Los militares fallecidos se han convertido en una protesta que hace más ruido por su silencio atroz. La declaración de los diversos funcionarios del gobierno venezolano resultó incoherente desde el principio
Sebastiana Barráez/ jueves 8 de abril 2021
@SebastianaB
Tomado de Infobae
A 18 días de haberse iniciado el conflicto en el Alto Apure, entre la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una facción de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el peor saldo lo registra la
institución castrense con ocho militares muertos en el terreno, unos por
pisar minas antipersonales sembradas por la guerrilla, otros en un hecho no
explicado claramente y que hace presumir fue el ataque de los irregulares
contra un vehículo militar y, el peor de todos, el accidente con un mortero.
La declaración de los diversos funcionarios del gobierno resultó
incoherente desde el principio, hasta que fueron creando una sola
pero inverosímil explicación: que el presidente de Colombia Iván Duque
envió a la disidencia de las FARC a que invadiera el territorio venezolano y
atacara a la FANB venezolana.
El problema con esa tesis es que ni siquiera al interior de la Fuerza
Armada le dan veracidad, porque desde hace años es público, notorio y
comunicacional que la guerrilla está en territorio venezolano, aunque el
Gobierno se haya obstinado en negarlo.
También es un hecho que la disidencia de las FARC, sea la Nueva
Marquetalia (FARC-Santrich) o las que no firmaron el Acuerdo de Paz
(FARC-Gentil Duarte), son enemigos jurados del Gobierno colombiano; ambas FARC
están enfrentadas. Las de Santrich han tenido la bendición de Nicolás
Maduro. A las otras es a la que ahora llaman “terroristas y narcoparamilitares”.
Los militares muertos se han convertido en un reclamo que hace más ruido
por su silencio atroz, principalmente por los cuatro que murieron durante la
manipulación de un mortero: teniente Coronel Raúl Roilander Quintero, Primer
Teniente Julio Manuel Inojosa Morgado, S1 Breinner Alexander Granados Suárez y
el C/2DO Yoendry Enrique Piñero Ortega. Ya antes murieron, no está muy claro
aun si fue por minas antipersonales o por ataque contra la comisión: el
sargento Segundo Jesús Alexander Vásquez Pérez y el sargento primero Andiel
Isturiz Sojo. El 21, cuando arranca la Operación, fallecen por mina
antipersonal: Mayor Edward Ramón Corobo Segovia y Primer Teniente Yonathan
Miguel Duarte.
Suena desgastado y a destiempo que altos funcionarios militares y
civiles descubran ahora con sorpresa la existencia de minas antipersonales. ¿Entonces no
cuenta la muerte, el 5 de agosto de 2018, de tres militares del 121 batallón de
infantería motorizada Venezuela, al pisar una mina antipersonal sembrada por el
Ejército de Liberación Nacional?
Ese día, hace tres años, esa mina asesinó en territorio venezolano a
tres militares: primer teniente Junior Javier Hernández Viloria, sargento mayor
de tercera Julio Cesar Soto Amaya y sargento segundo Brayan Alexander Acosta
Fruto.
Reacciones
Sobre los militares muertos por el manejo del mortero, la reacción
airada de compañeros de armas no se hizo esperar. Estallaron los mensajes: “En
aquellos tiempos hubo uno que otro accidente y fallas humanas, por supuesto. Lo
que hoy en día están proliferando muerte de nuestros soldados, nos
estamos haciendo daño los venezolanos mismos, no hay training, no hay
entrenamiento, no hay una idea clara de lo que es el concepto del hombre de
uniforme para combatir en el lugar que le corresponda, no hay conocimiento del
equipo con que se cuenta, o el equipo es malo, son equipos viejos”, dice un
militar.
Otro responde: “Yo fui comandante del Batallón de Morteros y coincido
completamente con que eso es falta de adiestramiento y lo otro que hay que
cuidar es por qué detonan dentro del tubo. Y si está allí en el puesto, esa
pieza debió hacerse un emplazamiento con defensa perimétrica. También es un
incidente, hay que proteger las granadas. Mira, las fosas que vimos toda la
vida cuando estuvimos de cadetes, en todos los períodos que fuimos a
entrenamiento a El Pao, bastantes huecos que abrimos en ese Pao”.
Un oficial solicita la necesidad que “se asuma con responsabilidad el
entrenamiento de nuestros soldados para que puedan estar en capacidad
de lucha, porque si no, nos estamos matando nosotros mismos y digo nosotros
porque estoy seguro que tú piensas que seguimos siendo soldados dentro del
corazón, dentro del sentimiento de uno. Es muy lamentable eso, como también es
muy lamentable ver a unos delincuentes disfrutando de lo que fue el Club de la
Policía Metropolitana, y diciendo que no les importa ni los policías ni nadie”.
“¡Cuánto se luchó en la frontera! ¡Cuántos muertos hubo en la frontera
en el pasado! De verdad, es preocupante para uno y que el Dios de los Ejércitos
se apiade de las Fuerzas Armadas y que no haya más víctimas por lo que está
pasando en la frontera venezolana”.
Finalmente, otro se pregunta, “en cuanto a la unidad blindada del
incidente en Apure, donde murió un soldado o varios resultaron heridos, ese
vehículo ruso es del año 1972. ¿Cuántos años han transcurrido y es lo
que hemos venido adquiriendo aquí en Venezuela?”.
Urge la investigación
También entre civiles lo ocurrido en Apure ha captado la atención. La organización
Ciciven requiere la investigación de la masacre de la familia Ramírez
Remolina, “detenida arbitrariamente en su hogar en el barrio 5 de Julio, en
la población de La Victoria, estado Apure, y que posteriormente apareció
ejecutada en el sector El Ripial, por parte del grupo FAES, organismo policial
del régimen de Nicolás Maduro, cuya eliminación ha sido solicitada de manera
reiterada por Naciones Unidas, al ser responsabilizada de numerosas torturas y
ejecuciones extrajudiciales”.
Se pronuncian “ante los graves hechos ocurridos recientemente en la
Victoria, estado Apure, zona fronteriza de Venezuela con Colombia, entre grupos
delincuenciales, identificados como disidentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y amparados por el gobierno de facto de
Venezuela”.
El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN)
cuenta, entre su Junta Directiva y Asesores, al ex embajador de Venezuela en
Rumania, Israel y Brasil, así como representante permanente de Venezuela ante
las Naciones Unidas, Milos Alcalay Mirkovich; el destacado analista y profesor
de derecho internacional, Adolfo Pedro Salgueiro Dickmann; así como Elizabeth
Tinoco, Silvia Shanelly, Wilfredo Castro; en la presidencia de Ciciven está el
internacionalista William Cárdenas Rubio y en la vicepresidencia el
exparlamentario y abogado Paciano Padrón.
En el comunicado destaca que “el Estado venezolano, en ningún caso,
ha garantizado la protección a la población civil, dando como resultado
que más de cinco mil personas se han desplazado forzosamente hacia
territorio colombiano, en condición de refugiados, y otros han huido hacia
poblados del mismo estado Apure o de los vecinos estados Táchira y Barinas”.
Reconocen que “se ha producido bombardeos, combates y atentados
terroristas en varios sectores de La Victoria, parroquia Urdaneta del Alto
Apure, quedando sus habitantes en medio del fuego cruzado de esa
confrontación armada, se han registrado ejecuciones extraoficiales por
parte del cuerpo de exterminio y torturas del régimen de Nicolás Maduro,
conocido como Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional
Bolivariana, PNB, además de allanamientos, saqueos y destrucción de viviendas y
comercios, por lo que sus pobladores huyeron en busca de protección a la vecina
población de Arauquita, en territorio colombiano”.
A juicio de Ciciven las confrontaciones armadas, que se libran en Apure
en este momento, “buscan el control de las rutas del narcotráfico,
contrabando de armas, minerales, combustible y otros insumos, y que entre
los planes de una de las facciones apoyada por el Gobierno del usurpador
Nicolás Maduro se encuentra controlar un espacio territorial, para expandir sus
operaciones armadas y controlar totalmente el tráfico criminal”.
Debido a lo que ocurre en la frontera, el Comité Internacional contra la
Impunidad exige a Nicolás Maduro y al gobierno de Colombia “garantizar el
retorno inmediato de los desplazados a sus hogares en Venezuela, su seguridad
personal y el restablecimiento de sus propiedades y bienes destrozados y
sustraídos por las fuerzas públicas venezolanas”.
Así mismo solicitan que se garantice la “investigación imparcial,
castigo para los responsables y reparación para las víctimas. Del mismo
modo, ejercer las acciones necesarias para evitar una escalada de violencia y
una expansión del conflicto armado, que pudiera seguir afectando a la región y
a sus pobladores”.
Finalmente instan a la comunidad internacional, “especialmente a Luis
Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte Penal
Internacional (CPI), a Antonio Guterres Secretario General de la ONU y a
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, abrir
las investigaciones pertinentes In Situ, para establecer las
responsabilidades y sanciones a que dé lugar, según el Derecho Internacional
Humanitario y el Estatuto de Roma”.
ttps://www.infobae.com/america/venezuela/2021/04/08/la-reaccion-militar-ante-los-combates-en-apure-y-la-muerte-de-ocho-oficiales-indignacion-tristeza-y-reclamo/
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