Buscan atribuir nuevamente a enemigos externos atentados contra Nicolás Maduro en los que involucrarán a los tres activistas de derechos humanos de Fundaredes detenidos y a una profesora que cobraba por tutorías en la Universidad de la Fuerza Armada
Sebastiana Barráez/ domingo 17 de octubre 2021
@SebastianaB
Los cuerpos de inteligencia venezolanos preparan el lanzamiento de una nueva operación conspirativa, para hacer ver que desde Colombia se está planificando una acción terrorista y Golpe de Estado contra Nicolás Maduro, que involucra a los tres activistas de Fundaredes: Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García, además a la profesora de la UNEFA, Gudila Esperanza Carrero de Suárez, a Javier Garrido quien es padre de un estudiante de esa profesora y tío de Alberto Enrique Giraldo Espinoza alias El Colombianito; estos dos viven en el mismo sector La Romera de San Cristóbal, Táchira.
El
profesor Tarazona estaba siendo tutoriado por la profesora Carrero para el
doctorado. Y los cuerpos de Inteligencia buscaron una relación para involucrar
al líder de Fundaredes en una conspiración.
En
la trama involucran a Carlos Monroy, dueño de un concesionario de vehículos, quien
tendría sociedad con Alberto Giraldo, y quien hizo un contrato con la
gobernación de Carabobo para la importación desde Estados Unidos de la flota de
autobuses amarillo Drácula para el transporte escolar. En el caso también
estaría involucrado Javier Mendoza, capturado hace varios días en Cagua.
Monroy,
quien está detenido en la antigua cárcel de La Planta, donde también se encuentra
Javier Garrido, tiene importantes propiedades e incluso varios costosos
caballos; cuando los funcionarios llegaron al lugar donde se encontraban los
caballos había un vigilante que supuestamente tenía un arma de fuego. No se
sabe si esa fue la causa por la que estarían mencionando en un acta policial
que ese individuo planificaba traer desde Colombia, 200 fusiles de asalto para
la conspiración.
Una
de las personas de interés para los cuerpos de Inteligencia es Jhoan Javier
Giraldo Ballén, estudiante de la UNEFA. Por otra parte, habría una grabación
donde el general Douglas Morillo habla de que “el conocimiento tiene precio” y
aprecia como normal que se cobre mil dólares a los tutoriados, por lo que
también podría ser llamado a declarar.
A
Monroy y a Mendoza lo señalan de tener concesionarios en Valencia, estado
Carabobo, desde donde financiaban el terrorismo.
La Juez Luisa Renee Garrido, titular del Juzgado Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos de delitos asociados al Terrorismo emitió la orden de detención Nr. 037-2021, según expediente Nro. 3 CT-064-2021, MP 160935-2021, por la comisión de delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contra la profesora Gudila Esperanza Carrero de Suárez.
La
profesora, que desde el 2006 es coordinadora en la Universidad Nacional
Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), también ha fungido como Analista de
talento humano en esa institución, además es profesora de varias universidades,
tales como la Universidad Bolivariana (UB) y la Universidad de la Seguridad
(UNES).
Entre
las imputaciones que hay contra ella es que estaría cobrando mil dólares por el
inicio de la tutoría y otros mil al final. La persona que coloca la denuncia contra
la profesora indicó que a ella le gustaba buscar colombianos como tutoriados y
que ella tenía cédula colombiana.
Ella
estaba hospitalizada en el Urológico de San Cristóbal cuando sale la orden de
detención en su contra, el 9 de septiembre, después es trasladada al hospital
Central, donde el viernes 15 se le cumplió el reposo postoperatorio; Javier
Giraldo ya había sido detenido dos días antes.
A
la profesora Gudila Carrero la señalan de haber recibido dinero para el
financiamiento al terrorismo, porque ella estaba cobrando las asesorías que le
hacía a los estudiantes universitarios. Los inteligentes funcionarios aseguran
que encontraron 19 títulos falsos.
Pidieron
información sobre los tutorados civiles y militares que tenía la profesora
Carrero; además, le pidieron a la Universidad que indicara en cuántas tesis
ella fungía como jurado, cuántas horas académicas tenía, en cuáles grupos de
estudio y de investigación participaba.
Si
bien es cierto que ella podía tener, según lo establecido por la universidad,
tres tutorados, el problema es que, solo en la Unefa, tenía 27, más cinco en
cada una de las otras universidades. Entre sus alumnos hay comandantes de Policía,
generales y otros oficiales. También fue compañera académica del magistrado del
Tribunal Supremo de Justicia, Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de
Tribunales.
Una
de las irregularidades adicionales que le señalan a Carrero es que ella estaba
jubilada en educación y que tenía un contrato especial con el Ministerio de
Defensa para trabajar en la UNEFA, universidad de la cual ahora fue destituida.
o
Son una familia muy humilde, que vive en la llamada calle de las tortas en San Cristóbal, estado Táchira. Fue más o menos a las 5 de la tarde, del 7 de septiembre 2021, a la casa de Javier Giraldo García (66 años, nacido en Colombia y con cédula venezolana desde hace más de 40 años), llegaron unos funcionarios de la DGCIM y le dijeron que lo iban a llevar a la sede de Inteligencia ahí en San Cristóbal, por una investigación que llevaban a cabo. La citación estaba a nombre de Johan Javier Giraldo, lo que no se corresponde con el detenido que no tiene Johan en su nombre.
Los
funcionarios le dicen que será solo una entrevista. Él accede, pero lo dejan
detenido e incomunicado. El 9 de septiembre lo presentan ante la Fiscalía en
San Cristóbal, pero el Tribunal declina la competencia. El lunes 13 lo
trasladan desde Táchira a la DGCIM de Boleíta en Caracas y el 14 lo presentan
ate el Tribunal de Terrorismo a cargo de Luisa Renee Garrido. Hace unos días Giraldo
fue enviado a la antigua cárcel de La Planta, en El Paraíso, Caracas, que lleva
por nombre Centro de Reclusión Hombre Nuevo Simón Bolívar.
Los
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que
allanaron la vivienda de Giraldo, el 9 de octubre de los corrientes, se robaron
todo lo que había en la casa. Los residentes no se encontraban en la vivienda,
porque Javier Giraldo ya se encontraba detenido; su esposa y un hijo de crianza
con quien vive ahí habían viajado a Caracas para saber del detenido.
Es
una averiguación del mes de julio del año en curso y la causa, según los
cuerpos de inteligencia, son llamadas telefónicas que él recibió del exterior
de su sobrino, de su hijo y de militares que viven fuera del país. Según la
DGCIM, esas llamadas son parte de una conspiración, desde Colombia, para
desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Si
Javier Giraldo es padre y abuelo de personas que están fuera del país, como
millones de venezolanos, cómo pretenden que no reciba llamadas fuera del país.
Es más, en la frontera especialmente Táchira y Zulia, muchísima gente usa
líneas colombianas por la facilidad para comunicarse debido al pésimo internet
y telefonía móvil venezolana.
Los
funcionarios de inteligencia aseguran que él recibió, estando en una clínica de
San Cristóbal, cuatro llamadas telefónicas de un mismo número del exterior. Para
la fecha de las cuatro llamadas Javier Giraldo, quien atiende sus problemas de
salud en Cúcuta, entre ellos hipertenso, problemas de azúcar y espalda, porque
su nacionalidad de nacimiento es colombiana, no estaría en Venezuela así que no
podría ser quien recibió las citadas llamadas, pero además su número telefónico
no se correspondería con el que recibió las llamadas. Lo otro que están usando
como excusa es una transferencia bancaria desde Colombia.
El
expediente está cerrado, como se ha
hecho costumbre en casos donde el Gobierno venezolano habla de terrorismo y
operaciones conspirativas, por lo que los detenidos no tienen acceso al
expediente, no saben qué ni por qué los señalan de los delitos por los que
están presos.
Alberto Enrique Giraldo Espinoza alias El Colombianito es el sobrino de Javier Giraldo; en mayo 2020 él fue detenido, en el sector El Camoruco en Valencia, en el marco de la Operación Negro Primero, por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) del estado Carabobo, porque el Tribunal Militar Sexto del estado Carabobo ordenó su aprehensión por espionaje e instigación a la rebelión. Le incautaron una camioneta 4RFunner y un teléfono móvil.
Lo señalaron de
encabezar una red de Inteligencia “para atentar contra la estabilidad del país
e infiltrar agentes en cuerpos de seguridad del Estado y en empresas estatales
para causar saboteó de servicios públicos a fin de causar caos y zozobra en la
población, así como también pasar información de interés nacional a agencias de
inteligencia del vecino país y Estados Unidos con la finalidad de ejecutar
ataques estratégicos a instituciones y personalidades del Estado venezolano”.
Después el
tribunal lo dejó en libertad hasta que hace unos días volvieron a solicitar su
aprehensión como parte de la operación terrorista que la DGCIM asegura se está
fraguando desde Colombia.
A
Javier Giraldo lo detienen por ser el papá de Jhoan Javier Giraldo Ballén y tío
de Alberto Enrique Giraldo Espinoza. El gobierno lo mantiene secuestrado para
presionar al hijo y al sobrino a entregarse.
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