Estas comunidades venezolanas sufren el avance de la minería del oro en sus tierras ancestrales, el empobrecimiento que los ha llevado a tener que pedir limosnas, la explotación sexual de niños y adolescentes y el aniquilamiento de sus culturas
Sebastiana Barráez
@SebastianaB
Lo que alguna vez fue el 12 de octubre, Día de la Raza y el
Descubrimiento de América, ahora es el Día de la Resistencia Indígena,
representa una realidad brutal para las comunidades indígenas venezolanas,
esquilmadas ante la explotación del oro en sus tierras ancestrales, en el
empobrecimiento violento que ha arrojado a los indígenas a las calles de varias
ciudades a pedir limosnas, a la explotación sexual de niños y adolescentes, al
aniquilamiento de sus misteriosas culturas. No hay respeto ni siquiera cuando
algunos permanecen presos sin el debido proceso.
Nicolás Maduro dijo que “la Revolución Bolivariana reivindicó a los
pueblos indígenas y convirtió en un valor positivo, el hecho de ser indio,
india. Cada vez tenemos que conocerlos y respetarlos más. ¡Qué vivan los
Pueblos Indígenas de América!” y ordenó descolonizar todos los espacios
públicos que llevan nombres de colonizadores, por lo que empezó cambiándole el
nombre de la Francisco de Fajardo, la principal autopista de Caracas, por la del
cacique Guaicaipuro.
Pero la mejor respuesta a lo que dijo Maduro podemos encontrarla en la
exigencia de la organización Kapé Kapé al demandar justicia “para los 13
pemones víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y civiles
durante los 10 meses que llevan detenidos por su presunta participación en el
asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva de la Gran Sabana en Bolívar”.
Esos indígenas fueron detenidos en el marco de la Operación Aurora, una acción dirigida por militares, con el asalto a una unidad militar de la cual extrajeron un centenar de armas. Uno de quienes participaron reveló recientemente en entrevista con Infobae cómo ocurrió esa Operación. (https://sebastianasinsecretos.blogspot.com/2020/09/un-militar-de-la-operacion-aurora.html)
Según explicó la organización Kapé Kapé ocho de los indígenas “están detenidos desde el 22 de diciembre pasado, cuando se entregaron y los restantes fueron aprendidos por los cuerpos de seguridad entre el 28 y 30 de diciembre del mismo año”.
Detenidos sin el debido proceso
Lo que denuncian los familiares de los pemones presos es lo que se ha
hecho costumbre en los organismos de inteligencia, en este caso la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que detuvo a los indígenas y en otros
casos el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Dijo Kapé Kapé que las violaciones a los derechos de los pemones
detenidos “continuaron con el atraso de sus audiencias de presentación. Ninguno
de ellos fue presentado en el plazo legal de 48 horas correspondientes,
irregularidad que convierte los casos en detenciones arbitrarias, según ha
denunciado reiteradamente la organización Foro Penal”.
“El informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de
los hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de este año, hace
referencia a lo reiterativo de los casos de retardo procesal en el sistema de
justicia venezolano como elemento que menoscaba la democracia y el sistema de
derechos en el país”.
Recuerdan que en ese informe de la misión de la ONU se explica que “el incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal fue sistemático. Esas demoras dieron lugar a períodos prolongados de prisión preventiva, de más de dos años en muchos casos. Los tribunales no respondieron a las solicitudes de hábeas corpus u otros recursos judiciales presentados por las personas detenidas, o sus abogados/as, que cuestionaban esos retrasos”.
Citan que además en el informe se destaca que “algunos individuos
siguieron detenidos a pesar de haber cumplido sus sentencias. La gran mayoría
de los casos que examinó la Misión permanecieron en las fases preparatoria o
intermedia, a pesar de que los plazos de esas fases habían expirado en la
mayoría de los casos”.
Violación de la Ley Indígena
Según Kapé Kapé “el proceso legal atenta contra el derecho de los
acusados a ser procesados por medio del sistema de justicia indígena, como lo
establece la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. En mayo de este año los 13
pemones fueron trasladados al Internado Judicial Rodeo II sin autorización de
la autoridad judicial a cargo del caso, según lo denunció en su momento
Amnistía Internacional, agregando que la distancia geográfica desde su
comunidad de origen hasta su centro de reclusión constituye un obstáculo para
que los procesados cuenten con la asistencia material de sus familiares”.
Recuerdan que “el artículo 141 de la Ley de Pueblos y Comunidades
Indígenas establece la responsabilidad del Estado de disponer ‘establecimientos
penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de
reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en
materia indígena para su atención’, obligación evadida ampliamente por el
Estado”.
“A los vicios legales del caso se suma que, la detención de estos 13
pemones, contradice la medida de protección a los indígenas de esta etnia
dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras el
ataque a la comunidad de Kumaracapay en la Gran Sabana en el marco de la
llegada de la ayuda humanitaria que dejó como saldo final 8 muertos, decenas de
heridos y centenas de indígenas desplazados hacia Brasil”, destacó Kapé Kapé.
Las víctimas
Por otra parte, el presidente de Kapé Kapé, Armando Obdola, dijo que a
más de 500 años de la llegada de los españoles los indígenas venezolanos siguen
siendo víctimas de la invasión de su tierra y cultura. “Además de los grupos
mineros, los indígenas se enfrentan a la llegada de grupos guerrilleros, a
pesar del llamado de atención que hicieron desde un principio a las
autoridades, por eso tenemos un nuevo 12 de octubre en las comunidades
indígenas del sur”.
Según publicó Kapé Kapé “Obdola lamentó que, por la falta de apoyo gubernamental y la complicidad de grupos del Estado, los indígenas estén perdiendo la batalla contra los grupos armados que poco a poco se han ido apoderando de sus espacios”.
“En zonas de los municipios Sucre, Sifontes y Cedeño de Bolívar ya hay
una permisividad por parte de los indígenas hacia estos grupos porque no tienen
medios para oponerse. Hoy en día existe otro estado de violencia, agresiones y
chantaje al igual que el 12 de octubre con la llegada de los españoles”.
A su juicio la crisis de los indígenas hoy no está relacionada sólo con
el aislamiento provocado por la COVID-19, sino a factores de la crisis económica
que vive el país, cuya “necesidad ha obligado a los indígenas a participar de
la destrucción de sus tierras”.
“Los indígenas no tienen cómo comer, ni producir, llegan estos grupos,
que fueron denunciados en un principio por los indígenas, con estos “espejitos”
y al no recibir respuesta, ni protección, han tenido que dar permisividad a su
presencia bajo amenaza, como pasó con Kuyujani en el Caura y como lo comenzaron
a hacer ya en Amazonas”.
Según dice el presidente de Kapé Kapé, en el municipio Antonio Díaz, de
Tucupita se ha reportado presencia de grupos armados extranjeros “grupos de
guyaneses y colombianos agrediendo, estafando y forzando a grupos indígenas a
salir de sus comunidades”:
Obdola asegura que los indígenas, aun siendo dueños legítimos de su
tierra, actualmente viven esclavizados en sus propios espacios por grupos
armados de sindicatos y guerrilla, que actúan bajo la inoperancia y complicidad
de las instituciones del Estado.
Así encontró el Día de la Resistencia a comunidades indígenas
esquilmadas, en la miseria, azotadas por el hambre y las enfermedades. Y con
una avenida en Caracas que ahora tiene el nombre de un cacique que murió en
1568, en sustitución de Francisco Fajardo hijo de un español y la hija de un cacique.
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