@SebastianaB
07/02/2018
Todos los que habitan la frontera han visto a los guerrilleros. “Patrullan de noche, piden la cédula a quienes están en las calles de Llano de Jorge, El Saladito y otros sectores de San Antonio del Táchira. En Ureña advirtieron que no se puede salir de la casa después de las 9 de la noche”.
Cuando en mayo del 2015, en el municipio Pedro María Ureña del Táchira, fueron descubiertos 12 cadáveres en tres fosas comunes, el Gobierno Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debieron declararse en emergencia ante lo que estaría evidenciando un proceso de colombianización o mexicanización, es decir la falta de Estado en la frontera. Pero no hubo mea culpa alguna.
Fue el Ejército Bolivariano de Venezuela la que dio con los 12 cadáveres en el sector La Mulata, específicamente en El Mamón. En una de las fosas había cráneos, en otra encontraron cadáveres descuartizados, tiroteados y con las manos amarradas con alambres de púa, de integrantes del grupo de alias “Cara de Niña”. Allí estaban desde el año 2014, como parte de la guerra entre Los Rastrojos y Los Urabeños.
Hace casi dos años se creó un grupo en la frontera, conformado por gente del Frente “Germán Velazco Villamizar” y del “Par Medio Cuellar” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), boliches (Fuerzas Bolivarianas de Liberación) y guardias nacionales. Ellos controlan toda la franja. Desplazaron a los grupos paramilitares (Los Rastrojos y Los Urabeños) y desde Llano Jorge y Mi Pequeña Barinas controlan el territorio fronterizo que comunica a Venezuela con el Norte de Santander.
“Son órdenes dadas desde las más altas esferas de Caracas –me confía una fuente altamente confiable-. No es casual que el personaje de referencia para ese grupo sea el general Martínez Stapulionis; desde que llegó a la frontera él logró el desplazamiento de los paracos por este nuevo grupo a quienes se les identifica por usar botas negras de caucho y armas de guerra de la Fuerza Armada venezolana”.
Esa guerrilla patrulla en motos KLR negras de alta cilindrada y usan camionetas o vehículos de doble tracción sin placas.
El negocio del contrabando ha hecho una industria más poderosa que el narcotráfico en la frontera. Lo que hay en juego son millones de dólares.
Nuestro territorio
El silencio es lo que caracteriza a los sucesos de la frontera. La única vez que los medios nacionales e internacionales, privados y públicos se interesaron en poner sus cámaras en ese territorio, fue desde aquel agosto 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Cientos de artículos de prensa, entrevistas de radio y reportajes de televisión inundaron los medios. Mientras medios como CNN se referían a los pobrecitos colombianos auto expulsados a territorio vecino, otros tipo Telesur señalaba que los expulsados eran terroristas, paramilitares, secuestradores, etc. Ambos demostraban absoluto desconocimiento de lo que realmente sucede en esa tierra agreste y sin ley.
Ahí no hay buenos o malos. Hay intereses alrededor de una poderosa industria delictiva que tiene su fuerte en el contrabando. Todo lo que sale de Venezuela es negocio en territorio colombiano.
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Desde entonces los muertos en la frontera no son cuantificados, no ingresan a ninguna estadística, la gran mayoría no sale en prensa, ninguna autoridad habla oficialmente de ellos. El 14 de mayo 2016 se hizo público que la Comisión de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) abatió a tres presuntos paramilitares de la banda El Diablo, en un enfrentamiento en Ureña.
En un hecho sangriento muere el 25 de marzo 2017, en el sector La Muralla, San Antonio del Táchira, Luis Eduardo Yanes, alias ‘El Ovejo’, líder de una banda de extorsionistas, quien fue asesinado por dos hombres que movilizaban en una camioneta
Otro caso que se hizo público fue cuando en mayo 2016 abaten en Ureña a alias El Gilmer y alias El Willington.
Pero el 30 de enero sí que los medios locales hicieron festín cuando fueron detenidos en Ureña miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ni una versión oficial ni se supo el destino de los individuos.
Las fotos cortesía de “pasaenureña” revelan a los guerrilleros del EPL que se desplazan entre San Antonio y Ureña libremente; eso fue en el sector El Cementerio, cuando los hombres armados, llamados por la comunidad como los Botas Negras, Botas de Caucho, Los Pelusos o simplemente La Guerrilla, se trasladaban en una Toyota vinotinto chasis larga. Militares venezolanos los detienen, pero no los desarmaron ni se los llevaron presos, porque los guerrilleros solicitaron la presencia del mayor general (Ej) Carlos Alberto Martínez Stapulionis, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Los Andes, quien se hizo presente al lugar.
El 4 de agosto 2017 el Cicpc da de baja a dos adolescentes quienes serían paramilitares del grupo Los Urabeños. Edwin Yair Velásquez González (16 años) y Édgar Jesús Pimentel Pérez (17), caen en el sector “Mi Pequeña Barinas”, cuando iban en compañía de otros ocho jóvenes que se enfrentaron a la comisión policial.
El 27 de diciembre 2017 hubo enfrentamiento en Ureña entre grupos armados. El EPL se pelea el territorio en La Mulata, Tienditas y Llano de Jorge en San Antonio, así como el que comprende gran parte de Ureña.
El número de muertos, crece, así como la sangre que riega el suelo fronterizo. Ni una explicación. El 17 de octubre 2017 asesinan de muchos balazos a Jymmy Alexis López, bombero de la estación de servicio El Milagro en Aguas Calientes.
Más muerto y más silencio
Es desconocida la cantidad de personas desaparecidas. Especialmente jóvenes, quienes después aparecen asesinados, como ocurrió con Albert Leonidas Moyano Colmenares el 25 de diciembre 2017, luego de ser herido de bala y obligado a subir a una camioneta muy cerca del mercado municipal.
El 22 de agosto 2017 una balacera más ocurre en las trochas junto al río Táchira, entre el terror de quienes trataban de pasar a territorio colombiano para irse a otro país o para adquirir alimentos o medicamentos.
Apenas hace unos días, el viernes 2 de febrero 2018, fueron encontradas, en la trocha San Julián, parte baja de Tienditas (Venezuela), tres personas muertas, todos hombres jóvenes, quienes estaban amarrados, asesinados a tiros y con los ojos vendados. Poco después hallaron tres muertos más tirados en la trocha La Mona, que queda en el barrio La Goajira, municipio Pedro María Ureña.
En otro municipio fronterizo, pero al norte del Táchira, en La Fría, aparecían masacrados otros dos muchachos.
Nadie sabe explicar si esas muertas tienen relación con el hecho de que el 19 de enero en La Parada, sector colombiano que está al otro lado del puente Internacional Simón Bolívar, asesinaron a cuatro venezolanos; días después mataron a dos hombres y a una mujer en la vereda El Palmar.
Cuando el general de división Carlos Miguel Yanes Figueredo, comandante de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Táchira, dijo públicamente que se reforzaría la vigilancia en los límites fronterizos con Colombia (municipios Bolívar, Pedro María, Ureña, Junín y García de Hevia) ante lo que llamo la presunta presencia de grupos generadores de violencia, el escepticismo no se hizo esperar. “El Ceofanb (Comando Estratégico Operacional de la FANB) destinó a 432 efectivos y dos pelotones de vehículos blindados, además del arribo de un grupo de paracaidistas”, dijo Yanes Figueredo.
El alto oficial ni siquiera da la certeza de que esos grupos existan, a pesar de que la población ha sido víctima de ellos. Además, llamarlos “grupos generadores de violencia” es hacerse eco de la tendencia del gobierno nacional para no llamar a la guerrilla por su nombre. Los únicos que han patrullado son el grupo que desde hace meses tienen su cuartel general en Llano Jorge, exactamente donde antes lo tenían los paramilitares.
La guerrilla disidente del EPL (Ejército Popular de Liberación), boliches, Los Pelusos, Botas Negras o como se llame andan vestidos con uniformes militares, botas negras de caucho y fusiles. Es más común verlos de noche. Por eso San Antonio y Ureña parecen pueblos fantasmas después de las 6 de la tarde.
Mientras la FANB está ocupada en las empresas que ahora maneja a nivel nacional, en los alimentos y en defender al gobierno, olvidó su principal función, según le impone la Constitución: defensa del territorio y la soberanía.
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