La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución expresó su balance de lo ocurrido antes, durante y después de las elecciones
Sebastiana Barráez/ lunes 20 de diciembre 2021
@SebastianaB
“Con el desconocimiento de la voluntad popular en Barinas, el gobierno de Maduro desafió, no solo a los barineses, sino a todo el pueblo venezolano, porque lo mismo que hizo allí lo podría repetir en cualquier otro evento electoral en el que esté en juego su hegemonía, bien sea, en el referéndum revocatorio o en las elecciones presidenciales 2024. La trascendencia de lo ocurrido en Barinas va más allá de la disputa por una gobernación”.
Consideran que “estamos frente a una nueva
provocación del gobierno de Maduro urdida con el propósito de desestimular y
desmoralizar al pueblo que mayoritariamente rechaza a su gobierno y a los
actores políticos y sociales opositores, para que desistan de votar y de
adelantar la iniciativa, al cumplirse la mitad del período constitucional, de activar el referéndum revocatorio el
próximo año”.
Así lo refleja un documento de la Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Constitución, ante el “atropello autoritario del
Gobierno en Barinas la respuesta debe ser Referéndum Revocatorio”, que
suscriben algunos intelectuales y exministros de Hugo Chávez, entre ellos Oly Angélica Millán
Campos, exministra para la Economía Popular, con doctorado en Economía y
profesora en la UCV; Gustavo
Adolfo Márquez Marín, exministro de Industria y Comercio, exministro para la Integración y Comercio Exterior, exembajador
en Austria y representante ante los organismos de Naciones Unidas en Viena;
Héctor Augusto Navarro Díaz, exministro de
Energía Eléctrica, exministro Educación y exministro de Ciencia y Tecnología; Ana
Elisa Osorio Granado, médico con postgrado en
epidemiología, ex Vicepresidente de Salud y ex ministra de Ambiente y Recursos
Naturales.
Además de Juan García Viloria, Roberto López, Santiago
Arconada, autor de varios artículos en la Revista SIC y el portal Aporrea; y Edgardo Lander,
profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela, formó
parte del Comité Organizador del Foro Social Mundial 2006 y fue designado por
Chávez para frenar el ALCA.
Destacan que el gobierno de Nicolás Maduro “en
su proceder ni siquiera disimula y sin rubor se quita la máscara para mostrar
el verdadero rostro autoritario que realmente tiene, desafiando impunemente la
voluntad popular. En esa misma línea actuó la SE del TSJ siguiendo las
directrices políticas del PSUV-Gobierno, al violentar abiertamente la Constitución
y la soberanía popular, para preservar
el poder en el que consideran un “feudo
político”, echando por la borda la poca confianza lograda en las elecciones del
21N y las que están por venir”. “Adicionalmente le da una patada a la mesa de
diálogo en México al incumplir el acuerdo de rehabilitación política a los
opositores. Más que la gobernación de Barinas, lo que realmente está detrás de
esta maniobra artera es colocar palos en las ruedas de la “bicicleta” del
revocatorio, al prefigurar en Barinas lo que será su conducta para intentar
lograr “por todos los medios”, el bloqueo de la iniciativa popular del
referéndum revocatorio”.
Aseveran que “el Referéndum Revocatorio debe
ser parte de una estrategia de poder movilizadora de la sociedad para lograr el
restablecimiento de la Constitución y las instituciones democráticas hacia la reconstrucción del país”.
Analizaron los recientes comicios, asegurando
que “lo que parece a simple vista una victoria aplastante del gobierno de
Nicolás Maduro en las elecciones regionales y locales del pasado 21 noviembre,
se matiza bastante al analizar en detalle los resultados de la votación”, no
solo las gobernaciones conquistadas, sino “la votación mayoritaria obtenida por
el conjunto de la oposición y el gran número de alcaldías logradas por ésta,
porque ello es una medida bastante objetiva de la base social real de apoyo”.
Sugieren que esos resultados sean “observados
desde una perspectiva histórica, con el fin de conocer su variación respecto de
anteriores eventos electorales de similar naturaleza, para determinar el
comportamiento electoral que han venido teniendo ambos, gobierno y oposición”.
Según concluyen “el PSUV sigue siendo la
primera minoría, pero minoría al fin,
mostrando al mismo tiempo que si
la Oposición hubiese participado unida en un solo frente, al menos habría
obtenido 20 de las 23 gobernaciones de estado. La sumatoria de los votos
opositores superaron en cerca del 8% a la votación del Gran Polo Patriótico
(GPP), demostrando que sí es posible derrotar al gobierno en las urnas aún en
condiciones desventajosas y de relativa alta
abstención”.
A su juicio “esto reafirma la eficacia del
voto, especialmente si éste es masivo, como herramienta de cambio posible y de
ejercicio de la soberanía popular siguiendo la ruta democrática, pacífica y
constitucional. Esta mayoría opositora se refleja en el avance significativo
logrado en la elección de los alcaldes, al obtener más de 1/3 (124) de las 336
alcaldías en juego, a pesar de que no presentó fórmulas unitarias en la
contienda electoral”.
“Entre el 2013, cuando ganó Maduro las presidenciales
y el 2021 su gobierno perdió el 46 % de la votación; entre las elecciones
regionales de 2017 y las del 2021 perdió el 30 % y; entre las elecciones
parlamentarias que se realizaron el año pasado (2020) y las del 21 de noviembre
próximo pasado perdió 6.41 %, o sea,
278.315 votos. Esto demuestra que hay una tendencia sostenida al desgaste de la
base social y política de apoyo al gobierno”.
“Por otra parte, en las elecciones del 21 de
noviembre (2021) la participación electoral fue de 8.808.871 (42.26%), pero en
las parlamentarias de (2020) la participación fue apenas de 6.251.080 (30.18%),
lo cual arroja un incremento significativo de la participación electoral en
2021 en términos absolutos de 2.557.791 votantes. Esta es una señal positiva que
muestra el fortalecimiento de la ruta democrática en la conciencia ciudadana”.
Consideran que posiblemente influyó “la
participación del G4 en estas elecciones con la anuencia de sus “tutores”: EEUU
y la UE, siendo esto un reconocimiento inequívoco del fracaso de la estrategia
de estos sectores de la oposición basada en el atajo, del golpe de estado, la
invasión extranjera y la abstención promovida por ellos”.
Aun así reconocen que el reciente proceso
electoral “no estuvo exento de las arbitrariedades y del ventajismo doloso del
sector oficial, a través de la aplicación a discreción de inhabilitaciones inconstitucionales a
candidatos opositores, como ha venido ocurriendo en forma continuada por
ejemplo en el caso de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) en Portuguesa (4)
y en el Municipio Libertador (1), y en el escandaloso caso de Barinas; del uso
y abuso de los bienes y recursos del Estado para la campaña, de la extorsión a
los trabajadores del sector público y del monopolio de los medios de comunicación
del Estado para difundir sus mensajes de promoción electoral”.
Calificaron que la nueva composición del CNE
fue menos desequilibrada. “Su apertura a la participación de profesionales y
académicos en las auditorías y seguimiento de los procesos, así como de
organizaciones de observadores nacionales e internacionales, contribuyó
decisivamente en la mayor transparencia y confiabilidad de las elecciones, lo
cual fue reconocido incluso por la observación de la Unión Europea”.
H
Recuerdan que aunque el TSJ reconoce que ganó
el candidato de la MUD, Freddy Superlano, “sin embargo, éste fue inhabilitado
por la Contraloría General de la República (CGR), ordenando, en consecuencia al
CNE convocar nuevas elecciones para el 09/01/22”.
“La expulsión de los delegados observadores
de la UE luce inconsistente, dado que en el informe que ésta presentó, más allá
de algunas observaciones esperadas dada su postura política frente al gobierno
venezolano, se emite un juicio señalando que ‘mejoraron las condiciones electorales
en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores’ y que este CNE ‘es
la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los
últimos 20 años’”.
Calificaron de intromisión en el poder
electoral la sentencia de la Sala Electoral (SE) del TSJ. “El poder electoral
no fue notificado de la “inhabilitación express” de la CGR con antelación a la
inscripción del susodicho defenestrado candidato y también, es un acto
inconstitucional porque el presidente
Maduro lo indultó al igual que a más de 100 procesados políticos en el marco
del diálogo de México siendo esta una facultad del Poder Ejecutivo según el
numeral 19 del artículo 236 de la Constitución, que no puede ser desconocida
por el Poder Judicial”.
Finalizan diciendo que “Por lo pronto, el 9
de enero de 2022, el pueblo soberano de
Barinas tiene una cita con la historia. En esa fecha podrá ratificar, votando
masivamente, la derrota sufrida por el PSUV el pasado 21 de noviembre en las elecciones
para gobernador”.
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