Williams Andrés Rivas Jiménez fue acusado por presuntos vínculos con las FARC y el tratamiento fue brutal. Cuando intentó denunciar lo que sufrió, el fiscal no le hizo caso
Sebastiana Barráez/ lunes13 de diciembre 2021
@SebastianaB
Aunque es capitán activo del Ejército, adscrito a la Unidad Militar 9202 Escamoto ubicada en La Charca, parroquia Rafael Urdaneta, del estado Apure, a Williams Andrés Rivas Jiménez no lo enviaron a un Centro de Procesados Militares, sino a una cárcel ordinaria. Lo pretendieron juzgar dos veces por el mismo hecho, lo torturaron, amenazando su vida y lo volvieron a detener horas después que un Tribunal ordenó su libertad plena. Aunque inicialmente fue acusado por estar relacionado con las FARC y por cobros de dinero en puestos de control, fue torturado y el Tribunal lo absolvió. Lo vuelven a detener en lo que demostraría una serie de errores por parte de la Fiscalía.
Delia
Guisella Rivas Jiménez en conversación con Infobae sale en defensa de su
hermano. Ella es una mujer humilde, que reconoce sentirse impotente ante lo que
ha ocurrido con su familia, después de la detención por la DGCIM de su hermano
el coronel, presidente de Lácteos Los Andes. Desde entonces las consecuencias
para varios miembros de la familia Jiménez han sido brutales: funcionarios
llegaron a la casa de su mamá y la echaron a la calle, dos de sus hermanos
cayeron presos por el caso de Lácteos, pero Wiliams Andrés nada tiene que ver
con esa empresa y está preso.
El
capitán fue detenido, a raíz de una denuncia del 28 de septiembre 2020 por
hechos ocurridos en el estado Apure por una red de corrupción y contrabando,
con el cobro de dinero y dádivas en puntos de control, relacionada con José
Noel Ortega Fandiño alias El Cherry; al capitán lo señalaron de reuniones con
el guerrillero Alfonso de la columna guerrillera de alias Ferley, perteneciente
al Décimo Frente de las FARC.
El
28 de diciembre el Tribunal Militar Décimo Cuarto de Control de Guasdualito concede
sobreseimiento del capitán en los delitos de Traición a la Patria y Espionaje;
el tribunal concede la solicitud de la Defensa Pública Militar correspondiente
a la Suspensión Condicional del Proceso. Por el delito de Desobediencia le da
un año de presentaciones periódicas.
Él
tiene una orden de libertad plena, con fecha del 15 de noviembre 2021, pero
sigue preso. “Ese día les dije a la Juez y al Fiscal Farik Mora que fui
torturado, pero ellos hicieron caso omiso a esa denuncia”. Esto fue lo que el
capitán narró ante el Tribunal y que dejó plasmado en una comunicación que
envió a su familia: “me convirtieron en un chivo expiatorio de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y me detuvieron el 20 de septiembre
2020. Fui torturado para aceptar un delito que yo no cometí”.
El
brutal relato continúa: “me cubren la cara con una carpeta forrada con cinta pegante
para no ver, esposado manos atrás. Me lanzaron contra el suelo, boca abajo. Un
funcionario se montó sobre mi espalda con la finalidad de causarme dificultad
para respirar; después me realizan asfixia mecánica, mientras me hacían
preguntas, En un momento llegué a pensar que moriría”.
“Los
funcionarios de la DGCIM me colocaron un arma en la cabeza y jalaron del gatillo
sin proyector, amenazando con matarme si no reconocía un hecho que ellos tenían
escrito y que yo debía leer para que ellos me grabaran”.
“Me
obligaron a subir los brazos y me suspendieron con un mecate hasta quedar en la
punta de los pies; me golpeaban las extremidades y el abdomen. Luego de una serie
de torturas, yo digo todo lo que ellos quieren que diga; aprendí que todos bajo
tortura hablan lo que es verdad y lo que no es, porque lo único que uno quiere
es que la tortura termine”.
Agrega
que después de eso los llevaron a un hotel en El Nula, estado Apure, “junto con
Luis Roney López Cañas, el 1Tte Freddy Colmenares Córdoba y un soldado;
posteriormente fuimos traslados para Guasdualito (capital del municipio Páez, Apure).
A mitad de camino una comisión se lleva al teniente y al soldado para Caracas”.
El
28 de septiembre 2020, Luis Roney Cañas y el capitán Rivas Jiménez, fueron presentados
ante el Tribunal Militar Décimo Cuarto de Control de Guasdualito. El primer
teniente Colmenares Córdoba y el soldado se convirtieron en acusadores y testigos
contra Cañas y Rivas que quedan privados de libertad. “Estuve tres meses en cautiverio,
sin atención médica. La consecuencia de no tratarme a tiempo es que debieron hospitalizarme
de emergencia; sufrí hemorragia interna que se convirtieron en 4 edemas, debido
la fisura de tres costillas, por lo que casi muero de la infección”.
Asegura
que “la Defensora Pública Militar, Yakare Pantoja, me vio hospitalizado en el
Pabellón Militar del Hospital de Guasdualito, por lo que ella es testigo de las
condiciones en las que me encontraba”.
La
sorpresa del capitán Williams Andrés Rivas Jiménez, cuando oye la narración del
Fiscal Ordinario, es que se trataba de una copia y pegue de la Acusación del
Fiscal Militar en el anterior caso. “En la Audiencia de Presentación le dije al
Tribunal de Control Ordinario que ya había sido juzgado por ese hecho, del cual
salí sobreseído, pero aun así me dejaron privado de Libertad”.
La
familia del capitán asegura que él esperaba la buena fe de quienes llevaban a
cabo la investigación. “La sorpresa es que el Fiscal Sexagésimo Séptimo Nacional
Farik Karín Mora Salcedo presenta la misma acusación del Fiscal Militar, reafirmando
que yo era comandante del 9202 Escamoto hasta el 31 de diciembre del 2020, lo
que es mentira porque para esa fecha yo estaba detenido. Además, es imposible
que a un Militar Procesado le permitan en la Fuerza Armada que siga siendo
Comandante de una Unidad Aislada Fronteriza”.
Ante la evidente violación, por parte del Ministerio Público, de todo el ordenamiento jurídico, al pretender juzgar al capitán Rivas Jiménez, librando Orden de Aprehensión por un hecho del que ya fue sobreseído y que fue denunciado a través de Infobae el pasado 24 de octubre (Sebastiana Sin Secretos: La historia del capitán venezolano brutalmente torturado que fue juzgado dos veces por los mismos delitos) el Tribunal deja en libertad al capitán. Un par de horas después es nuevamente detenido por otra causa para justificar tenerlo preso.
El
capitán Rivas Jiménez lamenta los daños psicológicos que el Estado venezolano
le ha causado a sus familiares dañando su reputación. “Se violaron todas las
garantías Constitucionales. Soy Juzgado en un Tribunal Ordinario por un
supuesto hecho de índole militar del cual ya había resultado inocente. También me
ocasionan daño económico por el de la defensa privada. Me tuvieron secuestrado,
sin que hubiese razón Judicial para tenerme detenido”.
El 9 de noviembre, en la audiencia preliminar,
se evidenció que hay doble juzgamiento y me dan libertad plena. La Fiscalía
solicita el efecto suspensivo de la medida. Tres días después la respuesta de
la Sala de Apelación fue no concederle al fiscal lo solicitado. Lo insólito es
que no sale la boleta de excarcelación. “El Tribunal dice que no es su
responsabilidad; la Unidad de Registro del Tribunal argumenta que tampoco son
responsables porque ellos ya remitieron el caso al Ministerio Penitenciario,
que es el responsable del Centro donde el capitán está detenido”.
Otro
hecho es que el Tribunal Primero de Terrorismo se niega a entregar una copia
certificada de la Boleta de Excarcelación a la defensa del capitán. El Tribunal
queda a 15 minutos del Centro Penitenciario y hace un mes que no llega la
boleta de excarcelación.
Resume
las irregularidades cometidas en su contra: “violación al Debido Proceso y la
Tutela Judicial, doble persecución judicial mostrando mala fe por parte del
Ministerio Público, violación al principio de inocencia, Simulación de Hecho
punible por parte del Ministerio Público y violación del Principio Nom Bis In Ídem”.
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