El informe detalla el calvario de cada una de las detenidas en Venezuela
Sebastiana Barráez/ domingo 11 de abril 2021
@SebastianaB
Tomado de Infobae
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos
(ONDDHH) acaba de presentar el Informe de Mujeres Presas Políticas en
Venezuela, que relata las 19 historias de cada una de esas detenidas. Como
las refleja el documento, algunas son esposas, otras compañeras, muchas madres
y separadas cruelmente de sus hijos. “Hoy por ellas alzamos la voz, las
queremos visibles y libres, queremos darle el apoyo colectivo que a gritos
reclaman, procurando el cese de sus detenciones, y el reconocimiento de los
derechos que como mujeres le asisten”, se lee.
A continuación, los 19 casos que el Observatorio
analiza:
Emirlendris Carolina Benítez Rosales
Es la esposa de Yolmer Escalona, vinculado al caso
de los drones que sobrevolaron la Av. Bolívar de Caracas en el acto militar del
4 de agosto de 2018, en un intento de magnicidio. Fue detenida el 5 de agosto
en el estado Portuguesa junto a su esposo. Fue desparecida hasta que 10 días
después su familia supo que se encontraba en la sede de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Sus familiares la buscaron en todas las sedes del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la DGCIM, pero
negaban que se encontrara ahí, aún cuando el 8 de agosto de 2018 se realizó la
audiencia de presentación de Emirlendris sin su abogado de confianza. Le
imputaron los delitos de Homicidio Calificado Frustrado, Terrorismo, Traición a
la Patria, entre otros.
Emirlendris estaba embarazada para el momento de su
detención y sufrió un aborto. Fue sometida a brutales torturas que han dejado
secuelas en su organismo y requiere ser tratada urgentemente. Tiene 2 hijos a
los cuales no ha vuelto a ver.
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo
Nacida en Venezuela con nacionalidad española, es
bióloga, egresada de la Universidad Simón Bolívar, dedicada al área de la
investigación para proyectos de conservación de faunas. Era directora de la ONG
Fundanimal.
Fue detenida el 22 de septiembre de 2018 por
funcionarios del SEBIN, señalada de encubrir a uno de los vinculados al caso de
los drones. Aún cuando no participó, fue imputada por los delitos de
Asociación para Delinquir, Financiamiento al Terrorismo y Encubrimiento.
Su casa fue allanada sin orden judicial e
incautadas todas sus pertenencias, incluyendo enseres del hogar (televisor,
ventiladores, guitarra, etc.), objetos personales, su vehículo y hasta sus
mascotas.
Durante su arresto y en el curso del proceso,
“Ángela fue víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes por
parte de los funcionarios que practicaron su detención y que tenían a su cargo
la custodia”, destaca el ONDDHH.
Está recluida en el SEBIN, sometida a un juicio
violatorio del debido proceso.
Yanín Fabiana Pernía Coronel
Tiene 24 años de edad, oriunda del Táchira. Fue
detenida el 5 de agosto por funcionarios del SEBIN en el estado Barinas y
vinculada al caso de los drones. Ha sido víctima de brutales torturas por parte
funcionarios, tales como: aislamiento, descargas eléctricas en todo el cuerpo,
diferentes tipos de asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada,
golpeada en la cara con el puño.
Sólo hasta el 14 de agosto 2018, y fuera del lapso
correspondiente, fue presentada ante el Tribunal 1° de Control con Competencia
en Terrorismo, con visibles rastros de tortura. Le imputaron los
delitos de Terrorismo, Homicidio en grado de Frustración, entre otros.
Su causa está en fase de juicio y durante todo el
proceso se le han violado sus derechos humanos. Yanin ha presentado problemas
de salud producto de las torturas a las que fue sometida. “Si se respetara el
debido proceso Yanin Fabiana estaría en libertad”, asegura el Observatorio.
María Auxiliadora Delgado Tabosky
El único elemento por el que fue detenida y está
presa es por ser familia de un militar retirado. El 19 de marzo 2019,
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
allanaron su vivienda, y la detuvieron junto a su esposo Juan Carlos Marrufo
Capozzi: luego de presentarla ante el tribunal, fue imputada por el
delito de Financiamiento al Terrorismo y le fue decretada la privación judicial
preventiva de libertad.
El Ministerio Publico, luego de la investigación,
no pudo demostrar que los imputados hubieran financiado ningún acto terrorista
y menos aún para asociarse en una empresa criminal; es por esa razón que la
Fiscalía le solicitó al Tribunal una Medida cautelar sustitutiva de la
privación de libertad, por “la inexistencia de elementos de prueba que
justificara” las detenciones decretadas. El 6 de mayo 2019, el Tribunal acordó
las medidas cautelares de María Auxiliadora y su esposo y libró las boletas de
excarcelación.
Los esposos siguieron detenidos,
después de una maniobra de la DGCIM. El 30 de septiembre 2019,
los fiscales del Misterio Público solicitaron nuevamente orden de captura por
traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración,
entre otros delitos.
Las hermanas Alemán
Yolimar y Andreina Alemán Castellano están presas
por ser hermanas del teniente Richard Alemán. En la madrugada del jueves 20 de
abril de 2020, funcionarios de la DGCIM allanaron su vivienda sin orden
judicial, buscando a su hermano por presuntamente estar incurso en un intento
de asalto del parque de armas de la Brigada 441, ubicada en Los Teques,
pero al no localizarlo se llevaron a las
hermanas y a dos familiares más.
Al teniente lo capturaron después, pero Yolimar y
Andreína siguen recluídas en la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas.
A Yolimar la detienen junto a su esposo Ericson Chaya; son los padres de una
niña y un niño.
El Observatorio destaca que “la detención de
familiares y su procesamiento en el curso de una investigación contra alguna
persona que disienta del régimen, es una acción perversa que aplican
sistemáticamente los funcionarios policiales que ocasiona muchísimo
sufrimiento. Así mismo, constituye detención arbitraria y por ende violación de
los derechos humanos de las detenidas”.
Marifrancys Marcano y Ana María Pernía (caso
Operación Gedeón)
Juan Rafael Romero, hijo del coronel Oscar Pérez
Romero (65), denuncia la detención y desaparición forzada de su padre, su
esposa Noraima Laviana, la dueña de la casa Marifrancys del Carmen Marcano
Vásquez, la amiga Ana María Pernía y el Sargento Leonardo Carrillo.
Marifrancys y Ana María fueron detenidas el 25 de
abril 2020 por funcionarios del SEBIN, cuando se trasladaban hacia su vivienda
en Guarenas, estado Miranda. Fueron desaparecidas durante un mes y
posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al
destacamento 441 de la GNB en Puerta Morocha, Los Teques, Miranda.
En rueda de prensa, el Ministerio Público informó
que Marifrancys y Ana María fueron detenidas junto a un grupo el 6 de mayo
2020, pero desde el 25 de abril 2020 la madre de una de ellas reportó la
desaparición de ambas. El 15 de mayo fueron presentadas ante el Tribunal
Especial Cuarto en Funciones de Terrorismo y le decretaron medida privativa de
libertad por los presuntos delitos de Traición a la Patria,
Financiamiento al terrorismo y Terrorismo. Se encuentran detenidas en
la DGCIM. Maryfrancis es madre de un niño.
Karen Hernández Rodríguez y Carla Da Silva Marrero
(Operación Gedeón)
El Observatorio revela en su informe que Karen
Hernández Rodríguez (dueña de la casa) y Carla Da Silva Marrero (amiga) fueron
detenidas el 16 de mayo de 2020 y vinculadas a la Operación Gedeón. Llevadas a
audiencia de presentación y a la audiencia preliminar en las más oscuras
circunstancias, dado que la misma se realizó en el SEBIN, sin permitirles
nombrar defensores de confianza.
Fueron acusadas por los delitos de traición
a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de
armas de guerra y asociación. Al no admitir los hechos, la causa pasó
a la fase de Juico Oral y Público.
Ivonne Barrios
El 12 de septiembre Ivonne se encontraba en su
casa, ubicada en Los Puertos de Altagracia, estado Zulia, con invitados a un
almuerzo; repentinamente ingresaron funcionarios de la Fuerza de Acciones
Especiales (FAES) procediendo a detenerla junto a otras personas y fueron
trasladados al FAES en el Sector Manzanillo de Maracaibo.
El 14 de septiembre de 2020 son presentados ante el
Tribunal de Control de Cabimas, Zulia, el cual declina la competencia a los
Tribunales con competencia en materia de Terrorismo con sede en Caracas.
A Ivonne, se le vincula con el caso del “espía
gringo”, un ciudadano estadounidense a quien su esposo le hizo una carrera de
taxi. Esta recluida en la DGCIM a orden del Tribunal Cuarto Contra el
Terrorismo en Caracas, separada de su familia.
Ivonne es madre de un hijo que vive en el Zulia y
al cual no ha podido volver a ver.
Yelut Naspe Inistra Villavicencio
Fue detenida el 16 de diciembre de 2015 por
presuntamente estar incursa en el ataque contra la Policía del estado Aragua en
agosto de ese año. Delincuentes lanzaron una granada hacia el módulo policial
de la comunidad de San Vicente, estado Aragua, donde murió un joven oficial.
Sin embargo, la misma policía indico que fue un ataque por parte de una banda
delincuencial.
Bastó que se publicara un audio del entonces
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que se vinculaba a
Yelut Naspe con el suceso para que fuera detenida y sometida a un injusto
proceso penal, a pesar de que ella vivía y estaba en Caracas para el momento
del hecho ocurrido a más de 100 kilómetros de distancia.
Antes de su detención Yelut Naspe era comerciante
servicios funerarios, así como activista del partido Primero Justicia. Se
desconoce dónde está recluida actualmente, aunque se cree que está en el
Instituto de Orientación Femenina (INOF). “Es la presa política más
antigua y también la más olvidada”, sentencia el Observatorio Nacional
de DDHH.
Las mujeres militares
Samaira Romero Armario
Es Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) egresada de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero,
Táchira; fue detenida por la Operación Gedeón. “Fue sometida a torturas, tratos
crueles e inhumanos y degradantes para el momento de su captura en el estado
Aragua”, revela el ONDDHH.
La Sargento Samaira Romero fue sometida a un juicio
plagado de innumerables violaciones al debido proceso. En el expediente no se
determinó el hecho, mucho menos su participación en el hecho, pero aun así fue
acusada por Traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno
extranjero. Su audiencia preliminar fue en la sede del SEBIN, sin
permitirle designara a su defensor de confianza.
Como muchos de ese caso, presionados, en total
estado de indefensión y violación al debido proceso, Samaira admitió los
hechos, siendo condenada a 24 años de presidio.
Está recluída en el SEBIN.
Diana Daniela Díaz
Tiene 21 años, es madre soltera y era sostén de
familia. Para el momento de su detención estaba en periodo de lactancia de su
bebe, de la cual fue separada y no la ha vuelto a ver, pues toda su familia
reside en Apure. Su niña está en manos de la madre quien vende café en el
Mercado Municipal de Apure para mantenerse.
Diana es Sargento Segundo de la Guardia Nacional
Bolivariana, graduada el 30 de enero de 2018. Es detenida el 18 de noviembre de
2019. Le imputan los delitos de Espionaje, entre otros, luego que
un funcionario dijera que otro funcionario desertor le dijo, en una
conversación telefónica, que Diana conocía de un supuesto plan, que nunca
ocurrió, para sustraer unas armas en el estado Táchira.
Fue detenida en el Comando de Zona 33 del estado
Apure, donde residía. Le prohibieron las visitas, le quitaron todos los
beneficios laborales. Fue sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y
degradantes. Permaneció en una oficina encerrada, esposada a una mesa,
durmiendo en el piso, sometida a un inmenso calor. Su causa permanece en
Maracay estado Aragua y ella esta recluida en la Cárcel Nacional de
Procesamiento Militar, Ramo Verde.
Shaquira Betania Pérez Gudiño
Es Teniente de la Guardia Nacional, con 24 años de
edad. Desde agosto de 2017 prestaba servicio en el Destacamento de la GNB en el
Palacio Federal Legislativo. Fue detenida junto a otro grupo de militares y
civiles en el Distribuidor Altamira, por participar en la Operación Libertad
del 30 de abril de 2019.
Fue acusada por los delitos de Rebelión y
Asociación para delinquir.
Está recluida en la cárcel militar de Ramo Verde en
espera de un juicio justo.
“Fue golpeada, maltratada física y
psicológicamente, asfixiada con una bolsa plástica y talco, entre otras
torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Su causa penal da cuenta de
las violaciones al debido proceso, sin posibilidad de ser escuchada”, resalta
el informe del ONDDHH.
Yusimar Elisneth Montilla Ortega
Está detenida por el Caso Gobernadora de Monagas.
Ella es la Sargento Técnico Segundo del Ejército y tiene 24 años de edad. Fue
señalada de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de tomar la 32°
Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi y la detención de la
Gobernadora del estado Monagas Yelitza Santaella, en el año 2017.
Estos hechos estaban recogidos en un informe de
inteligencia que únicamente manejaban funcionarios de la DGCIM. “El 18 junio de
2019, dos años después del supuesto plan, un grupo de funcionarios de la DGCIM
arrestaron a ocho militares, entre estos a Yusimar”.
Ella estaba en su lugar de trabajo y tenía para el
momento 7 meses de embarazo, aun cuando el artículo 32 del Código Orgánico
Procesal Penal establece que no se puede decretar privativa de libertad de las
mujeres en los tres últimos meses de embarazo.
Posteriormente fue presentada en el tribunal donde
le fueron imputados los delitos de Rebelión y traición a la patria,
siendo trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil).
La detención de Yusimar Montilla se enlaza con la
del teniente coronel Durbis Melean, comandante del 322° Batallón de Caribes
“Coronel Francisco Carvajal”, quien era el superior de la acusada, y fue
privado de libertad el 6 de julio de 2017 por parte de funcionarios de la
DGCIM.
Yusimar fue sometida a torturas y tratos crueles e
inhumanos, procesada y acusada por los mismos delitos por los que fue imputada,
sin elementos de convicción en su contra. Así dio a luz a su segundo hijo, una
niña de la cual fue separada al nacer. Está privada de libertad y en
condiciones precarias sin recibir alimentación adecuada.
Yurimar Rengel
Otra del Caso Gobernadora de Monagas. Yurimar fue
detenida por funcionarios de la DGCIM en el año 2019. Dos años después de un
supuesto plan que nunca ocurrió, fue detenida y presentada ante el Tribunal
Tercero Militar del estado Monagas en el que se le decretó Privación de
Libertad por los delitos de Rebelión y traición a la patria y
trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil). Su causa está
en el Tribunal Militar Décimo Quinto de Juicio con sede en Maturín.
“Detrás de esto hay una historia de persecución,
mentira y retaliación, contenida en un informe no controlado por el tribunal de
la causa. La investigación es violatoria del debido proceso, y así permanecen
tras las rejas Yurimar Rengel, Yusimar Montilla y Carla Anton, solo vinculadas
a un informe realizado por funcionarios de la DGCIM, sin posibilidades de
defenderse, pues están sometidas a un juicio militar en el que impera la
obediencia y subordinación”.
Carla Yancelis Antón Farías
Más del Caso Gobernadora de Monagas. La teniente
del Ejército Carla Yancelis Anton Farías se desempeñaba como parquera del
Fuerte Paramaconi, cuando el dia 17 de junio de 2017, luego de entregar su
guardia, fue llamada para una entrevista dentro del mismo Fuerte Paramacay,
pero solo fue la excusa para entregarla a funcionarios de la DGCIM.
Sin explicación alguna la encerraron cuatro días en
un cuarto, luego fue trasladada a la sede de la DGCIM siendo sometida a tratos
crueles e inhumanos, negándole comida y agua, no se le permitió la visita de
abogados y mucho menos contacto con sus familiares.
El 26 de junio la trasladaron a la cárcel de Ramo
Verde con un grupo de 8 compañeros; ahí permaneció 4 meses y 23 días, hasta que
finalmente la trasladan al anexo militar de la cárcel La Pica.
El caso denominado “Gobernadora de Monagas” está
plagado de violaciones a los derechos humanos y de decisiones absolutamente
politizadas que obstaculizan la buena marcha del proceso, destaca el Informe
del Observatorio.
Lisbany Esther Aguilar López
Es Sargento 2do de la Armada Nacional Bolivariana.
Para el momento de su detención laboraba en la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM). El 14 de mayo de 2019 fue detenida por
funcionarios de la DGCIM en Valencia, quienes bajo engaño la trasladaron a la
DGCIM Caracas, para someterla a varios interrogatorios relacionados con el
supuesto plan de fuga del Mayor General Miguel Rodríguez Torres.
El 22 de mayo de 2019 fue presentada para su
imputación y le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad
y ordenan su detención, estableciendo como sitio de reclusión el Centro de
Procesamiento Militar (Cenapromil), pero la llevaron al Instituto Nacional de
Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda.
Al ingresar a ese recinto carcelario, donde aún permanece, Lisbany fue brutalmente golpeada por las otras mujeres detenidas en el lugar.
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