No se tocó ni uno solo de los temas de la frontera que deberían ser fundamentales para la Alta Comisionada, más aún cuando el Táchira es un sitio con gravísimos problemas por la presencia de los grupos guerrilleros, paramilitares y colectivos
Sebastiana Barráez/ 9 de septiembre 2020
@SebastianaB
Desde el miércoles 2 de septiembre se esperaba que una
comisión de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU (Oacnudh) llegara a
Venezuela. No había mayores detalles de ésta, más allá de que entre ellos venía
José María Aranaz, jefe de la División de las Américas, Europa y Asia Central
de la Oacnudh. Familiares de los presos políticos, tanto civiles como
militares, que esperaban la visita de la Comisión, ni siquiera pudieron
confirmar que ya estaba en Venezuela. El silencio se impuso.
Casi una semana después, gracias a un tuit de la
gobernadora del Táchira, se supo que Aranaz estaba en la Gobernación de ese
estado fronterizo con Colombia hablando de tres temas: Covid-19, activación
económica en la frontera y elecciones parlamentarias.
No se tocó ni uno solo de los temas de la frontera que
deberían ser fundamentales para la Alta Comisionada, más aún cuando el Táchira
es un sitio con gravísimos problemas por la presencia de los grupos
guerrilleros, paramilitares y colectivos que han ocupado el territorio
fronterizo. Además de las acciones de las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES).
Es importante destacar que Venezuela es parte del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por lo tanto lo primero
que le corresponde a la oficina de Bachelet es revisar el cumplimiento del
mandato, es decir revisar las recomendaciones del 26 de septiembre 2019 del
Informe de Bachelet, entre ellas el ingreso a los centros de reclusión. Lo que
sí han cumplido es lo de los talleres de formación en derechos humanos.
Visita a la frontera
La Gobernadora del Táchira,
Laidy Gómez, dijo que conversaron de las realidades que se vive en el Táchira,
por su condición de estado fronterizo, en el marco de la pandemia
COVID-19. La mandataria es una de las dirigentes políticas que ha manifestado
abiertamente respaldar las elecciones a la Asamblea Nacional, razón por la que
fue excluida del partido Acción Democrática, del cual estaba expulsada
anteriormente por haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.
“Nos complace el interés
mostrado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en
conocer las consecuencias que ha generado la emergencia humanitaria compleja en
la entidad tachirense a raíz de la expansión del coronavirus”, afirmó Gómez.
Dijo la primera mandataria
del Táchira que trataron temas de relevancia como la realización de las
elecciones parlamentarias, y manifestamos que “los argumentos sociales de la
población más angustiada, más vulnerada que se vienen generando en todos los
rincones de la geografía tachirense frente a las dificultades y deficiencias de
los servicios públicos, es una de las razones que nos motivan a tomar la vía de
la participación y de los principios constitucionales”.
Revelador informe
La ONG Familiares de Presos Políticos Militares en
Venezuela (FPPM) presentó un contundente “Informe complementario sobre los
hechos que demuestran la violación del mandato firmado el 20 de septiembre 2019
y de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del
26 de septiembre 2019”.
Resaltan que según el informe oral de Bachelet ante el
Consejo de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 2019, su oficina y las
autoridades venezolanas, acordaron un Plan de Trabajo conjunto para desarrollar
actividades de Cooperación Técnica, para lo cual se reúnen dos veces al mes,
así mismo se habla de una metodología participativa para elaborar el segundo
Plan Nacional de Derechos Humanos y recabar información de los organismos de
justicia, seguridad, sistema penitenciario y Defensoría del Pueblo, con el fin
de proporcionar asistencia técnica en materia de “Prevención de la tortura “
investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los
centros de detención preventiva.
“Según la Comisión se entrevistaron de manera “confidencial” a 70 personas en 9 visitas a Centros de Detención del Ministerio de Servicios Penitenciarios y del Ministerio de la Defensa, quedando pendiente los centros de detención de los servicios de Inteligencia civil (SEBIN) y Militar (DGCIM) que son precisamente los Organismos que hemos denunciado como los Centros de Tortura de los Presos políticos Civiles y Militares en el país”.
“Dichas denuncias se han hecho, ante su Oficina en
Caracas, ante la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía, los Tribunales y la
Asamblea Nacional de Venezuela, así como ante La Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , de
hecho, la CIDH, otorgó las Medidas Cautelares colectivas No. 178-19, el 21 de
marzo de 2019, para proteger la salud y la integridad física de los civiles y
militares que estuviesen detenidos dentro de la DGCIM, lo cual no ha sido
respetado”.
“En el caso de las 2 visitas que efectuaron sus funcionarios
a Cenapromil (cárcel militar de Ramo Verde), en marzo y diciembre del 2019, estas
no fueron independientes, aseguran los prisioneros que estuvieron supervisadas
por el G/D Carlos Yánez Figueredo, Director Penitenciario Militar (Dispemil); el
G/D Edgar Rojas Borges, Presidente Corte Marcial; Cnel. Atilio José Peña Ruiz,
Director de la cárcel de Ramo Verde para ese momento, y que estos solo
permitían la comunicación de la Comisión de la ONU a los que estaban en una
lista previa que ellos elaboraron”. “A todos los encerraron en sus celdas, para
evitar la comunicación con la Comisión,
sin embargo, los prisioneros comenzaron a protestar
desde sus celdas para que fueran entrevistados y las Oficiales pudieron
entrevistar a algunos, por eso hubo represalias hacia los que denunciaron la
violación de sus derechos, algunos fueron enviados a una celda de castigo
llamada “ El Tigrito” a otros les quitaron la visita familiar. Sus Oficiales
nunca fueron a las celdas, ni comprobaron sus condiciones de absoluta
insalubridad, los entrevistaron en las oficinas”.
Tal vez sea por eso que en su informe oral 2020 , al
referirse a Ramo Verde, solo habla de la falta de instalaciones adecuadas para
las mujeres detenidas y el empleo de celdas de castigo en condiciones
higiénicas inadecuadas”.
Le aclara la ONG que “El Tigrito, no es una celda de
castigo, es una celda de tortura, considerando que duermen en el piso, con
mucho frio, sin cobija, hay insectos y ratas, a veces en ese pequeño espacio
hay entre 10 a 15 personas hacinadas, y pasan allí hasta 15 días. Para la
visita de su Comisión a Ramo Verde, sacaron a todos los que estaban “castigados”
en esas celdas”.
“Tomando en cuenta que el monitoreo regular de los lugares de detención es considerado como un método efectivo para prevenir la tortura, hacerlo bajo la supervisión de personas implicadas en las denuncias de violación de Derechos Humanos, no debería ser permitido. Los 3 Generales mencionados anteriormente, son cómplices de Tortura, tratos crueles e inhumanos a los militares detenidos, así, se ha informado a los miembros de su Comisión”.
“Las violaciones de derechos humanos se han incrementado en el tiempo que ha permanecido la OACNUDH en Caracas, en el caso especial de los presos políticos militares, su situación ha empeorado en todos los centros de reclusión”, destaca la ONG FPPM.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/09/una-comision-de-michelle-bachelet-visito-venezuela-pero-hablaron-de-las-elecciones-y-no-de-la-violacion-de-los-derechos-humanos/
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