la ciudad de Maracay, estado Aragua, para que sea su médico personal quien le realice todos los exámenes necesarios referente a la Cardiopatía que presenta.

Marino Alvarado de PROVEA también recibió el llamado de auxilio de los abogados de Baduel

01 octubre 2018: escrito al Tribunal donde se pide la revisión de medida y que se le permita a Baduel, recibir visitas de sus familiares y de sus abogados defensores, por cuanto a la fecha habían transcurridos 65 días, y lo han mantenido incomunicado, en violación de sus derechos humanos.

 

8 noviembre 2018: escrito al Tribunal denunciando el retardo procesal injustificado en la presente causa, se delata igualmente, la omisión de pronunciamiento parte del Tribunal Militar, en relación al detenido General Baduel, sobre la revisión de medida privativa de libertad, que sea examinado por médico, entre otros petitorios.

 

29 noviembre 2018: escrito al Fiscal General de la República Tarek William Saab, solicitando que el General Baduel sea examinado por un cardiólogo, sea revisada la medida preventiva privativa de libertad, que se permita a la defensa el acceso al expediente de la causa, que de razón fundada del porque se le da un trato diferenciado al nombrado detenido, se denuncia una vez más el deterioro progresivo de la salud del detenido y que no se le garantiza el derecho a la salud, en franca violación a los Derechos Humanos.

 

29 noviembre 2018: escrito a la juez Claudia de Mogollón donde se pide sea examinado por un cardiólogo, sea revisada la privativa de libertad, que se permita a la defensa el acceso al expediente de la causa, que de razón fundada del porque se le da un trato diferenciado al nombrado detenido, se denuncia una vez más el deterioro progresivo de la salud del detenido y que no se le garantiza el derecho a la salud, en franca violación a los Derechos Humanos.

 

Enero 2019: escrito dirigido al doctor Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de Tribunales,  denunciando el retardo procesal.

 

17 enero 2019: escrito a Pérez de Mogollón, denunciando el retardo procesal injustificado por causas atribuibles única y exclusivamente al Tribunal Militar y la violación continua y reiterada de los derechos y garantías constitucionales del General Raúl Isaías Baduel, como son el debido proceso y el derecho a la defensa, el derecho a la salud, derecho a la integridad física, moral y psíquica.

 

19 febrero 2018: escrito al Tribunal solicitando se autorice la presencia de un Notario Público a la sede del Sebin, para que el General Baduel le facilitara la firma a su esposa Cruz Zambrano de Baduel, a los fines de movilizar sus cuentas bancarias, tarjetas de débitos y de créditos, entre otros.

 

4 abril 2019: escrito al Tribunal solicitando el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y exhortando al Tribunal Militar una vez más a que se preserve la integridad física psíquica y moral del detenido Raúl Baduel y que se le permita el traslado de un médico al Sebin para que sea evaluado en vista del deterioro progresivo de su salud.

23 mayo 2019: escrito al Tribunal denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel, ya que por instrucciones de los superiores del  Sebin, desde el 30 de abril 2017 se mantiene prácticamente incomunicado. Se delata igualmente el retardo procesal extremo de forma injustificada.

Michelle Bachelet siendo Alta Comisionada de la ONU visitó a Venezuela

11 junio 2019: escrito al Tribunal denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel. También se delata que no se le permite a la defensa técnica revisar el expediente desde el 28 de febrero 2018, día de la audiencia preliminar; habían pasado 16 meses sin que los abogados no podían revisar el expediente de la causa penal, en franca violación al derecho a la defensa y el debido proceso constitucional. Se denuncia el no pronunciamiento por parte del tribunal ante la solicitud de revisión de medida judicial preventiva privativa de libertad recaída sobre el detenido.

 

21 junio 2019: escrito al Coronel Humberto Zambrano, Juez Militar Penal Primero en funciones de Control con sede en Caracas, denunciando el retardo procesal, la desaparición forzada del detenido y ratificando la solicitud de reconocimiento médico legal en vista que no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Tribunal Militar. Se pide que sea tratado en igualdad de condiciones procesales al coimputado en este caso penal, Santiago José Guevara García, a quien recientemente se le había otorgado una medida cautelar menos gravosa antes de la celebración de la audiencia preliminar.

 

4 julio 2019: escrito dirigido al Juez Zambrano, ratificando la solicitud de examen y revisión de la medida privativa recaída sobre el General Baduel. Se pide información sobre el paradero del detenido (posible desaparición forzada), ya que no se sabe dónde lo tienen; posiblemente se encuentre en algún lugar dentro de las instalaciones del Fuerte Tiuna, según lo manifestado, a las 09:20 a.m., por la Dra. Milagros Salcedo, Directora General de Actuación Procesal del Ministerio Público.

 

31 julio 2019: escrito al Tribunal Militar Primero de Control solicitando formal examen y/o reconocimiento médico al General, en vista del deterioro progresivo de su salud.

 

11 agosto 2019: escrito al Presidente del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas y/o Presidente de la Corte Marcial, denunciando las graves violaciones de los Derechos Humanos del General Baduel, de manera sistemática y continuada.

 

Agosto 2019: escrito a la Dra. Odilia Gómez, adscrita a la Defensoría del Pueblo en Caracas, denunciando la violación a los Derechos Humanos al GJ Baduel.

 

Agosto 2019: escrito al Dr. Carlos De La Torre representante oficial de Derechos Humanos, sección Américas, organización de los derechos humanos (ONU), denunciando la violación a los Derechos Humanos del General Baduel.

 

Agosto 2019, escrito al Dr. Marino González, representante de la ONG Provea de Caracas, denunciando la violación a los Derechos Humanos del fallecido General Baduel.

 

30 octubre 2019: escrito a los miembros de la Inspectoría de Tribunales Militares, con sede en la Corte Marcial y/o Circuito Judicial Penal Militar, Caracas, denunciando el retardo procesal extremo injustificado.

 

Noviembre 2019: escrito al General Oscar Alfredo Gil Arias, Director De La Defensoría Pública Militar en Caracas, con atención a la Coordinación Nacional De Defensoría Pública Militar, Como Garante De Los Derechos Humanos, evidenciando la violación a los Derechos Humanos de Baduel.

 

Noviembre 2019: nuevo escrito a la Defensoría Pública Militar, delatando la violación a los Derechos Humanos del GJ Baduel.

 

Noviembre 2019: escrito al Presidente del circuito judicial penal militar y/o presidente de la Corte Marcial, denunciando el retardo procesal.

 

25 noviembre 2019: otro escrito al Presidente del circuito judicial penal militar y/o presidente de la Corte Marcial, solicitando se incorpore al equipo de defensa del General Baduel al Dr. Carlos Enrique Arana Márquez.

 

Diciembre 2019: escrito a organismos, medios de comunicación nacionales e internacionales, OEA, ONU, ONG’S y Fundaciones en General, delatando la violación a los Derechos Humanos de Raúl Isaías Baduel.

Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas

22 enero 2020: solicitud de avocamiento ante la Sala Constitucional del TSJ, denunciando las graves violaciones a la norma jurídica de orden público procesal.

 

3 de julio 2020: El TSJ declarada inadmisible la solicitud de avocamiento, ratificándose así la continua violación a los Derechos Humanos del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Octubre 2020: escrito a Antonio Guterres, Director General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel.

 

Octubre 2020: nuevo escrito a Carlos de La Torre, delatando la violación a los Derechos Humanos del General Baduel.

 

Octubre 2020: escrito a Michael Richard “Mike” Pompeo, Secretary of State of the United States of America, denunciando la detención arbitraria y la violación a los DDHH del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Octubre 2020: escrito a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando la detención arbitraria y la violación a los Derechos Humanos del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Noviembre 2020: escrito a Josep Borrell Fontelles, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, denunciando la detención arbitraria y la violación a los DDHH del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Mayo 2021: escrito al Magistrado Maikel Moreno, presidente del TSJ, denunciando el retardo procesal por parte del Tribunal Militar y la detención arbitraria de que fue objeto el General Baduel.

Mayo 2021: escrito al Fiscal General de la República, Tarek William Saab Halabi, denunciando el retardo procesal extremo injustificado por parte del Tribunal Primero Militar Penal.

Mayo 2021: escrito al Tribunal Primero en Funciones de Control  del  Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, solicitando una revisión de medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del General Baduel.

El informe de los defensores del general Baduel, concluye manifestando: “puede afirmarse con suma precisión que, quedan suficientemente evidenciada y documentada, las graves violaciones a los Derechos Humanos del General en Jefe Raúl Isaías Baduel, por parte del Estado venezolano”.

Las 49 solicitudes a organismos e instituciones nacionales e internacionales que no fueron suficientes para salvar al General Baduel - Infobae

El largo camino de una periodista por revelar las irregularides en los Tribunales de Protección Infantil: diez casos aterradores

 

Karla Salcedo Flores denuncia el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de jueces, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 50 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el menor, sea familia o personas ajenas

Sebastiana Barráez/ domingo 4 de junio 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

"Apareció Keira" dice Karla Salcedo cuando se supo de la niña que buscaban hace cinco años

En agosto del 2020, la entonces Juez Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, prohibió a la periodista Karla Salcedo Flores difundir información sobre la denuncia que Daniela Valentina Montañez Yumar hizo reclamando a su hijo y a quien le habían decretado una “Medida Innominada de Protección en beneficio del niño”. Salcedo sospechaba de una patraña para ocultar el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de Jueces de Protección, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 60 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el niño, sea familia o personas ajenas. Toda la historia empieza en el 2018 cuando un Tribunal le quita la hija a su amiga; luego de cinco años la pequeña apareció en Medellín, Colombia.

Cuando a Isabel Rinaldo Andazora le quitaron a Keira que entonces tenía 8 años, su amiga, la periodista Karla Salcedo se dedicó a investigar en una lucha que lleva cinco años, en cuyo camino ha ido sumando muchos casos más, 10 de los cuales expuso ante el Ministerio Público, gracias al apoyo de los abogados Martín Geymonat y Damary Rangeol, de las ONG Funvenides (Fundación Venezolana de Niños Desaparecidos) y Derechos Humanos Dr.

La historia. El cubano nacionalizado español Pedro Alba Linares e Isabel Rinaldo sostienen una relación de la cual nace Keira, que tenía ocho años cuando surgen problemas entre la pareja, porque estando en España él habría agredido a Isabel, ella lo denuncia y se regresa a Venezuela con su hija.

El Ministerio Público le envía una citación a Isabel porque su expareja la había denunciado por ataques violentos contra su hija. Cuando llega a la Fiscalía la detienen “por averiguaciones” y le quitan la niña entregándosela al padre. Al día siguiente, ya en libertad, comienza la búsqueda, pero Kiera y su padre no aparecieron. Han pasado cinco años desde entonces y la lucha de Karla Salcedo desde la ventana del periodismo fue acompañar a su amiga en el largo camino.

Pedro Alba Linares, cubano nacionalizado español, se llevó a Keira y la dejó en manos de una tía en Colombia

Lo atroz de esta historia, donde el poder judicial de LOPNA en Venezuela es actor principalísimo, ha demostrado que Pedro Alba Linares solo quería vengarse de Isabel y por ello termina dejando a la niña con una tía que la ha tenido en niveles de miseria y malos tratos.

Hace dos meses una compañera de estudio de Kiera en Medellín ve el video que Salcedo se empeñó en difundir con varios medios, donde aparece el rostro de la niña, lo ocurrido y la búsqueda que su mamá lleva. Le habría comentado “Mira, esta eres tú y dicen que tu mamá te está buscando”. El impacto de Kiera, su reacción, sus lágrimas y sus miedos estallaron atrayendo la atención de la escuela, que llamó a las autoridades y por fin se supo dónde y con quién estaba Kiera. La sorpresa es que su padre la había dejado en Colombia y se fue para los Estados Unidos.

Kiera no ha sido devuelta a Isabel, porque los organismos colombianos han retardado todo el proceso burocrático, ni siquiera porque se han restablecido las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre Colombia y Venezuela. 

Lo primero que Karla Salcedo Flores le die a Infobae es “Keira apareció”, consciente de su triunfo sobre un sistema plagado de jueces corruptos, bufetes que arman delitos, fiscales que hacen gala de negligencia o cooperación con las mafias, funcionarios mercaderes de los consejos de protección, al que se la han sumado funcionarios diplomáticos que pregonan ser amigos de Nicolás Maduro. Y la red está extendida a otros estados como Anzoátegui, Carabobo, Táchira y muchos más.

Quiénes y cómo

Cuando hace cinco años, Isabel Rinaldo Andazora desesperada por encontrar a su hija, y en medio del proceso judicial que continua contra ella por las denuncias del cubano, acude al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes remiten el caso a Interpol, porque Pedro Alba había salido del país y supuestamente se llevó a la niña a los EEUU.

La periodista Salcedo Flores, en conversación con Infobae, destaca los datos de ese caso, los funcionarios actuantes y el largo camino recorrido hasta encontrar a la niña.

Expediente: Régimen de Convivencia AP51V-2016-007572 pasó del Tribunal 13 de Mediación al l1 de Juicio.

Jueces que retrasaban o dejaban de hacer: Yasmina Ramos, Mara Bastidas y Betilde Araque.

La entonces juez sexta de Protección, Fernández de Amoroso, le prohíbe a Salcedo hablar del caso

Modificación de Custodia: AP51-V-2016-007570. Pasó del Tribunal 24 de Mediación al Tribunal 14 de Mediación. Jueces: Dagiely Palma. Betilde Araque. Secretaria Carmen Sotillo.

Acción de Disconformidad. AP51-V-2017-003966 pasa del Tribunal 13 de Mediación al 14 de Mediación. Jueces: Yasminia Ramos y Lenni Carrasco.

Privación de Patria Potestad. AP51-V-2017-015266. Del Tribunal 12 de juicio pasa al 1 de Juicio.

Expedientes revisados por el TSJ en Sala Constiucional que produjo la sentencia 097 del 15 de mayo 2019 ordenando, con carácter vinculante, que no pueden abrirse expedientes con las mismas personas en diferentes tribunales.

En todos los casos la Fiscal 97, María Da Corte (nombrada Juz de LOPNA) intervino de manera pasiva y Yaritza Gómez. Las consejeras de Protección de Libertador: Yanisett Sánchez, Karina Colina y Ana Cardoza.

Fiscales: 104 del Ministerio Publico. Las que estaban en los años 2017-2018 2019. “Una de apellido Villasana. No tengo el nombre de la otra”, dice Salcedo.

Luis Castillo era fiscal auxiliar de la 104 y siguió siendo fiscal. Las jueces actuaban bajo las ordenes de Felipe Hernández Trespalacios, sub director de familia, quien al ser destituido por corrupción se convirtió en el abogado defensor del padre de la niña Pedro Alba Linares; Carmen Cotillo, que era secretaria de los casos, también se convirtió en defensora del cubano que secuestró a la niña.

Modus operandi. Abren procedimiento por Régimen de Convivencia. Abren otro expediente por Modificación de Custodia. Luego denuncian paralelamente el delito penal en Fiscalía o Consejo de Protección. Y luego que comienza el expediente penal, demandan por privación de patria potestad. Y así obtienen medidas para quitarle la custodia a la madre.

La mafia sigue funcionando

Del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, sobrina del Contralor General de la República, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, ascendió a Jueza Coordinadora Encargada del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El entonces presidente del TSJ, Maikel Moreno en el XVI Foro Derechos de la Infancia y Adolescencia 2019 donde habló de la importancia de los niños para la sociedad

“En el caso de Rosa Reyes Rebolledo, quien era presidente del circuito judicial de Caracas de los tribunales de Protección (LOPNA), pasó a la Cancillería en el cargo de Restituciones internacionales, pero dejó sus tentáculos en el sistema de Protección”

La periodista Karla Salcedo Flores le dice a Infobae que “al denunciar estos casos, recibí correos electrónicos pidiéndome que no publicara más en mis redes. Las amenazas continuaron. Cada vez que hago un Instagram live del tema, mandan a sus emisarios a ofenderme”.

“El caso de Isabel es uno de los más emblemáticos y que logramos viralizar hace  más de 2 años, porque a Isabel Rinaldo la metieron presa en los calabozos y la acusaron de haber violado a su hija. Justo en ese momento se la quitaron. Luego, hubo investigación y quedó absuelta y libre. Keira es de nacionalidad italiana venezolana, y fue sacada del país de manera irregular”.

“La juez Carmen Zuleta emitió sentencia en el caso de Isabel luego de unas mesas de trabajo que se hicieron en el TSJ para dar celeridad a estos casos. Yo particularmente le escribí al Fiscal General de la República, Tarek William Saab y pedí su intervención para que las madres tuvieran respuestas. Fueron designados Fiscales Nacionales para investigar y luego llegaron al TSJ para dichas mesas de trabajo”.

Declara como insólito que “en el caso de Isabel, el papá de Keira logró que Interpol le quitara la alerta roja y sobre Keira hay una alerta amarilla, pese a que según la sentencia de la juez Zuleta, la niña debía ser restituida a su madre”.

Daniela aparece muerta

Madres denuncian ante los Tribunales de Protección la violación al debido proceso en los casos de niños y adolescentes

Daniela Valentina Montañez es una de las madres víctimas del sistema de menores en Venezuela, relata Salcedo. Le entregaron la custodia del niño al papá, Adrián Alberto Novoa Moreno, alegando “problemas de conducta de la mamá, de atención y maltrato. Es un patrón que se repite”.

“El modus operandi es asi: el padre dice que la madre maltrata al hijo, que lo abusa sexualmente o que lo tiene abandonado. El siguiente paso es que el Estado entre en juego para “beneficio del niño” y que le quiten el niño a través de la custodia entregada al padre. En este caso, no fue la excepcióm”.

“Daniela inició una lucha mediática importante, estuvo encadenada en las puertas los tribunales competentes de LOPNA (Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes) en Caracas. Ella estuvo dando la batalla y la lucha por su hijo. En algún momento el Tribunal recapacita y le regresa al niño, pero en ese proceso en que además estábamos en plena pandemia Covid, Daniela murió”.

“Hubo un informe súper extraño diciendo que Daniela se había practicado un aborto. Todos quedamos muy impactados, incluyendo a su pareja sentimental, quien asegura que no había tal embarazo. Todo fue muy raro y ojalá la muerte de Daniela Montañez alguna vez quede esclarecida, porque no creo en esa extraña versión que dieron de su muerte”.

“Además, el padre del niño estaba en Venezuela, porque no fue que él se había ido del país. Daniela tenía un espíritu irreverente, difícil, tenía un carácter aguerrido, por lo que para un hombre como ese (papá de su hijo) era muy fácil decir que se había suicidado o que se había hecho un aborto loco en la casa. Yo no creo eso, porque la conocí”.

El Fiscal lo sabe

En octubre 2020 la periodista Karla Salcedo Flores notificó formalmente al Fiscal General de la República, Tarek William Saab lo que estaba ocurriendo en los Tribunales de Protección de niños y adolescentes, iniciando el escrito con la lapidaria frase “espero que usted pueda poner especial atención al caso que le voy a presentar”.

Tarek William Saab, Fiscal General de la República tiene conocimiento desde hace años de lo que está ocurriendo en los Tribunales de Protección y con los Consejos de Protección de Caracas y Carabobo.

Después de relatarle que fue contactada desde hace casi tres años por la madre de un niño para que denunciara lo que estaba sucediendo “comencé a investigar cómo funcionan los tribunales de LOPNA (Tribunales de Protección de Niños Niñas y Adolescentes), qué hacen para entregar las custodias de los niños, y sobre todo y lo mas llamativo ciudadano Fiscal, cuánto vale ilegalmente un proceso en estos tribunales de niños y adolescentes”.

Salcedo, sin vacilar, le dice al Fiscal: Hay una mafia dentro de los tribunales de LOPNA y quiero que usted conozca todo esto con las pruebas que le haré llegar.

Hay una similitud muy poderosa en todos los casos: mismo modus operandi, mismos nombres, misma juez y abogados”.

Víctima de los tribunales de Protección el padre de una niña de la que fue separada denuncia el tráfico de niños

Según lo que la periodista destacó en esa comunicación al titular del Ministerio Público, el modus operandi en ese momento del año 2020, porque hoy en el 2023 tiene algunos actores nuevos, “la jueza Rosa Isabel Reyes Rebolledo se ha dado a la tarea de crear un grupo cercano de abogados que captan casos donde puedan manejar una fortuna muy grande de dinero que reparten entre todos”.

El primer paso “del equipo de Rosa Reyes es abrir un expediente en tribunales penales, acusar a la mamá del niño de alcohólica, problemas mentales, drogadicta, violadora de niños o cualquier otro delito”.

Segundo paso: “el caso llega a los tribunales de LOPNA, donde el equipo de Rosa Reyes está moviendo sus hilos para entregar la custodia al papá del menor, quien tuvo que haber pagado entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo de cada caso. La sentencia, siempre a favor de quien pagó. Le arrebatan los niños a las mamás sin ningún tipo de defensa, sin el debido proceso”, porque como explica “hay mucha plata de por medio. No pueden ir a un juicio justo porque no hay pruebas de nada”.

Salcedo le indica 10 casos al Fiscal General donde se puede evidenciar el modus operandi que denuncia. 

La denuncia con los diez casos dirigida al Fiscal General en el 2020

Infobae, para mantener la reserva de los nombres de los niños protege los datos de mayor referencia:

Caso uno: los hermanos de 12 y 6 años:

Padres: Yurai Salazar Amundaray y Juan Carlos Carrero Guevara. 

Delito denunciado e imputado: trato cruel continuado.

Fiscal 109: Sulmaira Márquez Duque. Exp. MP- 73343-2018.

Juez 5to. en Funciones de Control de Caracas: Francis Segovia. Exp. 5-C-S-1389-18.

Nota: Todas las actuaciones de carácter penal fueron utilizadas como un trampolín para darle algún matiz de licitud y legalidad al vil procedimiento de Modificación de Custodia, que la madre ostentó desde que sus hijos nacieron.

Tribunales de LOPNA entonces presididos por Rosa Isabel Reyes Rebolledo. Juez Tercero de Primera Instancia de Mediación, Haydee Lissette Vincet, decretó Modificación de Custodia a favor del padre y dictó Medida de Alejamiento, Asunto Principal AP51-V-2019-002221-P, Cuaderno de Medidas AH52-X-2019-002221- 1.

Alfredo Pereira Mendoza, 20 de Primera Instancia de Mediación, decretó divorcio, cerró las instituciones familiares, incurre en falta de pronunciamiento y a pesar de ser el Juez natural, se desprende del expediente sin justa causa; Raiza Bastardo, 5to. de Primera Instancia de Mediación, incurre en erradas interpretaciones en cuanto a recursos y falta de pronunciamiento, materializando dilaciones indebidas y retardo procesal. Ronal Igor Castro, 4to. Superior, no admite Acción de Amparo.

Abogados de la contraparte: Maryan Palmera y Enoé Carrillo Castellanos.

Caso 2: también hermanos

Madre: Emily Benítez Marcano.

Padre: Jesús Antonio Villanueva Cruz.

Juez 32 de Mediación en Lopna, Faraha Antor y luego Rafael Piñate.

El padre introduce Modificación Provisional de Custodia. Exp Nro. AP51-V-2016-008270.

Juez 15 de Mediación de LOPNA, Lenny Carrasco.

La madre introduce Restitución de Custodia. Exp. Nro. AP51-V. 2016-16670. Juez 2do de Juicio de LOPNA, Salvador Mata, decretó modificación de custodia a favor del padre. EXP Nro. AP51V2016008270. Juez 2DO Superior de LOPNA, Jakcleline Landaeta, Decretó sin lugar la Apelación e impuso Régimen de Convivencia Supervisado a favor de la madre, cada 15 días, 4 horas en el tribunal, pero el padre incumplió.

Abogadas de la Contraparte: Marián Palmera y Enoé Carrillo.

Caso 3: la odontóloga

Madre: Enza M. Ganci I.

Padre: Bayan Saab Richani.

Delito denunciado e imputado: Comisión por omisión en el delito de abuso sexual, conociendo la causa la Fiscal 2 Arelis Veliz, EXP. N° MP-36127-18 y el Juez 2 en Violencia de Género, Auralis Pérez. EXP.N°GP01-S-2018- 000631.

Expediente Medida de Alejamiento: a través del Consejo de Protección del municipio Valencia, estado Carabobo, a cargo de Solange Moya, Gabriel Salcedo y Argenis Rivero. Expediente Administrativo N° 6883-E.

Expediente LOPNA: Juez 5TO de Protección, Eduarda Gil, quien decreta Medida de Custodia Provisional exclusiva a favor del padre, EXP. N° GP02- V-2018-000164.

Fiscal 18, Miroslava de Jesús Pinto Escobar.

Caso 4: una adolescente y una niña

Madre: Liliana García Muentes.

Padre: Orlando Márquez.

Delito Denunciado e Imputado: Trato cruel continuado.

Fiscal 121 José Ferreira.

Expediente de Medida de Alejamiento, Nro. 4966: a través del Consejo de Protección Municipal de Baruta.

Expediente LOPNA: Juez 20 de Mediación, Alfredo Pereira, quien decreta Custodia Provisional de ambas niñas a favor del padre. Expediente AP51-V-2018-00134 y el Juez 3 de juicio, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, decretó el divorcio y ratificó la custodia a favor del padre

La Consejera de Protección de Baruta, Glennys López, el 8 de noviembre 2018, dictó a la madre Orden de Alejamiento, incluso desalojándola de su hogar.

Juez 3 de LOPNA, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, ordena el divorcio y ratifica custodia a favor del padre, estableciendo régimen de convivencia a favor de la madre en un Centro Comercial de 2 a 6 de la tarde.

Caso 5: es extranjera

Madre: Juliana Castellanos.

Trámite de Colocación Institucional a través del Consejo de Protección, municipio Libertador, a cargo de las funcionarias Marisela Villamediana Mandry, Dora Arráiz, Viviana González, inicia trámites de colocación institucional de la niña a los 3 días de nacida.

Expediente LOPNA: El juez 20 DE Mediación de LOPNA, Alfredo Pereira Mendoza, en la Causa AP51-V-2019-1165- P, decretó la colocación de la niña, en una institución privada, y es quien debe pronunciarse por restitución o reintegración familiar solicitada.

El Despacho Fiscal 22 a cargo Yoel Monjes, bajo el número N- 34 57 002 -2019, 8-04-2019, en el mismo hospital donde nació la niña, el Consejo de Protección del Municipio Libertador, inicia los trámites de colocación institucional, porque la madre al dar los datos, y por temor a ser deportada, ya que es extranjera e indocumentada, se identificó con otro nombre. El padre de la niña se percató de ello al ver la historia médica y le recomendó a la madre que resolviera el problema, notificándolo al Departamento de Historias Médicas, desde donde los remitieron al Departamento de Trabajo Social y luego al Consejo de Protección, quien remite la causa a la Fiscalía 22.

El Consejo de Protección ordenó la corrección del libro de actas e historias médicas, pero antes de hacerlo, según reveló Castellanos “la conseiera Marisela Villamediana le exigió al padre de mi hija, el pago de USD 8.000, de lo contrario no presentaría a mi hija. Acudimos a la Defensa Pública y se logró que la niña fuera presentada por el padre”, pero para ese momento la niña estaba en la organización privada donde no le permitían contacto con la bebé, ni amamantarla.

Caso 6: bebé de dos años

Madre: Karen González.

Delito Penal denunciado e imputado: Tratro cruel continuado, denuncia del padre contra González.

Fiscal 109 Sulmaira Marquéz Duque, Exp. Nro. MP- 271210-2019.

Expediente de Modificación de Custodia: a través del Consejo de Protección, municipio Libertador, a cargo de las funcionarias Dora Arráiz, Jaqueline Torrado, Karina Colina y Yanisett Sánchez. Dictan Medida Custodia Provisional a favor del padre del niño. Y a la madre Medida de Alejamiento, causa identificada bajo el Exp. Nro. CPNNAL 3.051-008-2019.

Funcionarios policiales irrumpieron en casa de Karen González, de manera violenta y arbitraria, se la llevaron al módulo de Policía en Ruperto Lugo y le quitaron al bebé. Sin evaluación, dictaminaron medida de Protección, se ordenó la separación inmediata de la madre y se le prohibió acercarse al entorno donde reside el bebé, quien era lactante de un año y ocho meses.

“Fiscalía 109 no le da seguimiento al caso, no reposan en el expediente las resultas las evaluaciones realizadas a mi hija, ni tampoco los informes de talleres a lo que tuve que asistir de acuerdo a lo establecido por la institución, y mientras el tiempo transcurre no he visto a mi hijo”.

Interpuso acción de Amparo Constitucional AP 51-0-19-7751- P, en contra del Consejo de Protección, que fue inadmisible y se ordenó cierre y archivo definitivo del expediente, firmada por los abogados Betilde Araque Granadillo y Freddy Amundaray Torrealba.

Caso 7: cuatro años

Madre: Jenetsy Guadalupe Arias.

Padre: Carlos Antonio Salanova Díaz.

Expediente Modificación de Custodia. Juez 8vo. Mediación LOPNA, Milagros Antonieta Zapata Ramírez, decretó medida preventiva de Custodia Provisional a favor del padre; EXP, AP51-J-2020-002091-P, AH52-X-2020-000005.

El 4 de junio 2020, un equipo multidisciplinario de LOPNNA, acompañado con funcionarios del CONAS, con las armas de fuego a la vista, le quitaron a la madre el niño de cuatro años.

Caso 8: la niña EEUU

Padre denunciante: Eduardo Martín Geymonat, es uruguayo y venezolano. Su hija de 5 años nació en los Estados Unidos.

Fraude Procesal en el Circuito de Protección de Caracas.

Expediente: AP51-V- 2016-018241.

Jueces: Dagiely Palma (27) y Milagros Zapata (8)

En noviembre 2016 se presenta, por los Tribunales de Protección de Caracas demanda de divorcio, custodia, permanencia en el hogar, régimen de convivencia familiar, manutención y administración de bienes. En diciembre 2016 se dictan medidas cautelares.

La niña, estadounidense de un año y 7 meses y la familia residían en Bogotá, Colombia. Todo a espaldas del padre. Ni la niña ni su mamá regresaron a Venezuela, La niña se encuentra en São Paulo Brasil. Desde el 2016, el tribunal mantiene las medidas provisionales, no hay realizado ni la primera audiencia, no acepta la contestación de la demanda y no se pronuncia sobre el fraude.

Caso 9: el militar

Madre: Diana M. Stella M.

Padre: militar de la Aviación, Alejandro J. Guevara H.

Expedientes en Lopnna: AP51H2017003088, AP51-V-2017- 005014. Tribunales 12 y 15, Tribunal 2do y 3ro Superior

Jueces Edelwis García, Lenin Carrasco Dorante, Iván Cedeño, Aurimar Cáceres y Yaqueline Landaeta.

Expediente en jurisdicción penal: 15- J-1165-18, jueza Jhosmar Dinorah González. “Querella por difamación agravada en base a un escrito de mi defensa consignado en los Tribunales de Lopna. El progenitor de mi hijo ha logrado todos estos actos haciéndose valer de su investidura de Militar Activo de la Aviación”.

Caso 10: dolorosa historia

Madre: Daniela Montañez Yumar, madre del niño de 5 años.

Expediente LOPNA: AP51-S-2020-2266-P.

Tribunal Sexto de LOPNA: Jueza Joselyn Fernández Amoroso.

El 16 de mayor 2020 16-05-2020, Daniela se da por notificada de una Medida Anticipada de Custodia, decretada por la Juez Lenni Carrasco Dorante, quien posteriormente, se inhibió del caso, quedando la Juez Joselyn Fernández Amoroso.

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Funcionarios de la DGCIM la detuvieron y torturaron para que delatara a un jefe guerrillero: el caso de María José Gualdrón

  

El padre de la joven condenada a cuatro años de prisión, habló con Infobae y reclamó que la jueza ordene su libertad por haberse cumplido el plazo requerido para salir de la cárcel

Sebastiana Barráez/ jueves 1 de junio 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Ricardo Gualdrón pide a las autoridades y a la revolución que defiende que le liberen a su hija

Después que las disidencias de las FARC tenían años instaladas en campamentos de Apure, adonde dirigentes políticos y militares iban con frecuencia, entraron en conflicto con generales y coroneles lo que desembocó, entre marzo y junio 2021, en una guerra que le costó la vida a 16 soldados venezolanos; en ese periodo, el 7 de abril, María José Gualdrón Rivas fue detenida por funcionarios de la DGCIM, fue torturada, presentada primero en un tribunal militar que no encontró los delitos que le imputaban, pero luego un tribunal ordinario la condenó a cuatro años y 10 meses de prisión, por resistencia a la autoridad e instigación a la rebelión; ella debió salir en libertad con presentación periódica, pero lleva más de dos años presa en la cárcel de Santa Ana del Táchira.

José Ricardo Gualdrón, padre de la joven, le dice a Infobae que la juez Xiomara Peña, del Tribunal de Guasdualito, estado Apure, no procesa la libertad de su hija, con la ejecución de la sentencia. “Que suelten a mi hijita; ella ya comprobó su inocencia”.

Acude a Tarek William Saab, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. “Yo sé que ellos pueden ayudarme, porque la familia, todos, somos luchadores y revolucionarios y trabajamos en la calle; que ahora no nos tomen en cuenta y nos tengan así es triste”. Es un convencido que la candidatura de su hija a la alcaldía causó que ahora esté presa. “Fue porque ella iba a ganarles esa elecciones de la alcaldía y pedimos disculpa por eso, porque sabemos que en la revolución no podemos lanzarnos unos por encima de los otros”.

María José Gualdrón

Como en otros casos, el de María José también estuvo plagado de violaciones al debido proceso, secuestro, tortura y actas amañadas de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que después sirven como los únicos testigos, que no el fiscal Ronal Florez ni la juez Xiomara Peña se inmutan ante eso. 

Cuando María José Gualdrón fue primero presentada ante el Tribunal Militar de Guasdualito y el Fiscal Militar, Primer Teniente Arévalo; allí revisaron las dos actas policiales que levantaron contra ella, una del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y una de la DGCIM. Cuando le hicieron lo que llaman telemática con los funcionarios actuantes, pero no encontraron evidencia que sustentara la denuncia de los funcionarios.

Ante la inexistencia de pruebas el Tribunal ordinario, de Xiomara Peña y el fiscal Ronal Flórez, la condenó por instigación a la rebelión y para justificar otro delito le sumaron resistencia a la autoridad, sin que se evidenciara cuándo ni cómo ocurrió eso.

El 7 de abril 2021, a las 10 de la mañana, en la alcabala El Cucharo del Táchira, en la carretera Troncal 5, se instaló un punto móvil de la Policía y ahí estaban los funcionarios de la DGCIM, quienes ya tenían información que María José iba en el minibús de transporte público rumbo al cumpleaños de su papá en Guasdualito. Los Dgcim detuvieron la unidad, subieron, se dirigieron hacia el asiento donde la joven se encontraba y le dijeron: “María José, bájate”.

Juez Xiomara Liseth Peña Rodríguez

Le hicieron revisión corporal sin encontrarle nada encima y le dijeron que tenían una orden de captura contra ella emitida por el Tribunal Militar de Apure, por los delitos de Traición a la Patria, Rebelión y Espionaje.

Gualdrón relató todo ante el Tribunal que no consideró su denuncia e ignoró el grave delito de tortura cometido contra ella, porque narró que la encapucharon y la trasladaron a Guasdualito, exactamente frente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde le colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarla y le preguntaban por la ubicación de Jorge Eliécer Martínez alias Arturo, jefe de las Disidencias o el llamado Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Apure, asegurando que ella era su mujer.

Como los funcionarios de Inteligencia no obtuvieron una respuesta satisfactoria, la trasladaron a Caracas, donde fue torturada por varios días, según su relato ante el Tribunal y el Fiscal, hasta que finalmente la llevaron a los sótanos de la DGCIM en la sede principal de Boleíta. Dijo que durante esos días no le dieron agua ni comida, le colocaron un objeto para aprisionarle la cabeza con fuerza, le colocaron electricidad en el cuerpo y con las manos hacia arriba la esposaban a lo que podría ser una tubería o barrotes de ventana, mientras el frío de algún aire acondicionado helaba su cuerpo.

La familia de María José solo supo que a ella la trasladaron, el 11 de abril 2021, vía aérea, desde Caracas a Guasdualito para hacerle la reseña en el CICPC, hacerle informe en el Servicio de Medicina  y Ciencias Forenses (Senamecf) y presentarla al Tribunal, para regresarla a Dgcim Caracas. Y si bien es cierto que la doctora Sandra Eslava la vio, no revisó los efectos de la tortura, porque los médicos temen a las consecuencias de hacer lo correcto y enfrentar los abusos de la DGCIM que siempre ha amenazado a los médicos que atienden a los detenidos por ese cuerpo de inteligencia.

Los funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, que dirige el teniente coronel (GNB) Alexander Granko Arteaga, quienes detuvieron a María José Gualdrón Rivas no son los mismos que después aparecen en las actas, porque algunos de ellos fueron destituidos y otros presos. Los únicos testigos contra Gualdrón son los mismos funcionarios de DGCIM.

Funcionarios de la DGCIM detuvieron a María José

Quién es la juez

Xiomara Liseth Peña Rodríguez, es la Juez de juicio del Circuito Judicial Penal de Guasdualito, estado Apure. Hace un año fue denunciada al portal FronteraViva por un funcionario de la administración de justicia en Apure, que dan cuenta de varios testimonios indicando que cuando alguna persona era detenida por contrabando de combustible y presentada ante el tribunal, personas del entorno de la juez “exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba la libertad prometida a los sub judices”.

El pago por la libertad de quien pagaba “se la hacían en una cuenta en la entidad bancaria Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de medicinas veterinarias de un amigo de la juez”. Con el tiempo se sintió más segura y poderosa, “a la vez que su entorno creció hasta una tribu judicial, que arregla económicamente cada caso, que determina si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto sería el monto para otorgarle la libertad al procesado”.

Una de las víctimas del cobro dijo en esa oportunidad, 22 de febrero 2022, que “el grupo de la juez es grande. Un elemento importante de esa red lo constituye una trabajadora del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), así como algunas personas de Guasdualito y una señora que vive en El Amparo, que es el enlace de Xiomara con los casos de los detenidos llamados TANCOL; esa mujer que reside en El Amparo es la única autorizada para recibir las divisas para la juez, coordina qué abogados asistirán, por ejemplo al caso de los TANCOL, y cualquier imprevisto que se presente”.

Los funcionarios de DGCIM torturaron a María José para que revelara la ubicación del jefe de las disidencias en Apure

¿Cómo funciona el Tribunal de Peña? Con la praxis violatoria al debido proceso que aplican jueces con casos políticos:

“Se niega a aceptar defensores privados en los casos relevantes. El detenido, si ya tiene defensor privado, debe revocarlo. A partir de ahí se arregla la decisión, de manera que el detenido se presente como una persona sin recursos económicos para pagar abogado privado.”

“Ahí aparece el abogado Carlos Delgado, quien está estrechamente relacionado con la juez Peña, quien es pieza clave para que se selle el arreglo entre el detenido, sea a través de sus familiares o representantes, y la decisión que la juez está dispuesta a tomar para beneficiarlo”.

“En el departamento de archivo del Circuito Judicial Penal de Guasdualito reposan los expedientes, al cual deben tener acceso los abogados para las defensas de sus defendidos”, como ocurrió con el caso de los Tancol en el 2022.

Funcionarios de la DGCIM la detuvieron y torturaron para que delatara a un jefe guerrillero: el caso de María José Gualdrón - Infobae