En plena expansión de la pandemia por el covid-19, los tribunales fueron abiertos, pero sólo para activar los casos que le interesan al gobierno chavista
Sebastiana Barráez/ jueves 12 de noviembre 2020
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Sin duda que la visita a Venezuela de Jesús María
Aranaz, jefe de la división de las Américas, Europa y Asia Central de la
Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, le colocó el pico más
importante para disminuir la imagen del régimen venezolano como violador de
Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad contra civiles y militares.
Acelerar juicios, presionar a los detenidos para que admitan los hechos,
condenarlos y después Nicolás Maduro le dará liberación, en diciembre, a 106
detenidos, entre civiles y militares; “la lista ya está elaborada” dijo a
Infobae una fuente de justicia militar.
En plena expansión de la pandemia por el Covid 19, los
tribunales fueron abiertos, pero no para todo, solo para salir de casos que
estaban congelados desde hace años: uno de los casos a los cuales se le aplicó
el acelerador es el de los drones, es decir el del intento de Magnicidio
ocurrido el 4 de agosto del año 2018.
En ese caso están presionando a los imputados para que admitan los hechos y así los condenan rápido. Lo inaudito es que unos abogados les recomiendan a sus “defendidos” acogerse a esa figura, “porque usted sabe cómo es este Gobierno, mejor acepte que es culpable y le darán solo unos años, porque en caso contrario van a ser condenados a mínimo ocho años y hasta 25 años”.
En realidad, esa es una estrategia promovida por el Gobierno porque
condenaría a gente inocente pero que dice en el Tribunal que es culpable y le
permitirá a nivel internacional decir que a quienes han encarcelado, torturado
y violentado en sus derechos en realidad participaron para asesinar a Nicolás
Maduro.
A la prensa no le permiten entrar, ni siquiera a los
familiares. La grabación del juicio se está haciendo con un teléfono. No hay
una demostración fehaciente de aplicar justicia, sino de sacar rápidamente todos
esos juicios que son una clara demostración de la violación al debido
proceso.
Pretenden es que ya no importe el tiempo de tortura física
y psicológica, del miedo, de las amenazas contra ellos y sus familias. La
liberación de casi 50 detenidos, el 1 de septiembre 2020, con la figura de
indultos, le demostró al régimen y a los órganos de tortura, que quienes salen
de esas mazmorras ni siquiera tienen aliento para denunciar; solo casos
excepcionales como los de Vasco Da Costa manifestaron lo que ocurre en esos
lugares infernales del SEBIN y Dgcim.
El familiar de uno de los
detenidos dice que “cuando comenzó el inicio del juicio de inmediato surgieron
las arbitrariedades. En la etapa de pruebas, no le permitieron promover las
diligencias de investigación que desvirtúa la acusación fiscal, es decir, sólo
interpretarán a los expertos de la fiscal. Todos los de cualidades y reposición
fueron desechados por el juez”.
“El único que promueve
pruebas es el Ministerio público, porque las pruebas que nosotros promovimos en
su oportunidad (diligencia de investigación) y solicitadas por la defensa
ayer nuevamente, fueron negadas. Así que van en estado de indefensión, vulnerando
sus derechos a la defensa, al debido proceso y todas las garantías
Constitucional a la tutela efectiva”.
Ni la Ley
Ya el caso de los Drones y el de los comandantes del 2
de Marzo ha venido transcurriendo, incluso violando el Código Orgánico Procesal
Penal que estipula que los juicios son orales y públicos. Los están haciendo
orales, pero no públicos. El juicio al general Raúl Isaías Baduel por fin parece
que lo van a realizar; él está preso desde abril 2009 hasta hoy, con un
intervalo desde agosto 2015 a enero 2017 cuando estuvo en libertad, un primer
juicio por corrupción y desde el 2017 por múltiples delitos políticos como
Traición a la Patria.
Los juicios no solo empezaron con el criterio de
exprés, a algunos los han convencido de darles medidas de presentación para que
vayan a sus casas y después sigan el juicio.
El 7 de noviembre el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) publicó en sus redes sociales que “cumpliendo instrucciones del
presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala de Casación Penal,
magistrado Maikel Moreno, todos los tribunales penales en funciones de juicio
de los Circuitos Judiciales del país, serán habilitados de manera ininterrumpida
durante las semanas de radicalización y flexibilización decretadas por el
Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia por Covid-19, con el objeto de
garantizar la atención de los privados de libertad, en resguardando de los
principios de celeridad procesal y tutela judicial efectiva establecidos en el
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Indica que “en cada una de las audiencias de juicio
que se desarrollarán en los diferentes Circuitos Judiciales Penales del
territorio nacional se cumplirán todos los protocolos especiales de
bioseguridad e higiene”.
Finaliza diciendo “La publicidad es la regla. La
privacidad es la excepción. Los juicios de adolescentes son privados”.
Esa decisión del TSJ es reveladora porque deja intacta
la norma del Código Orgánico Procesal Penal que dentro de sus principios señala
que los juicios serán públicos y orales”.
Quiénes son
Los presos políticos, civiles y militares, están principalmente
a órdenes de los siguientes jueces y fiscales:
-
Mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón, Juez del Tribunal
Militar Primero de Control, desde el 13 de junio 2016. Ha llevado la mayoría
de los casos de militares emblemáticos, violentando el debido proceso a muchos
de ellos, negándose a dejar asentadas las denuncias de tortura que los
detenidos han sufrido, imponiendo defensores públicos y omitiendo las diversas
solicitudes de abogados o familiares ante su tribunal.
-
Coronel Rafael Mejías López, Juez a cargo
del Tribunal Militar Segundo de Control; ante su juzgado donde presentan
torturado al Mayor Lenin Falcon.
-
Capitán (GNB) Mickel Enrique Amézquita Pion, Juez del
Tribunal Militar Tercero de Control desde el 17 de noviembre 2016; fue el juez
del caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue llevado
torturado y moribundo ante su presencia, muriendo en el Tribunal como lo reveló
Amnistía Internacional. “Aunque el juez encargado
de la causa debió haber iniciado inmediatamente una investigación sobre la
muerte y las lesiones visibles que presentaba Acosta Arévalo -posiblemente
instruyendo la investigación por tortura-, el juez se limitó a pedir que fuera
trasladado al Hospital Vicente Salias, para luego continuar con la celebración
de la audiencia para el resto de imputados”, destaca Amnistía Internacional.
-
Norelys León Zaa, es la Juez del Trigésimo
Sexto Tribunal de Control Circuito Penal de Caracas.
-
Carol Bealexis Padilla Reyes de
Arretureta,
Juez del Tribunal
Especial de Primera Instancia en Funciones de Control y con Competencia en
Terrorismo.
-
Teniente Keyla Emilse Ríos Lara, Fiscalía
Militar Novena.
-
Teniente Israel Alfredo Echenique López, Fiscalía
Militar Novena.
-
Hennit Carolina López Mesa, juez 27
civil de terrorismo en funciones de juicio.
-
Farid Mora Salcedo,
fiscal.
-
Dinorah Bustamante,
fiscal.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/11/12/apresuran-juicios-presionan-a-detenidos-y-pasan-barniz-a-los-centros-de-tortura-la-estrategia-de-maduro-contra-las-denuncias-por-violaciones-a-los-ddhh/
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