La organización que los nuclea evaluó las 60 recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de las que solo se concretaron 19
Sebastiana Barráez/ martes 13 de julio 2021
@SebastianaB
En un crudo análisis de la organización Familiares Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPMVE), sobre el Informe de Verónica Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), denuncia que “a pesar de que el Estado Venezolano incumplió el 68% de las Recomendaciones del Consejo, es decir, incumplió la Resolución del Consejo de Derechos Humanos (CDH), la Alta Comisionada no lo denuncie de manera directa como sí lo hizo en el informe sobre Nicaragua”.
“De las 60 recomendaciones a evaluar, según la Oficina de Bachelet en Venezuela, solo se cumplieron 19, es decir el 32%”, dice FPPMVE, agregando que “este sería el segundo plan de trabajo entre la ACNUDH y las Instituciones venezolanas, elaborado por el Estado y la ONU sin que los supuestos beneficiarios conozcamos su contenido porque no se ha publicado, como tampoco la Carta de Entendimiento firmada entre la Cancillería Venezolana y la Alta Comisionada”.
Es parte del análisis que hace la ONG Familiares de Presos Políticos en Venezuela (FPPMVE) sobre el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela A/HRC/47/55, en el 47º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), presentado el 1 de julio 2021 y que según Resolución A/HRC/RES/45/20 del 6 de octubre 2020, en su 45º periodo de sesiones, Bachelet debía presentar este año, “informes exhaustivos por escrito sobre la situación de los DDHH en Venezuela que incluyan una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores” .
La Resolución dice claramente que, si la situación de violaciones de derechos humanos continúa deteriorándose en Venezuela o las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina de la Alta Comisionada ni con la Misión Independiente y los procedimientos especiales, el Consejo podría considerar adoptar nuevas medidas como establecer una Comisión de Investigación.
La amenaza del canciller
Considera la ONG dirigida por Molly De La Sotta,
hermana del capitán de navío Humberto De La Sotta, quien tiene más de tres años
bajo custodia de la DGCIM, que “tal vez las declaraciones, en forma de
advertencia del Canciller Jorge Arreaza, con respecto a la última actualización
oral sobre Venezuela, cambiaron el contenido en la presentación del informe, a
fin de evitar una posible expulsión de su Oficina como sucedió en julio del
2019”.
En la intervención de Bachelet sobre Venezuela, el 11
de marzo 2021, en el 46º periodo de sesiones del CDH, manifestó su preocupación
e inquietud por la continua violación de DDHH en Venezuela, y en un mensaje
directo al Estado venezolano sobre su persecución a la sociedad civil: ‘Esto no
contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza
de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades
legítimas y esenciales’. La respuesta del Estado, no se hizo esperar.
Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Vicepresidencia de Venezuela, publicaron un Comunicado Oficial rechazando
el informe: ‘Ante los infundados señalamientos emitidos, el Gobierno
Bolivariano someterá a revisión la relación de la Oficina de la Alta
Comisionada en la próxima renovación de su Carta de Compromiso’ (la cual se
vence en septiembre 2021). Así mismo, suspendió las reuniones periódicas con la
OACNUDH en Caracas, la Cooperación Técnica y el seguimiento de los casos.
En ese Comunicado Oficial de la Cancillería declara
que "rechaza el contenido falaz y pone de relieve el origen tendencioso del
mismo” también anuncia que “Venezuela ratifica la voluntad de mantener canales
de comunicación y dialogo con OACNUDH’.
A juicio de la FPPMVE “en el mismo comunicado, Jorge Arreaza lanza una amenaza implícita para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos que denuncian ante la OACNUDH, sin que la Alta Comisionada, activistas y ONGs de DDHH en Venezuela, hayan reaccionado: ‘Venezuela ha solicitado a la Oficina de la Alta Comisionada compartir con las autoridades nacionales información sobre los supuestos casos referidos en el informe, a los fines de realizar las investigaciones de rigor y determinar su veracidad’. Esto podría poner en peligro la integridad física de aquellas víctimas cuya situación sea denunciada por sus familiares o sean entrevistados por la Comisión. Es un amedrentamiento que debe ser condenado por la Alta Comisionada”.
Manipulación y engaño
La ONG FPPMVE revela que “nuestra Organización tuvo cinco reuniones con los Oficiales de la Alta Comisionada en Caracas desde el 21 de agosto 2020 hasta el 6 de mayo 2021. Se les entregaron 5 informes sobre las violaciones de los derechos humanos de nuestros familiares, describiendo con Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela hechos, tratos crueles e inhumanos”.
También la ONG denunció, en su momento, ante la oficina de Bachelet “los juicios exprés sin publicidad, para inculpar militares sin pruebas con testimonios de sus torturadores, la falta de acceso a los expedientes, violando el derecho a la defensa, las requisas violentas con torturas y traslados a otros centros de reclusión sin informar a familiares y abogados, el confinamiento prolongado por meses sin ver la luz del sol ni el aire natural. Las restricciones de alimentos y agua potable, el robo de sus pertenencias, la incomunicación telefónica y suspensión de visitas familiares y abogados durante meses.
Por otra parte “denunciamos con pruebas de laboratorio, el contagio de COVID19 en DGCIM y la falta de traslado al hospital de los contagiados, el deterioro de la salud mental y física de nuestros familiares por las condiciones infrahumanas de reclusión los cuales presentan enfermedades cardiovasculares, infecciones dermatológicas, respiratorias y urinarias, insomnio, hongos en el cuerpo y en las uñas, perdida de dientes por falta de atención odontológica, depresión y hasta intentos de suicidio”.
Destaca que en el primer año de pandemia hubo gran
cantidad de denuncias de contagios de COVID19 en DGCIM y SEBIN, pero que “los
llamados de atención del Secretario General De la OEA, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Defensores de Derechos Humanos como
Tamara Suju y La Asamblea Nacional, el ACNUDH nunca se pronunció para exigir
atención médica y medidas alternativas de libertad a los contagiados”.
Dice FPPMVE que ese silenció lo traslado
Bachelet a su informe, cuando refleja: ‘Las visitas fueron retomadas en
septiembre de 2020 en los centros gestionados por el Ministerio para Servicios
Penitenciarios, y posteriormente en los centros de detención militar, de
acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos’.
“Tanto por escrito como en nuestras reuniones, los familiares denunciamos la estrategia de manipulación de los cuerpos de inteligencia sobre las verdaderas condiciones de reclusión y falta de atención médica y solicitamos que contrastaran con entrevistas a los detenidos la información en forma de videos y fotos que la Dgcim les enviaba”.
Solo para fotos
“Denunciamos que el traslado que se efectuó, el 19 de octubre de 2020, al Hospital Militar Vicente Salias, por recomendación de la ONU, fue un acto mediático pues nunca nos dieron los resultados de los exámenes médicos ni el tratamiento para sus patologías. La respuesta de la Comisión fue que se habían enviado los resultados a los Tribunales, así que les presentamos las pruebas de que a los abogados no le daban acceso al expediente. Diez (10) meses después, la Comisión no ha logrado que les entreguen los exámenes médicos ni que los abogados puedan sacarles copia”.
Agregan que “denunciamos que en varios casos, fueron
trasladados al Hospital Militar para simular atención médica, algunos fueron
esposados con las manos hacia atrás, y les quitaban las esposas solo para
tomarles fotos, devolviéndolos a los Centros de reclusión sin exámenes médicos
ni tratamiento. Denunciamos que después de 7 meses sin visita familiar,
grabaron la visita en un espacio abierto, mientras que cuando éstas no eran
grabadas, las visitas se hacían sin medidas de bioseguridad, metidos en un
salón llamado La Pecera, sin aire acondicionado”.
“Lo mismo sucedió con las salidas al sol y los deportes; la semana antes de ingresar la Comisión a la DGCIM, en septiembre 2020, los grabaron jugando básquet, y recibiendo sol, en algunos casos hasta hubo insolación. Después de la visita, no salieron en meses a respirar aire natural ni recibir luz solar. En cuanto a los servicios religiosos en la DGCIM, los pocos que realizaron fueron filmados y no a todos les permitieron participar”. Dice la ONG que “sobre la DGCIM y la Pandemia concluimos que la Comisión se quedó con la versión del Estado manipulador y así lo confirma en su informe”.
Destaca qué sucedió en realidad a la ‘importante reforma, acorde con las recomendaciones anteriores del ACNUDH’ a través de un decreto presidencial publicado el 17 de mayo de 2021, donde los servicios de inteligencia dejaran de gestionar centros de detención y trasladaran esas funciones a la autoridad del Ministerio para Servicios Penitenciarios. “Los traslados se iniciaron antes de este Decreto. Mas de 150 personas privadas de libertad que estaban bajo custodia de la DGCIM, fueron trasladados sin informar el lugar de destino, ni con conocimiento de sus familiares y abogados. Al llegar las familias a las sedes para entregar sus artículos personales y comida, los custodios les informaban que ya no estaban en ese lugar”.
Así están en DGCIM
“La OACNUDH en Venezuela, recibió nuestras denuncias
el 28 de junio, sobre las condiciones en que se encuentran los militares que no
fueron trasladados y permanecen en los sótanos de la DGCIM y en Fuerte Tiuna
aun teniendo ordenes de traslado por el Tribunal a Ramo Verde”.
“Le solicitamos a la Comisión que intermediaran con las autoridades venezolanas su traslado pues están en las siguientes condiciones:
1. Presentan más de 3 meses de confinamiento prolongado.
2. Restricciones de la luz del sol
3. Desde hace 8 meses las visitas son una vez al mes.
Desde hace 2 semanas, cambiaron las visitas para días de la semana que son
anunciadas el día anterior.
4. Restricción de alimentos, el desayuno es servido a
veces a las 3 pm.
5. Falta de atención médica, los trasladan al Hospital
para tomarles fotos.
6. Restricción de llamadas telefónicas, solo una vez por pocos minutos y en presencia de un custodio.
7. No tienen servicio religioso.
8. No tienen visitas conyugales (algunos por más de 3 años9.
9. No tienen actividades deportivas ni recreativas.
10. No tienen acceso al aseo personal por períodos prolongados.
Todas las irregularidades que se han cometido con los traslados que han sido denunciados por ONGs y familiares, no fueron incluidos en el informe. La Comisión no ha dado respuesta a las víctimas”.
Lo que oculta Bachelet
Sobre el segundo punto del Mandato del CDH,
relacionado a la “Liberación de Presos Políticos, de los identificados por el
Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de la ONU, la Misión
Independiente ONU y la Oficina de la Alta Comisionada”, la organización FPPMVE
refleja “este es uno de los puntos más importantes para nosotros”.
Destaca que observan cómo Bachelet en su informe
“generaliza las liberaciones que en su mayoría han sido de presos comunes y las
enmarca en los términos del Mandato. Aunque no menciona el termino Presos
Políticos sí dice que ‘el Presidente indultó a 110 personas que enfrentaban
cargos penales’ haciendo énfasis en la cantidad de Parlamentarios liberados (4)
y con procesos penales finalizados (23). No totaliza el número de activistas,
líderes políticos y periodistas que dice, fueron liberados”.
“Con respecto a estos indultos, el Foro Penal, a
través de su Director Alfredo Romero denunció, que solo representaban el 13%
de los casos, y solo 53 eran casos de presos políticos que estaban
encarcelados, los demás estaban en libertad, algunos con investigaciones abiertas,
otros exiliados y hasta 6 de ellos en libertad plena. Es el segundo informe
donde se presentan cifras manipuladas, contradiciendo el principio de
credibilidad y fiabilidad de todas las fuentes y su deber de contrastar la
información para verificar su validez”.
Bachelet en el informe A/HRC/44/20 afirmo que ‘en mayo
de 2020 se puso en libertad condicional a un total de 24 personas que
permanecían en el cuartel general de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM) en Boleíta y en el cuartel general del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) en Helicoide’ y que era como consecuencia ‘de los
compromisos contraídos a raíz de la visita de la Alta Comisionada al país’.
De La Sotta Quiroga responde “nosotros denunciamos por escrito el 21/08/2020 que no eran presos políticos los liberados, fueron militares acusados por un caso de extorsión, unos civiles del caso Movilnet acusados por corrupción, y una periodista, Ana Belén Tovar, la única presa política liberada que estaba detenida desde el 19 de noviembre del 2019 y que tampoco fue mencionada en el informe”.
“Así mismo, tampoco han sido liberadas las personas identificadas por el Informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, específicamente el de Luis De La Sotta (caso # 13) y otros, Caso #15 Operación Constitución y Caso #16 Sargentos de Cotiza: son 39 militares mencionados que deberían estar en libertad y siguen en manos de sus torturadores y sin protección de las Naciones Unidas”.
¿Elecciones?
En cuanto al mandato del CDH sobre la Celebración de Elecciones Presidenciales y Regionales, “según el Gobierno de Nicolas Maduro, no habrá elecciones presidenciales, solo elecciones regionales el 21 de noviembre 2021. Según la Alta Comisionada, Venezuela ha dado los primeros pasos para celebrar elecciones y dijo que la Asamblea Nacional nombró un nuevo Consejo Electoral Nacional cuyos ‘nuevos miembros reflejan diversas afiliaciones’. La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral exigen que los rectores del CNE no estén vinculados a Organizaciones, pero tres de los cinco Rectores principales están relacionados con el partido de Gobierno: Pedro Calzadilla, Tania D Amelio y Alexis Corredor”.
En cuanto al cuarto punto del Mandato, que es la Valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores, Bachelet “solo se limitó a presentar al final de su informe como anexo, 2 hojas en inglés, con el resumen de las 41 Recomendaciones que no se cumplieron en sus anteriores informes A/HRC/41/18, A/HRC/44/20, A/HRC/44/54. Cabe destacar, que el total de Recomendaciones de los 3 informes es de 60 y el Estado cumplió 19, incluyendo lo que respecta a la situación en el Arco Minero del Orinoco”.
Las visitas y las gracias
El quinto punto del Mandato dice, entre otras cosas,
que las autoridades venezolanas deben cooperar plenamente con la OACDH y la
Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, con “acceso
inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y
los lugares de reclusión”.
De La Sotta, quien preside la ONG Familiares de Presos
Políticos en Venezuela destaca que “En cada informe la Alta Comisionada,
agradece la Cooperación del Estado, y en este dice: ‘El ACNUDH saluda que se
les concediera acceso a los centros de detención, lo que dio lugar a 24 visitas
y a intercambios sobre recomendaciones específicas’. A diferencia de su informe
anterior, no especifica cuantos Centros visitó y cuantas entrevistas a
detenidos realizó”.
“A pesar de que en el año 2020 todos los Centros de
reclusión no tuvieron acceso a visitas familiares ni de abogados durante 7
meses (según su informe) llama la atención que las visitas de la Comisión
hayan doblado en número a las del informe anterior en un año de Pandemia,
con semanas de restricción de movilidad, con suspensión de vuelos nacionales
desde el 12 de marzo 2020 hasta junio 2021, y escasez de gasolina. Si tomamos
en cuenta que el Estado a partir de junio 2020 aplico el sistema de 7+7, es
decir una semana de restricción de movilidad o radical y una semana de
flexibilización, el periodo de posibilidad de visitas a Centros de Detención se
reduce drásticamente”.
“Al investigar las semana flexibles y radicales que
hubo en el periodo que abarca el informe, según el calendario del Estado, la
Comisión solo tuvo 14 semanas (3 ½ meses promedio) para acceder a los Centros
de Detención. Por la Omisión del número de Centros, podría deducirse que se
limitó a visitar los mismos centros varias veces”.
La ONG de Familiares de Presos Políticos Militares dice que Bachelet lejos de reconocer el poco alcance de la gestión de su Oficina en Venezuela en materia de Derechos Humanos, “reconoce las reformas “anunciadas” (no implementadas) en materia policial y detención en los Organismos de Inteligencia (DGCIM -SEBIN). Así mismo, reconoce los esfuerzos de la justicia militar para acelerar juicios pendientes, sin embargo, admite que no le permiten el ingreso a sus Oficiales a los juicios (esto viola la Carta de Entendimiento), y denuncia con situaciones específicas, la falta de independencia judicial, la violación al debido proceso y el derecho a la defensa”.
El CDH de la ONU
Y para mayor asombro de FPPMVE Bachelet le da “un gran
reconocimiento al Ministerio Publico, basando su informe en cuestionarios
enviados al Ministerio Publico y en declaraciones del Fiscal General, no en la
visita in situ, que deberían hacer sus Oficiales, para darle seguimiento a
las denuncias que han hecho ante el Ministerio Publico, las ONG´s de Derechos
Humanos, las víctimas de violación de derechos humanos y sus familiares, cuyas
copias han sido enviadas o entregadas en físico a su Oficina en Caracas”.
FPPMVE dice que “en nuestro caso, sus Oficiales (los
de Bachelet) en Caracas, nos han dicho que no han tenido respuesta del
Ministerio Publico, sobre las denuncias interpuestas en los años 2019, 2020 y
2021, que van desde Desapariciones Forzadas, torturas, tratos crueles e
inhumanos, confinamiento severo, restricción de alimentos, restricción de
comunicación telefónica, restricción de visitas familiares y de abogados, falta
de atención médica, hasta por contagio de COVID 19 en la Dirección de
Contrainteligencia Militar ( DGCIM)”.
“Se denunció ante el Ministerio Publico, las
retaliaciones sufridas por algunos militares detenidos, por haber sido
entrevistados por la Comisión de la Alta Comisionada en los sótanos de la DGCIM
en septiembre del 2020, cuya denuncia también fue enviada a la OACNUDH y al
Comité de Retaliaciones de las Naciones Unidas sin que hasta ahora tengamos
respuesta o se hayan producido mejoras en las condiciones de reclusión
preventiva”.
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