La Alta Comisionada de la ONU causó otra airada reacción de parientes de los presos políticos venezolanos. En esta ocasión fue por la actualización sobre la cooperación entre su Oficina y el gobierno de Maduro
Sebastiana Barráez/ martes 2 de marzo 2021
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Otra vez Michelle Bachelet causa la airada reacción
por parte de los familiares de los presos políticos venezolanos, entre ellos de
los militares. Esta vez fue por la actualización sobre la cooperación entre su Oficina
y Venezuela. Aunque es grave lo que ocurre, en materia de violación de derechos
humanos, en Venezuela la Alta Comisionada se limitó a resaltar “la asistencia
técnica” y a ocultar la tortura, violación al debido proceso y a delitos de
lesa humanidad.
Haciendo gala de exagerada diplomacia, Bachelet dijo
que “tomo nota de la decisión de conceder el arresto domiciliario a Juan
Planchart y de permitirle recibir una atención médica adecuada”.
Es insólito que resalta como un logro “la liberación
de dos militares que habían cumplido su condena”, como si la obligación del
carcelero no es liberar a quien cumple los años de prisión que un juez le
impone.
Así mismo destaca la “liberación condicional de 12
indígenas pemones y absolución de un periodista”, pero ocultó la muerte por
falta de asistencia médica y hambre del pemón Salvador Franco, el 4 de enero
2021. Ya es costumbre en la Alta Comisionada ignorar casos atroces como el del
pemón, igual que hizo con la tortura y asesinato del capitán de corbeta Acosta
Arévalo.
Mencionó que su oficina visitó siete estados y “hemos
realizado otras cinco visitas a centros de detención desde septiembre. Confío
en que en breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de
detención de los servicios de inteligencia”. Lo aberrante es que oculta lo que encontraron
en esos centros y más aún que algunas visitas, como la que hizo José María
Aranaz al Táchira fue para conversar con la gobernadora del estado de temas que
nada tienen que ver con derechos humanos.
Bachelet dijo acoger con satisfacción “las medidas
para proporcionar a algunos detenidos acceso a exámenes médicos, e insto a
darles seguimiento con asistencia médica, y a compartir oportunamente los
informes médicos con los abogados y familia. Esta práctica, así como el
contacto regular con los miembros de la familia y los abogados y el acceso
adecuado al agua y los alimentos, debe ser estandarizada en todos los lugares
de detención”.
De esa manera no menciona el trato violatorio que
reciben muchos detenidos, especialmente en los sótanos de la DGCIM. Y mucho
menos menciona el maquillaje que le hicieron a los sótanos, mientras su
comisión ignoró totalmente la brutalidad que se comete contra quienes están en
la Casa de Los Sueños, como es el caso del comandante Marín Chaparro y el
general Hernández Da Costa.
Ni una mención al constante reclamo que los familiares
han hecho de que a los detenidos en la DGCIM no les permiten ver a sus niños.
Esa situación ocurre desde hace un año. Algunos niños pudieron ver a sus padres
en diciembre, después de ocho meses.
Y como si apenas estuviera conociendo lo que pasa en
Venezuela dijo que “mi equipo sigue dando seguimiento, junto con la Fiscalía
General, a los casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Acojo con
beneplácito la imputación de nuevos cargos en virtud de la Ley contra la
Tortura en el caso del asesinato del capitán Acosta Arévalo”.
Eso causó la molesta respuesta de la esposa del
oficial asesinado.
CC Acosta Arévalo
Waleswka Pérez de Acosta es de hablar bajo y pausado,
casi temiendo levantar su voz. La tortura y el asesinato de su esposo, el
capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no le ha cambiado el tono de la voz,
pero si han convertido sus palabras en un implacable señalamiento que descubre
la débil actuación de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet.
“¿Explícale a
la comunidad internacional Michelle Bachelet por qué llevan a las víctimas
torturadas y agonizando al Hospital Militar Dr. Vicente Salias y luego lo presentan
con el Juez Amezquita Pion?”.
Y es que el 28 de febrero, como su esposa señala se
cumplieron 20 meses del asesinato de Rafael Acosta Arévalo, quien sufrió “ocho días
de las más aberrantes torturas”. Le pregunta a Bachelet: “¿Dónde está el juez
Amezquita Pion? Es uno de los cómplices de la cadena de mando y recibe a las
víctimas con signos de torturas. Exijo justicia y respeto”.
Ante lo dicho por la Alta Comisionada en la
actualización del informe, la viuda de Acosta concluye: “algo está pasando
contigo Bachelet, eso no es justicia; fueron ocho días de torturas. La finca Sorocaima
está diseñada por el régimen para ejecutar a las víctimas como a Acosta Arévalo
que estaba ‘a buen resguardo’”, parafrasea en alusión a lo que dijo Diosdado
Cabello cuando informó que al capitán de corbeta lo tenían a buen resguardo.
“¿De dónde sacaron los dos sargentos la finca y logística?”, insiste Waleswka
Pérez.
PROVEA una organización de larga trayectoria en
defensa de los derechos humanos destaca lo que reflejó el informe de la Misión de
Determinación de los Hechos ONU, en el caso de Acosta Arévalo: “Tenía 38
heridas. El tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, codos y rodillas,
moretones en el muslo, glúteos y espalda. El cuerpo mostraba fractura en pie y
signos de quemaduras”.
“Los funcionarios de la DGCIM llevaron al Capitán
Acosta Arévalo a la audiencia en silla de ruedas. El capitán no podía hablar,
no podía moverse, y estaba sangrando. El abogado le preguntó si había sido
torturado y él asintió con la cabeza”, dice Provea.
Hace tres días María Gabriela de Mejías publica “A más
de 8 días a mi esposo, el coronel Johnny Mejías Laya, no le entregan unas
pastillas que se le enviaron, porque está orinando sangre”, a la vez que agrega
con ironía que “la señora Bachelet insta a su equipo de trabajo a continuar
con
sus labores y "beneficios" a los presos políticos militares”.
La esposa de Mejías Laya, preso y torturado en la
DGCIM, denuncia públicamente que el coronel “tiene ocho días orinando sangre y está
muy adolorido y decaído. Su familia le ha llevado medicamentos que le han
robado”.
Por otra parte, Yocelyn Carrizales, esposa del
teniente coronel Igber Marín Chaparro se pregunta, el 2 de febrero 2021: “¿Que
alguien me explique cómo es que el Tribunal Primero de Juicio dicta sentencia
el 16 de diciembre 2020, ordena el traslado inmediato del Comandante Marín
Chaparro para la cárcel militar de Ramo Verde y casi 2 meses después la DHCIM lo
mantiene secuestrado?”
La joven agrega “el Tcnel Marín tiene tres años en los
sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo
sentenciaron sin pruebas a siete años y medio. El juez itinerante, coronel Yofre
Chacón ordenó su traslado para Ramo Verde, siendo esta la Orden número 8 que no
se cumple. ¿Y usted Bachelet dice q aquí se está haciendo justicia?”
Insiste en que el 9 de marzo 2018 el Tribunal Tercero de
Control ordenó el traslado de su esposo. “Casi tres años después, enfermo y
desgastado, lo llevan a juicio, lo condenan y dicho Tribunal vuelve a ordenar
su traslado. ¿Dónde está el respeto a la orden del Juez y derechos humanos?”.
Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis
Humberto De La Sotta Quiroga destacó, el 17 de enero, que el general Terán
Hurtado (director de investigaciones de la DGCIM) es el responsable por el
deterioro de la salud de su hermano. “Le niega atención médica; tiene 11 meses
con problemas renales, cinco meses con diarrea crónica por Covid19 que contrajo
en los sótanos de la Dgcim”.
Dice con indignación que al capitán de navío “lo
llevan a pasear al Hospital, por segunda vez, el 13 de enero, para engañar a la
ONU. El 19 de octubre lo trasladan al hospitalito (hospital en Fuerte Tiuna
“Vicente Salias Sanoja”), junto con 25 presos políticos, en medio de un show;
tres meses después los resultados de los exámenes no aparecen y continua sin
tratamiento desde que hace once meses el urólogo lo examinó por problemas
renales”.
El 22 de febrero, De La Sotta, quien pertenece al ong de
Familiares de Presos Políticos, denunció que “la Fiscal Nacional 32, Dusay
Dueñas, es la encargada de procesar las denuncias por Tortura, Tratos Crueles e
inhumanos, falta de Atención medica de Luis De La Sotta”.
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