Fue frente a la plaza San Miguel
de San Cristóbal, en Táchira. Los uniformados pretendían llevarse el vehículo y
dejar esperando a los pobladores que llevaban tres días aguardando poder
surtirse
@SebastianaB
Tomado de Infobae
En Caracas ya casi no se paga para surtirse de gasolina en las
estaciones de servicio. Si el islero o bombero, como se le llama al empleado,
se levanta y actúa con cierta diligencia, se le da una propina. En el interior
del país la historia es otra, más aún en las zonas fronterizas, donde una
persona permanece dentro de su vehículo por lo menos tres días, algunos hasta
seis días viviendo, comiendo, durmiendo y haciendo cualquier cosa, dentro del
carro hasta que logra surtirse de combustible.
Hace unos años el Gobierno inventó instalar unos chips o TAG en los
vehículos para llevar el control del suministro y que se pudiera surtir dos
veces a la semana. Fue el negocio del hijo de un comandante de la revolución.
Significó días de trámites, documentos y colas. Al principio funcionó
parcialmente. Un día descubrieron que había miles de chips en manos de los
contrabandistas, que en la oficina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) estaba
montada una banda que se dedicaba a hacer negocios con los chips. Presos,
fiscalía, tribunales, llamadas telefónicas, libertad y olvidado el asunto.
El Consejo Legislativo Regional del Táchira asignó a integrantes de los
colectivos para que estén encargados en las bombas de gasolina en la frontera.
Rápidamente se reconocen porque usan una boina con la estrella roja al frente,
al estilo del che Guevara.
Le pregunto a un islero qué requisitos debe tener alguien que quiera
surtir en las bombas alternativas o especiales. “Ah, eso debe estar autorizado
por el protector del Táchira Freddy Bernal. Es el único que da la orden”. Le insisto
en que me diga quiénes son esos hombres armados que vigilan la bomba. “Unos
dicen que son colectivos, pero también que son de la Fuerzas de Acciones
Especiales. Aquí mejor es no preguntar mucho”, me responde.
Le pido que me explique cómo sabe que una persona está autorizada para
equipar y cómo está seguro que no es un impostor. “Aquí no es posible eso,
porque para poder echar gasolina debe traer una clave”.
En la estación de servicio, frente a la plaza San Miguel de San
Cristóbal, llegó ayer miércoles la gandola de combustible que se observa en el
video. Había personas con tres días haciendo cola. Cuando se disponían a
descargarla, llegó el grupo de militares que pretende llevársela para El Carmen
una de las llamadas bombas exclusivas que maneja un grupo de funcionarios del
gobierno.
Los militares armados y los colectivos también armados creyeron que
podían llevarse la gandola. Pero quienes hacían cola estaban muy obstinados y
decididos a dejarse matar o a matar. Y aparecieron armas que enfrentaron a
militares y colectivos para defender que la gandola descargara allí. Y esta vez
se quedó.
Hubo enfrentamientos por el combustible
Ante la emergencia por algún enfermo o fallecido que no espera por la
cola, debe acudirse a los generales de la Región Estratégica de Defensa
Integral (Redi) o de la Zona de Defensa (Zodi), para que lo incluya en la lista
de los llamados apoyos. “No está”, es la respuesta.
Ana nos contó que viajó apresurada al Táchira cuando su mamá murió. Al
dolor que sentía, el cansancio por el viaje y la tristeza de no tener cómo
poder enterrarla en San Cristóbal, le dijeron en la funeraria que no podían
trasladarla hasta el pueblo de Michelena porque no tenían gasolina. Al llegar a
la estación de servicio, vino la danza de la distracción; vaya a la Redi, vaya
a la Zodi, dígale al general, busque a Bernal, etc.
“Llorando, pero llorando de verdad, le dije a los de la bomba de
gasolina que nos dieran un poco para trasladar a mi mamá que había muerto. Uno
de los tipos me dijo casi con burla: señorita aquí la gente viene con muchas
excusas, hasta matan a la mamá y uno nunca ve el muerto. A la tristeza, se
le había sumado la impotencia y la indignación”.
La joven le pidió a un amigo de un camión de estaca que llevara a la
familia y la urna para un área rural de Michelena y así hacían un solo viaje.
“Prometí que yo conseguía la gasolina. Había pasado mucho tiempo y temíamos que
la descomposición del cuerpo lo reventara. En la estación de servicio me le
acerqué al hombrecito de rostro burlón. Aquí está el cadáver de mi madre, ¿qué
otro requisito necesito llenar?”.
A los pocos minutos Ana iba, con su familia, en la parte atrás del
camión, por la carretera rumbo a Michelena, acompañando la urna con el cadáver
de su madre, cubierto de flores tristes.
La golpeada región andina
Franklyn Duarte es diputado de la Asamblea Nacional, es parlamentario de
la frontera y luchador social. Él denuncia que “en el Táchira se han
implementado en los últimos años una serie de controles supuestamente para
evitar el contrabando que sigue exactamente igual y más bien ha aumentado”.
Explica que, durante los últimos 20 años, en municipios donde existían
tres o cuatro estaciones de servicio, eliminaron dos. “Y hay municipios que no
tienen ninguna, como ocurre en Umuquena, Las Mesas, San Simón, Urdaneta y San
José de Bolívar, obligándolos a movilizarse a otro municipio para poder
surtirse”.
Un factor que agrava el caso es que se redujo la cantidad de litros
permitidos. “El litraje es decisión del militar que esté en la estación de
servicio, de manera que él dispone a discreción la cantidad de combustible que
se puede surtir”.
Se han establecido estaciones de servicio alternativas o especiales, que
en el caso de San Cristóbal están en: barrio El Carmen, frente al Cicpc y en la
Avd. Los Agustinos. “Aún nadie sabe cómo
se hace para equipar en esas estaciones. Funcionan como exclusivas. Nunca tiene
gasolina para el común de la gente. Pero extrañamente siempre hay para
camionetas de lujo y típicos carros gasolineros, con tanques grandes o
adaptados, tipo Silverados que usa dos tanques o Super Dutty”.
Duarte informa que ayer miércoles se instaló en la Asamblea Nacional una
comisión de trabajo. “Los diputados de la región andina, es decir Táchira,
Mérida y Trujillo manifestaron que en esos estados las colas para surtirse son
de varios días”.
En las bombas exclusivas se debe pagar entre 80 y 100 mil pesos
colombianos (unos 588 mil bolívares o 31 dólares), según la capacidad del
vehículo. Los camiones como Silverado requieren de nueve pimpinas de 20 litros.
La pimpina la venden en la calle en 50 mil pesos colombianos.
Por ejemplo, si una gandola de gasolina tiene para surtir 500 carros,
solo permiten que pase 300 o máximo 350 carros. De manera que 150 carros es la
cuota de los exprés, es decir de los que pagan; el monto por pasar, sin hacer
cola, son 50 mil pesos (casi 16 dólares) que administra y reparte el integrante
de los mal llamados colectivos (grupos de choque de la revolución) entre el
administrador de la bomba de gasolina, el funcionario militar y otros.
La excusa es que esos 150 carros son “vehículos de apoyo” de la Guardia
Nacional, de la Policía, etc.
A veces a los 300 que les corresponde echar y que pueden estar en cola
tres, cuatro o cinco días, les dicen que “hay poca gasolina pero para que
alcance para todos, se les va a surtir solo 20 litros”. El colectivo aparece
como la solución y le dice “yo le cuadro para que le echen completo, pero debes
dejar 20 mil pesos”.
La capital del municipio Jaúregui es la hermosa ciudad de La Grita,
rodeada por gran cantidad de zonas productoras de hortalizas, frutas y
verduras. Los trabajadores del campo han dicho “de qué sirve semejante
sacrificio si el gobierno de Maduro nos ve como enemigos, nos quita herbicidas,
fungicidas, semillas, maquinaria y equipos, los fertilizantes son muy caros,
para sembrar y cosechar tenemos que buscar en el mercado negro los insumos. Aun
así seguimos produciendo”.
Pero ya encontraron un freno determinante. “No tenemos gasolina para transportar
nuestras cosechas, ni para las plantas, ni motores”. Los ferieros, como llaman
a quienes montan ventas de productos agrícolas para Caracas y estados cercanos,
una vez a la semana, se están paralizando. “Las cosechas se están perdiendo”.
Amenazan con no enviar más alimentos para el centro del país.
“Si vuelven a venir los militares, como ocurrió en el 2014, a obligarnos
a sacar los productos, pues que lo cosechen ellos. A los productores de La
Grita, El Cobre, Bailadores, Mucuchíes, Timotes, Puerta, Tuñame, Boconó, nos
quitan la gasolina, pues entonces quitémosle la comida”.
La Zona de Defensa Integral (ZODI) del Táchira debería
estar ocupada en la defensa del territorio y la soberanía, pero su función
principal es el combustible. Hace unas semanas el llamado protector Freddy
Bernal, que es la autoridad única del Estado Mayor del Combustible, anunció que
desde el 14 de octubre habría dos estaciones de servicio para motorizados, la Continental
y la Carabobo, bajo la supervisión de la Policía Nacional Bolivariana.
La Antonio José de Sucre es para vehículos
particulares, bajo la supervisión del Comando de Zona de la GNB.
Además, solo podía abastecerse hasta cuarenta 40
litros de combustible por usuario particular, menos el municipio
Uribante.
Antes se les permitía a los turistas tener acceso a un
chip por unos días mientras estaba en la zona fronteriza. Eso fue eliminado.
Los que llegan al estado no tienen más opción que pagarle a la poderosa y
multimillonaria industria del contrabando.
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